“La vivienda es un derecho humano, no solo una mercancía”

Para Leilani Farha, la vivienda es “el mayor campo de batalla” del siglo XXI.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada dice que hay una crisis mundial de vivienda, impulsada por la especulación financiera, que está situando a los precios de alquiler y venta fuera del alcance de muchas personas, especialmente en las ciudades.

“En el marco del nuevo modelo condicionado por las finanzas, la vivienda no se considera un hogar o un lugar donde las familias se desarrollan, un ámbito en el que se generan memorias. La vivienda se considera un activo. Es un bien para una inversión de capital”, afirmó.

Para impugnar esta tendencia, Farha, trabajando en colaboración con la Oficina del ACNUDH y la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, ha lanzado la iniciativa The Shift. Según Farha, The Shift es un movimiento internacional cuyo propósito consiste en recuperar y hacer realidad el derecho humano fundamental a la vivienda. La iniciativa colabora con gobiernos locales, ONG y particulares, con el fin de revertir la tendencia actual que considera la vivienda como un bien para invertir capital y obtener beneficios, y volver al concepto de vivienda como un derecho humano fundamental.  

“Lo que tratamos de hacer es organizar un movimiento mundial de múltiples interesados que crean que la vivienda es un derecho humano y que quieran exigirlo”, declaró la Relatora Especial.

Por su parte, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, afirmó que las ciudades pueden ser deshumanizadoras para los ciudadanos y que la vivienda puede contribuir a esta situación o a revertirla. Gilmore expresó su aspiración a que la urbanización se oriente a la erradicación de las desigualdades y la discriminación, y que esto sea una prioridad para los encargados de tomar decisiones relativas a la vivienda.

“Hablamos de un cambio importante que debería ocurrir, un cambio consistente en dejar de ver la vivienda como un instrumento de planificación urbanística y pasar a considerarla un derecho fundamental, porque es la infraestructura que permite la humanización y dignificación de las vidas de las personas en el mundo entero”, declaró Gilmore en un mensaje que envió al acto de presentación de The Shift, que tuvo lugar en Barcelona en noviembre de 2017.

La vivienda como inversión rentable

La vivienda es una mercancía, y los fondos de pensión y las instituciones financieras invierten cada vez más en ese tipo de bienes para aumentar sus dividendos, dijo Farha. Según ella, la inmobiliaria residencial es el mayor negocio del mundo, con un valor aproximado de 163 billones de dólares estadounidenses (163 trillion), equivalente al triple del PIB del mundo entero. En ese contexto, la vivienda se considera un sector mercantil donde es posible colocar y multiplicar el capital de los accionistas.

¿Y cómo crece ese capital? Mediante el aumento de alquileres y precios de compraventa, dijo Farha, que también señaló que algunas empresas financieras invaden las zonas que consideran “infravaloradas”, adquieren acciones de las inmobiliarias, proceden a hacer reparaciones mínimas y luego suben los alquileres a un ritmo que los inquilinos no alcanzan a pagar.

“Este método no ayuda a los inquilinos, cuyos ingresos permanecen más bien estables. Por eso se trata de una cuestión de derechos humanos, porque, por supuesto, el derecho a la vivienda es un asunto de seguridad y de alojamientos asequibles para personas que tratan de vivir en esas viviendas”.

Las consecuencias de esa estrategia son dramáticas. Las personas se ven desplazadas a gran distancia de sus centros de trabajo y sus redes sociales.  Se desahucia a las familias porque no alcanzan a pagar el alquiler o las cuotas de la hipoteca. Y mucha gente se queda sin un lugar donde vivir. En la mayoría de los países se ha producido un notable aumento del número de personas sin techo. 

Farha cree que hay medidas que la gente puede adoptar para devolver el asunto de la vivienda al terreno de los derechos humanos. Por ejemplo, quienes contribuyen a un fondo de pensiones deberían preocuparse por el destino que se asigna a ese dinero y dejar bien claro que no quieren que sus fondos se inviertan en transacciones inmobiliarias que privatizan las viviendas sociales o que tienen por consecuencia subidas de alquileres que no pueden pagarse y desahucios de inquilinos.

“Eso se hace actualmente en lo relativo al medio ambiente… un sector en el que pedimos a los fondos de pensiones que no inviertan en actividades que dañan al entorno natural”, dijo Farha . “Podemos hacer lo mismo en materia de vivienda”.

22 de marzo de 2019