Türk solicita una economía basada en los derechos humanos

Excelencias,
Estimados y estimadas participantes,

Me complace estar presente en la apertura de estos debates importantes.

La pandemia de la COVID-19 ha sido una lección dura y clara sobre la universalidad e indivisibilidad de todos los derechos humanos. La pandemia ha demostrado en particular que los derechos económicos, sociales y culturales no solo son fundamentales para la dignidad humana, sino que son esenciales para la estabilidad y el desarrollo sostenible de todos los países. Si no se toman en serio, sabemos que pueden tener consecuencias devastadoras para las personas ante todo, pero también que avivarán la desconfianza en las instituciones nacionales, el malestar social, la violencia e incluso los conflictos.

Al agudizarse aún más lo que ya era una realización desigual de los derechos a la salud, a la educación, a una vivienda adecuada y a un trabajo decente, entre otros, la pandemia aceleró e impactó los círculos viciosos de la pobreza creciente y los agravios profundos.

Puso de manifiesto la magnitud de las desigualdades en todas las sociedades. Empeoró esas desigualdades en casi todos los países y regiones. Y reveló desigualdades mundiales profundas en la arquitectura económica y financiera actual.

Según el Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial en materia de Alimentación, Energía y Finanzas, el 60% de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo perciben ingresos reales más bajos que antes de la pandemia. Sin embargo, la pandemia dejó sobradamente claro que fueron estas personas, y la economía asistencial, quienes nos salvaron y garantizaron nuestros servicios básicos. Todos sabemos cuánto dependíamos de ellos y ellas, aunque ahora perciben ingresos más bajos que antes. No se muestra ni un ápice de gratitud en este sentido.

Sabemos que las mujeres han resultado las más afectadas, en parte por su elevada proporción en sectores como el turismo, alojamiento y servicios de restauración, que sufrieron un impacto desproporcionado. Según la OIT, el empleo de las mujeres cayó un 4,2 % en todo el mundo, frente a un descenso del 3 % en el caso de los hombres.

La inflación —desatada por la pandemia y posteriormente agravada por la guerra en Europa— ha disparado el precio de los alimentos básicos hasta niveles insoportables para muchas familias: una tragedia silenciosa.

A finales de 2021, el hambre afectaba a 828 millones de personas según un informe del PMA, la FAO, el FIDA, UNICEF y la OMS, lo que supone un aumento de 150 millones desde el inicio de la pandemia. Se han eliminado más de cuatro años de progreso en la lucha contra la pobreza. En lugar de acabar con la pobreza extrema para 2030, como estaba previsto en la agenda de desarrollo sostenible, el DAES estima que 600 millones de personas —una de cada 14 en el mundo— podrían vivir en la pobreza extrema en 2030.

Y, aun así, las cifras reales son probablemente peores. 

La definición habitual de pobreza de ganar menos de 1,90 dólares al día no llega a captar los costes reales que supone satisfacer las necesidades básicas. Acojo con agrado que la Sesión 3 de este taller se centre en medir y eliminar la pobreza mundial mediante una definición más realista y basada en los derechos humanos de exactamente quién es pobre.

Entretanto, el aumento de la deuda nacional y los vaivenes de los mercados de productos básicos siguen restringiendo el espacio fiscal para que las políticas nacionales promuevan un acceso más amplio a una educación, una sanidad y una protección social de calidad.

Sin embargo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 se ocupa concretamente de la necesidad de reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos. Entre sus indicadores se encuentran:

De aquí a 2030, el crecimiento de los ingresos del 40 % más pobre de la población debería ser a una tasa superior a la media nacional.

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Estimados y estimadas participantes,

Esta situación es una fórmula para la ruptura social y el conflicto, dentro de las sociedades y entre ellas. Necesitamos adoptar con urgencia medidas correctoras sólidas y eficaces.

Es el momento de comprender totalmente que el crecimiento económico en sí no subsanará las injusticias estructurales que están detrás de nuestra incapacidad para progresar en los ODS. Tenemos que desmantelar la arquitectura de las desigualdades y reconstruir nuestras economías con una arquitectura que mejore los derechos humanos y, por tanto, fomente la confianza en el gobierno, el desarrollo sostenible y la paz.

Tenemos que avanzar hacia una recuperación sólida mediante economías que promuevan los derechos y el bienestar de las personas.

