Actualización mundial: Alto Comisionado resume cuestiones preocupantes en más de 40 países

Tema 2: Informe anual y actualización oral del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina y los acontecimientos recientes en materia de derechos humanos

Sr. Presidente, 
Excelencias,
Distinguidos delegados y delegadas,

El período de sesiones de este Consejo se centra en una serie de cuestiones que suscitan especial preocupación. Iremos realizando declaraciones en relación a las situaciones de cada país a lo largo de este período de sesiones [1] . Esta misma mañana y a lo largo de todo el año he tenido la oportunidad de reflexionar con ustedes acerca de cuestiones extensas en materia de derechos humanos, que no pretenden ofrecer un informe minucioso de cada una, y que demandan especial atención, con vistas a intentar encontrar soluciones. 

Soluciones que estén basadas en derechos que son universales a la vez que se adaptan a las circunstancias específicas de cada país.  Soluciones que aportan nuestra larga experiencia en contextos difíciles, así como nuestra labor a la hora de tender puentes entre la sociedad civil, los defensores y defensoras de derechos humanos y las instituciones del Estado. 

Una plena cooperación con mi Oficina y nuestras presencias sobre el terreno, además de con los distintos mecanismos de derechos humanos, consiste precisamente en ese punto: soluciones.  Se trata de conseguir resultados.  No se trata de recibir críticas.  Y tampoco se trata de implicarnos sin más.  Se trata de obtener resultados concretos para las vidas de las personas.  Este tipo de cooperación es la señal que indica que un Estado está dispuesto de verdad a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos.  Durante el transcurso de este año iré ofreciendo una actualización sobre la cooperación, y la no cooperación, con los distintos mecanismos de derechos humanos. 

Soy consciente de que para algunos y algunas de ustedes los debates sobre cuestiones complejas de derechos humanos pueden resultar complicados o sensibles.  Algunos y algunas de ustedes puede que opinen que es mejor tratar estas cuestiones a puerta cerrada.  Aun así, hemos de restituir el espacio donde podamos debatir estos temas con un ánimo constructivo y abierto, libre de los forcejeos que caracterizan al juego geopolítico y siempre sabiendo que nadie es perfecto.  La primera reacción que puede que tengan ustedes es que quizás no les guste lo que oyen pero con el paso del tiempo, puede que lleguen a apreciar lo que estábamos obligados a transmitir aquí.  Mi única reflexión, y en realidad mi obligación, es la de permanecer fiel a mi mandato, el marco normativo de los derechos humanos y el imperativo de mejorar las vidas de las personas. 

Sr. Presidente, 

El desprecio por los seres humanos alcanza niveles insondables cuando una guerra se desata, y cuando la violencia pasa a formar parte del día a día. 

Una cuarta parte de la humanidad vive en la actualidad en lugares afectados por conflictos, y son los y las civiles los que más sufren las consecuencias. 

La paz es un bien precioso a la vez que frágil, debemos cuidarla y cultivarla. 

En primer lugar, respetando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que incluye la normativa internacional de derechos humanos. 

La guerra en Ucrania ha provocado víctimas civiles y una destrucción de una magnitud devastadora.   Los derechos de los ucranianos y ucranianas quedarán vulnerados durante las próximas generaciones, y el impacto de la guerra sobre los precios de los combustibles y alimentos, así como en las tensiones geopolíticas, están teniendo repercusiones negativas para las personas de todas las regiones del mundo.  Que se pudiera producir de nuevo semejante daño en todo el mundo a resultas de una guerra en Europa supone una traición a las promesas de un cambio transformador que se realizaron en la fecha de nuestra fundación hace más de 75 años.  A finales de marzo hablaré con detalle sobre la situación en Ucrania. 

Doce largos años de un atroz derramamiento de sangre:  Siria supone un microcosmos de los daños que inflige el desprecio más absoluto por los derechos humanos.  Los terremotos acontecidos el mes pasado vienen a sumarse a esta tragedia.  La única manera de salvar esta situación es a través del respeto por los derechos humanos, y porque rindan cuentas todos los que hayan cometidos crímenes atroces, ambas medidas ignoradas en Siria desde hace mucho tiempo.   Yo doy todo mi apoyo a los llamamientos a crear una nueva institución que se centre en determinar la suerte y paradero de las personas desaparecidas, y que ofrezca ayuda a las víctimas, y apelo al Gobierno, así como a otros Estados miembros, a cooperar con la misma, si se llegara a crear en última instancia. 

