Actualización Oral sobre avances globales en materia de derechos humanos y sobre las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Actualización Oral de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en el 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre avances globales en derechos humanos

Distinguido Presidente,
Excelencias,
Colegas y amigos,

Es un honor para mí dirigirme a ustedes hoy, en lo que continúa siendo un período muy difícil para la promoción y protección de los derechos humanos. 

Desde la última vez que estuvimos reunidos, la guerra en Ucrania ha seguido destruyendo las vidas de muchas personas y causando el caos y destrucción. Los horrores inflingidos a la población civil dejarán una marca ineludible, incluso para las generaciones futuras. 

Sus ramificaciones sociales, económicas y políticas se extienden por toda la región y el resto del planeta, sin que exista un final a la vista. 

Una crisis global de alimentos, combustible y económica amenaza con arrojar a millones de personas a la inseguridad alimentaria y la pobreza.  1,2 mil millones de personas viven en países que están gravemente expuestos y son vulnerables a las tres dimensiones de economía, alimentos y energía, y además de forma simultánea. 

El Programa Mundial de Alimentos calcula que la cifra de personas que sufren inseguridad alimentaria grave crecerá desde los 276 millones a comienzos de 2022 hasta los 323 millones durante el curso de este año. 

De acuerdo con el Grupo de Crisis Mundial y Respuesta de las Naciones Unidas, la suma de la subida de los precios de los alimentos y la energía, la inflación en aumento, las restricciones a las exportaciones, y un endurecimiento de las condiciones financieras tendrá consecuencias desastrosas, en especial para los más vulnerables. 

Las desigualdades entre y dentro de los propios países están disparadas, lo que pone en riesgo las recuperaciones de la COVID-19, socava los avances en la implementación de los ODS y ralentiza las medidas contra el cambio climático. 

A la vista de estos múltiples desafíos interrelacionados y el aumento de las tensiones globales, muchas de las personas con las que me he reunido dudan no solo de su propio futuro, sino también del futuro de las sociedades y de nuestro planeta. 

Yo comprendo y comparto sus temores. 

Resulta tentador volver a conectar el modo de emergencia y centrarse en apagar los primeros fuegos que tenemos a mano. 

En efecto, son necesarias medidas más consistentes e inmediatas para hacer frente a los efectos más graves de la crisis y limitar el sufrimiento humano. 

Pero esto no es suficiente. 

Necesitamos invertir en herramientas para poder solventar las condiciones que provocan estas crisis. 
Yo apelo a que todos nosotros, precisamente en este momento que tenemos esta grave y profunda amenaza, sigamos la ruta que habíamos diseñado tras la pandemia de COVID-19. 

Nos reunimos en foros multilaterales, en debates de alto nivel y en reuniones con donantes para debatir sobre soluciones globales y situar a las personas como centro de nuestras iniciativas.  Nos comprometimos a aprender de las lecciones que nos deja la pandemia, y a recuperarnos mejor. 

Ávida por evitar las consecuencias desastrosas del período de austeridad que siguió a la crisis económica de 2008, la comunidad internacional aceptó cambiar el rumbo: construir conjuntamente sociedades transformadoras que aspiren a tener economías más ecológicas y más resilientes a las crisis. 

Nos encontramos ahora ante un examen vital de este compromiso.  Y es nuestra obligación hacer realidad este compromiso. 

La Agenda 2030 y el Acuerdo de París deben seguir siendo nuestro plan maestro para hacer realidad esta ambición. 

En los ocho años que aun tenemos por delante debemos adoptar medidas valientes y urgentes para procurar el cambio transformador necesario para poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Este reconocimiento ha inspirado nuestro Programa Común y el Llamamiento a la Acción por los derechos humanos, en el cual el Secretario General apela a un multilateralismo más interconectado e inclusivo, en el que distintas partes unan sus fuerzas para hacer frente a los desafíos globales e interconectados a los que se enfrenta la humanidad.  

Con este ánimo, y basándonos en el trabajo de mi oficina, permítanme destacar cuatro esferas de intervención que espero puedan ofrecernos un rumbo para navegar en las crisis actuales.  
En primer lugar, debemos luchar contra la desigualdad y la discriminación. 

