Apelando a una mayor cooperación, Alto Comisionado Türk inaugura período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Presidente del Consejo,
Excelencias,
Amigos y amigas,

Cuando el primer Secretario General de las Naciones Unidas, Trygve Lie, colocó la primera piedra del edificio en Nueva York que acabaría albergando a las Naciones Unidas, este contenía una copia de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Los derechos humanos son literalmente la piedra angular de las Naciones Unidas. 

Desde entonces, los Estados han ido creando un ecosistema de órganos internacionales de derechos humanos para que les ayuden a llevar a cabo este trabajo.  Entre ellos, los diez órganos de tratados; este Consejo de Derechos Humanos, con su Examen Periódico Universal, sus investigaciones y sus expertos y expertas en los Procedimientos Especiales; además de mi Oficina. 

Nos encontramos ahora ante una encrucijada clave, 75 años después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 30 años después de la Declaración de Viena, con un telón de fondo marcado por conflictos en tensión, la Agenda de Desarrollo Sostenible peligrosamente rezagada y los daños medioambientales que amenazan a la humanidad.  La cooperación internacional es vital, para que podamos promocionar los derechos humanos. 

Esto es lo que la Carta de las Naciones Unidas propone como premisa. 

Y esta es la razón por la que, antes de comenzar este período de sesiones del Consejo, voy a centrar mi discurso en la cooperación entre Estados Miembros y el ecosistema de los órganos internacionales de derechos humanos, los cuales son un salvavidas, que es sólido ya que está compuesto de muchas cuerdas atadas juntas, como la soga de un marinero. 

Una cooperación deficiente deja a los Estados a la deriva. 

Una cooperación selectiva debilita la resistencia de este salvavidas. 

Sr. Presidente, 

La cooperación con una presencia sobre el terreno estable de mi Oficina es un símbolo que distingue a los Estados que cooperan de forma constructiva para promocionar los derechos humanos. 

Noventa y cinco Estados o territorios albergan presencias sobre el terreno de derechos humanos, y cuando esta declaración se publique en nuestra página web, aparecerá también una lista de los mismos ¹. Rindo homenaje a su voluntad de colaborar.  Permítanme que les ofrezca varios ejemplos.

Colombia amplió recientemente nuestra presencia sobre el terreno hasta el año 2032.  Nuestra labor ha contribuido de forma considerable a la causa de la paz, a una mayor protección del espacio cívico, a exigir responsabilidades por crímenes cometidos durante el conflicto armado, así como a adoptar un enfoque centrado en las víctimas hacia la justicia de transición.  Colombia ha renovado también recientemente las visitas a países por parte de los Procedimientos Especiales del Consejo, además de colaborar de forma constructiva con órganos de tratados.  Continuaremos contribuyendo con la reforma de la policía; con las iniciativas destinadas a proteger a defensores y defensoras de derechos humanos; así como con las respuestas para hacer frente a la violencia continua.  Las noticias sobre el rescate de cuatro niños Huitoto a principios de este mes, tras sobrevivir solos en la selva durante 40 días, fueron muy reconfortantes, aunque sirvieron también como recordatorio de que muchas personas, al igual que sus familias, se ven todavía obligadas a huir de la violencia que ejercen grupos armados. 

En Honduras, nuestra oficina en el país trabaja con las autoridades y la sociedad civil en cuestiones penales, en la revisión de la legislación y en conflictos relacionados con tierras, entre otros asuntos. Estamos también prestando nuestra ayuda para la creación de un modelo de desarrollo respetuoso con los derechos humanos el cual aspira a reducir la pobreza, las desigualdades y los daños medioambientales.  Sigo estando preocupado por los conflictos relativos al acceso a tierras, incluyendo en la región de Bajo Aguán, además de por ataques contra defensores medioambientales y de derechos humanos, como el asesinato la semana pasada de otro defensor medioambiental, meses después de que su hermano y otro activista fueran también asesinados. 

En Guatemala, nuestra presencia sobre el terreno asiste a las autoridades para hacer frente a los desafíos relativos a los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, así como de las personas con discapacidades; las protecciones sociales; el acceso a tierras; y las empresas. Estoy profundamente preocupado por los ataques contra miembros del poder judicial, contra defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas.  La extensión de la presencia de mi Oficina contribuiría a ofrecer un apoyo continuo al Estado y la sociedad civil. 

