Pena de muerte y transparencia: ¿Hay algo que ocultar?

En abril de 2006, las autoridades de Botswana ejecutaron a Oteng Modisane Ping. Ni a sus familiares ni a su abogado se les había notificado formalmente la fecha y la hora de la ejecución. Ambos se enteraron por un informativo radial, una vez que la ejecución se había llevado a cabo en el más absoluto secreto.

La madre de Ping había tratado de visitarle en la cárcel el día antes de la ejecución. Los funcionarios le dijeron que volviera dos días después, a pesar de que sabían perfectamente que al día siguiente el reo sería ahorcado. Tras la ejecución, la familia de Ping no tuvo acceso al cadáver, no le permitieron ofrecerle un entierro digno y tampoco tuvieron ocasión de visitar su tumba.

La Sra. Tchérina Jerolon, Directora adjunta para África de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), narró la historia de Ping en una mesa redonda auspiciada por la Oficina del ACNUDH. El evento, titulado “Pena de muerte y transparencia: ¿Hay algo que ocultar?”, se llevó a cabo para celebrar el Día Mundial contra la Pena de Muerte, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

En su discurso inaugural, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo hincapié en que “la pena de muerte no tiene cabida en el siglo XXI”.

“Incluso cuando hay un respeto meticuloso por la realización de un proceso justo, siempre existe el riesgo de que se cometa un error judicial. El alto precio que se paga entonces resulta inaceptable”, añadió.

Los debates se centraron en tres aspectos de la transparencia. Los ponentes señalaron que algunos gobiernos se niegan a revelar los datos y aplican un sistema de elaborado secretismo a fin de ocultar la identidad de las personas condenadas a muerte y clasifican de secreto de Estado la información al respecto, con lo que su difusión constituye un delito de traición.

Los participantes destacaron también la falta de transparencia con respecto a las familias de los condenados a la pena capital, que a menudo ignoran el paradero y las condiciones de reclusión de sus parientes.

Además, la falta de transparencia en lo tocante a facilitar pruebas a los abogados defensores limita la capacidad de estos para organizar una defensa eficaz.

El abogado James G. Connell III, representante actual del sospechoso de los ataques del 11 de septiembre Ammar al Baluchi, que se encuentra detenido en la Comisión Militar de Estados Unidos en la Base Naval de Guantánamo, afirmó que “a pesar de las reiteradas peticiones del Relator Especial sobre la Tortura y otras personalidades, Estados Unidos se ha negado a autorizar una inspección independiente de las cárceles de Guantánamo”.

“Esta comisión militar opera en una base naval de alta seguridad y está deliberadamente instalada en territorio cubano y no en suelo estadounidense, con el fin de denegar a esos hombres la protección que conlleva el debido proceso judicial, que abarca el derecho a un juicio público”, declaró el Sr. Connell.

El Director principal para asuntos de derecho y política de Amnistía Internacional, el Sr. Tawanda Mutasah, afirmó que había conocido situaciones en las que a veces la falta de transparencia indicaba que los Estados “tenían algo que ocultar”.

“La transparencia en lo tocante a las ejecuciones es la única manera de evitar los tratos crueles e inhumanos inherentes al concepto mismo de pena capital”, añadió el Sr. Mutasah. “Sin transparencia, no es posible cumplir las normas del derecho internacional. De modo que la transparencia no sólo ayuda, sino que además es esencial y decisiva”.

En determinados países de Asia Suroriental “la información relativa a ejecuciones inminentes o a otras que ya se han realizado no es de dominio público”, señaló la representante la Oficina del ACNUDH en la región, la Sra. Cynthia Veliko.

Para la Sra. Tchérina Jerolon, la falta de transparencia indica que las autoridades no están dispuestas a crear ámbitos en los que se pueda realizar un debate público fundamentado sobre la pena capital. Esta carencia permite a los Estados controlar el proceso de la pena de muerte sin interferencia alguna, ni de la familia de los reos, ni de sus abogados ni del público en general.

“En algunos casos, esa falta de transparencia evita que el Estado tenga que reconocer la aplicación discriminatoria de la pena capital contra las capas más pobres de la sociedad o contra determinadas comunidades o grupos minoritarios”, agregó la Sra. Jerolon.

En septiembre, la Alianza Mundial de Estados Miembros y ONG emitió una declaración orientada a poner fin al comercio de instrumentos de tortura y de aplicación de la pena de muerte, lo que representó un paso adelante en el esfuerzo por abolir las ejecuciones secretas. La Oficina del ACNUDH apoyará esta iniciativa.

26 de octubre de 2017