Reunión informativa sobre la nueva Visión para el Estado de Derecho del Secretario General

Excelencias,

La justicia, en todas sus formas posibles, es vital para la paz, para lograr un contrato social justo y duradero, y para el desarrollo sostenible.

Esta interrelación se refleja en la promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el cual compromete a los Estados a «promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas».

Hoy, el ODS16, al igual que muchos de los otros ODS, anda descarrilado. A la vez que se han conseguido importantes avances, estos han resultado ser poco consistentes y específicos a determinados países: globalmente, andamos escasos de justicia que sea accesible y esté disponible para todas las personas. Muchas instituciones del estado de derecho y de justicia se enfrentan tanto a una crisis de capacidad como a una crisis de confianza pública. Millones de personas carecen de un acceso efectivo a la justicia, además de vivir en condiciones de profunda injusticia.

Permítanme extraer solo dos cifras del informe de 2019 elaborado por el Equipo de Tareas sobre Justicia.

En primer lugar, se calcula que 250 millones de personas viven en condiciones extremas de injusticia, privadas de cualquier protección efectiva por parte de la ley.

En segundo lugar, se calcula que 4,5 mil millones de personas, nada menos que el 60 por ciento de la población de este planeta, están excluidas de protecciones y oportunidades sociales, económicas, y políticas que la ley debería proveer. Estas personas carecen de propiedad de tierras, papeles de residencia o de documentación sobre viviendas; o están empleadas sin contrato en el sector informal. Como resultado, no cuentan con un acceso adecuado a asistencia sanitaria, a educación, a poder pedir préstamos bancarios o no pueden acceder a algunos tipos específicos de empleos. Puede que tengan un acceso limitado a instituciones que deberían representar, expresar, proteger y hacer cumplir estos derechos, tales como los procesos políticos, la administración pública, la policía y los tribunales. Los más vulnerables son aquellas personas que están más profundamente atrapadas en ciclos perniciosos de privaciones.

El Grupo de Alto Nivel de Justicia para las Mujeres ha subrayado que las mujeres y las niñas son las que padecen los mayores obstáculos a la hora de acceder a la justicia. El Grupo concluyó que en 2017 más de mil millones de personas no tenían protección ante violencia sexual por parte de su pareja, a la vez que se calculó que 1,5 mil millones no contaban con protección legal alguna ante acoso sexual en el trabajo.

La corrupción es otro impedimento de gran alcance para el buen gobierno y la justicia. El índice de Control de la Corrupción elaborado por el Banco Mundial señala la escala de percepción por parte de la población sobre si los poderes públicos están siendo usados para obtener un beneficio privado, en todas las regiones del mundo. El informe Desarrollo Sostenible 2022 concluye que el 15 por ciento de las empresas de todo el mundo, una de cada siete empresas, han recibido solicitudes de sobornos por parte de funcionarios públicos. Por otro lado, la corrupción en el poder judicial socava severamente la legitimidad del sistema judicial, así como la confianza en el mismo, el cual es un principio básico del estado de derecho.

Al igual que el problema de la corrupción, la aceleración actual de las desigualdades y la desinformación, además de la insuficiencia de medidas para sostener la independencia, imparcialidad y efectividad de las instituciones legales, están agravando una profunda crisis de confianza pública en la capacidad de los gobiernos para hacer realidad sus necesidades y derechos.

Cuando las personas dejan de creer en la legitimidad y efectividad de las instituciones públicas, así como en su capacidad para hacer frente a los conflictos, se abona el terreno para que crezcan y se enquisten reivindicaciones. Las disputas no pueden de ese modo resolverse de forma adecuada. Las tensiones derivan en violencia.

Para que el estado de derecho lleve a caso su función de reconstituir la confianza, las instituciones públicas han de ser más sensibles, justas y eficaces.

Sensibles, en el sentido de que las instituciones públicas han de centrarse en las personas y en sus derechos, comprendiendo las necesidades de justicia de las personas y desarrollando soluciones adecuadas, incluyendo a las personas y siendo responsables ante ellas.

Justas, en el sentido de que las instituciones públicas no deben ser nunca discriminatorias y deben estar libres de corrupción o de influencia indebida.

Eficaces, en el sentido de que las instituciones públicas han de ser capaces de hacer frente a las convulsiones y dificultades actuales y proporcionar los servicios, los servicios legales, a la vez que también todo el espectro de derechos humanos que necesitan las personas.

Lo que me gustaría recalcar aquí es que, al igual que el estado de derecho es un componente clave de la promoción y protección efectivas de los derechos humanos, los derechos humanos son la base del estado de derecho y de la generación de confianza en las instituciones públicas. Los derechos humanos son el Grundnorm, el pilar fundamental necesario para el funcionamiento de cualquier sistema de estado de derecho.

La nueva Visión del Estado de Derecho, del Secretario General, la cual fue puesta en marcha en junio, viene a reafirmar esta relación simbiótica. La Visión reconoce no solo que el estado de derecho y los derechos humanos se refuerzan mutuamente, sino también que si la función del estado de derecho es la de servir a las personas y generar confianza, este deberá estar en plena consonancia con los derechos humanos.

