Un informe que vuelve a los rohingyas de Myanmar: la notificación más importante

Cuando el año pasado la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar (FFM) completó un informe de 444 páginas* en el que se documentaban las atrocidades perpetradas por las fuerzas de seguridad contra la minoría étnica rohingya de ese país, sus expertos presentaron el informe al Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y al mundo entero, por conducto de los medios de comunicación. El mes pasado, los expertos de la Misión se encargaron de llevar el informe a los mismos rohingyas que contribuyeron a su elaboración.

El 5 de mayo, durante una visita a Cox’s Bazar (Bangladesh), el presidente de la FFM, Marzuki Darusman y el experto Christopher Sidoti se reunieron con docenas de refugiados, la mayoría de los cuales habían huido de la explosión de violencia ocurrida dos años antes en el Estado de Rakhine (Myanmar).

Entre los presentes figuraban testigos, supervivientes y líderes comunitarios que habían contribuido al informe con importantes testimonios personales. La reunión fue la primera oportunidad que tuvieron los expertos para notificar formalmente a sus interlocutores y también la primera vez que los rohingyas pudieron plantear sus propias preguntas.

La mayoría de los presentes preguntaron por el lento ritmo de la justicia y dijeron que estaban desesperados por regresar a sus hogares. Atrapados en una vasta red de campos que se ha convertido en el mayor asentamiento de refugiados del mundo (unas 900.000 personas), los participantes denunciaron que estaban excluidos de los debates relativos a su futuro que mantienen los gobiernos y las organizaciones humanitarias.  

Un hombre preguntó sobre algunos de los principales problemas que afrontan los exiliados rohingyas en relación con el acceso a la educación y el empleo. “Nuestra preocupación es qué va a pasar con la próxima generación”, afirmó. “Si nos quedamos atrapados aquí... ¿qué será de ellos? 

Pocos minutos después una mujer se puso en pie y agradeció a los expertos que hubieran venido a escucharles. “En Myanmar”, dijo, “nunca tuvimos la ocasión de expresarnos acerca de nuestros derechos y nuestras peticiones, y aquí, en los campamentos, las mujeres tampoco tenemos esa oportunidad”.

La mujer señaló que el informe de la FFM había contribuido a que el mundo cobrase conciencia de la “indescriptible violencia” que ha padecido la comunidad rohingya. Y añadió: “Quisiéramos saber si es posible evitar que ese tipo de sufrimiento vuelva a repetirse”.

Una oportunidad singular

Las misiones de investigación creadas por el Consejo de Derechos Humanos notifican primordialmente a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York. Pero gracias a que el mandato de la FFM fue prorrogado un año más, (ahora expira en septiembre de 2019), los expertos tuvieron la ocasión de volver a Myanmar y visitar nuevamente a las personas sobre las que habían informado.

“Para nosotros, esta ha sido la trasmisión más importante de un informe a su fuente original”, dijo Sidoti. “Nuestro informe fue el resultado de lo que ellos nos comunicaron. Sus historias les pertenecen. Así pues, queríamos que, tras haber colaborado con nosotros, supieran ahora cuáles han sido nuestras conclusiones y recomendaciones, y qué va a pasar de aquí en adelante”.

“Albergo la esperanza de que, como resultado de nuestra experiencia, esta práctica llegue a ser habitual en lo relativo a las investigaciones del Consejo de Derechos Humanos”, declaró Sidoti, poco después de que el personal de la FFM distribuyera las copias resumidas de las conclusiones de 2018. “El mandato que habilita a los equipos de investigación debería exigir la presentación de un informe, no solo a los mecanismos de las Naciones Unidas, sino también a las comunidades interesadas”. 

En el curso de la visita, los expertos sostuvieron dos reuniones en los campamentos de refugiados, una de ellas exclusivamente con mujeres. También se reunieron con delegaciones de rohingyas que se encuentran en Bangladesh, en la zona de Konarpara, fronteriza con Myanmar, y escucharon nuevos testimonios de los recién llegados.

Este viaje fue una etapa de un recorrido de diez días de duración que comenzó el 3 de mayo y finalizó con el llamamiento de los expertos a la comunidad internacional para que suspendiese todos los vínculos financieros con los militares de Myanmar, con el argumento de que era preciso “aislar” a los mandos del ejército y presentarlos ante los tribunales pertinentes, a fin de que respondiesen a las acusaciones de delitos de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Transmitir el mensaje de los rohingya

El informe que los expertos publicaron en septiembre de 2018 documentó las violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas contra grupos étnicos en todo el país, incluso en los Estados de Kachin y Shan. Pero el informe se centró sobre todo en las operaciones militares de “limpieza” que se ejecutaron en el Estado de Rakhine a partir de agosto de 2017, durante las cuales las fuerzas de seguridad de Myanmar asesinaron a miles de civiles rohingyas , violaron y agredieron sexualmente a niñas y mujeres e incendiaron sus hogares. La violencia obligó a más de 700.000 rohingyas a huir del país y la mayoría de ellos se refugiaron en Bangladesh.

Durante las reuniones celebradas en el campamento de Kutupalong (Bangladesh), algunos refugiados preguntaron qué iba a pasar a partir de ese momento.

Darusman, que dirige la FFM, les aseguró que el Mecanismo Independiente para Myanmar, creado por el Consejo de Derechos Humanos el año pasado, tomaría el relevo de su labor y empezaría a preparar los expedientes para el posible encausamiento jurídico de los presuntos responsables de los delitos más graves, en virtud del derecho internacional.

Darusman afirmó además que transmitirá las preocupaciones del auditorio al Consejo de Derechos Humanos cuando presente la versión final del informe en Ginebra, en septiembre próximo. 

Tras su partida de Bangladesh, los expertos se entrevistaron también con representantes de las comunidades kachin, shan y chin en Malasia.

“Para nosotros es importante asegurarnos de que podemos transmitir el informe a otros grupos étnicos cuyos testimonios figuran en el documento presentado al Consejo de Derechos Humanos el año pasado. La situación de los kachin, los shan y los chins sigue siendo una grave preocupación para la FFM”, añadió la experta Radhika Coomarswamy.

3 de junio de 2019