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Comunicados de prensa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Sri Lanka: Se necesitan cambios transformadores para lograr la rendición de cuentas y la reconciliación - Informe de las Naciones Unidas

22 agosto 2024

GINEBRA (22 de agosto de 2024) - Un informe   de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado hoy reveló nuevas amenazas para libertades fundamentales en Sri Lanka, como resultado de leyes nuevas o proyectos de leyes con un carácter regresivo, la erosión de sistemas de control democrático, las amenazas e intimidación actuales contra la sociedad civil y periodistas, así como la repetición de violaciones graves de derechos humanos que habían ocurrido en el pasado.

“Al tiempo que el país se prepara para celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias, se presenta una oportunidad para renovar el compromiso con los cambios transformadores que demanda una amplia representación de ciudadanos y ciudadanas de Sri Lanka, los cuales han de incluir rendición de cuentas y reconciliación,” declaró el Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Volker Türk.

El informe destaca varias leyes y proyectos de ley aprobados por el Gobierno desde 2023, los cuales otorgan a las fuerzas de seguridad amplios poderes e incorporan nuevas restricciones, las cuales vienen a ampliar considerablemente las ya existentes, contra las libertades de expresión, opinión y asociación.  “Esta tendencia resulta especialmente preocupante conforme el país se adentra en un período importante pre-electoral,” señaló el Alto Comisionado.

Las autoridades han seguido haciendo uso de la Ley de Prevención del Terrorismo con el objeto de arrestar y detener a personas, a pesar de su promesa de aplicar una moratoria, denuncia el informe.  Este también destaca casos recientes de arrestos y detenciones arbitrarios, tortura y muertes ocurridas bajo custodia.

El informe también detalla los efectos persistentes de la crisis económica de 2022 y las medidas de austeridad posteriores, los cuales afectan de manera especial a los más pobres, y en concreto a las mujeres.

“Las decisiones sobre medidas económicas deben guiarse por las obligaciones internacionales de Sri Lanka en materia de derechos humanos, e incluir la garantía de una protección social adecuada,” demandó Türk.  “Los acreedores de Sri Lanka deben ofrecer al Gobierno el espacio fiscal necesario para hacer realidad sus derechos económicos, sociales y culturales.”

Mientras tanto, continúa existiendo impunidad y ausencia de responsabilidad por delitos cometidos durante y después de la guerra civil, la cual acabó en 2009, asegura el informe.  “El gobierno que resulte elegido el próximo mes debe renovar su compromiso de abordar las causas originarias del conflicto y emprender reformas clave constitucionales e institucionales con el fin de hacer frente a las deficiencias en materia de rendición de cuentas y trabajar en pro de la reconciliación,” afirmó Türk.

“La negligencia del Estado de Sri Lanka a la hora de reconocer el sufrimiento de las víctimas, reconocer el papel de las fuerzas de seguridad en la comisión de violaciones flagrantes de derechos humanos, y de analizar violaciones cometidas en el pasado y el presente, ha provocado que la impunidad se afiance y posibilita que vuelvan a producirse violaciones graves en el futuro,” aseguró Türk.

El informe también describe un patrón duradero de intimidación y acoso ejercidos contra periodistas y actores de la sociedad civil, de manera especial contra aquellos que trabajan en la cuestión de desapariciones forzadas, disputas por tierras y temas medioambientales.  Las familias, sobre todo las de las personas que desaparecieron de manera forzada, se enfrentan también a intimidación, arresto y vigilancia por parte de los servicios de seguridad a la vez que estas familias intentan esclarecer la verdad, o simplemente conmemorar la ausencia de sus seres queridos.

“Los delitos y violaciones cometidos durante y tras la guerra civil, incluyendo los atentados con bomba del Domingo de Pascua de 2019, no pueden quedar impunes.  Han de ser investigados en profundidad, y se deben exigir responsabilidades a sus autores,” instó el Alto Comisionado.

En la ausencia de voluntad o capacidad por parte del Estado de Sri Lanka de procesar y castigar a los autores de delitos, el informe insta a la comunidad internacional a buscar estrategias complementarias para apoyar a la rendición de cuentas en Sri Lanka, incluyendo el uso adecuado de jurisdicción extraterritorial y universal, de sanciones específicas contra supuestos autores además de otras medidas disponibles, todas ellas ajustadas al derecho internacional.

Para leer el informe completo, haga clic aquí: https://www.ohchr.org/en/documents/reports/ahrc5719-situation-human-rights-sri-lanka-comprehensive-report-united-nations

GENEVA (22 August 2024) – A UN Human Rights Office report issued today identified renewed threats to fundamental freedoms in Sri Lanka, evidenced by new or proposed regressive laws, erosion of democratic checks and balances, ongoing threats and intimidation against civil society and journalists, and recurrence of serious human rights violations of the past.

“As the country approaches presidential and parliamentary elections, it has an opportunity to recommit to the transformational changes demanded by a broad cross-section of Sri Lankans, including accountability and reconciliation,” UN Human Rights Chief Volker Türk said.

The report points to several laws and bills introduced by the Government since 2023, giving security forces broad powers and significantly expanding pre-existing restrictions on freedoms of expression, opinion and association. “This trend is particularly concerning as the country is in an important pre-election period,” the High Commissioner said.

Authorities have continued to use the Prevention of Terrorism Act to arrest and detain people, despite a promised moratorium, the report says. It also highlights, recent cases of arbitrary arrests and detentions, torture and deaths in custody.

The report also details ongoing effects of the 2022 economic crisis and subsequent austerity measures, in particular on the poor, especially women.

“Decisions on economic policies must be guided by Sri Lanka’s international human rights obligations, including by ensuring adequate social protection,” Türk said. “Sri Lanka’s creditors should provide the Government with the fiscal space needed to realise economic, social and cultural rights.”

Meanwhile, impunity and lack of accountability persist for crimes committed during and after the civil war that ended in 2009, the report says. “The Government elected next month should recommit to address the root causes of conflict and undertake fundamental constitutional and institutional reforms to address the accountability gap and work towards reconciliation,” Türk said.

“Failure of the Sri Lankan State to recognise victims’ suffering, to acknowledge security forces’ role in the commission of gross human rights violations, and to address violations committed in the past and present, has entrenched impunity and allows serious violations to recur,” Türk said.

The report also describes a long-standing pattern of intimidation and harassment of journalists and civil society actors, especially those working on enforced disappearances, land disputes and environmental issues. Families, particularly of those forcibly disappeared also face intimidation, arrest and surveillance by security services in their attempts to seek the truth, or even commemorate the absence of their loved ones.

“Crimes and violations committed during and after the civil war, including the 2019 Easter Sunday bombings, must not go unpunished. They must be thoroughly investigated, and those responsible held to account,” the High Commissioner said.

In the absence of willingness or ability of the Sri Lankan State to prosecute and punish perpetrators of crimes, the report urges the international community to pursue complementary strategies to support accountability in Sri Lanka, including appropriate use of extraterritorial and universal jurisdiction, targeted sanctions against credibly alleged perpetrators and other available measures, consistent with international law.

To read the full report, click here: https://www.ohchr.org/en/documents/reports/ahrc5719-situation-human-rights-sri-lanka-comprehensive-report-united-nations

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