Hace cuatro meses, en el contexto de protestas políticas generalizadas, mi Oficina formalizó un acuerdo para poner en marcha un plan de trabajo de dos años de duración en Perú. Espero con interés los avances en muchas cuestiones, incluyendo la protección de defensores y defensoras de derechos humanos relacionados con el medioambiente; la prevención y gestión de conflictos sociales; además de un acceso más amplio a la justicia.  En el camino a seguir en el futuro, la rendición de cuentas es algo crucial, así como el respeto por la independencia de instituciones clave, que incluyen los órganos electorales y judiciales. 

La Oficina viene manteniendo conversaciones con Bolivia para continuar con la cooperación y la supervisión de cuestiones relevantes en materia de derechos humanos, tras la decisión por parte del Gobierno de concluir la misión técnica que habíamos desplegado desde 2019.

Uganda ha decidido no renovar el mandato de nuestra Oficina en el País, algo que lamento profundamente.  A esta decisión le siguió rápidamente la aprobación de legislación que produce gran inquietud, ya que penaliza con mayor severidad la homosexualidad, promoviendo el enjuiciamiento de un grupo social específico.  La visita oficial a Uganda más reciente por parte de los Procedimientos Especiales data de 2007.  Con un incremento de las desigualdades y un aumento de las restricciones al espacio cívico y político, la cooperación en derechos humanos cobra más importancia que nunca.

Mantenemos nuestro compromiso de trabajar con Uganda para hacer frente a todas estas dificultades, y también me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi solidaridad y condolencia por las víctimas del terrible ataque en una escuela la semana pasada.

En Kenya, nuestro equipo continúa trabajando con los organismos de seguridad para apoyar medidas de actuación que sean respetuosas con los derechos humanos, de forma especial durante manifestaciones.  También coordinamos el apoyo de las Naciones Unidas a las reformas de la policía y las prisiones.  El plan de Kenya sobre Empresas y Derechos Humanos, que se puso en marcha el mes pasado, es un ejemplo de los considerables avances que se pueden extraer de la cooperación entre todo el espectro de los órganos de derechos humanos.  Este plan surgió a raíz de una recomendación del EPU, sumado a medidas adicionales recomendadas por el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, y yo animo a que haya un seguimiento y cooperación con los Procedimientos Especiales. 

En Mauritania, el apoyo que prestamos a las autoridades se centra especialmente en acabar con la discriminación, de forma notable con el problema persistente de la esclavitud; en los derechos de las mujeres y las niñas; además de en afianzar el estado de derecho, especialmente con las fuerzas de seguridad internas.  El Gobierno ha propiciado investigaciones independientes de violaciones de derechos humanos además de conceder acceso pleno por parte de mi Oficina a todos los centros de detención.  Se han llevado ante los tribunales a al menos 38 casos de esclavitud conforme con la Ley contra la Esclavitud, habiéndose celebrado 10 juicios en los dos primeros meses de este año.  Yo alabo la cooperación de las autoridades con el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud durante su visita del año pasado. 

Respecto a la solicitud por parte de Malí de la retirada de la MINUSMA, déjenme que sea claro: los derechos humanos deben anteponerse siempre a las refriegas políticas.   A la hora de ejercer las responsabilidades que se ha encomendado a mi Oficina, nos guiamos exclusivamente por lo que dicta nuestro mandato.  Cuando ocurren violaciones o abusos graves de derechos humanos, independientemente de quién sea el autor, hemos de vigilar, documentar e informar sobre ello, en el interés de todos y todas las malienses, además de trabajar en pro de la prevención y prestar apoyo a las instituciones nacionales.  Conozco muy bien la complejidad que entraña la situación en Malí, así como las contribuciones históricas de Malí a la causa de los derechos humanos, en especial la Carta de Manden que data del siglo 13.  Los derechos humanos son vitales para el futuro del país, y mi Oficina mantiene su compromiso de continuar con su labor en Malí en cooperación con las autoridades de transición, la sociedad civil y otros. Con respecto al anuncio del mes pasado de posibles medidas legales presentadas contra mi equipo y otros, confío en las autoridades para que respeten los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, y para que garanticen que no se llevan a cabo represalias contra víctimas, testigos, o sus familiares.

Camboya es nuestra intervención sobre el terreno de más larga duración, y hemos apoyado numerosas reformas de tipo legal e institucional, pero no obstante me preocupa mucho la reducción del espacio cívico en el período anterior a las elecciones nacionales a desarrollarse en julio. 