Vivimos en un mundo con una enorme desigualdad. Un estudio ha calculado que las desigualdades globales que existen en la actualidad son tan grandes como las existentes a principios del siglo veinte. 
El Banco Mundial había previsto que 198 millones más de personas vivirían en extrema pobreza durante 2022 a causa de la COVID-19.  Ahora se calcula que solo los precios mundiales de los alimentos añadirán otros 65 millones de personas a ese total.

A la vez que personas pertenecientes a todos los grupos de ingresos experimentaron pérdidas durante la pandemia, fue el 20 por ciento más pobre el que sufrió la disminución más drástica de sus ingresos.  Y el 40 por ciento más pobre no ha empezado aun a recuperarse de la pérdida de sus ingresos. 

Y conforme el cambio climático sigue empeorando para todo el planeta, vuelven a ser los más pobres y vulnerables los que se llevan la peor parte. 

La capacidad de las personas para lidiar con otra nueva crisis es cada vez más reducida. 

Por ello debemos redoblar nuestro compromiso de corregir las desigualdades y la discriminación.  Hoy sabemos que una mayor igualdad puede resultar un motor de desarrollo incluso más poderoso que el crecimiento a la hora de reducir la extrema pobreza, el cual es un objetivo clave de la Agenda 2030. 

Mi Oficina continúa extendiendo su trabajo para hacer frente a la desigualdad y la discriminación, incluyendo mediante la contribución a los esfuerzos para desarrollar criterios de medición más allá de los ODS, que cubran una gama de desigualdades, con el fin de medir el progreso.  En una serie de países de Europa y América, hemos proporcionado orientación y formación a autoridades nacionales y agencias de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la discriminación y los derechos de las minorías y los pueblos indígenas.

Prestamos nuestro apoyo a varios países para que implementaran la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que incluyen entre otros: Georgia, Malawi, Mozambique y Macedonia del Norte.

Conseguir avances reales también depende de investigar y conseguir justicia para las víctimas de discriminación.  El ACNUDH ha ofrecido asesoramiento técnico destinado a mejorar los protocolos de investigación sobre asesinatos de mujeres por violencia de género, por ejemplo en Chile y Honduras. 

Mi Oficina también ha contribuido con el desarrollo de unas orientaciones operativas aplicables a todo el sistema de las Naciones Unidas para la labor a nivel de países de las Naciones Unidas dentro de la campaña No dejar a nadie atrás.

En Guinea-Bissau, juntamente con el equipo de las Naciones Unidas en el país y el Gobierno, ayudamos a realizar consultas por todo el país, incluyendo a los grupos más desfavorecidos, para asegurar un enfoque basado en los derechos humanos, y dentro del primer examen nacional voluntario del país.  Mi Oficina también ayudó al gobierno de Serbia a incorporar el compromiso de No dejar a nadie atrás en las políticas y legislaciones gubernamentales.  El desarrollo de un Plan de Acción para la Estrategia Nacional contra la Discriminación aprovechará estos esfuerzos.

Esto me lleva a la cuestión del desglose de datos.  No podemos arreglar aquello que no vemos.  Los datos desglosados, fundamentales para luchar contra las desigualdades, y de forma especial en el contexto actual, siguen sin estar en su mayor parte disponibles, en especial en lo que se refiere a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación.

Existe una necesidad urgente de afianzar las capacidades estadísticas de los países, incluyendo con un aumento de apoyo internacional.  Para este fin, junto con el PNUD, mi Oficina lanzó un proyecto conjunto para reforzar los equipos en el país de las Naciones Unidas y las capacidades de las INDHs sobre ODS y prevención, incluyendo indicadores y datos desglosados sobre grupos marginados y vulnerables. 

En segundo lugar, los presupuestos nacionales deben integrar derechos humanos.

Si los presupuestos nacionales integran obligaciones de los Estados respecto de los derechos humanos y son diseñados y se implementan usando un enfoque basado en los derechos humanos, estos podrán convertirse en un instrumento poderoso para promocionar los ODS. Si los presupuestos asignan suficientes recursos para que sufraguen al menos niveles mínimos básicos de derechos económicos y sociales, podremos conseguir mejores resultados en la esfera del desarrollo.

El incremento del gasto nacional en sectores sociales, con especial atención a la accesibilidad, la viabilidad, la calidad de los servicios y la no discriminación, en especial en el contexto actual, reforzará la capacidad de los países para resistir las adversidades.

A este respecto, mi Oficina viene asistiendo a los países para que examinen sus presupuestos, movilicen recursos y creen más espacios fiscales usando un planteamiento basado en los derechos humanos.

