Experto pide una resolución sobre el derecho a un medio ambiente saludable

Es preciso que el derecho a un medio ambiente saludable alcance reconocimiento mundial, como medio de lograr que un mayor número de países tomen medidas encaminadas a proporcionar a sus ciudadanos un entorno más seguro, limpio y sostenible, declaró David Boyd.

Es preciso que el derecho a un medio ambiente saludable alcance reconocimiento mundial, como medio de lograr que un mayor número de países tomen medidas encaminadas a proporcionar a sus ciudadanos un entorno más seguro, limpio y sostenible, declaró David Boyd.

“En sí mismo, el reconocimiento de este derecho podría ya considerarse una práctica idónea”, dijo Boyd al Consejo de Derechos Humanos. “Todos los Estados deberían dedicar el máximo volumen de recursos disponibles al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos al abordar los retos medioambientales”.

En su condición de Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, Boyd pidió al Consejo que promulgara una resolución en la que se reconozca el derecho a un entorno saludable y señaló que el 80 por ciento de los Estados Miembros de las Naciones Unidas ya han reconocido ese derecho en sus constituciones, leyes o tratados.

Boyd formuló estas declaraciones en el curso de la presentación de su informe anual ante el Consejo, en un acto realizado recientemente en Ginebra. El informe se centra en las prácticas idóneas que se aplican en el mundo entero, en lo tocante al ejercicio del derecho a un medio ambiente seguro, limplio, saludable y sostenible. En su intervención, Boyd definió esas prácticas idóneas como “leyes, políticas, jurisprudencias, estrategias, programas, proyectos… y otras medidas que contribuyen a reducir a repercusión negativa sobre el medio ambiente, mejorar su calidad y cumplir con los derechos humanos”.   

Para elaborar el informe, Boyd compiló más de 500 ejemplos de prácticas idóneas de 178 países. Entre ellas figuran un observatorio medioambiental en línea de Uruguay, la prohibición de pesticidas que matan las abejas en Francia y la generación de al menos el 98 por ciento de la electricidad a partir de fuentes de energía renovables en Albania, Islandia, Costa Rica y otros países.  

En el informe se señala que “una gran diversidad de medidas pueden satisfacer las exigencias relativas al aire limpio, mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento adecuado, contribuir a la producción sostenible de alimentos y a generar entornos más saludables y un clima más seguro”.

La aprobación de una resolución al respecto tendría un efecto catalizador sobre estos esfuerzos, dijo Boyd, del mismo modo que las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua y el saneamiento de 2010 fomentaron el progreso en la realización de esos derechos fundamentales.

“La humanidad se enfrenta a una pavorosa crisis medioambiental a escala mundial, que no tiene precedentes. Las prácticas idóneas se multiplican, pero no son suficientes. Queda mucho por hacer para transformar las sociedades actuales, injustas e insostenibles, en una civilización ecológica en la que los derechos humanos se respeten, se protejan y se cumplan de manera universal”.

11 de marzo de 2020