Myanmar: la situación de derechos humanos se ha 'convertido en una pesadilla que no acaba nunca', afirma Türk.

Sr. Presidente,
Excelencias,
Distinguidos delegados y delegadas,

La situación de derechos humanos en Myanmar se ha convertido en una pesadilla que no acaba nunca, lejos de los focos de atención que se presta a las políticas globales.

Desde la última vez que me dirigiera a este Consejo en septiembre pasado, el conflicto armado ha ido escalando y se ha extendido a prácticamente todos los rincones del país.

Tres años de régimen militar han infligido, y continúan infligiendo, niveles insoportables de sufrimiento y crueldad para el pueblo de Myanmar.

Tres años de operaciones militares diseñadas para reprimir, aterrorizar, deshumanizar y destruir.

La anulación del derecho de las personas a elegir de forma libre a sus líderes civiles.

La represión de todas las formas de oposición y disenso.

Un abuso total de poder con completa impunidad.

La profundidad de esta crisis la cual afecta a todas las esferas de la vida es emblemática de la falta de respeto continua por las normas democráticas y las libertades fundamentales.  El desarrollo está en caída libre.  Los conflictos proliferan.

La cifra de víctimas va en ascenso.

Fuentes creíbles han verificado que más de 4.603 civiles, incluyendo a 659 mujeres y 490 niños y niñas, han resultado muertos a manos de los militares desde febrero de 2021.  La cifra real es con seguridad mucho mayor.

Soldados entrenados cometen actos brutales contra su propio pueblo, cerca de 400 civiles, incluyendo a 113 mujeres, han sido quemados vivos o tras ser ejecutados.

Hace solamente unas semanas, un vídeo publicado en las redes sociales mostraba a supuestos combatientes pro-militares quemando vivos a dos prisioneros acusados de formar parte de la oposición armada.

Son acciones que muestran una indiferencia escalofriante por la vida humana.

Señor Presidente,

La intensificación de la violencia desde finales de octubre, cuando grupos armados étnicos lanzaron una serie de ataques coordinados por todo el país, ha desencadenado una devastación aún mayor además de represalias como castigo por parte de los militares.

El armamento pesado provoca en la actualidad una mayoría de muertes civiles a la vez que los militares han incrementado sus ataques con aviones de guerra contra pueblos y ciudades.   Solamente en el mes de enero de 2024, 145 de 232 muertes de civiles verificadas, más del 60 por ciento, se atribuyeron a estos ataques aéreos y a ataques de artillería.  Más de la mitad de las víctimas eran mujeres o niños.  Se trata de un hecho horrendo.

En los Estados de Shan, Rakhine, y Kachin en concreto, parece que los militares están provocando de nuevo tensiones inter-étnicas usando para ello a milicias ultranacionalistas y reclutando por la fuerza a miembros de comunidades étnicas para que ataquen a otras comunidades.   

El anuncio a principios de febrero por parte del poder militar de una ley de servicio militar en virtud de la cual todos los hombres de entre 18 y 35 años de edad y las mujeres de entre 18 y 27 años de edad podrían ser sometidos a reclutamiento forzado sin posibilidad alguna de recurso, es muy preocupante y simboliza la ausencia total del estado de derecho.  En algunos lugares, los militares han secuestrado a varias personas mientras que en otros lugares han amenazado a las comunidades con quemar sus pueblos si los jóvenes de esas comunidades no se ponen a su servicio. En el Estado de Rakhine, hemos oído informes que afirman que se está ofreciendo dinero, alimentos e incluso hasta la ciudadanía a jóvenes Rohingya desplazados si se unen a las filas de los mismos que causaron su desplazamiento años antes.  Estos son amenazados con castigos si se niegan a cooperar.  Además, ya se han multiplicado las denuncias de reclutamiento forzoso, incluyendo el reclutamiento infantil, por parte de muchas de las partes en conflicto.

En todo Myanmar, continúan produciéndose sin tregua violaciones flagrantes de derechos fundamentales y del estado de derecho. La población vive bajo el constante miedo de que puedan ser detenidos en cualquier momento.  Más de 20.000 opositores a los militares, que incluyen a 3.909 mujeres, siguen consumiéndose en detención.

Resulta descorazonador leer informes de mi Oficina sobre el uso sistémico de la tortura contra detenidos políticos en comisarías de policía, centros de interrogación militares y en prisiones.      Hemos recibido numerosos informes sobre detenidos que fueron sometidos a formas graves de malos tratos durante su interrogatorio, durante los cuales muchos de ellos murieron a causa de sus heridas debido a una denegación deliberada o a la ausencia de tratamiento médico.

En conjunto, cerca de 1.658 personas, incluyendo a 111 mujeres, han muerto mientras se encontraban bajo custodia de los militares, bien en centros de detención o tras ser detenidos durante incursiones en pueblos. Solamente en el mes de enero, 48 civiles murieron mientras se encontraban detenidos, lo que supone más de una persona cada día.

Y lo que agrava aún más toda esta crisis es el hecho de que los militares hayan maniatado la entrega de ayuda humanitaria, lo que ha impedido a los trabajadores humanitarios llegar a los millones de personas necesitadas de ayuda.