En Sri Lanka, a pesar de que el gobierno ha rechazado lamentablemente varios aspectos de las resoluciones del Consejo relativas a la rendición de cuentas, sí ha continuado cooperando con nuestra presencia sobre el terreno.  Sri Lanka ha recibido una docena de visitas por parte de titulares de mandato durante la década pasada, y yo animo a las autoridades a poner en práctica sus recomendaciones. 

En Filipinas, un programa conjunto diseñado para abordar asuntos preocupantes identificados por este Consejo ha recibido un gran apoyo en materia de cooperación por parte del Gobierno, la sociedad civil, la comisión nacional de derechos humanos y los socios de las Naciones Unidas. Filipinas está facilitando una vez más las visitas de los Procedimientos Especiales tras un parón de varios años.  Es crucial que el Gobierno intensifique sus esfuerzos para exigir cuentas a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de asesinatos extrajudiciales y de otras violaciones, además de reforzar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.

En el Pacífico, para promocionar una mejor protección de los derechos de las personas que se ven empujadas a abandonar sus hogares por culpa del cambio climático, nuestra Oficina regional está apoyando a Fiji y Tuvalu en la creación de un marco regional sólido sobre movilidad causada por el cambio climático. 

Con el apoyo de la Oficina, Mongolia ha aprobado la primera ley de Asia específicamente diseñada para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. También ha creado un mecanismo nacional de prevención sobre la tortura que ayudará a intentar resolver problemas de larga data en prisiones; además, la semana pasada aprobó un plan de acción sobre Empresas y Derechos Humanos que contribuirá a abordar los daños para el medioambiente que ocasionan las industrias extractivas.

En una serie de países de la región de Asia y el Pacífico, como por ejemplo Maldivas y Timor-Leste, la Oficina lleva contribuyendo durante muchos años a respaldar las transiciones posteriores a conflictos o conducentes a la implantación de la democracia. De manera parecida, estamos trabajando con el Gobierno de Nepal sobre el proyecto de revisión de la legislación sobre justicia de transición. Yo confío en que las enmiendas sean compatibles con las normas internacionales y con un enfoque centrado en las víctimas, con el fin de completar de forma definitiva este importante elemento del acuerdo de paz. 

En Ucrania, nuestra Misión de Supervisión de los Derechos Humanos cuenta con acceso sin impedimentos a todo el territorio bajo control gubernamental, incluyendo a centros de detención de civiles y de prisioneros de guerra. El gobierno coopera con nosotros para poner en práctica recomendaciones y para debatir nuestras conclusiones.  La cooperación de Ucrania con la Comisión Internacional Independiente de Investigación del Consejo ha sido también significativa, contando con acceso a todos los lugares que ha solicitado visitar.  Yo animo a Ucrania a seguir aplicando este enfoque proporcionando a la Comisión toda la información que esta solicite. 

Yo insto a la Federación de Rusia a cooperar con todos los órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo mi propia Oficina, con el fin de abordar las cuestiones graves en materia de derechos humanos a las que se enfrenta el país.   Estas incluyen el cierre del espacio cívico; procedimientos judiciales contra activistas de derechos humanos, rivales políticos y críticos; además de acusaciones continuas de tortura y malos tratos.  En relación a Ucrania, reitero la necesidad de que exista cooperación con la Comisión de Investigación del Consejo, y de que mis colegas tengan acceso tanto al territorio ucraniano ocupado por la Federación de Rusia, y a la propia Federación de Rusia, con el objetivo en primer lugar de visitar a detenidos civiles, prisioneros de guerra, así como niños y niñas ucranianos y personas con discapacidades quienes han sido trasladados a estas zonas.

Mi Oficina lleva años solicitando acceso a zonas bajo el control efectivo de las autoridades de facto de la región del Cáucaso meridional. Se está agravando la vulnerabilidad de las personas debido a la ausencia de una vigilancia regular por parte de, y de contacto con, los mecanismos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.  Este acceso nos permitiría llevar a cabo evaluaciones en materia de derechos humanos y poder atender a las necesidades de las personas, además de contribuir a generar confianza. 

Yo aliento a Armenia y Azerbaiyán a acelerar los esfuerzos de paz con base en los derechos humanos.   También quiero subrayar la importancia de permitir la libertad y seguridad de movimientos a través del corredor de Lachín, además de la necesidad de evitar cualquier impacto humanitario para los y las civiles. 

