Mejorado el diálogo interactivo sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela

41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

5 de julio de 2019

Sr. Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias,

GINEBRA (4 de julio de 2019) – Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicado hoy insta al Gobierno de Venezuela a que adopte de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles y políticos que se han documentado en el país. 

El informe del ACNUDH advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.

En el informe, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.

El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, realizadas en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros. 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el Presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales del ACNUDH permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos. 

“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró la Alta Comisionada Bachelet.

“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales e impartir justicia a las víctimas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”.

En el informe se detalla la militarización constante de las instituciones del Estado. Tanto a civiles como a militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Los grupos paramilitares progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. El ACNUDH documentó 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.

La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido anormalmente elevada, según señala el informe. En 2018 el gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron ejecutadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.

El informe indica también que hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de inmunidad parlamentaria.

Aunque la Alta Comisionada aplaudió la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.
En el informe se hace hincapié en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a remedios judiciales. 

“Son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe. Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan. “La oficina del Fiscal General casi nunca cumple su obligación de investigar y procesar a los responsables y el Defensor del Pueblo guarda silencio ante las violaciones de derechos humanos”.

En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el ámbito de los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de entidades de prensa y la detención de periodistas independientes. “En los últimos años, el gobierno ha tratado de instaurar su hegemonía en materia de comunicación, mediante la imposición de su propia versión de los hechos y la creación de un contexto que socava a los medios independientes”.

Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, en el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis. Además, señala, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria. 

La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos. A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de población carecen de acceso a la distribución de comida y los entrevistados acusaron a las autoridades de excluirlos porque no eran partidarios del Gobierno.

La situación sanitaria del país es terrible: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros. 

El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la crisis humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados. “Las actividades mineras, especialmente en Amazonas y Bolívar, …han acarreado violaciones de algunos derechos colectivos, entre ellos los derechos a preservar las costumbres, los medios de vida tradicionales y el vínculo espiritual con la tierra”, señala el documento. 

En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por el ACNUDH.

“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, libre del miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.

“En Caracas, un sacerdote católico me dijo: ‘Esto no es un asunto de política, sino del sufrimiento de la población’ –y ese es también el objetivo de este informe, que trata de dar voz a las víctimas y poner de relieve los múltiples obstáculos que impiden la realización de los derechos humanos a los que cada venezolano tiene derecho”.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina sigue dispuesta a seguir aportando su esfuerzo”.

FIN