Distinguido Presidente,
Excelencias,
Distinguidos Delegados y Delegadas,

En el trabajo que he venido realizando con las Naciones Unidas durante todos estos años, me ha resultado evidente que las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo son las que subyacen debajo de casi cada obstáculo que tenemos que afrontar.

Las personas de cualquier punto del planeta quieren, y tienen derecho, a un nivel de vida adecuado. A tener comida en la mesa, y acceso a atención médica asequible siempre que la necesiten. Educación e igualdad de oportunidades para ellas mismas y para sus hijos e hijas. Perspectivas económicas favorables, con acceso a una parte justa de los recursos. Un medioambiente limpio, saludable y sostenible. La libertad para tomar sus propias decisiones. Información objetiva, no propaganda. Justicia y sistemas policiales que defiendan sus derechos.

Y para asegurar que se haga realidad todo esto, ellas quieren contar con una participación activa y significativa en la toma de decisiones, así como gobiernos que respondan a sus necesidades, y no élites cuyas necesidades tengan que satisfacer.

Pero una y otra vez, veo como a las personas se les privan de estos derechos, a la vez que son avasalladas por un desarrollo que no es ni respetuoso ni justo. La injusticia, la pobreza, la explotación y la represión son la causa de demandas que conducen a que existan tensiones, conflictos, desplazamientos y más pobreza, de forma continua y sin parar.

Sr. Presidente,

El mes pasado, en Iraq, la cuna de tantas civilizaciones, fui testigo de una pequeña parte del horror medioambiental que significa nuestra crisis planetaria global. En Basra, donde hace 30 años, según me contaron, las palmeras datileras bordeaban canales exuberantes, la sequía, el calor abrasador, la contaminación extrema y el rápido agotamiento de los recursos de agua dulce están creando paisajes desolados de escombros y polvo.

Esta espiral de daños supone una emergencia de derechos humanos para Iraq, así como para otros muchos países. El cambio climático está arrojando a millones de personas a la hambruna. Está destruyendo ilusiones, oportunidades, hogares y vidas enteras. En los últimos meses, lo que eran alertas urgentes se han convertido en constantes realidades letales en todos los lugares del planeta.

No necesitamos más alertas. El futuro distópico ya está aquí.

Necesitamos tomar medidas urgentes, ahora mismo.

Y sabemos lo que tenemos que hacer.

La cuestión real es: qué es lo que nos detiene.

Sr. Presidente,

En lugar de tener una unidad de propósito y un liderazgo cooperativo y decisivo, estamos contemplando políticas de división y distracción – por ejemplo, a través de la fabricación de disputas artificiales sobre la cuestión de género, la migración, o imaginándonos un «choque» de civilizaciones.

La repudiable serie de cerca de 30 incidentes de quema del Corán ocurrida recientemente es la última manifestación en aparecer de este ansia por polarizar y fragmentar, de crear divisiones, dentro de las propias sociedades, y entre países. Ofreceré más detalles sobre este asunto el 6 de octubre, en consonancia con la resolución 53/1.

También estamos siendo testigos de políticas de indiferencia, de la insensibilización de nuestra mente y nuestro espíritu – de un esfuerzo por neutralizar nuestra característica más profunda, la compasión, al negar la humanidad de las víctimas y de las personas vulnerables a sufrir daños.

Me deja atónito la indiferencia que se manifiesta ante la realidad de las más de 2.300 personas que han sido declaradas como fallecidas o desaparecidas en el mediterráneo este año, lo que incluye la pérdida de más de 600 vidas en un solo naufragio ocurrido en Grecia en junio. Es evidente que la cifra de migrantes y refugiados que están muriendo, de forma desapercibida, es muy superior, en los mares que rodean Europa, incluyendo el Canal; en la Bahía de Bengala, y en el Caribe, en donde las personas que buscan protección son continuamente rechazadas y deportadas a situaciones de grave peligro; así como a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, donde las deportaciones y los procesos de expulsión acelerada plantean serios interrogantes; o en la frontera del Reino de la Arabia Saudita, donde mi Oficina ha solicitado una aclaración urgente sobre las acusaciones de asesinatos y de malos tratos.

