Myanmar: Türk apela a hacer uso de nuevos planteamientos con el fin de acabar con una «tragedia indescriptible»

Sr. Vicepresidente,
Excelencias,
Distinguidos delegados y delegadas,

Cada día que pasa, la población de Myanmar ha de enfrentarse a ataques horrendos, violaciones flagrantes de derechos humanos y al derrumbe de los medios de vida y de las esperanzas.

Desde la publicación de mi último informe en julio pasado la situación general de los derechos humanos en Myanmar se ha agravado aún más.

Continúan las campañas generalizadas de violencia por parte del poder militar, mostrando un total desprecio por los principios fundamentales de humanidad y por las reiteradas solicitudes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para un cese inmediato de las hostilidades, así como por los llamamientos a permitir un acceso sin obstáculos de la ayuda humanitaria.

El informe que presento al Consejo en el día de hoy, el cual abarca el período entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de julio de 2023, revela cómolos militares han ampliado aún más sus ataques dirigidos contra la población civil. A/HRC/54/59: Situación de los derechos humanos en Myanmar - Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (versión preliminar sin editar)

Las conclusiones del informe revelan una serie de incidentes – muchos de los cuales reflejan una especial brutalidad, que son emblemáticos de una negación sistemática de los derechos humanos, y de la vida y dignidad humanas.

Nos enfrentamos aquí a un sistema caracterizado por una represión despiadada y diseñada para coaccionar y subyugar a su pueblo además de para erosionar una sociedad de manera tal que se puedan mantener los intereses abusivos del poder militar.

Ataques militares sin sentido alguno están empeorando la crisis de derechos humanos con repercusiones interrelacionadas de tipo humanitario, político y económico, lo que acarrea un daño insoportable para el pueblo de Myanmar.

Las restricciones al acceso de ayuda humanitaria tras la destrucción causada por el ciclón Mocha en mayo de este año supone un ejemplo evidente de cómo el poder militar está otorgando prioridad a sus propios intereses políticos antes que al bienestar de una población que se encuentra urgentemente necesitada de ayuda vital.

La población del Estado de Rakhine, que incluye a miembros de la comunidad Rohingya, sigue estando privada de alimentos, medicinas, así como de los materiales necesarios para reconstruir sus hogares y rehacer sus vidas.

Sr. Vicepresidente,

Fuentes creíbles han verificado la muerte de al menos 4.108 personas hasta la fecha de ayer, a manos de los militares y de sus afiliados.

Se han dirigido de forma sistemática tres tácticas militares específicascontra la población civil: airstrikes, ataques aéreos, asesinatos en masa y la quema de aldeas.

Durante el período que abarca el informe, el poder militar llevó a cabo 687 ataques aéreos, lo que duplica la cifra de los ataques realizados en los 14 meses anteriores al golpe militar.

El informe publicado por mi Oficina corrobora datos que confirman que este uso en aumento de la fuerza aérea, sumado a armamento pesado y otro material distinto, solamente puede proceder de proveedores extranjeros. El poder militar depende del acceso a divisa extranjera para adquirir armamento militar, servicios de apoyo y combustible para la aviación.   En este contexto, celebro las recientes medidas impuestas de manera específica para limitar la adquisición de combustible para aviones, el cual tiene fines militares.

Operaciones en tierra han arrojado como resultado 22 incidentes documentados de asesinatos en masa de 10 o más personas. Distintos testimonios señalan que en muchas de estas operaciones, los soldados entraron en los pueblos, rodearon a aquellas personas que no habían conseguido huir, y las ejecutaron. Los soldados usaron métodos atroces con el objeto de infligir un daño inimaginable a sus víctimas, llegando incluso a quemarlas vivas, o a hacer uso del desmembramiento, la violación, la decapitación, el golpeo con porras, además del uso de aldeanos y aldeanas secuestrados para ser usados como escudos ante ataques y minas terrestres.

Estamos ante ejemplos de una inhumanidad en su máxima expresión de vileza.

El quema de pueblos enteros y de infraestructura civil continúa aterrorizando a la población, de forma especial, pero sin ceñirse a, de la región central de Sagaing. Más de 75.000 estructuras han resultado destruidas, que incluyen viviendas, instalaciones para almacenamiento de alimentos, bancos de semillas y ganado, causando una crisis de desplazados que sigue en marcha, además de incrementar de forma dramática las necesidades de protección y ayuda humanitaria, incluyendo las de grupos que corren un riesgo especial, como mujeres, niños y niñas, personas mayores, y personas que padecen una discapacidad.

También persiste la violencia perpetrada por grupos armados opuestos a los militares, que incluyen asesinatos selectivos y atentados con bombas en lugares públicos.

Si bien el grado de gravedad de estas violaciones no es comparable al de las violaciones cometidas por los militares, sigue siendo crucial que los grupos que se oponen al poder militar respeten, en su totalidad, el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, así como los principios relativos a la protección de civiles.

Distinguidos delegados y delegadas,

El estado de derecho para los civiles se ha desvanecido en Myanmar, a la vez que los militares erosionan de forma deliberada los pilares de la gobernanza y la justicia en el país.