Por ejemplo, a través de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia, ayudamos a evaluar el cumplimiento con los derechos humanos de un plan de transferencia de efectivo para protección social diseñado por el Gobierno.  Usando las recomendaciones y consultas inclusivas del EPU, se realizaron varias propuestas para movilizar recursos nacionales y con el objetivo de aliviar la deuda, con vistas a no dejar a nadie atrás.

Distinguido Presidente, 

La pandemia de COVID-19 sirvió para ilustrar el poder estabilizador que tiene la protección social.

Los Estados adoptaron y financiaron medidas innovadoras durante la pandemia: ampliaron la cobertura a los trabajadores informales, los migrantes sin documentación y las poblaciones vulnerables específicas; algunos integraron elementos sensibles a cuestiones de género; algunos aumentaron las prestaciones de protección social; y se promulgaron leyes para dar apoyo a empleados y trabajadores autónomos.

Estas medidas contribuyeron a mitigar las repercusiones socio-económicas de la pandemia.

Y aun así, actualmente, más de 4 mil millones de personas, más de la mitad de la población mundial, siguen sin tener acceso a ninguna protección social. El Grupo de Crisis Mundial y Respuesta de las Naciones Unidas advierte que los países en desarrollo pierden 1,2 billones de dólares anuales cada año para intentar solventar las deficiencias en protección social.  El Grupo advierte que a menos que no se amplíen adecuadamente los sistemas de protección social, las personas se verán obligadas a tomar decisiones con consecuencias severas para la salud, educación y medios de vida.

La inversión en sistemas de protección social ofrece resultados a corto plazo al servir para mitigar las crisis, y a largo plazo propiciando el desarrollo humano y la productividad económica, además de potenciar instituciones más resilientes.

Mi Oficina también apoyó a los Estados en sus esfuerzos en este campo.

En Timor Leste, juntamente con el Gobierno y la OIT, estamos analizando estrategias para ampliar la cobertura de protección social a las trabajadoras informales quienes resultan afectadas de forma desproporcionada por la pobreza.

Mi oficina también colaboró con la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo para elaborar su Ley Modelo sobre Gestión de Finanzas Públicas.  Ofrecimos orientaciones sobre inversiones en el sector social basadas en derechos humanos y realizamos recomendaciones sobre opciones de movilización de recursos a nivel nacional, que incluyen un sistema fiscal progresivo.  Esta ley puede servir, esperamos, como referencia para parlamentos nacionales a la hora de reforzar su marco legal nacional sobre gestión de finanzas públicas.

Los países cuentan con capacidades diferentes para invertir en protección social.  Por lo tanto, vemos que existe más que nunca la necesidad de sistemas de protección social que sean universales, integrales y sostenibles, tal como demandan los derechos humanos y la recomendación 202 de la OIT.

Los avances reales solo pueden ocurrir si iniciativas valientes como las propuestas por el Fondo Mundial para la Protección Social pueden iniciar su andadura.

En tercer lugar, una mayor cooperación y solidaridad internacionales, incluyendo el alivio de la deuda, son necesarias en este momento.

Sin un impulso significativo en los recursos económicos, seremos incapaces de conseguir los ODS. 

El déficit de financiamiento para conseguir los ODS se ha agrandado en más del 70 por ciento hasta suponer una cifra anual de 4,3 billones de dólares americanos. 

Este déficit demanda que los países movilicen recursos públicos y privados tanto a nivel nacional como internacional.  Aun así, la espiral ascendente de la deuda y las perspectivas inciertas que ofrece el panorama económico, las cuales se agravarán aun más con el contexto actual, están retrasando el avance de muchos países en desarrollo.  En 2022, se calcula que estos países necesitarán de 311 mil millones de dólares americanos para satisfacer su deuda externa pública, que asciende al 13,6 por ciento de la recaudación pública.

El refuerzo de los sistemas fiscales puede ayudar sin duda a consolidar los recursos nacionales adicionales en todos los países.

Pero para numerosos países a diversos niveles de desarrollo, la ayuda es esencial. 

Con este telón de fondo, apelo a los países a que recuerden nuestro compromiso de reconstruir mejor.  Este es el momento de redoblar esfuerzos para conseguir el objetivo de AOD del 0,7 por ciento, provistos del conocimiento que tenemos de que el gasto social que hagamos hoy arrojará mejores resultados sociales en el futuro.