Somos testigos de las políticas del engaño, de cómo se intenta confundir a la población para que no vea lo que ocurre de verdad. Con la ayuda de las nuevas tecnologías, las mentiras y la desinformación son fabricadas en masa para sembrar el caos, para confundir, y en última instancia para negar la realidad y asegurar que no se toman medidas que puedan poner en peligro a las élites acomodadas. El caso más aparente es el cambio climático.

A la vez, también contemplamos las viejas, contundentes y brutales políticas de represión. Necesitamos de forma desesperada que surjan visiones más críticas, innovadoras y constructivas dirigidas a formar mejores políticas y sistemas, pero en cambio, lo que surge con mayor fuerza cada vez son los golpes de estado militares, el autoritarismo y el aplastamiento de toda disidencia, en resumen, la aparición de la fuerza bruta.

Existe un antídoto para cada uno de estos problemas.

Hemos de seguir insistiendo en sacar a la luz las evidencias y la verdad.

Hemos de ser conscientes de lo interconectados que estamos y de los valores que compartimos.

Hemos de cultivar nuestros actos reflejos de empatía, justicia y compasión, que son parte de nuestro carácter humano.

Hemos de nutrir el pensamiento crítico y la creatividad que solamente pueden dimanar de una participación amplia y libre y de debates abiertos.

Y hemos de permanecer firmes defendiendo la promesa de los derechos humanos, la cual es una promesa de ofrecer soluciones.

Al igual que las injusticias van solapándose y generando crisis múltiples que se van acumulando, los esfuerzos conjuntos en pro de una mayor justicia, respeto e inclusión irán consolidando la resiliencia, y favoreciendo las contribuciones valiosas de cada miembro de la sociedad.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 – acerca de la Paz, Justicia e Instituciones eficaces, viene a resumir cuál es nuestra vía para salir de las turbulencias que estamos experimentando y seguir avanzando.

Su énfasis en esta interrelación entre una buena gobernanza y el desarrollo representa el eje que sostiene la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cada objetivo de desarrollo está arraigado en la igualdad y en la dignidad humana. Todos ellos exigen instituciones responsables, un estado de derecho que sea imparcial e independiente, así como una sociedad civil dinámica.

El ODS16 deja claro que para promocionar el desarrollo, los Estados tienen la responsabilidad de garantizar y proteger el espacio cívico y los derechos fundamentales.

«No dejar a nadie atrás» no es solo un eslogan vacío. Se trata de un plan de acción de derechos humanos que abarca todo el espectro de los derechos humanos.

La libertad es tanto el objetivo último del desarrollo, como su origen.

Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como el derecho al desarrollo y el derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible, se refuerzan mutuamente. Este es el significado último de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Avanzando de forma conjunta, todos ellos pueden contribuir a conseguir soluciones reales que hagan frente a nuestros desafíos más apremiantes.

La distinción entre dos conjuntos diferenciados de derechos: los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales, por el otro, es un producto de las ideologías, y no se sustenta en la realidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos no establece esta distinción o jerarquía alguna, y 75 años tras su aprobación, necesitamos urgentemente volver a su esencia.

Los derechos humanos son, y deben seguir siéndolo, políticamente neutrales.

Todos los Estados han aceptado su responsabilidad para hacer realidad todos los derechos.

Además, mi mandato y mi aspiración es la de ayudar a todos los países a promocionar y defender la gama completa de derechos humanos, sin distinción del sistema político que mantengan, alianzas o etapa del desarrollo en que se encuentren.

Sr. Presidente,

Es en este contexto, y también a la vista de la Cumbre sobre los ODS a celebrarse la próxima semana, el motivo por el que voy a centrar mi discurso en el desarrollo y en los derechos humanos.

El mundo está traicionando nuestra promesa de acabar con el hambre antes de 2030. A pesar de los recursos económicos, las innovaciones tecnológicas y la disponibilidad de tierras suficientes para proporcionar alimentos adecuados a todas las personas, hemos vuelto a niveles de hambre que no se habían visto desde 2005 – y a sus consecuencias en niños con crecimiento retardado y vidas que acaban dolorosamente antes de tiempo.