Fuentes fiables han informado de la detención de 24.836 personas, de las cuales 19.264 siguen detenidas, y 150 han sido condenadas a muerte por tribunales bajo control militar, los cuales carecen de independencia alguna o no respetan el debido proceso o el derecho a un juicio imparcial. Más de 7.368 personas han sido condenadas en juicios ad hoc, la mayor parte de los cuales duran apenas unos minutos y no cuentan con presencia de un abogado defensor. Solamente se conoce de un caso, hasta la fecha, donde un acusado fue absuelto, y cuya decisión supuso la expulsión del juez que dictó sentencia a favor del acusado.

Señor Presidente,

La denegación del acceso humanitario en todo el país está conllevando consecuencias dramáticas para el derecho a la alimentación. La cantidad de arroz, de forma especial, ya que es un artículo de primera necesidad para la población de Myanmar, es cada vez más limitada en muchas regiones.

Esta denegación del acceso se ha sentido sobre todo en el Estado de Rakhine, donde la situación de derechos humanos de la comunidad Rohingya sigue suscitando una gran preocupación, en especial la de las mujeres, niños y jóvenes.

Desde que el ciclón Mocha tocara tierra en mayo, el poder militar ha impedido de forma sistemática el suministro de atención médica vital, materiales para construcción de refugios, alimentos, y agua potable. Se han recibido denuncias sobre la situación de familias Rohingya y de miembros de otras comunidades desplazadas, las cuales no pueden proporcionar alimentos a sus hijos e hijas. También se ha denunciado que las mujeres Rohingya enviudadas se han visto obligadas a tener que mendigar para conseguir alimentos, lo que las hace más vulnerables a la explotación y los abusos sexuales.

El poder militar ha continuado amenazando también con emprender acciones legales contra cualquiera que ofrezca cifras diferentes a la cifra oficial de muertes por el ciclón Mocha, la cual se ha establecido en 116 personas. El 6 de septiembre, un tribunal militar condenó a un fotoperiodista a 20 años de prisión por su información publicada acerca de la situación tras el paso del ciclón en Rakhine, lo que supone la condena más elevada impuesta a un periodista desde el golpe militar.

No obstante, desde marzo pasado, el poder militar ha propuesto en diversas ocasiones llevar a cabo el retorno de miles de refugiados y refugiadas Rohingya al Estado de Rakhine desde Bangladesh antes de que acabe el año, a pesar de la ausencia manifiesta de condiciones seguras, dignas y sostenibles para un retorno adecuado. Lo que llama más la atención es que no se ha adoptado medida alguna para abordar las causas originarias de esta grave discriminación y de otras violaciones, para tratar la cuestión de la nacionalidad, para garantizar la prestación de servicios, o para garantizar el libre movimiento u otras cuestiones críticas.

Sr. Vicepresidente,

El Consenso de Cinco Puntos de ASEAN, cuyo objetivo es devolver la estabilidad a Myanmar, ha sido ignorado por los militares, a pesar de haber acordado sus términos. De igual manera, el gobierno militar no ha respetado la resolución 2669 del Consejo de Seguridad (S/RES/2669(2022), de diciembre de 2022) al igual que su petición para acabar con la violencia de manera inmediata así como para permitir el acceso de ayuda humanitaria sin impedimentos a todas las personas que la necesiten.

Se necesitan nuevos planteamientos acerca de Myanmar, de manera urgente, para acabar con esta tragedia indescriptible.

Celebro la reciente decisión aprobada por ASEAN de intentar un nuevo enfoque, incorporando un mecanismo de Troika que apoye al Presidente y al enviado especial de la organización que comenzaría el próximo año, y apelo a los demás Estados a consolidar esta iniciativa.

Reitero mi llamamiento a todos los Estados y otros actores que puedan ejercer influencia a apoyar las iniciativas diseñadas para aminorar esta crisis y a asegurar que todas las personas vulnerables de Myanmar puedan ejercer sus derechos fundamentales y recibir toda la ayuda que necesiten.

Insto a todos los actores a que se investiguen todas las acusaciones de abusos de derechos humanos contra la población civil de manera inmediata y transparente, y que se exijan responsabilidades a los autores de las mismas, y que además la comunidad internacional redoble sus iniciativas internacionales para promover la rendición de cuentas.

Dada la continua gravedad de la situación y la impunidad que existe en el país, reitero mi petición al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que remita esta situación a la Corte Penal Internacional.

El pueblo de Myanmar ya ha sufrido durante demasiado tiempo este drama, recibiendo una atención insuficiente por parte de la comunidad internacional. Esto debe cambiar de inmediato. El Consejo ha recibido ya ocho informes de mi Oficina sobre esta trágica situación, además de presentar actualizaciones en cada período de sesiones desde el golpe ocurrido en febrero de 2021.

No tenemos razón alguna para creer que el poder militar va a cambiar radicalmente su postura y que va a romper el ciclo de impunidad que ha caracterizado a sus operaciones durante décadas.

La responsabilidad de proteger a los y las civiles así como de restaurar las condiciones necesarias que conduzcan a la paz y la estabilidad recaen por lo tanto también sobre la comunidad internacional, a quiénes insto a actuar de inmediato.

No hay tiempo que perder.

Gracias