La situación de seguridad en Malí es especialmente alarmante en la parte central del país y en la zona fronteriza entre Burkina Faso, Malí y Níger. En esta zona, numerosos grupos armados están sacando provecho de las hostilidades entre comunidades, así como de la ausencia de autoridades del Estado para extender su influencia y llevar a cabo ataques contra civiles.  Grupos armados no estatales han perpetrado todo tipo de violaciones y abusos.  Las Fuerzas Armadas de Malí también han cometido violaciones graves, en algunas ocasiones siendo acompañadas de fuerzas militares y de seguridad extranjeras.  Estoy también sumamente preocupado por el discurso de odio por motivos étnicos, así como por las amenazas, intimidación y ataques contra la sociedad civil y los medios de comunicación por actores estatales y no estatales, lo que ha conducido a un temor cada vez mayor a la hora de expresar opiniones.  Este hecho es particularmente inquietante dado que el país está embarcado en un proceso electoral donde deberían florecer debates libres de ideas. 

Me preocupa la perspectiva de un incremento de la inestabilidad en Burkina Faso. Durante los últimos seis meses de 2022, mi Oficina documentó al menos 1.076 víctimas de violaciones y abusos.  Esa cifra casi se duplicó en los meses transcurridos entre octubre y diciembre, en comparación con los tres meses anteriores.  Grupos armados son los responsables de la mayor parte de estos incidentes, aunque las operaciones militares también están afectando cada vez más a los y las civiles.  He instado a las autoridades a que escuchen las demandas de su pueblo en relación a la impunidad, y a que investiguen estas acusaciones.  Es vital que cambiemos el curso de una violencia al alza, y que permitamos que la sociedad civil y los partidos políticos desarrollen sus actividades. 

En Etiopía, es necesario aplicar en su totalidad el celebrado acuerdo de cese de hostilidades, y que incluya justicia de transición.    Me complace anunciar que ayer se abrieron las Consultas Nacionales sobre Opciones de Política de Justicia de Transición, con el apoyo de mi Oficina; a las que seguirán consultas por todo el país con personas que han resultado afectadas por el conflicto.  A pesar de estos avances, hemos recibido informes de la presencia continuada en Tigray de las Fuerzas Regionales de Amhara y de las milicias Fano, así como de las Fuerzas de Defensa de Eritrea, todas las cuales han perpetrado supuestamente violaciones muy graves.  Es más que evidente la necesidad de continuar con la labor de supervisión y elaboración de informes.  Es necesario también que existen avances tangibles en cuestión de rendición de cuentas en relación con violaciones y abusos cometidos en el conflicto, y que incluya la aplicación de las recomendaciones del informe de mi Oficina y de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía.  La situación de derechos humanos en otras regiones de Etiopía es también muy preocupante, en especial en la región de Oromia. 

Además de proseguir la presencia militar de Eritrea en Tigray, hemos recibido informes de que Eritrea está aumentando aun más el uso del reclutamiento obligado y prolongado, una práctica que es similar a la esclavitud y que supone la razón principal de los éxodos de refugiados.  Es necesario que esta situación cambie de manera urgente para que el país se sitúe en la senda del desarrollo sostenible. 

En Yemen, las partes han atender a los llamamientos de una población exhausta tras ocho años de combates brutales, y dar pasos decisivos para iniciar un proceso de paz liderado por las Naciones Unidas.  Para que cualquier acuerdo de paz sea duradero en el tiempo, son vitales la justicia de transición y la rendición de cuentas, y que además las mujeres puedan participar plenamente en estas conversaciones.  Dos empleados de las Naciones Unidas, uno de UNESCO y otro de mi propia Oficina, llevan detenidos 16 meses y deben ser puestos en libertad de forma inmediata. 

En Libia, la violencia generalizada ejercida por actores armados, el dilatado estancamiento político y un espacio cívico cada vez más restringido continúan destruyendo vidas y vulnerando gravemente los derechos.  La Misión Independiente de Investigación sobre Libia presentará su informe definitivo al final de este período de sesiones. Es primordial que las autoridades apliquen las recomendaciones del mismo sin dilación alguna. 

En el Sáhara Occidental, mi Oficina continúa con su supervisión a distancia de la situación de derechos humanos.  Dado que la visita más reciente por parte de la Oficina tuvo lugar hace casi ocho años, es fundamental que mi Oficina pueda volver a llevar a cabo misiones de calado a la región. 