El informe global de la FAO de 2023 prevé que casi 600 millones de personas sufrirán desnutrición crónica a finales de esta década. Entre los factores causantes se incluye el cambio climático, las consecuencias que ha acarreado la pandemia, así como la guerra de Rusia contra Ucrania.

Un año y medio de guerra cruel ha devastado Ucrania, con un precio desgarrador para su población, además de los daños causados a amplias zona de tierras agrícolas. La retirada por parte de la Federación de Rusia de la Iniciativa de Granos del Mar Negro el pasado julio, sumado a los ataques contra los depósitos de grano en Odesa y en otros lugares, ha vuelto a disparar los precios en numerosos países en desarrollo, haciendo que el derecho a la alimentación quede muy lejos de ser una realidad para muchas personas.

En Somalia, años de sequía, violencia extremista y gobiernos fallidos ha conducido a un exceso aproximado de 43,000 fallecimientos el año pasado, de los cuales aproximadamente la mitad son de niños menores de cinco años. Es probable que cerca de 1,8 millones de niños y niñas sufran malnutrición aguda a lo largo de 2023, una tragedia de proporciones inhumanas en un país que se ha visto tan gravemente afectado por el conflicto. La larga dependencia de Somalia de las importaciones de trigo procedente de Ucrania y de la Federación de Rusia ha supuesto que el fracaso de la Iniciativa de Granos del Mar Negro haya sido especialmente perjudicial.

La hambruna y la inseguridad alimentaria son también especialmente preocupantes en el Caribe. La encuesta de WFP-CARICOM de mayo de 2023 concluyó que 3,7 millones de personas, o lo que supone el 52% de la población de los países de la CARICOM – padecían inseguridad alimentaria.

En Haití, la violencia extrema entre bandas, alimentada por décadas de una gobernanza ineficiente, está empeorando una situación alimentaria que ya era deficitaria. Casi la mitad de la población, 4,9 millones de personas, padece inseguridad alimentaria grave. No obstante, en algunas partes del país, es posible y es seguro producir alimentos, por lo que estas iniciativas locales deben recibir un apoyo más sólido. El informe sobre Haití que será presentado al Consejo durante este período de sesiones indica de forma clara que la pobreza, las desigualdades, además de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, han sido el caldo de cultivo para que florezca este nivel insoportable de violencia y esta crisis de gran magnitud a la que se enfrenta actualmente el país.

En 111 países, 1.2 mil millones de personas, casi la mitad de las cuales son niños, viven en la actualidad en una situación de pobreza extrema y multidimensional. Estas representan a casi el 20% de las poblaciones de estos países, y según el Banco Mundial, otros muchos millones de personas se verán abocados a la pobreza extrema como resultado del cambio climático. Esto supone un fracaso colectivo y dramático en derechos humanos.

En toda la región del Sahel, la mayoría de sus poblaciones han de luchar por su supervivencia diaria, y además Burkina Faso, Chad, Mali y Níger ­se encuentran entre los ocho países menos adelantados del mundo. Estos países sufren de forma severa la degradación medioambiental y el cambio climático, una crisis a la que apenas han contribuido a crear. Los recursos necesarios para la supervivencia, tales como tierras fértiles y agua, están disminuyendo, lo que está resultando en conflictos entre comunidades. Las medidas de adaptación que estos países necesitan de forma tan urgente son demasiado costosas, y el apoyo económico que es prometido de forma regular en conferencias internacionales llega muy poco a poco. 2022 fue el año más mortífero desde que comenzara la crisis del Sahel hace ya una década, y además la amenaza constante de violencia por parte de grupos armados se está extendiendo ahora hacia Estados costeros.

Ninguno de los desafíos a los que se enfrentan estos países puede ser abordado en solitario: todos ellos están interrelacionados. El cambio climático, incluyendo las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos relacionados; la falta de inversiones adecuadas en educación, asistencia sanitaria, saneamiento, protecciones sociales, una justicia imparcial y otros derechos humanos; décadas de gobiernos débiles, y una ausencia de toma de decisiones transparente y responsable, son las causas originarias que hacen que germinen los extremismos violentos.

