Simposio anual Trygve Lie de 2018 sobre defensores de derechos humanos y libertades fundamentales: Un movimiento mundial en pro de la paz

Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

Nueva York, 27 de septiembre de 2018

Distinguido Presidente del Instituto Internacional de la Paz.
Estimados copartícipes de la mesa redonda,
Excelencias,
Colegas y amigos:

Me complace en grado sumo que este simposio figure entre los primeros compromisos de mi mandato de Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Nos hemos congregado aquí en memoria de Trygve Lie, el primer Secretario General de las Naciones Unidas, durante cuyo mandato, hace 70 años, se redactó y aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Este espléndido documento, con su magnífico lenguaje, proclama que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Además –y este es un dato que se olvida con demasiada frecuencia- la Declaración Universal expone en detalle las medidas prácticas que permiten alejarse del conflicto y la miseria, y que conducen a la realización efectiva de los derechos humanos.

Me siento muy honrada de haber recibido el mandato de proteger y promover los derechos humanos en el mundo entero, en el 70º aniversario de esta magna promesa formulada por todos los Estados a sus pueblos respectivos.

La Declaración Universal es un documento vivo –un compromiso permanente y universal con cada ser humano-. En palabras del propio Trygve Lie: “La Declaración ayuda constantemente a que un mayor número de personas sean más coherentes y eficaces al exigir sus derechos y garantizar su cumplimiento”.

Excelencias:

En el 50º aniversario de la Declaración Universal, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre los defensores de derechos humanos, denominada oficialmente “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”.

Esta Declaración otorga a cada persona el derecho  “individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

La Declaración significó un reconocimiento adicional a los activistas de la sociedad civil y dejó muy en claro que la aplicación eficaz de los principios y las normas de derechos humanos depende en gran medida de la labor que realizan los activistas y las agrupaciones de la sociedad civil.

Se trataba de un compromiso de proteger a los defensores de derechos humanos y a sus derechos a la libertad de reunión y asociación. También era un compromiso de garantizar la libertad de información, de reconocer los derechos de los individuos y los grupos a publicar, debatir y llamar la atención de la población hacia cuestiones relativas a los derechos humanos, su derecho a elaborar nuevas ideas acerca de los derechos humanos y a promover su aceptación, y su derecho a participar en los asuntos públicos.

En esa época, el recién fallecido Kofi Annan desempeñaba la Secretaría General. Annan describió el núcleo principal de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos en los siguientes términos: “Cuando se violan los derechos de los defensores de derechos humanos, todos nuestros derechos corren peligro y todos nosotros estamos menos seguros”.

Veinte años después de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos y transcurridos 70 años desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se han logrado progresos.

En el mundo entero, el poder de participación de la sociedad civil ha sustentado grandes avances en materia de dignidad humana y bienestar económico y social, y como resultado de la apertura y la inclusión, ha redundado en una gobernanza más eficaz.

Se han logrado adelantos históricos, en numerosos países, en la consecución de más igualdad y libertad para las mujeres, los miembros de minorías étnicas, religiosas o sociales y muchos otros grupos, entre ellos los colectivos LGBTI y las personas con discapacidad. 

Héroes de ambos sexos han salido a la palestra a fin exigir derechos para sus prójimos y muchos lo han logrado. En numerosos países, ha arraigado firmemente la tradición de que la gente común se agrupe en la consecución de causas comunes, para el bien de todos.

En sus voces resuena el principio proclamado por la Declaración Universal de Derechos Humanos: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”.

Sin embargo, aún persisten sombríos nubarrones. En los últimos años, hemos visto cómo se reduce el ámbito de la sociedad civil. En una amplia gama de países, de todos los continentes, los Gobiernos han impuesto restricciones a las agrupaciones de la sociedad civil, en lo tocante a su capacidad operativa o de recibir financiación, o han incumplido su obligación de incluir, reconocer y proteger a los defensores de derechos humanos, que son atacados por motivos profesionales o personales.

A los defensores de derechos humanos se les calumnia, acusándoles de traidores y terroristas. Tienen que enfrentarse a campañas de difamación y desinformación, al acoso y la intimidación –y esto es particularmente cierto en el caso de las mujeres y los defensores de los derechos del colectivo LGBTI, que a menudo son objeto de ataques sexistas.

Los defensores de derechos humanos reciben amenazas de los funcionarios y sus oficinas son objeto de allanamientos y saqueos. También pueden ser víctimas de detenciones arbitrarias o quedar inermes ante las agresiones físicas, la violencia de género e incluso el asesinato. En los últimos tiempos hemos visto cómo se reprime violentamente a manifestantes pacíficos y se imponen severas condenas por el ejercicio de derechos fundamentales.

También presenciamos esfuerzos generalizados dirigidos a silenciar, deslegitimar y atacar específicamente a quienes defienden los derechos humanos de las mujeres, simplemente porque son mujeres o porque realizan esfuerzos para promover la igualdad de género.

