La pobreza vuelve a la gente especialmente vulnerable a la injusticia

Pena capital: La pobreza y el derecho a la asistencia letrada
Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

Nueva York, 25 de septiembre de 2018

Distinguidos Ministros,
Excelencias,
Colegas y amigos:

Cuando asumí las funciones de Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el pasado 1 de septiembre, una de las primeras invitaciones que acepté complacida fue la de inaugurar esta mesa redonda sobre pena de muerte y pobreza. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los Estados Miembros que auspician este evento: Italia, Brasil, Burkina Faso, Francia y Timor Leste.

Al examinar la cuestión de la pena capital, medité sobre una serie de temas. Quisiera compartir con ustedes esta reflexión, porque esa secuencia genera un contexto esencial.

En primer lugar: Los Estados Miembros aprobaron la Agenda 2030 en el año 2015. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conforman una visión global de paz, derechos humanos y desarrollo. Su esencia se deriva de los derechos humanos –el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda adecuada y muchos otros. El Secretario General atribuyó a los ODS la condición de prioridad principal y actualmente las Naciones Unidas colaboran con los Estados Miembros en la reforma del sistema de desarrollo con miras a alcanzar esos fines.

En segundo lugar, algunos elementos indispensables para el éxito de los ODS están más allá del simple desarrollo. Si realmente nos proponemos “que nadie quede rezagado”, las actividades de desarrollo deben basarse en el Estado de Derecho. Es preciso que los Estados Miembros y las autoridades nacionales y municipales basen su actuación en un corpus jurídico adecuado, a fin de aplicar la normativa de derechos humanos que es uno de los aspectos fundamentales de los ODS. La ley orienta las decisiones relativas a las políticas y los presupuestos que impulsan la aplicación de los ODS. Los sistemas de justicia proporcionan la rendición de cuentas necesaria para garantizar que las leyes se aplican correctamente, así como la posibilidad de recurso cuando su aplicación es incorrecta. Para aprovechar los ODS y salir de la pobreza, todos, especialmente los más pobres, deben tener la capacidad de apoyarse en el Estado de Derecho.

En tercer lugar: cuando decimos “Estado de Derecho” estamos diciendo derechos humanos. Mientras me preparaba para ejercer el puesto de Alta Comisionada, volví a leer la Declaración de Viena sobre derechos humanos de 1993, que preludió la creación de esta Oficina. En la Declaración quedó patente que los derechos humanos constituyen la base del trabajo que las Naciones Unidas realizan en lo relativo al Estado de Derecho. En ese documento se pidió a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que coordinara un “programa global” para fortalecer el Estado de Derecho.

En cuarto lugar, no hay ejemplo más estremecedor del fracaso del Estado de Derecho que cuando la desigualdad en el sistema judicial se combina con la pobreza para dejar a las personas expuestas a la injusticia suprema de la pena capital. El derecho internacional de los derechos humanos pide la abolición de la pena de muerte, porque considera que es una violación intrínseca de derechos. Pero el derecho internacional de los derechos humanos también se opone a la desigualdad en lo relativo a la aplicación de la pena capital. No cabe duda de que, en la medida en que la pena de muerte siga existiendo, siempre habrá errores o abusos en su aplicación.

En conclusión, en su esencia el tema que nos congrega hoy aquí es la existencia en el mundo entero de personas cuya pobreza las vuelve especialmente vulnerables a la injusticia causada por fallos en los sistemas judiciales y el Estado de Derecho.

En sentido lato, se trata de la consecución de un desarrollo mundial de máxima calidad, tal como prometen los ODS. Se trata de garantizar que el Estado de Derecho se basa en los derechos humanos. Se trata de nuestro respeto a la humanidad y a nosotros mismos.

Si no somos capaces de garantizar que se haga justicia a los pobres, cuando su vida misma está en peligro en el contexto de la pena capital, ¿cómo podremos aspirar a proporcionarles las bases legales necesarias para la consecución de los ODS?

De modo que, al inaugurar esta mesa redonda, pido a los Estados Miembros que:

• Nos ayuden a garantizar que el Estado de Derecho sea el cimiento de la Agenda 2030 y del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas.
• Nos ayuden a garantizar que la acción multilateral relativa al Estado de Derecho se fundamente en los derechos humanos, tal como ustedes estipularon en Viena hace un cuarto de siglo.
• Nos ayuden en la consecución de moratorias y en la eventual abolición de la pena capital, con sistemas judiciales más sólidos que protejan todos los derechos humanos.

Instamos a los Estados a que demuestren su compromiso con la abolición universal de la pena de muerte. La Oficina del ACNUDH se opone al uso de la pena de muerte, en todas las circunstancias.

Encomio una vez más a los Estados Miembros que han tomado la delantera en este asunto y agradezco a los distinguidos ponentes que compartirán su experiencia con nosotros en esta jornada.

Muchas gracias.