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OHCHR 
El hashtag que salvó vidas
20 diciembre 2022
A los hashtags, esas pequeñas frases que salpican las conversaciones en las redes sociales, no se les suele prestar atención o se los considera inocuos. En pocas ocasiones sirven para salvar vidas.
Pero en febrero de 2019, un pequeño y discreto hashtag ayudó a conseguir precisamente eso.
El municipio de Ayutla de los Libres es una comunidad montañosa de agricultores en las colinas de Guerrero, el estado sudoccidental de México al que pertenece Acapulco. La ciudad es conocida por sus cultivos de hibiscos, además de por sus campos donde se planta maíz, chiles, calabazas y plátanos. No obstante, la ciudad es también conocida por la violencia recurrente relacionada con el narcotráfico, por los excesos cometidos por los militares en el pasado, así como los abusos periódicos contra la comunidad indígena que considera esta zona su hogar.
En Ayutla de los Libres, estos factores se tradujeron en horrores tales como las campañas de esterilización forzosa y los asesinatos en masa durante la década de 1990, la violación de dos mujeres indígenas del pueblo por soldados en 2002, además del asesinato de dos defensores de derechos humanos en 2009.
Cómo nació una defensora
De toda esta convulsión surgió Obtilia Eugenio Manuel, una activista perteneciente a la comunidad Me’phaa. Su suave voz esconde la férrea determinación que convierte a esta mujer en una eficaz defensora perteneciente a la Organización del Pueblo Indígena Me'Phaa (OPIM), grupo que defiende los derechos indígenas, del cual es cofundadora junto a Cuauhtémoc Ramírez, un ingeniero agrónomo que se convertiría posteriormente en su marido.
«Yo tenía 15 años cuando me convertí en activista por primera vez,» explicó. «La gente se reía porque me veía muy joven, pero yo ya había visto como se ejercía violencia contra las mujeres. En una ocasión un hombre dio una paliza a su mujer embarazada, a resultas de la cual murió su bebé nonato. Ella tenía demasiado miedo para presentar cargos contra él, y aunque le detuvieron, fue puesto en libertad rápidamente.»
Cuando ella se enteró de la violación de las dos mujeres por los soldados, ella asumió el caso con vehemencia, debido a lo cual recibió frecuentes amenazas de muerte. Ella tenía razones para preocuparse ya que los delitos en México suelen quedar impunes, especialmente cuando son cometidos por las autoridades o por el crimen organizado.
Más de 100.000 personas han desaparecido sin dejar rastro en México, y las mujeres indígenas son particularmente vulnerables.
A pesar de recibir amenazas continuas, ella decidió continuar con su activismo.
«Empecé entonces a trabajar para ayudar con la defensa de estas mujeres. Todos y todas merecemos una vida digna sin violencia.»
Finalmente, las amenazas contra su persona se hicieron tan incesantes y brutales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que ella necesitaba de protección oficial.
En 2019, ella ya estaba de vuelta en Ayutla y había sido elegida como miembro del gobierno municipal. Parte de su trabajo consistía en supervisar presupuestos de obras públicas, y ella pronto descubrió irregularidades en los gastos, así como la implicación de narcotraficantes. Manuel denunció el caso.
Posteriormente ese mismo año, un día que Manuel salía de la ciudad en un taxi acompañada de otro defensor de derechos humanos de la OPIM, Hilario Cornelio Castro, un coche se cruzó de repente delante de su camino.
«Nos agarraron a los dos y me amenazaron con cortarme un dedo de la mano. Nos tumbaron boca abajo, me taparon la boca y ojos y me golpearon en la cabeza,» explicó ella. «Pensé que no saldría viva. Otros antes que yo habían desaparecido. Me preocupaba que después fueran a por mis hijos.»
Pero Manuel y Castro fueron liberados tras cuatro días, gracias a un hashtag y a una enorme labor detrás.
Hilario Cornelio Castro, defensor de derechos humanos, fue llevado por la fuerza junto con Obtilia Manuel. Créditos: Consuelo Pagaza
La puesta en libertad de Manuel tras 96 horas en cautividad puede parecer como un milagro, pero en realidad fue el resultado de una labor muy intensa que se realizó entre bastidores.
«Descubrimos la desaparición de Obtilia apenas pasada media hora, a pesar de las complicaciones para las comunicaciones,» declaró Jesús Peña, Representante Adjunto de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México. «Teníamos que reaccionar con rapidez junto con funcionarios estatales y federales.»
