Atención especial a los derechos de los indígenas en las negociaciones sobre el clima de la COP22

“Cuando yo tenía siete años, una empresa petrolera vino a mi aldea”, cuenta Nina Gualinga, de 23 años de edad, al recordar cómo la comunidad indígena kichwa a la que pertenece recibió una oferta de 10.000 dólares estadounidenses para que permitiera actividades petrolíferas en las 136.000 hectáreas de bosque tropical virgen que constituyen el territorio de ese grupo étnico en la Amazonia ecuatoriana.  

“Nuestro territorio es el lugar donde vivimos en armonía con la naturaleza”, dijo Gualinga, que ha pasado la mayor parte de la vida luchando junto con los suyos para preservar su tierra de la explotación petrolera. Para la población de Sarayaku, la protección de sus bosques consiste en mantener el petróleo bajo tierra y evitar la deforestación, a fin de defender sus tierras y su modo de vida.

Sin haber recibido la autorización de la comunidad, las empresas petroleras llegaron en helicópteros a principios del decenio de 2000. Cuando los kichwa se resistieron, las fuerzas armadas del Estado acudieron y apalearon a los hombres, sembraron de dinamita sus terrenos y talaron los bosques. Los kichwa sometieron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José (Costa Rica), donde en 2012 el pueblo de Sarayaku obtuvo una importante victoria, cuando el tribunal decidió que el gobierno tenía que consultar con las comunidades indígenas antes de autorizar a las empresas a que llevaran a cabo sus operaciones en territorio indígena.

Aunque los kichwa ganaron el caso, sus tierras aún están amenazadas y Gualinga sigue luchando por los derechos y el territorio de su pueblo. Su objetivo es proteger los recursos forestales para las generaciones futuras y asegurar los derechos de los pueblos indígenas.

En la conferencia sobre el clima COP22 que tuvo lugar en Marrakech, Gualinga hizo hincapié en la repercusión del cambio climático sobre el pueblo kichwa. En colaboración con una red de activistas indígenas, Gualinga insta a los gobiernos a que otorguen prioridad a la justicia para las comunidades indígenas en las medidas relativas al clima encaminadas a reducir las emisiones de carbono.

Al igual que otras comunidades indígenas, el pueblo de Gualinga ha contribuido muy poco al cambio climático, pero es de los más perjudicados por sus efectos. Al hacer uso de la palabra en una mesa redonda sobre la adaptación de las comunidades con miras a reducir el riesgo de desastres y aumentar la capacidad de resistencia al cambio climático, Gualinga describió las repercusiones de dicho cambio que su pueblo ya ha empezado a constatar. Destacó que las inundaciones que antes solían producirse cada 15 o 20 años, ahora ocurren dos o tres veces en un mismo año.   

“Vemos estos cambios porque vivimos en estrecho contacto con la naturaleza”, afirmó Gualinga. “Todos nuestros medios de subsistencia dependen del buen estado del medio ambiente”.

Cuando el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático entró en vigor, el pasado 4 de noviembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió a los Estados que dieran prioridad a la protección de los derechos de los grupos humanos más afectados por el cambio climático. “Insto a todas las Partes –dijo Zeid- que asistirán a la Conferencia COP22 en Marrakech a velar por que en esa reunión se aborde la cuestión de que los Estados deben actuar de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El cambio climático afecta a una amplia gama de derechos humanos, entre otros a los derechos a la vida, el agua y el saneamiento, la alimentación, la salud, la vivienda, la autodeterminación, la cultura y el desarrollo. Ante esas amenazas, Gualinga y otros activistas indígenas exigen que las medidas relativas al clima respeten las normas y los acuerdos de derechos humanos, especialmente en lo que concierne a los pueblos indígenas.

El jueves 17 de noviembre fue el primer Día de la Justicia Climática y se celebró en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (COP22), que tuvo lugar en Marrakech. Esta efeméride se centra en la importancia de incorporar los derechos humanos a la acción relativa al clima.

17 de noviembre de 2016