Quiero expresar mi enorme preocupación por el deterioro de la situación de derechos humanos en Afganistán, donde las autoridades de facto talibanes han aniquilado los principios más fundamentales de derechos humanos, de manera especial para las mujeres y las niñas.  No obstante, hemos conseguido crear varias oportunidades para la colaboración, por parte del Relator Especial, por otros expertos, y de forma visible, por nuestra presencia sobre el terreno, por ejemplo, a través de continuas visitas a prisiones. 

Irán continúa colaborando de forma oficial con mi Oficina, incluso en cuestiones referentes a la discriminación contra mujeres y niñas; a la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos; y a ejecuciones a celebrarse de forma inminente.  A pesar de esto, una implementación sustantiva de las obligaciones del Estado en virtud de la normativa internacional de derechos humanos sigue siendo muy limitada, y me preocupa además el aumento reciente a gran escala en el número de ejecuciones, así como la continua discriminación contra mujeres y niñas.  Irán no coopera con el mandato por país de los Procedimientos Especiales, y ha recibido solamente a un titular de mandato de los Procedimientos Especiales en los últimos 17 años. 

Sr. Presidente, 

El Examen Periódico Universal del Consejo deja absolutamente claro que el escrutinio en materia de derechos humanos no supone de ningún modo una violación de la soberanía de un país sino por el contrario un asunto legítimo de preocupación internacional.  La inclusión de opiniones de la sociedad civil y el ciclo permanente de su escrutinio crean una percepción más amplia de los problemas en materia de derechos humanos y fijan su atención en el seguimiento de estas cuestiones. 

El EPU no es un acto que se haya de realizar una sola vez.  Es un proceso de cuatro años y medio de duración con la intención de culminar en la aplicación de sus recomendaciones.  No obstante, en la ronda cuarta del examen, tal como ocurre en rondas previas, muchas de las recomendaciones vuelven a exponerse para permitir una prórroga en su ejecución.  Por tanto, yo insto a los Estados, a todos los Estados, a intensificar sus esfuerzos para la implementación, como una expresión de su cooperación auténtica con el EPU.  La presentación de informes a mitad de período de forma voluntaria puede suponer un instrumento útil a este respecto. 

El Consejo ha creado asimismo 59 mandatos de Procedimientos Especiales y 14 mandatos de investigación.

Los titulares de mandato de los Procedimientos Especiales suelen disfrutar de una cooperación positiva con los Estados.  De media, estos realizan entre 60 y 80 visitas a países al año, y 129 Estados han cursado una invitación permanente.   De hecho, y a pesar de la pandemia, diez Estados han recibido cinco o más visitas de los Procedimientos Especiales en los últimos cinco años:

Argentina, Bangladesh, Canadá, Ecuador, Honduras, Kirguistán, Maldivas, Mongolia, Qatar y Túnez.

No obstante, 19 países² no han recibido ninguna visita en los últimos cinco años, a pesar de haber recibido cinco o más peticiones, e incluso aunque siete³ de estos Estados hayan cursado una invitación permanente. 

Estoy sumamente preocupado porque varios titulares de mandato hayan sufrido insultos y amenazas a su persona.  Estos ataques socavan la capacidad del propio Consejo.  Cualquier discurso de odio o incitación a la violencia dirigidos contra titulares de mandato, ya sea en línea o fuera de línea, es inaceptable.  Haré todo lo que esté en mi mano para apoyar la independencia e integridad de los Procedimientos Especiales. 

Varios de los mandatos de país y órganos de investigación del Consejo se enfrentan a grave desafíos en lo que respecta tanto a la cooperación como al acceso. 

Sudán Meridional supone una excepción, y he de reconocer la aceptación por parte del Gobierno a permitir a la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán Meridional del Consejo emplazar su Secretaría en el país. Este hecho mejorará considerablemente la capacidad de la Comisión para prestar su apoyo al Gobierno para hacer frente a los numerosos retos en materia de derechos humanos que tiene el país.  Lamentablemente, las denuncias de incidentes violentos que afectan a civiles aumentaron en un 12% en los tres primeros meses del año, y además, las autoridades han adoptado pocas medidas para exigir responsabilidades a los autores, a la vez que altos funcionarios del gobierno supuestamente implicados en delitos graves permanecen en su puesto. 

Siria no ha cooperado con la Comisión de Investigación del Consejo, o con el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente, y ha recibido solamente tres visitas de los Procedimientos Especiales en los últimos 8 años.   A la vez que Siria sí colabora con mi Oficina en Ginebra, lleva sin cooperar con nuestra oficina en Beirut desde 2011.  La situación de derechos humanos sigue siendo desesperada.  Yo confío en que las autoridades cooperen con la nueva iniciativa de la Asamblea General para localizar a personas desaparecidas en todos los bandos, y que esto pueda significar una colaboración más fructífera en el futuro. 