Acechando detrás de estas dudas económicas se halla una crisis de deuda amenazante, tal como ya advirtió el Secretario General.

Por ende, se necesita de forma urgente una acción temprana y coordinada de todos, en especial de instituciones financieras internacionales, aunque también de acreedores públicos y privados.

Es necesario financiar y poner en funcionamiento en su totalidad mecanismos internacionales de financiación para que respalden respuestas fiscales nacionales sólidas y así poder cumplir con los ODS.

También debemos mejorar la regulación de actores del sector privado como por ejemplo las agencias de calificación.  Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos pueden servir de guía sólida para una mejor alineación entre la inversión privada y los derechos humanos y los objetivos de desarrollo.

Finalmente, con el fin de dirigirnos hacia un sistema con soluciones de deuda que sean coordinadas, integrales y sostenibles, necesitamos de una reforma del marco financiero internacional.

Además, el papel de las instituciones financieras internacionales es vital para apoyar a los países endeudados.  La normativa internacional de derechos humanos ofrece el marco para hacer posible este apoyo, incluso para saber cómo mitigar el retroceso en la realización de derechos.  Esto supone asegurarse que las medidas adoptadas no dan como resultado resultados discriminatorios, en especial para los más marginados.

Y por último, el espacio cívico.   Me gustaría acabar mi intervención hablando sobre lo que considero que es el elemento más fundamental, y valioso, para poder construir resiliencia en tiempos de crisis.

Vivimos tiempos donde hace falta una mayor, y no menor, transparencia y un espacio más amplio para la participación cívica si nos mantenemos firmes en nuestro compromiso para construir sociedades transformadoras y más sostenibles.  Un espacio cívico efervescente es una oportunidad para una sociedad estable y segura.  Y aun así,  continuamos documentando ataques contra defensores y periodistas, en línea y fuera de línea, por todo el planeta.

No podemos separar los avances en cuanto a objetivos económicos, como por ejemplo la reducción de la pobreza, de los derechos de aquellos que son los supuestos beneficiarios de estos avances, incluyendo el derecho de estas personas a ser escuchadas.

Yo sé y he visto cómo una vida con dignidad significa garantizar los derechos a un empleo, a vivienda, a alimentos, a agua y a saneamiento.

Yo también he experimentado de primera mano cómo estos derechos solamente pueden ser protegidos y respetados si las personas cuentan con el espacio para expresar sus puntos de vista y para exigir el cambio que desean que ocurra.

Juntos, estos derechos suponen la fuerza vital para una sociedad dinámica, justa y pacífica.

Por el contrario, el detener a aquellos que protestan de forma pacífica, el cierre de los medios independientes, la detención de abogados, estas son todas medidas que no solamente violan los derechos, también dañan los pilares de nuestra prosperidad y seguridad.

Las lecciones que podemos aprender son claras, y son además visibles en los países más poderosos del mundo, en Occidente y Oriente.  Cuando aprobamos leyes que discriminan basándose en la religión, que eligen la opción más fácil creando perfiles para grupos enteros, que otorgan licencias amplias a los encargados de aplicar la ley sin contar con una supervisión independiente suficiente, estamos dañando no solo nuestra credibilidad sino también nuestra estabilidad.  El terrorismo es una plaga que nos afecta a todos en su horror y nos une en el compromiso para combatirlo.  Pero solamente podremos tener éxito combatiendo el terrorismo si, en el proceso, respetamos plenamente los valores que estamos defendiendo.

Me siento orgullosa de liderar los esfuerzos emprendidos por las Naciones Unidas, dentro del Llamamiento a la Acción del Secretario General, con el fin de hacer que la participación de la sociedad civil sea más inclusiva y segura.  Mi Oficina lideró iniciativas para desarrollar las notas orientativas del sistema de las Naciones Unidas sobre el espacio cívico, y ha apoyado además a redes de defensores de derechos humanos en el Pacífico y las Américas así como a las redes de Defensoras de Derechos Humanos en Etiopía, Tanzania y en otros lugares de África oriental. 

Distinguido Presidente, 
Excelencias,

Las respuestas de los estados a nuestros desafíos cada vez mayores conforman o distorsionan la realidad que viven los seres humanos en todos los lugares.  Unas elecciones libres y justas son clave, pero las personas medirán el éxito de una democracia en la medida en que supongan diferencias tangibles en sus vidas.