En meses recientes, he tenido ocasión de debatir la preocupante situación de derechos humanos en Cachemira tanto con India como con Pakistán. Los avances en materia de derechos humanos, y que se haga justicia por hechos del pasado, serán clave para seguir dando pasos hacia la seguridad y el desarrollo.  Yo continuaré analizando qué ayuda puede prestar mi Oficina, incluso contando con un acceso relevante a la región. 

El pueblo de Haití ha de soportar situaciones dantescas de violencia.  Bandas fuertemente armadas controlan los servicios y el acceso en zonas amplias de la capital y el país, perpetrando a menudo asesinatos, secuestros, ataques indiscriminados con francotiradores así como un nivel horrendo de violencia sexual.  La situación demanda una combinación de varias respuestas: potenciar el proceso político para garantizar unas elecciones libres y transparentes; una aplicación total del embargo de armas; sanciones efectivas contra aquellos que financien y organicen bandas armadas; además de apoyo internacional para consolidar la capacidad de los sistemas policiales y judiciales de Haití con el fin de luchar contra la impunidad y corrupción generalizadas; además del despliegue de una fuerza de apoyo especializada por un tiempo limitado, con salvaguardias en materia de derechos humanos.  Debemos mantener a Haití en nuestro foco de atención, incluyendo el apoyo a la labor de mi Oficina sobre el terreno. 

Sr. Presidente, 

La discriminación y el racismo son amenazas virulentas, tanto para la dignidad humana como para las relaciones que entablamos con otros seres humanos.  Convierten el odio en un arma.  Humillan y vulneran los derechos humanos, alimentando los agravios y la desesperación, además de obstaculizar el desarrollo. 
Me horroriza el desprecio contra las mujeres y la igualdad de las mujeres, que se extiende por Internet por parte de algunos denominados «influencers», los cuales generan actitudes sociales que ignoran, o incluso toleran, la violencia de género, así como la cosificación dominante de las mujeres.

De manera más general, el alcance y magnitud de la discriminación contra las mujeres y las niñas la convierten en una de las violaciones de derechos humanos más acuciantes en todo el planeta, por lo que uno de los objetivos principales de nuestro trabajo consistirá en intentar eliminarla.

La represión de las mujeres en Afganistán no tiene precedente alguno, y contraviene cualquier sistema de creencias consolidado.    Los derechos de las mujeres y las niñas para poder elegir sobre sus vidas y participar en la vida pública han sido, o lo están siendo, eliminados en estos momentos.  Esta represión y persecución de las mujeres constituyen un freno para la economía y el futuro de Afganistán.  Una tiranía de este nivel no debe de quedar impune.  No nos rendiremos; seguiremos luchando por que se respeten los derechos y libertades de todas las mujeres y niñas afganas. 

En Irán, es urgente que las autoridades respondan a las demandas de los y las manifestantes, en especial de las mujeres y niñas, quienes siguen sufriendo una profunda discriminación.   Estoy profundamente preocupado por la suerte de 17 manifestantes que han sido condenados a muerte; 4 de ellos han sido ya ejecutados, y más de 100 se enfrentan actualmente a acusaciones que acarrean la pena de muerte.  Los indultos anunciados recientemente suponen un primer paso esperanzador.  Continúo solicitando la puesta en libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas de forma arbitraria en el contexto de las protestas y en general, incluyendo a ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad.  Todos los y las iraníes, incluyendo a todas las mujeres y niñas, deben ser libres para tomar sus propias decisiones, expresar sus puntos de vista y ejercer sus derechos. 

Celebro la nueva ley aprobada en Sierra Leona en noviembre la cual prohíbe la discriminación de género; obliga a que haya al menos un 30 por ciento de mujeres en el Parlamento, el cuerpo diplomático, corporaciones locales y en la administración pública, y establece la igualdad de salario para las mujeres, entre otras medidas.  Muchos Estados con muchos más recursos podrían aprender de este ejemplo. 

También aplaudo la aprobación en España de una legislación el mes pasado para defender derechos básicos sexuales y reproductivos, y que incluye eliminar restricciones en el acceso a un aborto seguro.  Las nuevas medidas también abordan el acceso por parte de todas las mujeres a reproducción asistida, así como la violencia y discriminación basadas en la orientación sexual o identidad de género; además, se prohíben también las denominadas «terapias de conversión» así como la mutilación genital de bebés que nacen siendo intersexuales. 