A la vez que las Naciones Unidas ha conseguido continuar con su labor a lo largo de esta crisis, permaneciendo en el país y ejerciendo su trabajo, a pesar de todos estos enormes desafíos, la comunidad internacional ha de recordar las lecciones que deja el informe Rosenthal y continuar intentando evitar nuevas atrocidades de cualquier manera posible.  Las Naciones Unidas necesita de todo el apoyo de los Estados Miembros en su insistencia en proteger a los civiles y en garantizar la futura rendición de cuentas.

Señor Presidente,

Quiero una vez más hacer sonar las alarmas por la situación en el Estado de Rakhine, el cual se encuentra inmerso en una espiral creciente de violencia desde el mes de noviembre.  Justo ayer, buques de guerra militares bombardearon un mercado en Sittwe, la capital de Rakhine, lo que supuestamente provocó la muerte de al menos 16 civiles y lesiones a otros 80.  Esta violencia afecta a todas las comunidades, muchas de las cuales aún siguen tambaleantes por los daños del ciclón Mocha el año pasado.

Tengo en cuenta el llamamiento a la comunidad internacional realizado la semana pasada por 40 organizaciones Rohingya de todo el mundo pidiendo no repetir los errores del pasado. Tras haber sufrido décadas de discriminación sistemática, represión, desplazamiento forzado en masa, y otras violaciones graves de derechos humanos, los Rohingya permanecen en la actualidad como prisioneros en la práctica en pueblos y en campamentos de internamiento.  Más de un millón de ellos continúan languideciendo en campamentos de refugiados en Bangladesh.  En Myanmar, se les sigue negando la nacionalidad y la libertad de movimiento, y no existe en la actualidad ninguna perspectiva para un retorno seguro y sostenible.

Desde noviembre, entre apagones en las comunicaciones, distintas fuentes afirman que casi 200 personas han muerto en Rakhine, de las cuales al menos 50 eran Rohingya.  Más de 150.000 personas huyeron de sus hogares en busca de una mayor seguridad, no obstante, a la mayor parte de los Rohingya no se les permite huir.

Las restricciones a la circulación impuestas por los militares han interrumpido casi en su totalidad la entrega de ayuda humanitaria esencial. Se han incendiado viviendas. Se han cortado las rutas de suministro que conectan Rakhine con otros lugares de Myanmar, lo que ha provocado una grave carencia de alimentos y aumentos considerables de los precios.  La mayoría de las familias sobreviven actualmente con una única comida al día.  Hemos recibido informes de problemas de salud en niños debido a la malnutrición.  También se han denunciado varias muertes de algunas mujeres embarazadas que no contaban con acceso a atención médica.

Hasta 5.000 personas Rohingya emprendieron el año pasado desplazamientos peligrosos por mar en búsqueda de un refugio seguro.   Otros cientos de personas han sido detenidas cuando intentaban escapar a otras partes de Myanmar.  Mi Oficina ha recibido numerosos informes creíbles que afirman que se está impidiendo entrar en Bangladesh a cientos de Rohingya que huyen de la violencia.  Hago un llamamiento a todos los Estados Miembros a garantizar la protección internacional de refugiados para aquellas personas que huyen de la persecución y el conflicto en Myanmar.

Señor Presidente,

Hace cuatro años, la Corte Internacional de Justicia instó a Myanmar a detener cualquier actividad que pudiera violar las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio. La Corte ordenó que las autoridades protegieran a las comunidades Rohingya, conservaran todas las pruebas de conducta delictiva contra dichas comunidades, y que crearan las condiciones necesarias para un retorno seguro, digno y voluntario a sus lugares de origen.

A pesar de esto, los militares siguen adoptando el mismo comportamiento cruel y drástico.

Este Consejo debe tomar medidas ante estas señales alarmantes de advertencia.

Reitero mi llamamiento al cese inmediato de las operaciones en o cerca de zonas civiles, a que se asegure la plena protección de todos los civiles, a que los militares pongan en libertad a todos los prisioneros políticos, y a que  se respete en su totalidad la normativa internacional de derechos humanos.

Reitero mi llamamiento a la comunidad internacional a que vuelva a orientar sus energías a impedir atrocidades contra cualquier persona en el país, incluyendo los Rohingya, de forma especial adoptando medidas de peso, efectivas y específicas con el objeto de acabar con el acceso de los militares a armas, combustible para aviones y a divisa extranjera todos los cuales necesitan para mantener su campaña de represión contra civiles.  

Solicito un nuevo enfoque por parte de la ASEAN y los Estados con influencia en la zona para implicar a todos los actores, incluyendo el Gobierno de Unidad Nacional, las organizaciones étnicas y el conjunto de la sociedad civil, para crear una ruta que conduzca a la restauración de la democracia y de un régimen civil.   Este es el momento de propiciar que el movimiento democrático forme un consenso político inclusivo que ponga fin a esta crisis de derechos humanos.

Durante los últimos tres años, la población de Myanmar ha tenido que sacrificar todo lo que tenía, a la vez que intentaba mantener vivas sus aspiraciones para lograr un futuro mejor y más seguro.

Ellos y ellas necesitan del apoyo de toda la comunidad internacional.

Gracias.