Tan pronto como se conoció la noticia de su secuestro, la Oficina se puso a investigar, y llegó a la conclusión de que autoridades estatales y locales podían estar implicadas o a lo mejor podían comunicarse con los secuestradores, lo que suponía que existía una oportunidad de que la presión pública pudiera tener efecto. Se celebraron reuniones urgentes con el gobernador del Estado, el fiscal general del Estado y el gobierno federal también participaron en estas reuniones. Se incrementó la presión nacional e internacional sobre las autoridades locales.
Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, defensor de derechos humanos e ingeniero agrónomo , es el marido de Obtilia Manuel. Créditos: Consuelo Pagaza
Como parte de su estrategia, Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó declaraciones públicas condenando el secuestro y exigiendo la puesta en libertad con vida de Manuel y de Castro. Horas después del secuestro, ya habían elaborado y empezado a difundir un video con fotografías que exigían encontrar con vida a Manuel.
También resultó muy efectivo el lanzamiento de una campaña en las redes sociales cuyo hashtag #QueremosAObtilia, se hizo viral en México. El esfuerzo emprendido en las redes sociales, impulsado en gran parte por socios tradicionales en los grupos de la sociedad civil, fue rápido y efectivo, se hizo trending topic en Twitter y acumuló cientos de miles de visitas.
Mientras tanto, a la vez que confiaba en su liberación, su marido, Cuauhtémoc Ramírez, se preparaba para lo peor.
«En realidad pensaba que no la iba a volver a ver, así que reuní a los niños para contárselo. En ese mismo momento, recibí una llamada de Obtilia,» explicó.
La presión nacional e internacional había dado su fruto: Manuel y Castro fueron abandonados en una carretera rural, cuatro días después desde su secuestro.
«Gracias a esta presión es por lo que sigo viva,» aseguró Manuel, «y estoy muy agradecida por ello. Lo que hicieron funcionó.»
Una vida escondiéndose
Puede que Manuel y Castro estén libres, pero siguen viviendo en la sombra, en una vivienda bajo protección oficial del gobierno. Esta es la segunda vez que Manuel se ha visto obligada a mudarse de casa y convertirse en una persona desplazada interna.
Jorge Ruíz del Ángel, Director General de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección. Créditos: Consuelo Pagaza.
El Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas se creó en 2012 gracias a la presión generalizada para poner fin a la violencia en aumento contra defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas. A través de este Mecanismo, se ofrecen medidas de seguridad desde distintos niveles de gobierno las cuales permiten a personas conseguir su protección para poder vivir sus vidas con menos miedo e inseguridad.
«El Mecanismo no es perfecto, pero ha salvado vidas,» explica Jorge Ruiz del Ángel, un abogado que ha trabajado con el Mecanismo. «Habría más asesinatos si no fuera por él. No obstante, el mecanismo puede ser reforzado ya que no es sostenible a fin de cuentas.»
Durante muchos años, ONGs han venido manteniendo que el refuerzo del Mecanismo no es suficiente: debe ponerse fin a la impunidad de la que a menudo disfrutan los criminales cuando estos asesinan y atacan a defensores y defensoras de derechos humanos y a periodistas.
En 2019, Derechos Humanos de las Naciones Unidas acompañó a Manuel cuando ella recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos del Presidente de México, el cual premiaba su trabajo de defensa y reconocía la importancia de proteger a las mujeres indígenas. Manuel cree que se han conseguido avances positivos gracias al calvario que vivió ella.
“Creo que ahora el país está más abierto, y que ahora se habla de forma abierta de la cuestión del asesinato de mujeres. Lo que necesitamos hacer es aplicar las leyes que protegen a las mujeres,” instó ella.
A pesar de su relativa seguridad, Manuel y Castro tienen muchas ganas de volver a casa con sus familias y seguir con su trabajo comunitario. Ellos ven a sus seres queridos una o dos veces al año, unas visitas que exigen de una planificación y logística previas de gran alcance. Si no existe esta posibilidad, se comunican en línea o por teléfono, medios que también utilizan para su trabajo en derechos humanos.
“Les pedimos a las autoridades que evaluaran los riesgos para ver si era seguro nuestra vuelta a Guerrero; que es justo lo que estamos esperando,” expresó Manuel.