Los derechos humanos reafirman lo que los economistas nos explican: que los avances en derechos humanos y desarrollo son adecuados desde el punto de vista económico y que ofrecen mejores resultados a medio y largo plazo.

Los derechos humanos son el instrumento para dar respuesta a presiones políticas como remedio rápido. 
Y estos son los instrumentos que consiguen unir a las personas.

Este no es un camino de rosas: las sociedades abiertas pueden resultar caóticas, con sus defectos visibles para todo el mundo, y sus resultados no son inmediatos.

Pero el camino a seguir es firme y constante.  Yo espero que podamos mantenernos unidos durante este camino.

Distinguido Presidente, 
Excelencias,

Desde la última vez que les ofrecí una actualización sobre nuestro trabajo, he llevado a cabo dos visitas de país: primero a Afganistán y más recientemente a China.  Les ofreceré una actualización individual sobre Afganistán el próximo miércoles.

Durante mi visita a China participé en diálogos con líderes y funcionarios del nivel más alto a nivel nacional, y me reuní con  representantes principales a nivel regional en Guangdong y Xinjiang.

Tuvimos conversaciones sobre cuestiones específicas de derechos humanos, incluyendo violaciones en el contexto de las políticas de China en su lucha contra el terrorismo y para salvaguardar la seguridad nacional, la protección de los derechos de minorías étnicas y religiosas, la protección judicial y legal incluyendo las de las mujeres, los derechos humanos en el espacio digital, así como sobre empresas y derechos humanos.  También expresé mi preocupación en relación a la situación de los derechos humanos de los Uigures y otras minorías predominantemente musulmanas en Xinjiang, incluyendo la detención arbitraria extendida y pautas de abuso, tanto en el sistema VETC como en otros centros de detención.  La evaluación por parte de mi Oficina sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang está en proceso de actualización.  Compartiremos esta actualización con el Gobierno para posibles comentarios concretos antes de su publicación.

Además, manifesté mi preocupación sobre la cuestión de derechos humanos en las regiones de Tíbet y Hong Kong y debatí posibles medidas de seguimiento con mi Oficina.

Estoy también muy agradecida por las conversaciones sinceras y esclarecedoras que mi equipo y yo mantuvimos con supervivientes y sus familiares y  con representantes de la sociedad civil, incluso con algunos que residen fuera del país, y cuya información y puntos de vista son imprescindibles.

Siempre he destacado la importancia del diálogo en mi interacción con todos los Estados Miembros, incluso sobre las cuestiones más espinosas.  Para el futuro, hemos acordado con el Gobierno de China celebrar una reunión de alto nivel anual sobre derechos humanos además de continuar dialogando en relación a los temas referidos anteriormente y acerca de cuestiones específicas de derechos humanos que nos preocupan.  Actualmente estamos elaborando medidas concretas para poner en práctica todos estos acuerdos.

Me gustaría ahora ofrecerles una actualización sobre unas pocas situaciones críticas que demandan medidas urgentes.  Me encargaré a continuación de aquellas situaciones que son el centro de debates individuales durante este período de sesiones: Afganistán, Irán, Myanmar, Nicaragua, Sudán, Siria, Ucrania y Venezuela.

Sigo preocupada por la continua impunidad por violaciones de derechos humanos.

En Haití,  la impunidad por corrupción y violaciones y abusos de derechos humanos supone un problema estructural y duradero además de una de las causas originarias de la violencia.   El rápido deterioro de la situación de derechos humanos, en especial en el área metropolitana de Puerto Príncipe, es el resultado de choques violentos entre bandas fuertemente armadas que están extendiendo su control por la capital.  Los asesinatos, secuestros, y violencia sexual, incluso contra niños, son utilizados para infundir el miedo y desplazar a la población local.  Es necesario que la comunidad internacional adopte medidas urgentes y generales para luchar contra la violencia sexual y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.

En su viaje reciente a Sudán del Sur, mi Subsecretaria General de Derechos Humanos solicitó a las autoridades que lucharan contra la impunidad, exigieran responsabilidades a los autores de violaciones de derechos humanos y fomentaran el resarcimiento a las víctimas, pese a reconocer algunos avances en el ámbito de la justicia de transición. El vacío institucional en Abyei, que impide impartir justicia y exigir cuentas por las violaciones, incluidas las relacionadas con los asesinatos de civiles en el contexto de la violencia intercomunitaria, sigue siendo preocupante.

