Nuestra Oficina está siguiendo de cerca la situación en Myanmar, en donde grupos armados que se oponen a los militares junto con grupos aliados han conseguido avances considerables y donde varios cientos de soldados han optado aparentemente por deponer sus armas.

Es fundamental que todos los capturados reciban un trato humano. Están absolutamente prohibidas las represalias: los soldados por individual no son responsables de forma colectiva por delitos y violaciones de derechos humanos que hayan cometido los militares.

Dada la rapidez con que se desenvuelve la situación sobre el terreno, es imperativo que todas las partes respeten de manera estricta las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de manera especial para proteger a los civiles. Los mandos deben dejar claro este punto al personal armado que esté bajo su dirección y control.

En el desarrollo hasta la fecha de los combates, se ha denunciado que cerca de 70 civiles y otras personas fuera de combate han sido asesinados y más de 90 personas heridas de consideración, lo que se suma a los más de 200.000 desplazados internos registrados desde el 27 de octubre.

Nos preocupa de manera especial la reanudación de los combates entre el poder militar y el Ejército de Arakan en el Estado de Rakhine, tras un alto el fuego informal de 12 meses de duración, lo que plantea riesgos tanto para las comunidades étnicas Rakhine como la Rohingya.

Nos inquieta, dados los patrones observados en el pasado, que al tiempo que el poder militar va perdiendo terreno en múltiples frentes, su respuesta pueda desencadenar una fuerza aun mayor, reflejada en ataques aéreos y descargas de artillería desproporcionados e indiscriminados. Durante los dos últimos dos años, hemos venido documentando los graves efectos que conllevan estas tácticas para la población civil.

Nuestra Oficina reitera su llamamiento a los Estados Miembros, de manera especial a aquellos con influencia sobre los contendientes, para que intervengan firmemente intensificando sus esfuerzos para acabar con esta crisis y proteger a la población civil, además de renovar la presión para conseguir un traspaso pacífico de poder a un gobierno representativo y civil.