Myanmar en "caída libre letal" hacia una violencia aún más profunda, según Türk

Señor Vicepresidente,
Excelencias,
Distinguidos y distinguidas colegas,

Este Consejo ha venido escuchando informe tras informe sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar.

Con cada actualización, nos resulta casi imposible imaginar que el pueblo de Myanmar pueda soportar aun más sufrimiento.

Sin embargo, el país continúa su caída libre mortal hacia una violencia y una angustia aún más profundas.

Un régimen impuesto por los generales en los últimos dos años y medio ha arrebatado al pueblo de Myanmar el optimismo que una vez albergó por la paz, la democracia y un futuro más próspero.

La población civil vive a merced de una autoridad militar temeraria que recurre a tácticas sistemáticas de control, miedo y terror.

También soporta el impacto devastador de la violencia grotesca, incluso contra las personas de edad, las personas con discapacidad y los recién nacidos.

La situación se ha vuelto insostenible.

Asistimos a una espiral económica que agudiza la pobreza que ya padece gran parte de la población.

Los recursos naturales se explotan a un ritmo peligroso, lo que causa daños medioambientales irreversibles.

Las voces de la sociedad civil y de los y las periodistas están siendo reprimidas.

Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas continúan con la misma intensidad.

Y las minorías del país vuelven a enfrentarse a ataques brutales a manos del ejército en las regiones fronterizas, con un número cada vez mayor de personas que cruzan las fronteras internacionales en busca de seguridad y protección.  Más de un millón de rohinyás permanecen en el país vecino de Bangladesh, donde viven en el mayor campamento de refugiados del mundo en condiciones deplorables. Las condiciones para su retorno a Myanmar siguen siendo inexistentes. El ejército sigue cometiendo atrocidades en su estado natal, Rakhine, donde se les niega la ciudadanía.

Señor Vicepresidente,

Fuentes fidedignas indican que, hasta ayer, esta situación acumula 3.747 fallecidos a manos de los militares desde su toma del poder y 23.747 detenciones.  Estas cifras representan el mínimo de casos que pueden documentarse y verificarse; es probable que el número real de víctimas sea mucho mayor.

Cada día, la estrategia militar despiadada de las "cuatro dimensiones" sigue sembrando la destrucción.

Aldeas enteras quedan arrasadas e incendiadas y los civiles reciben castigos colectivos privándoles de refugio, alimentos, agua y ayuda vital. Desde que comenzó el golpe, los militares han quemado al menos 70.000 viviendas en todo el país, el 70 % de estas en la región de Sagaing. Más de 1,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse, con un acceso mínimo a la ayuda humanitaria.

Los constantes ataques aéreos y bombardeos de artillería están destruyendo hogares y arrebatando vidas. En los seis primeros meses de este año, mi Oficina ha informado de un aumento del 33 % de los bombardeos indiscriminados en comparación con el primer semestre del año pasado, con un incremento de ataques dirigidos contra objetivos civiles, entre ellos, aldeas, escuelas, hospitales y lugares de culto.

El 11 de abril, hasta 168 civiles, entre ellos decenas de mujeres y niños y niñas, perdieron la vida en un ataque aéreo en la aldea de Pa Zi Gyi, en la región de Sagaing.

Los ataques de artillería también han aumentado de forma espectacular, con más de 563 este año, lo cual representa ya el 80 por ciento del total de ataques del año pasado. Mi Oficina sigue documentando violaciones continuadas de las formas más brutales: violencia sexual, masacres, ejecuciones extrajudiciales, decapitaciones, desmembramientos y mutilaciones.

Estos hechos constituyen un desprecio total a los principios del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Y demuestran un desprecio absoluto por la humanidad.

Señor Vicepresidente,

El informe que presento hoy al Consejo se centra en la denegación sistemática por parte de los militares de ayuda humanitaria vital para la población civil. Han establecido un conjunto de obstáculos jurídicos, financieros y burocráticos para asegurarse de que las personas necesitadas no reciban ayuda ni puedan acceder a ella.

Esta obstrucción de la ayuda vital es deliberada y selectiva, una denegación intencionada de los derechos y libertades fundamentales a amplios segmentos de la población.

Esto ocurre en una situación en la que un tercio de toda la población necesita ayuda urgente, como el acceso a una vivienda adecuada, agua y alimentos suficientes o empleo.

A mediados de mayo, cuando el ciclón Mocha tocó tierra con efectos devastadores en Rakhine, Chin, Magway y Sagaing, los militares impidieron de forma activa la evaluación independiente de las necesidades y obstaculizaron el acceso a la información. Suspendieron todas las autorizaciones de viaje en el estado de Rakhine, aunque finalmente permitieron que se reanudara la distribución de ayuda si no guardaba relación con el ciclón.