Eritrea ha rechazado colaborar con el Relator Especial sobre Eritrea, así como con la Comisión de Investigación anterior y la investigación conjunta de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y la Oficina del ACNUDH.  No se ha producido nunca una visita de los Procedimientos Especiales a Eritrea, a pesar de que el país es miembro del Consejo.  Solicito a Eritrea que cambie de rumbo y que colabore con todo el espectro de los órganos de derechos humanos. 

Etiopía ha cooperado con la Oficina, lo que nos ha permitido desplegar observadores internacionales de derechos humanos en la zona norte.  También quiero destacar el potencial de cooperación que entraña una política integral de justicia de transición.  No obstante, Etiopía no colabora con la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos creada por el Consejo, por lo que sigo animando a que se produzca esta colaboración antes de la publicación de su informe. 

El régimen militar de Myanmar se ha negado a cooperar con la Misión de Determinación de los Hechos del Consejo, con el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar, o con el Relator Especial.  El ACNUDH no ha tenido acceso al país desde 2019.  Mientras tanto, los militares derrocaron al Gobierno elegido democráticamente y han cometido violaciones generalizadas de los derechos humanos, las cuales una presencia de derechos humanos sobre el terreno podría haber ayudado a mitigar o incluso a evitar.

De igual manera, mi Oficina no ha tenido acceso a Nicaragua desde 2018; y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua creado el año pasado ha visto como el Gobierno no ha querido cooperar de ningún modo.  Las autoridades han continuado socavando los derechos humanos del pueblo de Nicaragua, sometiendo a la sociedad civil a una represión extremadamente rigurosa y ejerciendo una reducción drástica del espacio cívico, que ha incluido la cancelación de la situación jurídica de numerosas organizaciones.  Nicaragua no ha asistido a sus tres últimos exámenes por órganos de tratado, y su visita oficial más reciente por parte de un titular de mandato de un Procedimiento Especial ocurrió hace 14 años. Nicaragua tiene planeado además abandonar la Organización de los Estados Americanos en noviembre, lo que ahondará aun mas en el aislamiento del país, y aumentará el miedo y vulnerabilidad de su población.  Quiero reiterar la disposición de mi Oficina a colaborar con el Gobierno, tal como expresé en las dos cartas que envié al Ministro de Asuntos Exteriores, las cuales no han sido contestadas. 

La República Popular Democrática de Corea ha preferido aislarse y no aprovechar las múltiples oportunidades de colaborar con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.  Previamente, a pesar de haber rechazado de forma constante las resoluciones específicas al país y los mandatos del Consejo, incluyendo al Relator para el país, sí se produjo cierta colaboración con los mandatos temáticos y con los órganos de tratados.  Pero a fecha de hoy, el país lleva retraso en su presentación de informes en virtud de tratados; no ha habido visita alguna por parte de los Procedimientos Especiales desde 2017; y las ofertas por parte del ACNUDH de ayuda técnica no han sido tenidas en cuenta.  A la vez que el país vuelve a abrirse tras la pandemia, y en el espíritu de la iniciativa Derechos Humanos 75, yo espero que puedan existir nuevas oportunidades de colaboración. 

También animo a Belarús a revertir su posición actual y a cooperar plenamente con los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas.   Una visita reciente por la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los migrantes se limitó a la situación en la frontera con Polonia.  Belarús se niega a colaborar con el examen de derechos humanos por parte del ACNUDH que ha sido encomendado por este Consejo; con la Relatora Especial sobre Belarús; o con los mandatos de los Procedimientos Especiales sobre derechos civiles y políticos. Aunque Belarús se encuentra al día con los requisitos formales en materia de presentación de informes prometidos a los órganos de tratados, el país se ha retirado del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e interrumpió nuestra presencia sobre el terreno en 2021. Este hecho limita de forma considerable la capacidad de la Oficina para prestar una ayuda que es estrictamente necesaria.

Desde 2016, Burundi  no ha concedido acceso, o no ha cooperado, con la Comisión de Investigación del Consejo o con los Procedimientos Especiales, incluyendo el mandato del país. En 2019 exigieron el cierre de nuestra presencia sobre el terreno.  Dada la continua fragilidad del país, con una ausencia de rendición de cuentas y de desigualdades de varios tipos, una colaboración mayor nos permitiría apoyar un espacio cívico más abierto, entre otras cuestiones apremiantes. 