Los cambios inconstitucionales en la forma de gobierno que hemos observado en el Sahel no son la solución. En su lugar, necesitamos un retorno urgente a los gobiernos civiles, así como espacios abiertos donde la población pueda participar, influir, acompañar y criticar las medidas que adopten los gobiernos, o su incapacidad para tomar medidas.

Sr. Presidente,

La era que vivimos actualmente es una época de concentración masiva de riqueza, así como de desigualdades que no tiene precedente alguno. La riqueza global ha alcanzado un nivel nunca visto antes. A pesar de esto, en 2021, el 10% de los más ricos poseía el 76% del total de la riqueza; a la vez que la mitad más pobre de la población poseía solamente el 2%. Y casi la mitad de la población mundial vive en países donde los gobiernos deben gastar más en el pago de la deuda de lo que pueden permitirse invertir en educación o sanidad.

Este abismo entre los ricos y los pobres perjudica a todo el mundo. Tanto a nivel nacional como internacional, esta brecha destruye la confianza y debilita las iniciativas destinadas a buscar soluciones. Es en el interés de todos los Estados el garantizar que todas las instituciones internacionales y los debates multilaterales reflejen las necesidades de todos los participantes, y que todos ellos trabajen de forma estrecha para intentar reducir las desigualdades cada vez mayores entre países.

Un paso importante debe ser la reforma de la arquitectura financiera internacional, que incluya acuerdos más justos para el alivio de la deuda y la financiación para el desarrollo. A menudo, unas condiciones injustificadas en las inversiones y en los acuerdos de préstamo han impedido que los Estados hayan podido cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tal como si estas obligaciones hubieran dejado de existir. Los derechos humanos son una parte esencial del desarrollo y de una transición justa, y deben quedar integrados, de forma clara e integral, en las políticas y operaciones que pongan en marcha las instituciones financieras internacionales.

Yo también insto encarecidamente a los Estados a que refrenden el llamado a la acción de las Naciones Unidas para un  Impulso de los ODS, y también celebro los debates actuales a nivel internacional acerca del refuerzo de la cooperación internacional en materia tributaria. Siempre que las empresas multinacionales y las personas más acaudaladas trasladan sus beneficios y su información financiera a jurisdicciones de baja tributación o exentas de tributación, se socava la capacidad de los países de movilizar recursos para poder cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El informe sobre Justicia Tributaria de 2023 calcula que los países perderán cerca de 5 billones de dólares americanos durante los próximos diez años, dinero que se marchará a paraísos fiscales. Hemos de luchar contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y las corrientes financieras ilícitas. Quiero elogiar el liderazgo del grupo africano por plantear esta cuestión para su discusión en la Asamblea General, y

celebro la iniciativa dirigida por Colombia, Chile y Brasil para promocionar una fiscalidad progresiva y una cooperación más estrecha entre América Latina y el Caribe.

Adoptar medidas decisivas para acabar con la corrupción y las corrientes financieras ilícitas es un instrumento de gran valor para poder generar ingresos, tal como han concluido los estudios. Estos dos fenómenos también debilitan el estado de derecho, restando recursos los cuales son tan necesarios para las inversiones públicas y el bien común, además de destruir la confianza pública. Los estudios indican que hasta un 25% del gasto en contratos públicos es sustraído por la corrupción, a nivel global. Este daño profundamente corrosivo para el desarrollo sostenible es la razón por la que el ODS16.5 formula la promesa firme de «reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.»

En un contexto donde la crisis planetaria parece cobrar un mayor ritmo cada vez, existe también la necesidad vital de un cambio hacia economías de derechos humanos que promuevan soluciones ecológicas. No puedo por menos que subrayar la necesidad que existe de una eliminación gradual, rápida y equitativa, de los combustibles fósiles, y de una acción climática basada en los derechos humanos y respaldada por una financiación efectiva, en especial para la adaptación, y también para hacer frente a las pérdidas y los daños.