En Kazajistán, acojo con satisfacción las investigaciones relacionadas con los sucesos que tuvieron lugar a principios de este año, y pido garantías para que se lleven a cabo de forma exhaustiva e independiente, y para que se exijan responsabilidades.

Insto a las autoridades israelíes a iniciar una investigación penal sobre el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh, a hacer públicas las conclusiones y los resultados con prontitud, y a exigir responsabilidades a los autores. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Israel debe investigar y garantizar la debida rendición de cuentas en todos los casos de muerte y lesiones graves infligidas por las fuerzas israelíes.  El clima de impunidad reinante está alimentando más violaciones y violencia: en los primeros seis meses de 2022 han continuado los altos índices crónicos de palestinos asesinados y heridos, entre ellos niños, a manos de las fuerzas israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.

Me siguen preocupando las amenazas al Estado de derecho en varios países.

En Turquía, los juicios y las penas de prisión para activistas y adversarios políticos como Osman Kavala, los otros siete acusados y Canan Kaftancıoğlu son preocupantes, puesto que parecen ser un objetivo por sus opiniones discrepantes. En la etapa preelectoral, pido que se preste atención especial a las libertades fundamentales, a la participación política, a las debidas garantías procesales, a la igualdad de género y a abordar el aumento de la violencia y el sentimiento contra los refugiados.

Me inquietan los planes del Reino Unido de sustituir una de sus disposiciones legislativas más importantes sobre derechos humanos —la Ley de derechos humanos— por otra legislación más limitada. Me preocupa que  la derogación de elementos esenciales de la Ley de derechos humanos pueda socavar el acceso a la justicia y el derecho a recursos efectivos, cree inseguridad jurídica y aumente los costes.

En Guatemala, observamos un patrón de ataques contra los funcionarios judiciales durante un periodo prolongado por su trabajo en casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos, corrupción e impunidad.  El Estado debe garantizar la independencia de las instituciones judiciales, así como la protección de los funcionarios judiciales.

En México, aliento el fortalecimiento de las instituciones civiles para establecer un plan ordenado de retirada de los militares de las tareas de seguridad pública.

En Singapur, también me preocupan las ejecuciones recientes de dos personas por delitos relacionados con las drogas. Se calcula que hay más de 60 acusados en el corredor de la muerte. Insto al gobierno a imponer una suspensión de la pena de muerte, sobre todo para los delitos no violentos relacionados con las drogas, dado que más de 50 personas afrontan esta sanción irreversible por delitos relacionados con las drogas y cuya gran mayoría ha agotado los recursos.

Felicito el anuncio de las medidas adoptadas para abolir la pena de muerte en su totalidad en la República Centroafricana y para eliminar la pena de muerte obligatoria en Malasia, así como la promesa hecha por el presidente de Zambia de abolirla en su país. Exhorto a todos los Estados que aún no la hayan abolido a que se sumen a la tendencia mundial a favor de la abolición universal y a que respeten plenamente el derecho a la vida.

Aunque reconozco el deber del Estado de abordar la criminalidad creciente y garantizar la seguridad, pido a las autoridades que garanticen una aplicación de las medidas conforme al derecho internacional de derechos humanos.

Por ejemplo, en El Salvador, las medidas adoptadas durante el estado de emergencia para combatir la violencia de las bandas, junto con las modificaciones sucesivas del derecho penal, aumentan el riesgo de detención arbitraria y tortura de los detenidos. Más de 38.000 personas han resultado detenidas en el marco del estado de emergencia, lo que suscita preocupación por el respeto de las garantías procesales. Son motivo de especial preocupación las al menos 21 muertes acaecidas durante las detenciones, según indican fuentes oficiales.

En Colombia, celebro el carácter pacífico y democrático de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y confío en que un espíritu similar rija la segunda vuelta y se garanticen los derechos políticos. Insto a aplicar de forma efectiva el acuerdo de paz, sobre todo a desmantelar los grupos responsables del aumento de la violencia. Acojo con agrado los avances importantes en materia de justicia de transición, incluido el reconocimiento de responsabilidad por parte de los militares por los asesinatos de civiles presentados falsamente como muertos en combate. Pido al Estado que asegure unos mecanismos de justicia de transición independientes y que garantice la protección de los testigos y las víctimas participantes.

