Acerca de los actos de intimidación y represalias y los derechos humanos

Las Naciones Unidas llevan tiempo trabajando para prevenir y combatir los actos de intimidación y represalias contra las personas y los grupos que tratan de cooperar con la Organización en la esfera de los derechos humanos. En los últimos años ha aumentado el número de casos denunciados, así como su gravedad.

Ejemplos de intimidaciones y represalias

Esos actos adoptan formas diversas, que abarcan desde prohibiciones de viajar, amenazas y acoso (incluso por representantes de la autoridad), campañas de desprestigio, sometimiento a vigilancia y promulgación de leyes restrictivas, hasta agresiones físicas, detenciones y privaciones de libertad arbitrarias, torturas y malos tratos (incluidas agresiones sexuales), denegación de acceso a atención médica, y hasta asesinatos.

¿Quiénes son los afectados?

Sobre la base del mandato encomendado al Secretario General de informar anualmente sobre esta cuestión al Consejo de Derechos Humanos (véanse las Resoluciones 12/2, 24/24, 36/21 y 42/28), se insta a los Estados a que prevengan y eviten todo acto de intimidación o represalia contra:

1. quienes traten de cooperar o hayan cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o hayan prestado testimonio ante ellos o les hayan proporcionado información;
2. quienes recurran o hayan recurrido a los procedimientos establecidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y todos los que les hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a tal fin;
3. quienes presenten o hayan presentado comunicaciones con arreglo a los procedimientos establecidos en los instrumentos de derechos humanos, y todos los que les hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a tal fin;
4. los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o de quienes hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a las víctimas.

Sobre la base de esa definición, las personas o los grupos que cooperan directamente con las Naciones Unidas, ya sean activistas de derechos humanos, trabajadores comunitarios, abogados, periodistas, instituciones nacionales de derechos humanos e incluso funcionarios gubernamentales, o los que ayudan a otros a cooperar son blancos potenciales. Pueden ser objetivos no solo las personas que cooperan directamente, sino también su representación legal, sus familiares, amigos y cualquier otra persona vinculada a ellos.