También permanezco muy atento a la necesidad de combatir la impunidad de la que disfrutan personas y empresas quienes expolian en gran medida nuestro medioambiente. Se ha propuesto la inclusión de un crimen internacional de ecocidio para su inclusión en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por parte de una serie de Estados y de grupos de la sociedad civil.  Acojo con beneplácito esta posibilidad así como otras medidas diseñadas para ampliar la exigencia de responsabilidades por daños medioambientales, tanto a nivel nacional como internacional.

Sr. Presidente,

Los derechos a una alimentación asequible y de calidad, al agua y al saneamiento, a la vivienda, a la educación, a la asistencia sanitaria y a la seguridad social imponen obligaciones a todos los Estados. Al igual que el resto de derechos humanos, es necesario incorporarlos a la legislación y respetarlos en todas partes.

Sin embargo, en muchos países la vivienda es un ejemplo de mercancía para la inversión especulativa: un juguete en manos de los mercados financieros, en lugar de un derecho fundamental.

Una crisis de vivienda asequible restringe los ingresos familiares, agrava las desigualdades, perjudica la salud de niños y niñas, empobrece a la juventud e impulsa una creciente crisis de la carencia de viviendas. Esta situación se ha puesto especialmente de manifiesto en gran parte del mundo industrializado, y destaco esta cuestión porque estoy convencido de que afecta de lleno al contrato social.

La indiferencia aparente de los políticos elegidos ante la difícil situación de la juventud y de otras personas contribuye a su desencanto, al mismo tiempo que merma su confianza en los sistemas políticos.

En muchos países europeos el coste de la vivienda ha aumentado mucho más deprisa que los ingresos, lo cual deja una vivienda estable y segura fuera del alcance de un gran número de jóvenes y de otras personas con ingresos bajos o irregulares.

Un informe de 2023 basado en datos oficiales indica que, en toda la Unión Europea, casi un millón de personas carecen de hogar —un 30 % más que el nivel ya de por sí elevado de 2021— y revela que los jóvenes se encuentran entre los más afectados.

En los Estados Unidos de América, más de medio millón de personas carecían de hogar en enero de 2022, según cifras oficiales, y más del 40 % de ellas eran afrodescendientes, lo cual representa el 12 % de la población.

A base de acciones concertadas, Finlandia ha reducido considerablemente el número de personas sin hogar desde 2010. Entre esas acciones se incluyen ayudas importantes a la vivienda para personas de recursos bajos, servicios de apoyo social específicos y políticas proactivas para desarrollar el parque de viviendas en alquiler.

En respuesta a la situación en la Unión Europea, en 2021 se creó la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo con el fin de ayudar a coordinar la actuación de gobiernos, ciudades y la sociedad civil. Del mismo modo, en EE. UU., el nuevo Plan estratégico federal para prevenir y acabar con la falta de hogar es otra señal de un nuevo impulso para lograr medidas correctoras.

El acabar con la falta de hogar y garantizar una vivienda asequible están firmemente integrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También son un imperativo en materia de derechos humanos. Los Estados deben reconocer que la falta de hogar es una violación de los derechos humanos que priva a las personas de protecciones esenciales para la dignidad. Animo a todos los países —sobre todo a los más desarrollados— a utilizar el máximo de los recursos disponibles para cumplir estos derechos, tal y como exige el derecho internacional.

Sr. Presidente,

En todo Oriente Medio y el Norte de África, la población se enfrenta a una escasez de agua sin precedentes. Se calcula que el83% de la población de la región está expuesta a un estrés hídrico extremadamente elevado y, para 2030, la media de agua disponible per cápita se situará por debajo del umbral de la escasez absoluta. Esto repercutirá muy negativamente en la salud y la seguridad alimentaria; intensificará drásticamente la pobreza; y parece probable que aumente los conflictos, la inestabilidad y los desplazamientos.

Los problemas graves de gobernanza y la falta de inversión en infraestructuras de derechos contribuyeron a desembocar esta crisis, junto con el cambio climático, la contaminación y el crecimiento demográfico. Se trata de un ejemplo ilustrativo sobre la interrelación que hay entre las instituciones inclusivas, la buena gobernanza y el cumplimiento —o incumplimiento— de los objetivos de desarrollo. Las reformas de la gobernanza —incluyendo un espacio mucho más amplio para que la sociedad civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos trabajen por el bien común— pueden preparar mejor a las sociedades para reaccionar, adaptarse y desarrollar resiliencia ante la disminución del acceso al agua.