Una economía basada en los derechos humanos trata de corregir las causas profundas y los obstáculos estructurales a la igualdad, la justicia y la sostenibilidad dando prioridad a la inversión en derechos económicos, sociales y culturales.

Ofrece la máxima protección social y una educación y sanidad de calidad para todos y todas.

Acceso a la justicia y el estado de derecho.

Medias eficaces contra el cambio climático y medioambientales.

Libertades fundamentales y un espacio cívico lo más amplio posible.

Garantiza que los modelos empresariales y las políticas económicas se rijan por las normas de derechos humanos.

Permite una combinación integrada y orientada a las misiones de políticas socioeconómicas que promueven todos y cada uno de los fines y metas de los ODS, en particular poniendo fin a la discriminación contra las mujeres y niñas, así como contra las minorías raciales, étnicas y lingüísticas. Sabemos que esa discriminación provoca daños escalonados intergeneracionales y en el conjunto de la sociedad.

Y al realizar estas inversiones, una economía basada en los derechos humanos también promueve una distribución más justa de los recursos que reduce las desigualdades dentro de los países y entre ellos.

Celebro los esfuerzos por garantizar una toma de decisiones más multilateral, en red e inclusiva y por reformar la arquitectura financiera mundial, la cual, por cierto, también se mencionó en el informe Nuestra Agenda Común del Secretario General.

Los países no deberían tener que dar prioridad al cumplimiento de las condiciones impuestas por las instituciones financieras internacionales o las agencias de calificación crediticia en detrimento de los derechos de la población. Los derechos humanos deben considerarse inherentes a los marcos jurídicos de los países y parte integrante de un desarrollo sólido, la paz y del estado de derecho. Acojo con satisfacción las propuestas recientes de reformas innovadoras de la arquitectura financiera mundial, como la iniciativa Bridgetown de la Primera Ministra Mia Mottley.

Estimados y estimadas participantes,

Mi Oficina intensificará los esfuerzos para prestar apoyo técnico en derechos económicos, sociales y culturales e integrar las normas, principios y políticas de derechos humanos en todas las actuaciones de los gobiernos y del sistema de las Naciones Unidas, a fin de ayudar a los países y a las sociedades a construir economías que fomenten los derechos humanos.

Eliminar las barreras estructurales y garantizar la realización de los derechos humanos exige invertir en la capacidad operativa de mi Oficina, de forma que podamos satisfacer las necesidades y las solicitudes de cooperación técnica procedentes de los Estados y los socios, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Esta tarea debería comprender el apoyo al diseño de políticas fiscales más redistributivas y a los esfuerzos para poner fin a la corrupción y los flujos financieros ilícitos, que sabemos que desvían dinero del gasto público. También incluye el apoyo a procesos presupuestarios participativos, inclusivos, transparentes y responsables que permitan al público y a la sociedad civil "seguir la pista del dinero", lo cual aumenta la confianza en el gobierno y la eficacia de políticas que promuevan los derechos de las personas.

A modo de ejemplo, mi Oficina se encuentra trabajando con las autoridades de Kenia y Sudáfrica para mejorar la elaboración de presupuestos en función de los derechos humanos, con énfasis en la protección social.

Pero sabemos que puede hacerse mucho más. Cuento con su apoyo para reforzar la labor de mi Oficina y del Consejo de Derechos Humanos en la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

El 75º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos este año es un recordatorio de que tenemos que dar la misma importancia a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como el derecho al desarrollo.

Reconozco que los derechos culturales, en particular, no han recibido la suficiente atención. Con apoyo adicional, mi Oficina podría acelerar mucho del trabajo por hacer en aspectos clave de los derechos culturales, como el derecho de todos y todas a participar en la vida cultural, la preservación del patrimonio cultural y el disfrute de los beneficios del progreso científico.

Esta reunión de tres días brinda la oportunidad de cuestionar nuestros modelos y políticas económicos actuales y de encontrar otras formas de avanzar en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. A la vista de las deficiencias que la pandemia ha dejado expuestas y ha profundizado, espero que las personas y el planeta ocupen inequívocamente un lugar central en las economías y políticas nacionales y mundiales a partir de ahora.

En verdad tenemos que aprender de nuestra experiencia reciente: no hay tiempo que perder.

Gracias.