Quiero expresar mi profunda preocupación por el deterioro de la situación en el Territorio Palestino Ocupado. En la Ribera Occidental ocupada, ha aumentado el uso excesivo de la fuerza y el asesinato ilícito de palestinos por parte de las Fuerzas de Seguridad Israelíes, incluyendo los asesinatos aparentemente extrajudiciales. La reciente escalada de la violencia en Gaza, así como el traslado forzoso de palestinos y palestinas a través de desahucios, demoliciones de viviendas, la expansión de los asentamientos y la violencia ejercida por los colonos, demandan todos soluciones con base en los derechos humanos.  No obstante, aunque Israelmantuvo una colaboración constructiva con el EPU el mes pasado, su cooperación con los Procedimientos Especiales y con la Comisión Internacional Independiente de Investigación es casi inexistente.  Además, las autoridades llevan tres años sin conceder visados a mis colegas internacionales para poder supervisar distintas cuestiones sobre el terreno. Espero sinceramente que la aceptación por parte de Israel de recomendaciones clave durante su cuarto ciclo del EPU supondrá la base para una cooperación renovada y constructiva con mi Oficina y con el ecosistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. 

Sr. Presidente, 

Los tratados de derechos humanos, y los diez órganos de tratados que supervisan su implementación, establecen las bases para la labor que desempeñan otros órganos de derechos humanos, incluyendo a este Consejo.

Durante el año pasado, por ejemplo, China ha cooperado con varios órganos de tratados, lo que ha conducido a directrices importantes para poder llevar a cabo un seguimiento.  Entre los asuntos que preocupan se encuentran la Ley de Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong; la discriminación contra los Uigures y otras minorías musulmanas en la Región Autónoma de Xinjiang; las políticas de asimilación que socavan la identidad de las minorías, incluyendo al pueblo tibetano; además de las restricciones al espacio cívico. Mi Oficina aspira a entablar una mayor cooperación con China sobre estos y otros asuntos, y nosotros también alentamos a China a solicitar la experiencia y conocimientos de titulares de mandato de los Procedimientos Especiales. 

La presentación regular de informes a los órganos de tratados supone un componente clave de los compromisos de cada Estado, y no es requisito que el país tenga un PIB elevado.  A diferencia de otros muchos Estados con mayores recursos, Senegal ha ratificado todos los tratados principales de derechos humanos que ha suscrito, además de encontrarse totalmente al día en lo que se refiere a sus obligaciones de presentación de informes. A la vez que he advertido recientemente algunas cuestiones que suscitan inquietud, hemos de reconocer que se trata de un país con una larga tradición de cooperación positiva. Belize, que también ha ratificado todos los tratados principales, ha realizado avances considerables en la cuestión de presentación de informes, con la ayuda de la Oficina.  Samoa ha ratificado seis de estos tratados, a la vez que existen conversaciones en curso para la ratificación de un séptimo tratado; este país cuenta también con un mecanismo de seguimiento de gran eficacia. 

Pero a pesar de todos estos ejemplos de países con menos recursos que mantienen una cooperación plena con los órganos de tratados, el sistema padece en su conjunto una falta considerable de cooperación de sus Estados Partes. 

Solamente 37 Estados u organizaciones regionales⁴ están actualmente al día con todas sus obligaciones de presentación de informes a los órganos de tratados.

Un total de 601 informes por parte de Estados llevan retraso en su entrega. Algunos informes por parte de 78 Estados⁵ llevan un atraso superior a diez años. 

El órgano de tratado con el menor porcentaje de presentación de informes hasta la fecha es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, un órgano cuyos objetivos y recomendaciones son fundamentales para todos los derechos humanos, en cualquier lugar del mundo. En este año en que estamos celebrando el 75º aniversario de la Declaración Universal, existe una necesidad urgente de que todos los Estados apliquen las recomendaciones de órganos de las Naciones Unidas de lucha contra el racismo y las de la Agenda para un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales. Yo insto a todos los Estados a implantar medidas decisivas con el fin de eliminar el racismo sistémico en todos los ámbitos, y de forma notable en el contexto de la aplicación de la ley, especialmente cuando se aplica a personas africanas y afrodescendientes.