El agua es tan solo un ejemplo de la necesidad de garantizar una gobernanza inclusiva en el contexto del desarrollo.

El impulso de Chinahacia el desarrollo ha aportado grandes logros en la reducción de la pobreza. Pero los problemas económicos recientes del país destacan la necesidad de aplicar un enfoque más participativo que defienda todos los derechos humanos, incluidos los derechos de los miembros de minorías étnicas, la población de comunidades rurales, los trabajadores migrantes internos, las personas de edad y las personas con discapacidad. La apertura de un espacio para la participación y el debate de la sociedad civil, incluso cuando sea crítico con las políticas y abogue por el cambio, crea una sociedad más resistente y flexible. Tal y como mi Oficina señaló hace un año, los problemas de la región autónoma de Xinjiang Uyghur exigen medidas correctoras enérgicas por parte de las autoridades, de acuerdo con nuestras recomendaciones. También me sigue preocupando la continua detención de defensores y defensoras de los derechos humanos.

En El Salvador, acabar con décadas de delincuencia desenfrenada de las bandas no es una tarea sencilla. Entre las causas profundas de esta crisis de seguridad se encuentran las carencias de gobernanza, las desigualdades y la falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales. Abordarlas ayudaría a encontrar soluciones mejores y más sostenibles. Me inquieta la duración excesiva del estado de excepción actual y las detenciones masivas que se han producido en este contexto, así como las inaceptables condiciones carcelarias y las restricciones del espacio cívico y del debido proceso.

En México, los índices de pobreza han disminuido considerablemente, con más de cinco millones de personas saliendo de la pobreza entre 2018 y 2022, un logro que vale la pena celebrar. Al mismo tiempo, datos recientes indican un aumento en el número de personas que informaron de la falta de acceso a servicios sanitarios. Ello viene a corroborar la necesidad de avanzar de forma más sostenible hacia la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales, con base en instituciones inclusivas, transparentes y responsables. El Tribunal Supremo dictaminó una sentencia histórica la semana pasada, en la cual se declaraba inconstitucionales las sanciones penales del Código Penal Federal contra el aborto: otro avance en América Latina en materia de derechos de la mujer.Animo a todos los países a que permitan a las mujeres decidir interrumpir el embarazo de forma segura.

Acojo con satisfacción las conversaciones que han mantenido el mes pasado Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela para alcanzar una visión común sobre la selva amazónica, que incluya la participación efectiva de los pueblos indígenas. El anuncio que se hizo en junio sobre el propósito de Brasil de acabar con la deforestación ilegal en la Amazonia brasileña para 2030 supone un soplo de aire fresco. También felicito al pueblo de Ecuador por votar a favor de detener la actividad petrolera y minera en el Parque Nacional Yasuní, el cual también es el hábitat de pueblos indígenas, y en la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino.

En Australia, el próximo mes va a celebrarse un referéndum sobre el reconocimiento constitucional de los primeros pueblos de Australia, por medio del establecimiento de una "voz" aborigen e isleña del Estrecho de Torres en el Parlamento. Se trata de una oportunidad histórica para sentar nuevas bases para la inclusión y la participación de los pueblos indígenas, en beneficio de toda la ciudadanía australiana.

En India, mi Oficina suele recibir información de que las comunidades minoritarias marginadas son objeto de violencia y discriminación. La población musulmana es con frecuencia el blanco de ese tipo de ataques, los más recientes en Haryana y Gurugram, al norte de la India. En Manipur, otras comunidades también se enfrentan a la violencia y la inseguridad desde mayo. Es evidente que hay que redoblar los esfuerzos para defender los derechos de todas las minorías, abordando directamente la intolerancia, el discurso de odio, el extremismo religioso y la discriminación.