Mi Oficina está preparada para desempeñar un papel crucial dentro del sistema de las Naciones Unidas con el objeto de poner en marcha la nueva Visión del Secretario General.

Asimismo, en el contexto de las celebraciones de Derechos Humanos 75, yo me comprometo a reforzar y ampliar el trabajo de nuestra Oficina en el estado de derecho y en el ODS16, invirtiendo para ello en nuestra labor acerca del estado de derecho sobre el terreno y en nuestras distintas Oficinas Centrales.

Con este renovado esfuerzo, continuaremos ayudando a los Estados, comunidades y a las personas en cualquier parte para hacer realidad el estado de derecho, y diseñando instituciones públicas que sirvan a las personas, y que sean capaces de dar respuesta a los complejos desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día.

En unos pocos minutos, vamos a escuchar al Jefe de nuestra Subdivisión de Estado de Derecho, Abdoul Aziz Thioye, describir la nueva Visión y el trabajo detallado que la Oficina está llevando a cabo a lo largo de una amplia gama de cuestiones relacionadas con el estado de derecho, el cual seguiremos apoyando.

Excelencias,

Me gustaría extenderme un poco sobre la urgencia que entraña esta tarea de generar confianza reforzando el estado de derecho y los derechos humanos. Permítanme que les ofrezca dos ejemplos.

En primer lugar, a pesar del enorme potencial que ofrece la tecnología, los escándalos como el de Pegasus y otros programas de spyware, así como las herramientas de vigilancia de masas han demostrado que la tecnología puede representar amenazas inmediatas para el estado de derecho y los derechos humanos. A la vez que la IA tiene un potencial evidente para lograr avances positivos, también puede usarse para otorgar autonomía a sistemas de armas letales, facilitar la vigilancia de masas, agravar la discriminación y la desinformación, limitar la imparcialidad de los juicios y dar pie al autoritarismo.

Con el fin de aprovechar el potencial de la tecnología, el estado de derecho ha de proporcionar un marco eficaz para la tecnología a través de una regulación clara y de protecciones vinculantes. En resumen, para que sea eficaz y humano, cualquier regulación debe estar anclada en los derechos humanos.

Mi segundo ejemplo concierne al extenso campo de la justicia climática. Nuestro trabajo para proteger el medioambiente a través del estado de derecho se está ampliando de forma considerable. Estoy pensando ahora en el reconocimiento por parte de la Asamblea General del derecho a un medioambiente sano. En numerosos países se ha aumentado el uso de demandas para exigir cuentas a los contaminadores. Se ha abierto un nuevo debate sobre la creación de un delito de `ecocidio´ bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. También veo oportunidades en aumento para la defensa medioambiental, la rendición de cuentas y la prevención relacionadas con el estado de derecho.

En vista de la gravedad y aceleración que están teniendo las crisis medioambientales en torno nuestro, necesitamos que nuestras acciones sean de mayor alcance, rapidez y profundidad. Los derechos humanos y el estado de derecho pueden ofrecer protecciones esenciales además de ser un motor impulsor para la búsqueda urgente de soluciones sostenibles para nuestra triple crisis planetaria que estén ancladas en nuestros valores comunes.

Hoy, teniendo en cuenta nuestro foco temático de agosto centrado en la Justicia, y como parte de nuestra iniciativa de un año de duración para revitalizar el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo les conmino a que adopten medidas urgentes en respuesta a estos y otros retos. Yo les animo a que consideren compromisos posibles para afianzar el estado de derecho y los derechos humanos, de forma especial situando el estado de derecho y los derechos humanos en el centro de de los debates a desarrollar en la próxima Cumbre sobre los ODS del próximo mes, y en la Cumbre del Futuro de 2024.

Hemos de recuperar el rumbo del ODS16, incluyendo a través de una financiación global adecuada, elaborando informes sobre sus indicadores y dando prioridad a la implementación de sus compromisos.

Y también hemos de ofrecer a nuestras sociedades las mejores herramientas posibles para hacer frente al aumento de las amenazas que se ciernen sobre el planeta. Estas herramientas conforman un estado de derecho sólido además de la poderosa cohesión social que emana de la realización de toda la gama de derechos humanos a través de un marco de igualdad, imparcialidad y justicia.

En las turbulencias que vemos hoy en día, con el incremento de las pronunciadas desigualdades entre las personas y el aumento de las divisiones y las reivindicaciones, nosotros podemos y debemos apoyar la Visión del Secretario General. A través de esta Visión, nos comprometemos a asistir a los Estados a construir sistemas de justicia y un estado de derecho que sean más sensibles, justos y eficaces, además de ester firmemente anclados en los derechos humanos.

Yo confío en que la reunión informativa de hoy nos ofrezca una oportunidad para el diálogo sobre cómo seguir desarrollando nuestra labor acerca del estado de derecho y para sacar el mayor partido posible de próximos debates globales.

Gracias.