El vil discurso de odio no solo se dirige contra mujeres y niñas, sino también contra los y las afrodescendientes; judíos y judías; musulmanes; personas LGBTIQ+; refugiados y refugiadas; migrantes, y muchas otras personas pertenecientes a grupos minoritarios.  Las provocaciones deliberadas, como los recientes incidentes donde se quemaron ejemplares del Corán, van dirigidas a dividir a las comunidades. Y esto es un hecho peligroso. 

La violencia que se ejerce de forma tan desproporcionada contra afrodescendientes por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley supone un ejemplo del profundo daño estructural que está arraigado en la discriminación racial. 

Mi Oficina y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han puesto de relieve de forma repetida el uso excesivo de la fuerza, los perfiles raciales y las prácticas discriminatorias por parte de la policía, de forma más reciente en Australia, Francia, Irlanda y el Reino Unido. En Brasil, el número total de muertes en encuentros con la policía descendió en 2021 por primera vez en 9 años, con una caída del 31% en la cifra de muertes de personas «blancas», de acuerdo con una fuente, a la vez que hubo un aumento de casi el 6% en el número de muertes de afrodescendientes.

En los Estados Unidos, los y las afrodescendientes tienen casi tres veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que las personas «blancas». La brutal muerte de Tyre Nichols en Memphis hace dos meses tuvo especial notoriedad no solamente por la gravedad de la violencia ejercida y que fue grabada en vídeo, sino porque le siguió respuestas inmediatas para procesar a los agentes implicados, cuando por lo general solo una fracción de estos casos terminan con los responsables rindiendo cuentas ante la justicia. 

En los EEUU y todos los demás países, las acciones llevadas a cabo con rapidez y determinación para exigir responsabilidades a los autores en todos los casos deben convertirse en la norma, no en la excepción.  Se deben crear salvaguardias estructurales, que incluyan una supervisión independiente, procedimientos de presentación de denuncias eficaces, además de una sólida reforma legislativa.  Pero incluso aquellas medidas más severas dentro de las propias fuerzas de orden público no darán resultado en su totalidad al menos que no se den pasos concretos adicionales para abordar el racismo y las estructuras que lo perpetúan en las sociedades. 

Las fuerzas policiales han de servir y proteger a todas las personas de una sociedad.  En Filipinas, donde siguen ocurriendo asesinatos durante las operaciones policiales contra el narcotráfico, mi Oficina está trabajando con actores encargados de la seguridad para reforzar la rendición de cuentas y defender los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico.   El Gobierno ha anunciado medidas para investigar a mandos de la policía por corrupción, y yo confío en que se produzcan avances rápidos en el enjuiciamiento de los infractores de derechos humanos.  Al mismo tiempo que celebro las recientes absoluciones de defensores y defensoras de derechos humanos, se debe poner fin a otras acusaciones realizadas por motivos políticos, además de establecer un entorno más seguro para que prospere la sociedad civil. 

Sr. Presidente, 

Las injusticias estructurales, la pobreza extrema y el incremento disparado de las desigualdades constituyen enormes deficiencias en materia de derechos humanos.  Me gustaría mencionar unos pocos ejemplos. 

El Líbano está sumido en una de las peores crisis económicas de su historia moderna, con más de la mitad de la población viviendo actualmente por debajo del umbral de pobreza, y otros dos millones de personas sufriendo inseguridad alimentaria.   Muchos servicios del sector público han quedado interrumpidos; el acceso a educación y asistencia sanitaria se están convirtiendo en lujos; y la electricidad es escasa.  Solicito mayores esfuerzos para luchar contra la corrupción, consolidar una regulación financiera en el estado de derecho, así como integrar firmemente la rendición de cuentas y la transparencia en todas las medidas económicas.  Es necesario que se lleve a cabo de manera urgente una investigación seria sobre la explosión ocurrida en agosto de 2020, sin que existan injerencias políticas ni retrasos adicionales. 

