Comentario de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Myanmar

Esta semana se cumplen seis años desde que el poder militar de Myanmar comenzara su enésima campaña brutal como parte de una persecución de décadas de duración de la minoría musulmana Rohingya en el Estado de Rakhine. En lo que se ha denominado como una operación genocida contra los Rohingya, cerca de 10.000 hombres, mujeres, niños, niñas y recién nacidos fueron asesinados, más de 300 pueblos fueron destruidos y más de 700.000 personas huyeron a Bangladesh en un corto período de tiempo.

En total, más de un millón de Rohingya han huido de la persecución y discriminación sistemática en busca de protección internacional para refugiados en Bangladesh, y más de 100.000 están retenidos en campamentos para desplazados cerrados dentro de Myanmar. En lo que supone un ejemplo de la desesperación que viven, otros miles continúan intentando travesías desesperadas por mar desde Myanmar a Bangladesh, las cuales acaban la mayor parte de las veces en tragedia.

Son necesarios mayores esfuerzos destinados a exigir responsabilidades a los militares por sus repetidas campañas de persecución contra los Rohingya, y por arrastrar al país a la crisis actual humanitaria y de derechos humanos que sufre. A la vista de la impunidad de que ha disfrutado el poder militar de Myanmar por crímenes pasados y presentes contra los Rohingya así como contra otros grupos, yo hago un llamamiento a los Estados a que ofrezcan su pleno apoyo a las iniciativas internacionales en marcha que exigen responsabilidades.

Habiendo empleado muchos años intentando aliviar el sufrimiento que padecen los Rohingya, mi más ferviente deseo es que puedan retornar a sus hogares con dignidad, libertad y donde se les reconozca debidamente como parte de la diversidad de la población de Myanmar. Sus derechos humanos deben ser respetados plenamente y su seguridad garantizada. Esta no es la situación actual dada las condiciones de precariedad que se viven en el Estado de Rakhine. Lo que es más, el poder militar no ha mostrado voluntad alguna para tratar la discriminación sistemática que padecen los Rohingya.

A la vista de las diversas crisis que afrontamos, la comunidad internacional no debe olvidarse del pueblo Rohingya o de las comunidades que los alojan en Bangladesh. Los llamamientos humanitarios en ayuda de los Rohingya, tanto en Myanmar como en los campamentos de Bangladesh, necesitan de un mayor apoyo y financiación. Al mismo tiempo, los terceros países deben ampliar los programas de reasentamiento de los Rohingya u ofrecer protección de forma temporal, especialmente en esta región. Y además se deben redoblar los esfuerzos de la comunidad internacional para cambiar el curso en Myanmar y para garantizar rendición de cuentas y justicia.

FIN