Me consterna profundamente el aumento de la violencia en el Territorio Palestino Ocupado, ya que más palestinos e israelíes, incluidos niños, siguen muriendo y resultando gravemente heridos. El uso de bombardeos en la Cisjordania ocupada es especialmente preocupante. Los ataques violentos de colonos contra la población palestina parecen ser cada vez más frecuentes y, en algunos casos, se han producido con el aparente consentimiento de las fuerzas israelíes. Los asentamientos ilegales también se están expandiendo considerablemente. La aplicación aparente del Gobierno de la soberanía sobre la Cisjordania ocupada y la transferencia de amplios poderes administrativos de las autoridades militares a funcionarios israelíes contravienen el derecho internacional humanitario. También me preocupan las continuas restricciones del espacio cívico por parte de las autoridades palestinas y las autoridades de facto de Gaza, como la detención arbitraria de aquellos percibidos como opositores. Las autoridades de facto de Gaza siguen imponiendo la pena de muerte, incluso contra personal ajeno al aparato de seguridad condenados por tribunales militares.

Reitero mi profunda preocupación por la evolución de los derechos humanos en la Federación de Rusia. Se está aplastando el espacio cívico con restricciones a los derechos fundamentales y una opresión muy severa del movimiento contra la guerra. Las autoridades siguen utilizando el sistema judicial para acallar las voces disidentes y persiguen a activistas y grupos de derechos humanos por ejercer su labor legítima. Las condenas impuestas a políticos de la oposición y periodistas independientes —como la pena adicional de 19 años de prisión para Alexei Navalny, y de 25 años para Vladimir Kara-Murza— son motivo de gran preocupación para estas personas y el Estado de derecho. Nos siguen llegando denuncias de tortura y maltrato en los centros de detención, así como la falta de voluntad de las autoridades para iniciar investigaciones.

En Irán, un año después de la muerte de Mahsa Amini, me preocupa seriamente que un nuevo proyecto de ley, en proceso de revisión, imponga sanciones severas a mujeres y niñas que no obedezcan el código de vestimenta obligatorio, incluyendo la prohibición de viajar y la retirada del acceso a los servicios sociales. También permite el uso de tecnología de vigilancia para controlar el comportamiento y la vestimenta de las mujeres. Se han multiplicado las denuncias de mujeres que se enfrentan a acciones judiciales por infringir el código de vestimenta, incluso antes de la aprobación del proyecto de ley. En este contexto, manifiesto mi preocupación por el despliegue reanudado de la policía de la moralidad, una fuerza destinada casi exclusivamente a controlar a mujeres y niñas. La rendición de cuentas por la muerte de la Sra. Amini, y por violaciones en el contexto de las protestas posteriores, ha sido inadecuada. El uso de la pena de muerte ha aumentado considerablemente, sobre todo contra la comunidad baluchi y otras comunidades minoritarias.

En Pakistán, me inquieta el uso de acusaciones de blasfemia para incitar a la violencia contra comunidades minoritarias e instigar tensiones comunitarias. El mes pasado, una muchedumbre de miles de personas quemó más de una docena de iglesias y saqueó viviendas de cristianos en una zona de Faisalabad. El proyecto de enmienda a la legislación de por sí severa sobre la blasfemia aumentaría drásticamente las penas. La aprobación de esta legislación supondría un gran retroceso en los cambios exigidos por los organismos internacionales de derechos humanos.

En la región etíopede Amhara, desde el inicio de la crisis y la declaración del estado de excepción a principios de agosto, más de 1.000 personas habrían sido detenidas y más de 200 asesinadas en el contexto de enfrentamientos entre las fuerzas federales y la milicia Amhara Fano. Según se informa, los enfrentamientos en Oromia también siguen provocando muertes y otras violaciones y abusos. En Tigray, se han denunciado detenciones masivas y desplazamientos forzados, principalmente en zonas que seguirían contando con la presencia de fuerzas eritreas y amharas. Todos estos incidentes deben investigarse y los responsables deben pasar a disposición de la justicia. Tomo nota de los progresos realizados en las consultas en materia de justicia de transición e insto a que se continúe el diálogo con todas las partes interesadas, incluidas las mujeres. También aliento la justicia de transición y la rendición de cuentas.

