Víctimas de Nochixtlán, un clamor de justicia

Ha pasado un año y medio desde que Oscar, el hijo de 23 años de Sergio Luna, muriera durante una manifestación en la pequeña ciudad de Nochixtlán, en el Estado mexicano de Oaxaca.

“De veras, ojalá ningún padre tenga que pasar por esto”, dijo el Sr. Luna

Los hechos ocurrieron en junio de 2016, cuando la policía tomó medidas para disolver una manifestación que cortaba la carretera, organizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como parte de las protestas contra la reforma educativa del gobierno. La nutrida operación policial se extendió por la ciudad y los agentes dispararon con munición real. Cuando terminó el choque, había seis muertos, entre ellos el hijo de Sergio Luna, y más de 100 heridos.

“Cuando Oscar recibió los disparos, hechos a gran distancia, intenté llevarlo a un centro médico”, recuerda su hermano Javier Luna. “Pero la policía bloqueó la entrada al centro y mi hermano se desangró hasta morir. Fue el momento más duro de mi vida”.

La Oficina del ACNUDH en México ha seguido el caso desde el principio, ha documentado por sí misma las transgresiones ocurridas en Nochixtlán y, al mismo tiempo, ha realizado esfuerzos de mediación y ha formulado declaraciones públicas sobre el caso.

“Este es un caso emblemático”, afirma el Sr. Jan Jarab, representante del ACNUDH en México. “La solución será importante no solo para las víctimas directas, sino para la sociedad mexicana en su conjunto. Mostrará si las autoridades están preparadas para aceptar la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos en las protestas públicas o si el hábito de impunidad y encubrimiento prevalece de nuevo”.

Inmediatamente después de la tragedia, la Oficina del ACNUDH en México colaboró con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México y la Oficina del Defensor del Pueblo de Oaxaca en la celebración de varias mesas redondas para mediar entre el gobierno y los supervivientes, ya que muchos de ellos estaban demasiado asustados como para ir a declarar a la Procuraduría General de la República (PGR), por temor a represalias.

Según el Sr. Jarab, tras examinar algunos vídeos de aquel día junto con las declaraciones de testigos, la Oficina encontró pruebas del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los ciudadanos. Los vídeos que recibió el ACNUDH muestran que varios agentes de policía utilizaron armas de fuego.

Además, las violaciones de derechos humanos alcanzaron a personas que no participaban en los acontecimientos. Los helicópteros de la policía lanzaron gas lacrimógeno contra una comunidad situada lejos de la zona del conflicto, lo que lesionó a los vecinos, entre los que había varios niños. También detuvieron durante muchas horas en condiciones degradantes a una familia que asistía a un funeral. En Huitzo, a unos 25 km de Nochixtlán, el personal de la Oficina interrogó a un anciano que no tuvo nada que ver con las protestas y que contó cómo había sido golpeado brutalmente por agentes de policía. La población local tenía ya un largo historial de quejas y malos tratos por parte de las autoridades.

En septiembre de 2016, el Defensor del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, se ofreció a recoger las declaraciones de las víctimas para el PGR en su propia oficina, en presencia de oficiales de la Comisión de Derechos Humanos y de la Oficina del ACNUDH. Esta medida se consideró como una manera de superar el miedo de las víctimas locales a la PGR.

“Pero eso nunca ocurrió”, dijo Santiago Ambrosio, un docente que preside el Comité de Víctimas de Nochixtlán.

“Al parecer la PGR lo aceptó, pero luego se echaron atrás y se han limitado a recopilar las declaraciones de los agentes de policía”.

En diciembre de 2017, transcurridos 15 meses de los sucesos, la familia Luna pudo al fin declarar ante funcionarios de la PGR en la Oficina del Defensor del Pueblo de Oaxaca, según afirmó Ambrosio.

“Pero incluso allí, el personal de la PGR trató a las víctimas con animosidad”, dijo Ambrosio.

El Sr. Peimbert, el Defensor del Pueblo, señaló que eso ocurrió el día en que las víctimas por fin tuvieron acceso al expediente oficial del caso.

“Es un extenso expediente de 21 volúmenes, que solo contiene declaraciones policiales que inculpan a las víctimas. La opinión de las víctimas no está presente para nada”, añadió.

Mientras tanto, en vez de justicia, las víctimas han estado sufriendo el acoso de las autoridades, declaró Ambrosio. Ha habido numerosos casos de intimidación. Por ejemplo, su familia aseguró que algunos hombres que iban en un automóvil no identificado intentaron secuestrar a Javier Luna.

“Vivimos con un miedo permanente”, manifestó Sergio, el padre de Javier.

En noviembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una recomendación, en la que destacaba las graves violaciones de derechos humanos que las autoridades habían cometido, entre ellas el uso excesivo de la fuerza. En el informe se pedía que se determinasen las responsabilidades de cada funcionario de la cadena de mando.

8 de febrero de 2018