Lo más importante es que todos los desembolsos de ayuda humanitaria relacionada con el ciclón Mocha siguen congelados a menos que los entregue el aparato militar. Han amenazado con emprender acciones legales contra quienes difundan una cifra de víctimas mortales rohinyás diferente a la oficial, fijada por los militares en 116 aunque se cree que es mayor.

Hasta la fecha, no se ha podido confirmar el número de fallecidos rohinyás y de miembros de otras comunidades por la falta de acceso.

Condeno los ataques directos contra el personal humanitario. Las organizaciones locales, que proporcionan la gran mayoría de la ayuda humanitaria, son las que corren mayores riesgos al desempeñar su labor. Hasta 40 trabajadores humanitarios han resultado asesinados y más de 200 han sido detenidos desde el golpe.

El ya frágil sistema sanitario ahora es deficiente. Pese a los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, la prohibición de facto del transporte de medicinas y otros suministros médicos en zonas amplias de Myanmar ha generado la falta de acceso a asistencia médica.

15,2 millones de personas necesitan apoyo alimentario y nutricional urgente. El precio de los alimentos ascendió un 177 % en 2022, y la violencia continuada, el apoderamiento de tierras y el alto riesgo que presentan las minas y las municiones sin detonar han entrañado una disminución acusada de la producción de alimentos.

La necesidad de un acceso humanitario sin trabas en todo Myanmar nunca ha sido tan urgente. Hago un llamamiento a los Estados Miembros para que financien el Plan de Respuesta Humanitaria de Myanmar y proporcionen financiación directa y flexible a las organizaciones locales sobre el terreno que intentan desesperadamente llegar hasta la población afectada.

Señor Vicepresidente,

En virtud de la resolución 2669 del Consejo de Seguridad reitero el llamamiento para poner fin de inmediato a esta violencia carente de sentido.

Asimismo, exijo a las autoridades la liberación inmediata de los 19.377 presos políticos detenidos en todo Myanmar, incluido el antiguo dirigente Win Mynt y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi.

La ruta para salir de esta crisis debe enmarcarse en la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y otras vulneraciones del derecho internacional que se están produciendo. Insto al Consejo de Seguridad a que remita la situación a la Corte Penal Internacional. Cualquier solución política a esta situación de emergencia de larga duración debe incluir la rendición de cuentas.

Con respecto al millón de rohinyás en Bangladesh, la repatriación voluntaria solo puede realizarse cuando se den las condiciones para un retorno seguro, sostenible y digno a Myanmar y cuando se respeten y defiendan todos sus derechos. Los mismos rohinyás deben estar en el centro de la toma de decisiones. Los retornos solo deben realizarse cuando lo decidan con conocimiento de causa y de forma realmente voluntaria.

Por su parte, la comunidad internacional debe seguir prestando apoyo a las comunidades de acogida, especialmente en Bangladesh, y protección adecuada a todas las personas que cruzan las fronteras internacionales.

También hago un llamamiento a todos los países para que suspendan e impidan el suministro de armas a los militares y que adopten medidas concretas para limitar el acceso de los generales a la moneda extranjera, al combustible para aviación y a otros medios que permiten atacar a la población de Myanmar.

Este Consejo tiene que analizar cómo sacar a la luz los intereses empresariales que apoyan a los militares y los mantienen a flote.

Señor Vicepresidente,

Entre los numerosos crímenes cometidos contra el pueblo de Myanmar, me indignó enterarme del arresto de más de cien personas efectuado por el ejército el 19 de junio. Su delito fue comprar, vender, llevar o lucir una flor para celebrar el 78 cumpleaños de Aung San Suu Kyi.

Cuesta creer que el pueblo de Myanmar —el cual hace solo dos años y medio esperaba un futuro mejor— esté sometido al yugo de un opresor que considera el hecho de llevar una flor como un acto criminal.

Durante décadas, el pueblo de Myanmar se ha enfrentado a la represión y al aislamiento. Pero nunca han dejado de reivindicar el respeto de sus derechos fundamentales, ni han dejado de hacer grandes sacrificios en pro de un futuro democrático.

Manifiesto mi solidaridad con el pueblo de Myanmar. Reconozco su fuerza, espíritu y resistencia extraordinarias mientras sufren día tras día la crisis.

Me gustaría destacar que la comunidad rohinyá forma parte del pueblo de Myanmar y del futuro del país.

Recuerdo a la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad, a la ASEAN y a todos los Estados Miembros con influencia sobre Min Aung Hlaing y el Tatmadaw su responsabilidad de ejercer la máxima presión para poner fin a esta crisis.

Es sumamente urgente restablecer todas las condiciones necesarias para que el pueblo de Myanmar encuentre una salida a la angustia y pueda vivir su vida con libertad y seguridad.

Gracias.