Tanto en Libia como en Túnez, me alarman los informes de detenciones masivas y expulsiones colectivas de migrantes y solicitantes de asilo del sur del Sáhara a manos de las autoridades. A fecha de 31 de agosto, al menos 28 migrantes habrían muerto de calor y sed en zonas desérticas de la frontera entre Libia y Túnez, después de que instancias oficiales dejaran allí a unos 2.000 migrantes y solicitantes de asilo, entre los que había mujeres y niños, con escaso o ningún acceso a alimentos, agua y refugio. En Túnez, muchos más migrantes siguen corriendo el riesgo de expulsión. En los últimos cinco meses, los organismos de seguridad al oeste y el este de Libia también han efectuado detenciones masivas de migrantes y refugiados, seguidas de expulsiones. Insto a que se apliquen las directrices en materia de derechos humanos, que benefician a los países de origen, tránsito y destino.

En Líbano, tres años después de la explosión de Beirut en la que murieron más de 200 personas y más de 7.000 resultaron heridas —entre ellas más de 1.000 niños—, no se han depurado responsabilidades. Al contrario: se han planteado numerosos interrogantes sobre injerencias en la investigación, en un contexto de crisis económica y social grave y una gobernanza deficiente. Por ello, podría ser oportuno considerar el envío de una misión internacional de investigación sobre las violaciones de derechos humanos relacionadas con la tragedia.

En Camerún, seis años de crisis en las regiones de Noroeste y Suroeste se han cobrado varios miles de vidas, han desplazado a unas 725.000 personas y han dejado al menos a 1,7 millones con necesidad de ayuda humanitaria. El impacto sobre los derechos humanos y el desarrollo ha sido enorme. Reconozco el avance de las autoridades hacia un gran diálogo nacional, como por ejemplo una consulta nacional sobre el fin del discurso de odio, el establecimiento de un conciliador público independiente en las regiones de Noroeste y Suroeste, y la creación de la Comisión Nacional para la Promoción del Bilingüismo y el Multiculturalismo. Otras medidas deberían seguir la vía de empoderamiento de toda la ciudadanía camerunesa para que alcen su voz y participen de forma significativa en la política, sobre todo en las comunidades que sienten que no se respetan sus derechos culturales.

En Perú, me preocupa la apertura de una investigación parlamentaria a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, institución independiente encargada de nombrar a jueces y fiscales. La investigación podría afectar a la independencia judicial y la separación de poderes. Desde enero, mi Oficina ha documentado 13 proyectos de ley y cinco acusaciones constitucionales del Congreso que han suscitado preocupación por la injerencia en órganos constitucionales autónomos, en particular la Junta Nacional Electoral y la Junta Nacional de Justicia. Hago un llamamiento al Congreso para que acate los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura y respete el equilibrio de poderes del Estado.

Sr. Presidente,

Más de la mitad de la Agenda 2030 está a punto de convertirse en un trágico monumento al fracaso de nuestra generación en la erradicación de la pobreza extrema y la realización de los derechos humanos.

En la Cumbre sobre los ODS de la próxima semana, en la COP28, sobre el cambio climático y en la Cumbre del Futuro, los Estados deben dar un giro decisivo hacia los cambios fundamentales necesarios.

Y a medida que nos acercamos a nuestro evento de alto nivel de la iniciativa Derechos Humanos 75 en diciembre, insto a todos los Estados Miembros a que contraigan compromisos verdaderos mediante promesas transformadoras.

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo establece derechos y deberes por parte de los Estados para forjar políticas de desarrollo y afines para el bienestar de todas las personas. La puesta en práctica de este derecho es vital, y el Proyecto de pacto internacional sobre el derecho al desarrollo se ha presentado al Consejo en este periodo de sesiones para la adopción de nuevas medidas.

Para concluir, permítanme subrayar de nuevo que la causa de los derechos humanos en todas sus facetas tiene el potencial de unirnos, en un momento en el que necesitamos aunar esfuerzos con urgencia para afrontar los retos actuales que encara la humanidad. Se trata, en definitiva, de infundir confianza y restablecer la esperanza, incluso a través de la labor de este Consejo. Todos y todas debemos poner de nuestra parte.

Gracias, Sr. Presidente.

FIN