El año pasado el Subcomité para la Prevención de la Tortura se vio obligado a suspender su visita a Australia⁶ debido a la falta de cooperación por funcionarios a nivel regional.  También quiero destacar la negativa de Nicaragua a aceptar la visita planeada este año del Subcomité.

El atraso en los exámenes de los Estados Partes y en las comunicaciones individuales es alarmantemente elevado. A 30 de abril, había 385 informes de Estados Partes a la espera de examen. Con los recursos actuales, los Comités necesitarían algo más de tres años para acabar con el retraso, sin tener en cuenta los informes nuevos que llegarían durante ese periodo. La situación de las denuncias individuales también es grave al haber más de 1.800 demandantes a la espera de una decisión sobre sus casos. Es evidente que nuestros recursos no están a la altura de estas tareas importantes, por lo cual pedimos un mayor apoyo a los Estados Miembros.

El proceso de fortalecimiento de los órganos de tratados se encuentra en un momento crítico. Es esencial que construyamos un sistema de órganos de tratados más sostenible, rentable y adecuado para la finalidad prevista. La resolución bienal de la Asamblea General sobre el sistema de órganos de tratados, que se celebrará en diciembre de 2024, será una gran oportunidad para que los Estados Miembros adopten medidas. Mi Oficina ha preparado opciones⁷ para un calendario previsible de exámenes de los informes de los Estados; la armonización de los métodos de trabajo de los órganos de tratados; y un salto digital. Además, espero fervientemente que ustedes puedan participar en este proceso para conseguir un resultado sólido en diciembre de 2024.

A fin de que los órganos de tratados sean eficaces, su composición también debe ser diversa, como el equilibrio de género. Sin embargo, en la actualidad solo hay dos mujeres entre los 11 candidatos propuestos por los Estados Partes para las próximas elecciones al Comité contra la Tortura. Por ello, me propongo publicar una infografía sobre la composición de género de todos los mecanismos de derechos humanos, de forma que los Estados puedan garantizar una representación equilibrada de género entre los expertos que designen.

Como parte de nuestra iniciativa Derechos Humanos 75, la Oficina ha lanzado una campaña para promover la ratificación de todos los tratados y protocolos facultativos de derechos humanos.

La Convención sobre los Derechos del Niño es uno de los tratados más ampliamente ratificados, con 196 Estados Partes: esto es, incluye a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a excepción de los Estados Unidos de América. Animo a Estados Unidos a que lo ratifique, así como los otros cinco tratados de derechos humanos que aún no ha ratificado. También coincido con el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en el Mantenimiento del Orden, el cual, tras una visita de cooperación a Estados Unidos, señaló que el "legado arraigado, duradero y profundo" de la esclavitud incluye discriminación racial estructural en la aplicación de la ley. Este hecho requiere medidas muy urgentes, al igual que lo requieren el encarcelamiento desproporcionado, la pobreza, la salud precaria y la mortalidad —incluida la materna— que sufren los y las afrodescendientes. Reconozco la buena disposición de Estados Unidos para con este mecanismo.

Sr. Presidente, 

Los ataques contra personas por su cooperación con las Naciones Unidas constituyen una forma de no cooperación particularmente insidiosa y pueden tener un efecto intimidatorio en todo el espacio cívico. En consonancia con la resolución 12/2 del Consejo, el Secretario General ha publicado trece informes sobre actos de intimidación y represalias con información sobre más de 700 casos o incidentes de represalias en 77 países.  El informe de 2022 incluye denuncias de incidentes en 42 países. Doce de esos Estados son miembros actuales de este Consejo.

Pero el informe anual sobre represalias no proporciona una imagen completa. Cuando la intimidación y la represión de la sociedad civil son tan intensas que la población simplemente deja de cooperar con los organismos internacionales por no arriesgarse, no recibimos denuncias de represalias porque nadie se atreve a interactuar con nosotros. Me preocupa profundamente este estrangulamiento de la sociedad civil en varios países.

Sr. Presidente, 

Hace treinta años, la Declaración de Viena allanó el camino hacia el establecimiento de mi Oficina, la cual es el núcleo del ecosistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. 

La Oficina ha pasado de solo dos a 101 presencias sobre el terreno en 95 países en los últimos treinta años. Esto muestra el reconocimiento generalizado de que cooperar con nosotros para hacer avanzar los derechos humanos presenta grandes ventajas prácticas, como nuestra capacidad de compartir las mejores prácticas entre los Estados.

