El Alto Comisionado insta a la creación de un tribunal mixto para Sri Lanka

Las tropas del gobierno de Sri Lanka y de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (TLET) sostuvieron una guerra civil que duró unos 26 años. Decenas de miles de personas murieron como consecuencia de esta pugna y cientos de miles fueron desplazadas.

Ahora, un informe de las Naciones Unidas sobre denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas en Sri Lanka durante un periodo de nueve años ha puesto a la luz horrendas violaciones perpetradas por ambas partes, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“Nuestra investigación ha revelado la índole terrible de las violaciones y los abusos que acontecieron en Sri Lanka, entre otros el bombardeo indiscriminado, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los espeluznantes relatos de torturas y violencia sexual, el reclutamiento de niños y otros delitos graves”, afirmó Zeid durante la conferencia de prensa en la que se presentó el informe. “Un dato importante es que este informe revela algunas violaciones que figuran entre los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto”.

Zeid pidió la creación de un tribunal especial mixto.

“No deberían subestimarse los niveles de desconfianza que muestran amplios segmentos de la sociedad ceilandesa hacia las autoridades y las instituciones del Estado”, dijo el Alto Comisionado. “Por ese motivo resulta esencial que se establezca un tribunal especial mixto, formado por jueces, fiscales, abogados e investigadores internacionales. Un tribunal estrictamente nacional no podría superar las sospechas generalizadas y justificadas que suscitan decenios de violaciones, malas prácticas y promesas incumplidas”.     

“Después de tantos años de violaciones desenfrenadas de los derechos humanos y de impunidad institucionalizada, las heridas de las víctimas de ambos bandos se han ahondado y enconado”, dijo Zeid. “A menos que este sufrimiento permanente se aborde de manera radical, la situación seguirá polarizándose y llegará a ser un obstáculo para la reconciliación y, lo que es peor, podría dar origen a nuevos conflictos”.

El año pasado, el Consejo de Derechos Humanos le encargó a la oficina del ACNUDH que realizara una investigación exhaustiva sobre las denuncias de supuestas violaciones y abusos de los derechos humanos perpetrados por ambas partes en Sri Lanka, entre 2002 y 2011.

El informe, de 280 folios organizados en dos secciones, contiene un listado de transgresiones cometidas por ambas partes. Entre otros delitos, se enumeran ejecuciones extrajudiciales, actos sistemáticos de violencia sexual y de género, el reclutamiento de niños y el secuestro de adultos para usarlos como carne de cañón.

El informe se basa en declaraciones de testigos presenciales, entrevistas con víctimas y testigos, material fotográfico y de vídeo, comprendidas numerosas imágenes de satélite (buena parte de las cuales no son de dominio público), elementos que fueron analizados por expertos forenses y militares, así como en un examen exhaustivo de la documentación existente, que abarca unas 3000 declaraciones y presentaciones escritas, y otros informes previos que permanecían inéditos.

En el informe se documentan años de negativas y encubrimientos, la incapacidad de realizar investigaciones rápidas, las pesquisas estancadas y las represalias contra los familiares de las víctimas y otras personas que trataron de que se hiciera justicia.

Zeid aplaudió las medidas positivas que desde enero del año en curso ha adoptado el nuevo gobierno del Presidente Mathiripala Sirisena, pero añadió que “Sri Lanka debe avanzar ahora en el desmantelamiento de las estructuras y los hábitos institucionales de represión que están profundamente arraigados, tras décadas de deterioro de los derechos humanos”.

“Esta tarea no se cumplirá de la noche a la mañana y nadie debería subestimar sus dimensiones”, afirmó. “En la historia de Sri Lanka hemos presenciado muchos momentos en los que los gobiernos han jurado que pasarían página y terminarían con prácticas tales como la desaparición forzada, pero la incapacidad de hacer frente a la impunidad y arrancar de raíz los problemas sistémicos que propiciaban esas transgresiones indica que “las furgonetas blancas” podían reactivarse cuando fuera necesario y así fue. Es indispensable que el gobierno aproveche la oportunidad singular que ahora tiene para quebrar este patrón de impunidad, de una vez por todas. Esto significa que debe procederse a una transformación total de los métodos de trabajo de los funcionarios y las instituciones oficiales”.

El equipo de investigación del ACNUDH no obtuvo permiso para entrar en Sri Lanka y tuvo que afrontar otras limitaciones, entre ellas las medidas del gobierno anterior, que amenazó, intimidó y vigiló a numerosas personas, especialmente en el norte del país, para impedir que cooperasen con la pesquisa.

21 de septiembre de 2015