Defensores de derechos humanos sufren represalias

El hecho de participar en el examen de país que realiza el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no debería entrañar agresiones o amenazas cuando el ponente regresa a su hogar.

Hablar con una funcionaria de las Naciones Unidas cuando visita una comunidad para consultar sobre una estrategia de protección de civiles no debería ser motivo para que la comunidad tenga que huir.

Pronunciar un discurso durante el Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos en Ginebra no debería desembocar en un intento de asesinato.

Emitir una opinión durante el Examen Periódico Universal de un país, no debería terminar en una detención e incautación del pasaporte cuando el ponente vuelve a su hogar.

Sin embargo, para los defensores de derechos humanos de las asociaciones cívicas, las ONG y los grupos de la sociedad civil de los casi 40 Estados mencionados en el informe, la interacción con las Naciones Unidas implica poner su vida en peligro, así como la de sus familiares y a veces la de sus comunidades.

“Además de las terribles consecuencias sobre la víctima y sus familiares, las represalias contra las personas que colaboran con las Naciones Unidas transmiten un mensaje escalofriante sobre lo que podría ocurrirles a los demás si hicieran lo mismo. Esa es la función que cumplen las represalias”, afirmó el Secretario General Adjunto para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour.

Parafraseando las conclusiones del Secretario General contenidas en el informe, el Sr. Gilmour reiteró que “cualquier acto de intimidación o represalia por haber cooperado con las Naciones Unidas es inaceptable y va en contra de los principios de la Organización, y todos nosotros podemos hacer mucho más [al respecto]”.

El Sr. Gilmour presentó el informe del Secretario General sobre represalias. El Sr. Gilmour había recibido el encargo de examinar el problema, que afecta a quienes intentan colaborar con las Naciones Unidas. En el informe figuran casos de denuncias por actos de intimidación y represalia contra personas que han cooperado con organismos de las Naciones Unidas. En el documento se menciona a un total de 38 países, entre ellos algunos Estados que actualmente son miembros del Consejo. Este es el noveno informe de este tipo que se presenta al Consejo.

El alcance de las represalias es considerable y va desde oficinas locales de las Naciones Unidas hasta personas que han asistido a eventos en la Sede del sistema. Por ejemplo, según las informaciones recibidas, en 2017 grupos paramilitares casi asesinan en su país a un activista que había participado en un foro de derechos humanos en Ginebra.

En el ámbito comunitario, miembros del personal de las Naciones Unidas informan de que en ocasiones han viajado a determinadas zonas con el fin de realizar consultas, pero que la población del lugar se ha mostrado reacia a hablar o no ha acudido a las reuniones programadas. La razón de este comportamiento es que no desean que los vean transmitiendo información a las Naciones Unidas. Además, el personal de las Naciones Unidas ha informado de que los representes legales, intermediarios, testigos e intérpretes que han trabajado con las comunidades también son víctimas de acoso.

El Sr. Gilmour señaló que en el informe se destacan tres tendencias especialmente preocupantes en este tipo de represalias.

En primer lugar, los Estados parecen usar cada vez más el antiterrorismo como razón para negar el acceso individual u organizado a las Naciones Unidas. El informe destaca cómo a menudo los propios gobiernos desacreditan sistemáticamente a las ONG, los defensores de derechos humanos, los activistas y los expertos al tratarles de “terroristas” o “criminales”. También los acusan de actividades que van desde cooperar con países extranjeros hasta dañar la reputación o la seguridad del Estado.

La segunda tendencia es que a menudo las represalias están disfrazadas de obstáculos legales, políticos y administrativos. Por ejemplo, se aplican políticas selectivas y en muchos países se aprueban nuevas leyes para restringir las actividades de las organizaciones que cooperan con las Naciones Unidas. Esto perjudica a las fuentes de financiación de muchas ONG, porque disminuye su capacidad de interactuar con las Naciones Unidas y reduce aún más el espacio de la sociedad civil, declaró el Sr. Gilmour.

Tercero, hay un uso cada vez mayor de los procedimientos de acreditación y seguridad para evitar que los miembros de la sociedad civil se comuniquen con las Naciones Unidas, lo mismo en la Sede que en otros lugares, dijo el Sr. Gilmour. El informe destaca que algunos diplomáticos intentan impedir que determinados representantes de la sociedad civil participen en eventos, reuniones y conferencias de las Naciones Unidas. Retirar o aplazar la acreditación o la aprobación de seguridad obstaculiza a quienes tratan de conseguir acceso a las Naciones Unidas e impide la cooperación posterior.

Hace un año, cuando el Sr. Gilmour presentó al Consejo el informe precedente, dijo que “resulta casi repugnante que un año tras otro nos veamos obligados” a informar sobre estos casos. Se han perpetrado actos de intimidación y represalia contra personas cuyo único delito, si puede llamarse así, fue cooperar con las Naciones Unidas.

El Sr. Gilmour destacó la increíble valentía de quienes están dispuestos a comparecer a pesar de los obstáculos.

El Sr. Gilmour añadió que este año resulta alentador que el Consejo esté dispuesto a examinar la cuestión. Pero que “lo más decepcionante es que al cabo de un año estoy de nuevo ante ustedes, presentando otro informe que no indica en absoluto que la magnitud del problema esté disminuyendo”. Al contrario, prosiguió, los casos expuestos en el informe son “simplemente la punta del iceberg, una pequeña fracción de las represalias que creemos que se han ejecutado realmente. Aún tenemos mucho que hacer para que se pueda erradicar esta práctica repugnante”.

A continuación figura un video en el que el Secretario General Adjunto para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, habla de las represalias.