Desde los recientes cambios inconstitucionales de poder en Burkina Faso, Chad, Guinea y Malí, aguardamos unas hojas de ruta de transición y unos calendarios electorales razonables para ceder el poder a gobiernos dirigidos por civiles con legitimidad democrática. Exhorto a que se introduzcan transiciones inclusivas que aborden los agravios generales de las poblaciones y construyan sociedades democráticas basadas en la rendición de cuentas y el Estado de derecho.

En la República Centroafricana y Malí, mis oficinas sobre el terreno han registrado un empeoramiento de la situación de los derechos humanos a medida que aumentan las operaciones militares del Estado, incluso, según se informa, con el despliegue de agentes militares privados. En Burkina Faso, los civiles son víctimas de ataques y amenazas por parte de grupos extremistas armados, así como de operaciones militares y de seguridad nacionales con el apoyo de los Volontaires pour la Defense de la Patrie, una milicia progubernamental.

Las asociaciones regionales y las respuestas colectivas a los retos de seguridad y a las amenazas de terrorismo en el Sahel son cruciales. Lamento la paralización de la Fuerza Conjunta del G5 del Sahel causada por la decisión de Malí de retirarse de todos los órganos del G5 del Sahel. Mi Oficina mantiene su compromiso de apoyar a los agentes nacionales y regionales para proteger a los civiles en la región del Sahel y garantizar la rendición de cuentas.

Además de la nueva escalada de violaciones y abusos de los derechos humanos en el marco del conflicto en Etiopía septentrional, me preocupan los informes sobre violaciones y abusos de los derechos humanos en las regiones de Benishangul-Gumuz y Oromia, incluidos los ataques contra civiles, las detenciones arbitrarias y la destrucción de propiedades. Las crecientes tensiones religiosas en varias ciudades señalan la necesidad de abordar los problemas subyacentes.

En Yemen, la tregua frágil iniciada el 2 de abril de 2022 sigue vigente en el marco de la gran inseguridad alimentaria, por lo que pido a todas las partes que acepten su prórroga y que colaboren con el Enviado Especial a la hora de aplicar todas sus disposiciones. A esto le siguió la transferencia del poder ejecutivo a un Consejo de Liderazgo Presidencial que, lamentablemente, no incluye a ninguna mujer. Exhorto a este Consejo a que también dé prioridad al fin pacífico de la huelga del poder judicial, la cual ha afectado negativamente a las garantías procesales.

También quisiera llamar la atención sobre el impacto que tiene la guerra en Ucrania en aquellos que se encuentran atrapados en conflictos prolongados de la región, incluyendo partes de la región del Cáucaso meridional, los Balcanes occidentales, así como la región de Transnistria en Moldova. Animo a intensificar el compromiso a través de las negociaciones existentes para contribuir a la prevención, el fomento de la confianza y la protección en la región.

Y observamos consecuencias preocupantes sobre los derechos humanos como resultado de las crisis económicas y de otro tipo en algunos países.

Por ejemplo, en Sri Lanka, insto al Gobierno a garantizar la ayuda inmediata a los grupos más marginados y vulnerables y a dar prioridad a la protección social mientras se negocia un plan de recuperación.  Espero que los esfuerzos se centren en reformas institucionales más profundas que garanticen una mayor transparencia y responsabilidad en la gobernanza, reduzcan las desigualdades y promuevan la reconciliación y la justicia para todas las comunidades.

El aumento de la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria y la reducción del acceso a la atención sanitaria y a otros servicios esenciales en Líbano resultan preocupantes. Tras las recientes elecciones, pido la formación urgente de un gobierno nuevo que pueda promulgar reformas basadas en los derechos humanos. También pido a las autoridades que hagan posible la reanudación inmediata de la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut, la cual se produjo hace casi dos años, con el fin de garantizar la depuración de responsabilidades.

Me siguen preocupando las probables repercusiones del brote de COVID-19 notificado en la República Popular Democrática de Corea sobre los derechos humanos. Ante la ausencia de un despliegue de vacunación, la infraestructura sanitaria limitada y la situación alimentaria precaria, es probable que las repercusiones sean graves, especialmente en las poblaciones vulnerables. Una vez más insto a la comunidad internacional a suavizar las sanciones para permitir la ayuda humanitaria urgente y la relacionada con la COVID, y animo a la República Popular Democrática de Corea a abrir canales para la ayuda humanitaria, incluida la presencia de personal de las Naciones Unidas.

