Enfoque de derechos humanos necesario para la vivienda, la tierra y la propiedad de los desplazados internos

Un experto independiente de las Naciones Unidas solicita a los Estados Miembros que analicen desde una óptica de los derechos humanos las cuestiones relacionadas con la vivienda, la tierra y la propiedad para los desplazados internos.

La Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, afirma que un enfoque más completo —uno que implique a las partes interesadas del ámbito humanitario, de desarrollo, paz y clima— resulta necesario para tratar la cuestión.

"Encarar estas cuestiones en cohesión puede evitar y reducir el desplazamiento, salvar vidas y mejorar el disfrute de varios derechos humanos fundamentales por parte de los desplazados internos, y allanarles el camino hacia soluciones duraderas que sean sostenibles en las comunidades afectadas más amplias", comentó.

Según los datos* más recientes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, unos 48 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares en sus propios países en 2020, la cifra más elevada de toda la historia. Esto supuso 9,8 millones de nuevos desplazados el año pasado.

Jiménez-Damary resaltó en su informe la especial vulnerabilidad de las mujeres, los pueblos indígenas y los pastores, concretamente con referencia a su escasa capacidad de asegurar la tenencia, uso, propiedad y herencia de tierras.

Señaló que las violaciones de los derechos a la vivienda, a la tierra y a la propiedad son numerosas y se agudizan en medio del conflicto.  Las estrategias discriminatorias suelen emplearse para desplazar a grupos según su afiliación religiosa, étnica, social o política, así como para evitar su regreso, aseveró Jiménez-Damary.

Respuestas inclusivas necesarias 

Según Jiménez-Damary, la participación de los desplazados internos resulta fundamental para aplicar un enfoque más amplio que aborde las cuestiones de derechos humanos relativas a la vivienda, la tierra y la propiedad.

"Las medidas específicas deberían complementarse con la inclusión de los desplazados internos en sistemas más amplios de tierras y viviendas, y estos deberían poder participar en las decisiones que les conciernan", explicó.

Asimismo, Jiménez-Damary aclaró que la prevención y resolución de disputas sobre la vivienda, la tierra y la propiedad podrían garantizarse mediante el reconocimiento y la protección de los derechos legítimos a la tierra y los recursos naturales, incluido el reconocimiento del derecho consuetudinario si procede. Además de las medidas a corto plazo, recomendó aplicar reformas estructurales e institucionales a largo plazo a fin de mejorar la gobernanza en los sectores de la justicia, la administración territorial y la gestión urbana.

En situaciones después de un conflicto, el informe recomienda que los negociadores de paz incluyan de forma sistemática las cuestiones de vivienda, tierra y propiedad en todas las negociaciones, acuerdos de paz y mecanismos de justicia transicional.

"Los posibles beneficios para los Estados de abordar las cuestiones de vivienda, tierra y propiedad quedan patentes cuando se consideran como factores que provocan el desplazamiento interno", concluyó Jiménez-Damary. "Las respuestas nacionales, quizás más apremiantes en la actualidad, tienen que implicar a todo el espectro de los enfoques humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz".

6 de julio de 2021