Ucrania: Türk reitera su llamamiento a una paz justa

Señor Vicepresidente,
Excelencias,
Distinguidos delegados y delegadas,

La guerra sin sentido de la Federación de Rusia contra Ucrania sigue generando violaciones graves y amplias de los derechos humanos.

El pasado viernes, en el 500º día de este conflicto, nuestra misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania describió el horrendo coste humano de la guerra en Ucrania. Más de 9.000 civiles, entre ellos más de 500 niños y niñas, han muerto desde el inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022. Las cifras reales probablemente sean muy superiores.

El informe A/HRC/53/CRP.3, que hoy nos ocupa, examina la situación de la población civil que ha sido detenida en el contexto de la guerra. Sus fuentes incluyen 274 visitas sobre el terreno de mis colegas, incluyendo 70 visitas a centros de detención oficiales, y 1.136 entrevistas.

Antes de tratar con más detalle este informe en particular, me gustaría destacar nuevamente que la labor de supervisión de nuestra Oficina —esencial para nuestro mandato— sigue el máximo grado de imparcialidad, profesionalidad, objetividad y no selectividad. Estos principios han guiado la recopilación de los datos establecidos en el presente informe, al igual que en los demás informes elaborados por mi Oficina. El rigor y la minuciosidad en la recopilación y el análisis de los datos y las pruebas son la mejor forma de establecer los hechos y de exigir responsabilidades.

En el informe que tienen ante ustedes, hemos documentado la detención arbitraria de más de 900 civiles, entre ellos ocho niños y niñas, entre el 24 de febrero de 2022 y el 23 de mayo de 2023.

La Federación de Rusia no dio acceso a los lugares de detención, lo que inevitablemente lleva a una subestimación del recuento. Aun así, pudimos entrevistar a 178 detenidos que habían estado bajo custodia de la Federación de Rusia tras su liberación. En total, la Federación de Rusia fue la causante de 864 de los casos que documentamos. Muchos de ellos fueron detenciones en régimen de incomunicación, equivalentes a desapariciones forzadas. Por otro lado, documentamos la ejecución sumaria de 77 civiles mientras se encontraban detenidos arbitrariamente por la Federación de Rusia. Más del 90 por ciento de los detenidos por la Federación de Rusia a los que pudimos entrevistar relataron haber sufrido torturas y malos tratos —incluyendo violencia sexual en algunos casos— por parte del personal de seguridad ruso.

Entre esos civiles a los que entrevistamos se encontraban funcionarios locales, voluntarios humanitarios, exsoldados, opositores políticos, sacerdotes y maestros. En el 26 % de los casos, se les trasladó a otros lugares de la Ucrania ocupada o de la Federación de Rusia sin que se facilitara información a sus familias. También hemos documentado diversos casos que apuntan al uso de civiles detenidos por las fuerzas armadas rusas como "escudos humanos" para proteger ciertas zonas ante operaciones militares.

Estos hallazgos son estremecedores. Exigen medidas concretas por parte de la Federación de Rusia para ordenar y garantizar que sus combatientes cumplan con las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

A mi Oficina se le proporcionó acceso amplio y sin restricciones a los lugares de detención bajo el control de las autoridades ucranianas. Reconozco y agradezco al Gobierno esta cooperación, la cual se produce en un contexto de crisis nacional y de supervivencia. Documentamos 75 casos de detención arbitraria. La mayoría se trataba de sospechosos de delitos penales relacionados con la guerra, y muchas detenciones arbitrarias se produjeron por enmiendas excesivamente amplias de la legislación penal bajo la ley marcial. También averiguamos que el personal ucraniano de los centros de detención no oficiales o —en menor medida— de los centros de detención preventiva oficiales habían aplicado torturas o malos tratos, incluyendo la violencia sexual, en la mayoría de los casos con amenazas.

Lo que me preocupa en particular es que la "ley sobre actividades de colaboración", aprobada en marzo de 2022, tipifique como delito una amplia gama de conductas, incluyendo las que pueden estar permitidas en virtud del derecho internacional humanitario, y que haya desembocado en casos de detención arbitraria.

