El despertar en Guatemala: la revolución por la justicia y el cambio

Las protestas comenzaron luego que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron, el 16 de abril de 2015, la existencia de una red de fraude aduanero y contrabando que implicaba a varios funcionarios de alto nivel, cuyas operaciones defraudaban alrededor de 320 000 dólares  (2,5 millones de quetzales) cada semana.

Un mes más tarde, otra investigación del Ministerio Público y la CICIG dio a conocer un caso de corrupción en el otorgamiento de un contrato de 14 millones de dólares (116 millones de quetzales) por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para la prestación de servicios de diálisis. En este mismo caso las investigaciones continúan, ya que varios pacientes murieron presuntamente por no recibir el tratamiento adecuado.

"La corrupción no es nueva, pero ha crecido hasta llegar a un nivel extremadamente alto. Estamos hartos", expresó un ingeniero que participa en la protesta con su familia.

"Si no nos expresamos nosotros mismos, nadie más lo hará, y todo seguirá igual. Quizás estas protestas no cambien la realidad del país, pero tenemos que mostrar a todos, en Guatemala y en el mundo, nuestra profunda insatisfacción”, agregó su hija.

Lo que comenzó en abril como un movimiento pacífico organizado a través de las redes sociales con el hashtag #RenunciaYa  y que involucraba principalmente a diversos grupos de la capital, ha crecido hasta abarcar personas de todo el país y distintos sectores sociales: familias, estudiantes, mujeres, pueblos indígenas, grupos LGBTI, niñas y niños, personas con discapacidad, personas mayores y población urbana y rural, que han protestado pacíficamente todas las semanas frente al Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala y en diferentes lugares del país. Incluso guatemaltecas y guatemaltecos residentes en el exterior se han unido al descontento.

"Este es un movimiento pacífico, apolítico. Nuestra intención es continuar con las manifestaciones públicas y que las personas se apropien del proceso. Queremos construir una plataforma donde la sociedad pueda organizarse y debatir”, dijo uno de los primeros organizadores de las protestas, quien también destacó la participación de las y los estudiantes universitarios que se han organizando para participar en las marchas. 

Los manifestantes han pasado de hacer un llamado a la lucha contra la corrupción a exigir la renuncia de las autoridades de gobierno y la restitución de los fondos públicos. En un país donde el 53% de la población vive en la pobreza, y uno de cada dos niños menores de cinco años sufre desnutrición, la población demanda el uso transparente del presupuesto público para garantizar derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación.  A tres meses de las elecciones generales, el malestar con la clase política es también un tema recurrente en las pancartas.

Como resultado de las demandas ciudadanas, la presión social, así como de información publicada en los medios de comunicación sobre otros presuntos casos de corrupción, varios ministros y autoridades de alto nivel, entre ellos la vicepresidenta, han dimitido. En medio de la crisis política e institucional más profunda en décadas, las y los guatemaltecos son conscientes de que solo mediante reformas integrales se logrará un verdadero cambio en el país.

"La gente está diciendo “no queremos este sistema”. El movimiento está generando un espacio de diálogo que no existía antes. Creo que veremos propuestas provenientes de diferentes sectores", expresó la defensora de derechos humanos Alejandra Castillo.

La Oficina del Alto Comisionado en Guatemala, junto con la Procuraduría de los Derechos Humanos, ha observado la protesta y en particular los derechos a la libertad de asociación  y de expresión.

La Oficina también observa la situación de las y los defensores de derechos humanos que reclaman el cambio y la justicia, así como de las y los periodistas, quienes juegan un papel clave para contar un periodismo independiente,  plural  e investigativo en este crucial contexto.

Además, como parte de la asistencia técnica que proporciona al Congreso y la sociedad civil, la Oficina participa en el análisis y la discusión de un conjunto de reformas prioritarias para fortalecer el sistema de justicia, promover el uso transparente de los fondos públicos, y mejorar la normativa sobre el financiamiento de campañas políticas.

"Este es un momento decisivo para Guatemala; la sociedad tiene la oportunidad de construir un proceso participativo e incluyente para implementar las reformas que se están exigiendo, muchas de las cuales han sido recomendadas por el Alto Comisionado en sus informes anuales ", dijo Alberto Brunori, Representante del Alto Comisionado en Guatemala. 

"Los derechos humanos deben estar al frente de las soluciones a esas demandas. La Oficina seguirá acompañando el proceso y brindando asistencia técnica, tanto al Estado como a la sociedad civil, para avanzar en estas reformas y garantizar que cumplan con los estándares internacionales ", añadió.

Aunque Guatemala afronta varios desafíos para alcanzar lo que demandan las y los manifestantes, el espíritu de la población no es el mismo que hace dos meses. Un cambio ha empezado.

"Por lo que vi en la última protesta, creo que la sociedad no está dispuesta a guardar silencio. Es un movimiento ciudadano que seguirá creciendo ", señaló uno de los organizadores.  

Y los participantes están de acuerdo. "Somos una nueva generación que creció sin el temor que nuestros padres tenían [a causa de un conflicto armado interno que duró 36 años]", dijo una joven estudiante que acompaña a su familia. "Somos una generación dispuesta a alzar nuestra voz.  Somos quienes iniciaron el cambio", finalizó.