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Las personas con discapacidad se enfrentan cada día a la discriminación y las barreras que limitan su participación en la sociedad en términos de igualdad con las demás. A esas personas se les niega su derecho a participar en el sistema de enseñanza general, a obtener un empleo, a vivir en la comunidad de manera independiente, a desplazarse libremente, a votar, a participar en actividades deportivas y culturales, a disfrutar de protección social, a acceder a la justicia, a escoger su tratamiento médico y a contraer libremente obligaciones jurídicas, como las derivadas de la compraventa de propiedades.

Un número desproporcionado de personas con discapacidad vive en países en desarrollo, a menudo en condiciones de marginación y extrema pobreza. En las situaciones de emergencia humanitaria, las personas con discapacidad suelen quedar rezagadas y su opinión casi nunca se toma en cuenta en lo relativo a la reconstrucción de sus vidas y comunidades.

La protección que garantizan los demás tratados de derechos humanos, basada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe aplicarse por igual a todo el mundo. Sin embargo, las personas con discapacidad suelen ser por lo general “invisibles”, a menudo quedan marginadas en los debates relativos a los derechos y no pueden ejercer plenamente los derechos humanos.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD), que se aprobó en 2006 y entró en vigor en 2008, marcó un “cambio de paradigma”, de los enfoques tradicionales de la discapacidad basados en la caridad, a una estrategia basada en los derechos humanos. La CRPD reivindica la integración y la participación de las personas con discapacidad en todos los derechos humanos y los programas humanitarios y de desarrollo, y hace hincapié en los derechos y el empoderamiento de las mujeres y los niños con discapacidad, en tanto que grupos que afrontan modalidades múltiples e interrelacionadas de discriminación.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó: “La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad no es solamente un instrumento para las personas con discapacidades. Sus principios y cláusulas benefician a toda la familia humana, porque refuerzan nuestras respuestas a la exclusión y la segregación y, sin duda, al igual que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ponen de manifiesto que la clave para que nadie quede rezagado consiste en tratar de alcanzar hasta al último de la fila”.