Señor Vicepresidente,

El informe A/HRC/53/64 del Secretario General describe las violaciones de derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, ocupadas temporalmente, así como en partes de las provincias ucranianas de Khersón, Zaporizhzhia, Donetsk y Luhansk ocupadas por la Federación de Rusia.

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, mi Oficina ha documentado 60 casos de detención arbitraria en estas zonas por parte de las fuerzas de seguridad rusas, así como desapariciones forzadas y torturas.

Con respecto al alistamiento forzoso, según anuncios oficiales de las autoridades rusas, 2.500 hombres de Crimea fueron reclutados durante el periodo que abarca el informe, y la Oficina ha documentado 112 procesamientos penales por evasión del servicio militar obligatorio en 2022.

También me preocupan profundamente los traslados de población civil. Durante el período que abarca el informe, mi Oficina recopiló información sobre 23 residentes que habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad rusas y trasladados a Crimea al otro lado de la línea fronteriza administrativa, al parecer esposados y con los ojos vendados. Al mismo tiempo, las autoridades rusas han continuado con la práctica de trasladar a nacionales ucranianos que consideran “extranjeros” fuera de Crimea.

En Crimea y las zonas ocupadas de Ucrania hemos documentado amplias violaciones de los derechos a la libertad de opinión, de expresión, de reunión pacífica y de asociación, incluidas nuevas sanciones por expresar opiniones públicamente que "desacreditan" a las fuerzas armadas rusas, y un mayor deterioro del entorno operativo para los defensores y defensoras de los derechos humanos. El profesorado ha sido objeto de presiones para que promoviera y cultivara activamente entre el alumnado una actitud favorable a la invasión rusa.

La denegación del derecho a un proceso justo y a las garantías procesales sigue siendo un problema sistémico en Crimea. Mi Oficina verificó 16 casos en que los tribunales habían condenado a nacionales ucranianos en el marco de unas actuaciones judiciales sin las debidas garantías de un juicio imparcial.

Señor Vicepresidente,

La rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos en esta guerra sigue brillando por su ausencia. No me ha llegado información de ninguna investigación en curso por parte de la Federación de Rusia respecto a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas o malos tratos a manos de sus fuerzas en Ucrania contra la población civil.

Me preocupa enormemente que el Parlamento de la Federación de Rusia haya aprobado recientemente una ley federal que podría eximir de responsabilidad penal a los responsables de delitos penales internacionales cometidos en las regiones ocupadas de Ucrania. El derecho internacional prohíbe la concesión de este tipo de amnistía en lo que respecta a violaciones graves del derecho internacional humanitario o violaciones flagrantes del derecho internacional de los derechos humanos.

En Ucrania, aunque se han iniciado numerosos procedimientos, no tengo conocimiento de que se haya completado ninguna investigación penal de personal ucraniano por detención arbitraria, desaparición forzada o tortura contra civiles. Acojo con satisfacción la creación de un mecanismo por parte de Ucrania para indemnizar a las víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas relacionadas con el conflicto.

Las cuestiones expuestas en nuestros informes resultan muy perjudiciales para los derechos humanos del pueblo ucraniano y deben abordarse con urgencia. Asimismo, me solidarizo sinceramente con todas las personas afectadas por la destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de Kakhovka el mes pasado en la región ocupada de Kherson, y cuyos derechos se verán afectados durante mucho tiempo por este acto de guerra cruel. El daño medioambiental en general es una de las consecuencias horribles de esta guerra que repercutirá gravemente en las generaciones venideras. Me siguen inquietando profundamente las implicaciones enormes para los derechos humanos que puedan tener la situación precaria de Zaporizhzhia y otras centrales nucleares.

Estas y otras cuestiones de derechos humanos tienen repercusiones de gran alcance en la región y en todo el mundo, habida cuenta del papel fundamental de Ucrania en el suministro mundial de alimentos y otros sectores comerciales clave.

No hay más que una solución para esta tragedia inmensa: que quienes tengan influencia en la situación trabajen por garantizar una paz justa, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Gracias.