En cuanto a Angola y Kenia, me sumo al sistema de las Naciones Unidas para expresar la esperanza de que se celebren elecciones pacíficas e inclusivas, en las que los angoleños y los kenianos puedan ejercer con libertad y seguridad sus derechos y libertades fundamentales, sin discriminación, como está garantizado en sus Constituciones.

Excelencias,

Estoy cada vez más alarmada por los importantes retrocesos relacionados con los derechos de la mujer, especialmente en el ámbito de la salud y derechos sexuales y reproductivos. Las leyes de aborto restrictivas y los obstáculos en la práctica suponen una amenaza para los derechos humanos, con un impacto desproporcionado en las mujeres con recursos limitados. Los abortos inseguros son una de las causas principales, aunque evitables, de morbilidad y muchas veces de mortalidad materna. La salud y derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para el bienestar de las mujeres y para el desarrollo. Acogo con beneplácito la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en febrero de despenalizar el aborto, tras los avances positivos que se han producido en todo el mundo, siendo los casos más recientes en Argentina y México, en relación con estos derechos. 

Es el momento de avanzar, no de imponer más restricciones a estos derechos esenciales, como se está considerando en Estados Unidos de América.

En mi actualización a este Consejo en marzo, subrayé la tendencia inquietante a la reducción del espacio cívico, que incluye ataques a defensores de derechos humanos y periodistas, y restricciones indebidas a la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Estas tendencias continúan.

En Brasil, me alarman las amenazas contra los defensores de derechos humanos en relación con el medio ambiente y las poblaciones indígenas, incluida la exposición a la contaminación por la extracción ilegal de oro. Preocupan los casos recientes de violencia policial y racismo estructural, así como los ataques contra legisladores y candidatos, especialmente afrodescendientes, mujeres y personas LGBTI+, antes de las elecciones generales de octubre. Hago un llamamiento a las autoridades para que garanticen el respeto de los derechos fundamentales y las instituciones independientes.

En la Federación de Rusia resulta preocupante la detención arbitraria de un gran número de manifestantes contra la guerra. Se han impuesto nuevas restricciones penales, entre ellas, la prohibición general de difundir información basada en nociones imprecisas y ambiguas, como "noticias falsas" o "información no objetiva". Asimismo, lamento el aumento de la censura y las restricciones a los medios de comunicación independientes.

En Tayikistán deben respetarse las normas sobre garantías procesales en los casos de presuntas violaciones de derechos humanos contra activistas, periodistas y blogueros. Aliento al gobierno a que establezca una comunicación constructiva con todas las comunidades, garantice la libertad de expresión para todos y respete sus compromisos internacionales de derechos humanos.

Excelencias,

En cierto momento se supuso que la globalización creciente, la cual trajo consigo intereses económicos y tecnológicos convergentes, podría protegernos de la división.

Pero estamos experimentando lo contrario.

Asistimos a una polarización más profunda, en la que los acontecimientos y comportamientos globales alejan aún más a los Estados. Algunos de ellos se muestran cada vez más inflexibles en sus posturas y otros se ven atrapados en el fuego cruzado.

En estas circunstancias el diálogo queda estancado.

El diálogo necesario para producir un cambio real solo puede entablarse si los problemas se tratan con un propósito común y nos centramos en lo que nos une, en lugar de lo que nos divide. 

Sugiero que reunamos un mayor sentido de responsabilidad y ambición colectiva que anteponga a las personas, su protección y sus derechos.

Así podremos estrechar filas, convencidos de seguir nuestro rumbo para garantizar una vida digna para todos.

Distinguido Presidente, 
Excelencias,

A medida que mi mandato como Alta Comisionada llega a su fin, el 50º período de sesiones histórico de este Consejo será el último al que me dirija. Este Consejo, a pesar de todas las diferencias de sus miembros, sigue siendo fundamental para proteger y promover los derechos humanos que constituyen la base de nuestra humanidad común. Ha demostrado su capacidad para hacer realidad esta tarea. Por eso les animo a todos a seguir propiciando el diálogo, a estar dispuestos a escuchar a los demás, a comprender los respectivos puntos de vista y trabajar en pos de determinar aspectos comunes, todo ello como requisitos previos para lograr soluciones duraderas a los problemas que nos amenazan a todos.

El trabajo de este Consejo también es más rico por las voces y la participación de la sociedad civil en toda su diversidad. Animo al Consejo a preservar y mejorar su contribución y participación únicas en este foro.

Les doy las gracias.