Ahora nos gustaría ampliar nuestro compromiso, por ejemplo, en Brasil, Asia Central, Ecuador, Kenya, Mozambique y Estados Unidos, así como en la región del Caribe. Asimismo, considero importante que establezcamos por primera vez una presencia en China e India, dos países que en conjunto suponen más de un tercio de la población mundial.

También es fundamental que la Oficina intensifique su labor en situaciones humanitarias, las cuales casi siempre desencadenan, o agravan enormemente, los problemas de derechos humanos. Nuestra orientación debe integrarse más profundamente en todos los aspectos de la alerta y la acción tempranas; la planificación y la preparación; y las respuestas operativas de las Naciones Unidas ante los conflictos y las catástrofes. Por otro lado, espero contar con su apoyo activo a nuestro programa de asesores de derechos humanos.

Necesitamos duplicar el presupuesto de la Oficina en los próximos años para alcanzar estos objetivos. Necesitamos también un mayor apoyo político. En última instancia, debería haber una oficina de Derechos Humanos en todos los países para prestar apoyo, pero también para aprender de la experiencia de cada país en el avance de los derechos humanos.

Una Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sólida y un ecosistema de derechos humanos sano y dotado de recursos son un bien público mundial, sobre todo en estos tiempos turbulentos.

Gracias, señor Presidente.

 

^[1]  Afganistán, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, República Centroafricana, Chad, Chile, Colombia, Congo (República del), Costa Rica, República Democrática del Congo (DRC), República Dominicana, Ecuador, Guinea Ecuatorial, El Salvador, Eswatini, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Iraq, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kosovo, Kirguistán, Líbano, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Mali, Mauritania, México, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Nepal, Níger, Nigeria, Macedonia del Norte, Palestina, Papua Nueva Guinea, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Qatar, República de Corea, Federación de Rusia, Rwanda, Samoa, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán Meridional, Sri Lanka, Sudán, Suriname, Tayikistán, Tailandia, Timor-Leste, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Yemen, Zambia y Zimbabwe.
Todas las referencias al Estado de Palestina deben interpretarse de plena conformidad con la resolución 67/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Todas las referencias a Kosovo deben interpretarse de plena conformidad con la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sin perjuicio del estatuto de Kosovo. 
^[2]  Algeria, Bahrein, Camerún, Cuba, República Democrática del Congo, Cote d‘Ivoire, Haití, India, Israel, Malawi, Nicaragua, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia
^[3]  India (19) ; Rwanda (9) ; Camerún, Papua Nueva Guinea (6) ; Malawi, Nicaragua, Zambia (5)
^[4]  Andorra; Armenia; Azerbaiyán; Bahrein; Belarús; Bélgica; Benin; Bosnia y Herzegovina; Bulgaria; Chile; Dinamarca; El Salvador; Finlandia; Francia; Alemania; Honduras; Islandia; Iraq; Italia; Kazajstán; Kiribati; Kuwait; Lituania; Los Países Bajos; Noruega; Filipinas; Qatar; Federación de Rusia; Senegal; Singapur; Suecia; Tayikistán; Turkmenistán; Ucrania; Estados Unidos de América; Uzbekistán; Unión Europea
^[5]  Algeria; Antigua y Barbuda; Bahamas; Bangladesh; Barbados; Belize; Bolivia; Botswana; Brunei Darussalam; Burundi; Cabo Verde; República Centroafricana; Chad; Comoros; Congo; Côte d'Ivoire; Croacia; Chipre; República Popular Democrática de Corea; República Democrática del Congo; Djibouti; Dominica; República Dominicana; Guinea Ecuatorial; Eritrea; Eswatini; Gabón; Gambia; Ghana; Granada; Guinea; Guinea-Bissau; Guyana; Haití; Hungría; India; Indonesia; Jamaica; Jordania; Kenya; Líbano; Lesotho; Liberia; Libia; Madagascar; Malawi; Malasia; Maldivas; Mali; Malta; Mauritania; Mauricio; Mónaco; Mozambique; Namibia; Nigeria; Panamá; Papua Nueva Guinea; Saint Kitts y Nevis; Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas; San Marino; Serbia; Seychelles; Sierra Leona; Islas Salomón; Somalia; Sudáfrica; Suriname; República Árabe Siria; Tanzania; Timor-Leste; Tonga; Trinidad y Tobago; Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia
^[6]  https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-torture-prevention-body-terminates-visit-australia-confirms-missions
[^7]  https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/treaty-bodies/annualmeeting/35meeting/2023-06-19-Working-paper-implementation-treaty-body-Chairs-conclusions.docx