La esterilización es una forma de “violencia sistemática” que se ejerce contra las jóvenes discapacitadas

Leilani Muir-O’Malley tenía casi 11 años en el verano de 1955, cuando su madre la abandonó en la escalinata de la Escuela Provincial de Formación para Deficientes Mentales de Red Deer, Alberta (Canadá). Durante su corta vida, Leilani había padecido por el desamor y la falta de atención de su madre, que nunca había deseado tener una hija.

La joven pasó diez años en la institución donde, poco antes de recibir el alta, la sometieron a un “examen de inteligencia” cuyos resultados indicaban que era “subnormal”. La Junta de Eugenesia de Alberta la declaró “en peligro de transmitir a su progenie la discapacidad o la deficiencia mental, y además, incapaz de ejercer con inteligencia la función de madre”. 

Cuando la Sra. Muir-O’Malley se casó y descubrió que tenía dificultades para concebir, consultó a un médico, que tras examinarla le dijo que la habían esterilizado cuando era adolescente y que no podría tener hijos.

La joven recordaba que, mientras residía en la Escuela Provincial de Formación, la habían operado y que entonces le dijeron que le habían extraído el apéndice.

Treinta años después de haber dejado atrás la Escuela Provincial, la Sra. Muir-O’Malley demandó al gobierno de Alberta por haberla esterilizado ilícitamente, exigió daños y perjuicios y ganó el caso, con lo que concluyó un sistema de esterilización que el juez de su causa calificó de “ilegal, ofensivo y vergonzoso”. El caso puso de manifiesto que unas 3.000 jóvenes de Alberta fueron esterilizadas entre 1928 y 1972, con arreglo a una ley destinada a evitar que las “deficientes mentales” pudieran procrear.

La Sra. Muir-O’Malley pasó el resto de su vida defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y sensibilizando acerca de los sufrimientos de los supervivientes de la política de eugenesia de Alberta, hasta su fallecimiento, ocurrido en 2016 a la edad de 72 años.

Según la definición que recoge el Diccionario Médico Mosby, la esterilización es “un acto o proceso que vuelve a una persona incapaz de reproducción sexual”. La esterilización forzada ocurre cuando una persona es esterilizada tras haber rechazado el procedimiento, cuando éste se aplica sin su conocimiento o cuando la persona no tiene la oportunidad de facilitar su consentimiento con conocimiento de causa.  

Este y otros métodos todavía se aplican niñas y mujeres jóvenes con discapacidad, como señaló en su último informe la Sra. Catalina Devandas, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Se calcula que mil millones de personas viven con discapacidad y experimentan grandes desventajas sociales en el mundo entero. La Sra. Devandas afirmó que la discapacidad es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres y que la confluencia de juventud, discapacidad y género produce modalidades más graves de discriminación y violaciones específicas de derechos humanos contra las niñas y jóvenes discapacitadas.

“Las niñas y jóvenes con discapacidad están sujetas a la esterilización forzada e involuntaria de manera desproporcionada y por distintas razones, entre otras por motivos de eugenesia,  gestión menstrual y prevención del embarazo”, señaló en su informe la Sra. Devandas. “Los estudios demuestran que la esterilización de mujeres y niñas con discapacidad sigue siendo frecuente y que los porcentajes son hasta tres veces mayores que en el caso de la población en general”.

Las Naciones Unidas han reconocido que la esterilización forzada de personas con discapacidad es una modalidad de tortura; sin embargo, en muchos países los sistemas judiciales permiten que jueces, profesionales sanitarios, familiares y tutores otorguen su consentimiento a procedimientos de esterilización en nombre de personas con discapacidad, por redundar “en su interés superior”.

La Sra. Devandas señaló también que los padres y los profesionales sanitarios suelen usar métodos anticonceptivos para regular la menstruación. Las niñas y mujeres con discapacidad reciben inyecciones o implantes intrauterinos, que son menos engorrosos para familiares y cuidadores.

Entre otras prácticas inquietantes figuran los procedimientos quirúrgicos como la histerectomía, supuestamente destinada a librar a las niñas y mujeres con discapacidad del dolor y las molestias de las reglas, que presuntamente no pueden gestionar tan eficazmente como las niñas y mujeres que no padecen discapacidades. También se administran cada vez más tratamientos con estrógenos a fin de frenar el crecimiento y el aumento de peso de las niñas e inhibir así su ingreso en la pubertad.

“Esas prácticas constituyen violaciones flagrantes de derechos humanos que van mucho más allá del paternalismo y la infantilización; dan prioridad a los intereses de los cuidadores en detrimento y negación de la dignidad y la integridad de la persona”, afirmó la Sra. Devandas. 

La Relatora hizo hincapié en que esas prácticas se realizaban a menudo como medidas de precaución contra la vulnerabilidad al abuso sexual y bajo la falacia de que la esterilización permitiría que las niñas y las jóvenes discapacitadas, a las que se considera “incapaces de ejercer la maternidad”, mejoren su calidad de vida sin la “carga” del embarazo.

“La esterilización no las protege del abuso o la violencia sexual ni exime al Estado de la obligación de protegerlas de tales abusos”, afirmó la Relatora Especial. “La esterilización forzada es una práctica inadmisible que tiene consecuencias de por vida en la integridad física y mental de las niñas y las jóvenes con discapacidad y debe erradicarse y tipificarse como delito de manera inmediata”.  

La Sra. Devandas recomienda a los Estados que organicen servicios de salud y educación sexual integradores que sean accesibles a las niñas y jóvenes con discapacidad. La Relatora también les insta a crear campañas de sensibilización a fin de cambiar la percepción social de los derechos y la salud sexual y reproductiva de las niñas y jóvenes con discapacidad y a suprimir todas las formas de violencia contra ellas.

“Las niñas y jóvenes con discapacidad podrán desarrollar su propia identidad y hacer realidad todo su potencial, sólo cuando se satisfagan sus necesidades y se sientan seguras”, insistió la Sra. Devandas.

3 de noviembre de 2017