Se emplean tecnologías digitales para reducir aún más el ámbito cívico en numerosos países, propiciando prácticas injerencistas, que vulneran el derecho a la intimidad y contravienen el derecho internacional de los derechos humanos. 

Mediante esos métodos se rastrea la ubicación de los defensores de derechos humanos, lo que facilita su arresto o los ataques a cargo de agentes particulares. Asimismo en algunas redes privadas de comunicación se solicita que se transmita información confidencial sobre las personas que denuncian violaciones de derechos humanos. 

Las campañas en línea contra las defensoras de derechos humanos se orientan a dañar su credibilidad como promotoras, reducir la capacidad de sus voces y estrechar el espacio público ya limitado en el que las activistas puedan movilizarse y marcar la diferencia.

En muchos países, incluso los individuos y las agrupaciones que colaboran con el trabajo de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos son objeto de ataques desembozados. En fecha reciente, el Secretario General Adjunto para los Derechos Humanos señaló en un informe que “se cometen actos de suma crueldad… contra quienes se atreven a cooperar con nosotros: detenciones en condiciones de incomunicación, torturas y malos tratos, confinamiento en solitario durante largos periodos e incluso ejecuciones”. También hemos recibido informes acerca de agresiones sexuales, amenazas de violación, campañas de calumnias en Internet, requisas físicas indiscretas, tratos humillantes o degradantes, y prohibiciones de viaje destinadas a impedir el acceso de determinadas personas a los órganos de las Naciones Unidas.

La magnitud y el alcance de estas represalias contra las personas que cooperan con los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas son muy extensos y su repercusión es visible en países en los que miembros de nuestro personal suelen encontrar a personas que están demasiado atemorizadas para hablar con ellos.

Los efectos de los ataques contra los defensores de derechos humanos son abrumadores para la sociedad en su conjunto. Al acallar la voz de los activistas, estas agresiones contra los derechos socavan profundamente la capacidad del Estado para responder a preocupaciones importantes –y erosionan los pilares de la paz y el desarrollo sostenible-.

El derecho de las personas a exigir sus derechos es fundamental, en sí y por sí mismo. Pero ese derecho es además un vector de muchos otros beneficios.

La participación significativa de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones tiene más probabilidades de garantizar la distribución equitativa de los recursos. Esa participación es esencial para aplicar la Agenda de Desarrollo Sostenible –y esto es verdad para cada ámbito: salud, vivienda, agua o cambio climático. Las mejores soluciones se hallarán cuando los afectados participen de manera significativa en la definición del mejor camino a seguir –y puedan luego aportar información, una vez que la aplicación haya comenzado.

El activismo es también un sólido vector de confianza en importantes instituciones y de acceso a bienes fundamentales. En este sentido, el activismo puede servir de poderoso antídoto al extremismo. Es preciso que hagamos hincapié en este mensaje: la crítica y el debate no son actos de terrorismo, sino herramientas para prevenir el auge de los grupos extremistas violentos.

¿Qué podemos hacer en este momento en que los derechos fundamentales se encuentran sometidos a tan grave presión?

Hay una manera de avanzar y consiste en luchar.

Tenemos que defender los derechos humanos. Tenemos que insistir en la necesidad de que existan espacios de inclusión y seguridad para la sociedad civil, incluso para todos los defensores de derechos humanos. Tenemos que preservar las vidas y la labor de personas que en todo el mundo –no sólo en nuestras sociedades- luchan para dar forma a un mundo de más igualdad, paz, dignidad y bienestar.

Es preciso que nos pronunciemos en favor de nuestras libertades fundamentales. Tenemos que contrarrestar el relato falso y negativo que estigmatiza a los defensores de derechos humanos al calificarlos de enemigos, y recordar a los funcionarios y al público en general que no hay nada más patriótico que luchar por el bien común.

Tenemos que ayudar a que defensores y activistas se unan en redes para defender el ámbito de sus actividades. Es preciso construir puentes para ampliar el apoyo popular a los derechos humanos. Tenemos que alentar a las empresas –incluidas las firmas tecnológicas- a que desempeñen una función más amplia en la protección de la labor de los defensores, porque las libertades públicas son positivas para las corporaciones. Y debemos fundamentar esta argumentación dirigida a los empresarios.

Es preciso realizar esfuerzos de rendición de cuentas más eficaces en los planos nacional, regional e internacional. Debemos tener en cuenta las experiencias y las opiniones de las defensoras y de otras personas que se enfrentan a formas específicas de discriminación y violencia.

Es preciso garantizar la protección y ampliación vigorosas del ámbito cívico para todos los defensores y promotores de derechos humanos en las Naciones Unidas y otros foros internacionales.

Y debemos recordar a los Gobiernos su promesa de que defenderían esos derechos, en aras del sentido común. Porque esos principios contribuyen a forjar sociedades más armónicas y más resistentes, sociedades que son sólidas porque son justas.

Espero con interés vuestras ideas acerca de cómo podemos colaborar en este empeño.

Muchas gracias.