Libia: El cuidado de la salud, víctima del conflicto

Se supone que los hospitales son lugares para curar y proporcionar seguridad, pero en gran parte de Libia los centros sanitarios son otras tantas víctimas de un conflicto cada vez más devastador. Se dispara contra sus edificios, les roban los equipos y amenazan, intimidan, atacan y secuestran al personal médico.

“Un hombre armado estaba presionando a un médico para que atendiera inmediatamente a su pariente”, relató un empleado del principal hospital de al-Zawiya, situado en el noroeste del país. “El médico trataba de explicarle que había otros casos más urgentes. El miliciano sacó la pistola y disparó un tiro”.

La violencia que se ejerce reiteradamente contra las instalaciones y el personal médico ha tenido una repercusión devastadora sobre las prestaciones sanitarias en Libia, según revela un nuevo informe de las Naciones Unidas. “Libya: Health-care under attack”[Libia: La atención sanitaria, objeto de ataque] es un informe conjunto elaborado por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El estudio examina lo ocurrido durante un año en el conflicto libio (del 1 de mayo de 2017 al 1 de mayo de 2018) y hace hincapié en la vulnerabilidad a los ataques que presentan los servicios sanitarios del país. 

Por ejemplo, en el periodo examinado en el informe numerosos hospitales y otras instalaciones sanitarias fueron bombardeados o se hallaron en medio del fuego cruzado de las partes en conflicto, lo que causó muertes, daños estructurales y cierres temporales. En el documento se señala además que varios centros médicos fueron saqueados.

“Los combatientes armados suelen robar insumos del hospital”, afirmó un empleado del principal hospital público de Al-Zawiya. “A veces los milicianos heridos insisten en llevarse las camas a sus casas, una vez que han recibido el alta médica. Nadie tiene autoridad para evitarlo”.

Al poner de relieve lo que ocurre, existe la esperanza de proteger a algunas instalaciones médicas y algunos miembros del personal sanitario, dijo la Sra. Matilda Bogner, jefa de la División de Justicia de Transición y Estado de Derecho del ACNUDH, 

“Es importante que los grupos armados estén conscientes de la protección jurídica de la que gozan las instalaciones y el personal sanitario, y que comprendan que esos ataques pueden acarrear la exigencia de responsabilidades penales”, declaró la Sra. Bogner. “[En el informe] señalamos que en muchos casos de ataques contra instalaciones médicas, los agresores estaban insatisfechos del servicio recibido. Pero en el informe se destaca también que esos ataques deterioraron aún más dichos servicios y dejaron a todo el mundo en una situación peor”. 

Se supone que las instalaciones sanitarias y el personal médico deben de estar exentos de interferencias durante un conflicto. Este principio quedó ratificado en una resolución que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó en 2016. Pero cada semana los empleados del sector sanitario son víctimas de agresiones y las instalaciones médicas resultan dañadas en conflictos que tienen lugar en el mundo entero, según informa el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC). En un informe reciente de este organismo se llegó a la conclusión de que, desde mayo de 2016 (cuando se aprobó la resolución del Consejo de Seguridad) hasta el día de hoy se han producido 1.200 hechos de violencia contra instalaciones o personal sanitario, solo en 16 países. 

Para luchar contra esta tendencia, tanto la entidad conjunta UNSMIL/ACNUDH como el ICRC instaron a las fuerzas en conflicto a que se abstengan de atacar a la población civil y a sus infraestructuras, a que investiguen los incidentes violentos ocurridos en torno a las instalaciones y los empleados sanitarios, y a que exijan responsabilidades a sus autores.

En lo tocante a Libia, las recomendaciones van más allá. Se insta a los jefes de los grupos armados a que condenen la violencia contra las instalaciones sanitarias y los trabajadores médicos, y a que eviten o al menos reduzcan al mínimo la repercusión de los combates sobre ambos.

También se afirma que el Gobierno debería elaborar y aplicar medidas eficaces para prevenir y abordar los actos de violencia y los ataques contra los prestatarios de servicios de salud que se dedican únicamente a cumplir con sus deberes profesionales, dijo la Sra. Bogner. Esas medidas podrían tener efectos inmediatos sobre la seguridad de las instalaciones sanitarias y el personal médico.

“Es posible que, al destacar estos hechos, también influyamos en el Gobierno para que tome medidas”, señaló la Sra. Bogner. “Las autoridades pueden proporcionar protección especial a fin de asegurar los hospitales en las zonas donde sea viable”.

23 de mayo de 2018