En Sri Lanka, el aumento de la deuda, sumado a la crisis económica, han restringido drásticamente el acceso de la población a derechos económicos y sociales fundamentales.  Las políticas de recuperación habrán de rectificar las desigualdades, e invertir en protecciones sociales y en otros motores de resiliencia económica.  Deberán hacer frente también a problemas subyacentes relacionados con la corrupción, transparencia y rendición de cuentas en la gobernanza, además de una impunidad arraigada.  La dependencia de leyes de seguridad draconianas, así como el acoso y la vigilancia de la sociedad civil y de víctimas, han de llegar a su fin.  Mi Oficina mantiene su compromiso para apoyar un acercamiento auténtico y completo hacia la justicia de transición. 

Numerosos países en África meridional han resultado gravemente afectados por sucesivos reveses económicos, incluyendo el que acarreó la COVID-19; el incremento de los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes debido a la guerra en Ucrania; así como un reembolso disparado de la deuda.

En una región que ya es de por sí la más desigual del planeta, todos estos factores negativos están llevando a millones de personas a la pobreza.  El aumento de la inflación en Mauricio, por ejemplo, ha conducido a protestas públicas sin precedente alguno.  La escasez energética ha provocado cortes severos del suministro eléctrico en varios países, con repercusiones negativas en las empresas, la sanidad y el abastecimiento de agua. Sudáfrica declaró su crisis energética como estado de catástrofe nacional el mes pasado. Al mismo tiempo, los tribunales sudafricanos están ayudando a definir el camino a seguir sobre la base jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales.

Mientras numerosos países del Norte Global también sufren la pobreza, la población del Reino Unido atraviesa en la actualidad una crisis del coste de vida que puede suponer la mayor caída del nivel de vida jamás registrada. Los grupos raciales y étnicos minoritarios se ven desproporcionadamente afectados. Acojo con agrado las medidas adoptadas por el gobierno para aliviar de alguna forma el aumento del coste del combustible y para subir el salario mínimo, pero animo a entablar más diálogo con los trabajadores y trabajadoras en huelga y las personas que viven en la pobreza, así como a introducir reformas que promuevan los derechos económicos, sociales y culturales.

Para hacer frente a estos retos de injusticia estructural y desigualdades, necesitamos crear economías que generen confianza en el gobierno y promuevan los derechos y el bienestar de las personas.  

Una economía de derechos humanos es aquella cuyo objetivo de promover los derechos humanos conforma todas las decisiones nacionales en materia económica, fiscal, monetaria, de inversión y empresarial.

Estas medidas nacionales aportarán grandes beneficios a millones de personas. Pero no pueden pretender resolver la emergencia de la deuda mundial que ha arrasado a los países en desarrollo. El impacto sobre su población está aplastando esperanzas y vidas.

Se necesita urgentemente un aumento radical de la financiación y reformas de las instituciones financieras internacionales para responder a estos desafíos, y mi Oficina abogará firmemente por un cambio basado en los derechos humanos. La Iniciativa Bridgetown de Barbados destaca por su clara visión de la justicia económica y los nuevos métodos de los organismos financieros internacionales.

Sr. Presidente, 

La restricción severa del espacio cívico es el punto débil —y fallo garrafal— de la gobernanza. De tener que transmitir un mensaje a todos los jefes de Estado o de gobierno sería el siguiente: escuchen a las personas y, en particular, a las víctimas y a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Son personas que tienen las vivencias más profundas sobre estas cuestiones, y tienen algo que contar y que ustedes necesitan oír.

Me alarma el número y la variedad de países en los que debo informar de medidas que socavan las instituciones de justicia, las libertades de los medios de comunicación y el espacio para las libertades cívicas fundamentales.

Permítanme comenzar con una observación positiva.

En Tanzania se ha avanzado en la apertura del espacio cívico y democrático en los dos últimos años. Se han retirado las prohibiciones a los medios de comunicación y a los mítines políticos, y se promete la reforma de la legislación restrictiva. Tanzania aún se enfrenta a muchos retos, y acojo con satisfacción la disposición del presidente al diálogo. Se necesita hacer más para abordar la rendición de cuentas y otras cuestiones de derechos humanos, incluidas las situaciones de Ngorongoro y Loliondo.

Zambia también ha adoptado medidas positivas para lograr un mayor respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Entre ellas se incluyen numerosas enmiendas y promulgaciones de leyes, como la abolición de la pena de muerte y la eliminación de las disposiciones que tipifican como delito la "difamación del presidente".  Espero con interés colaborar con el mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento, y alentar las medidas para fomentar el diálogo pacífico entre los partidos políticos. También insto tanto a los dirigentes políticos como a los medios de comunicación a que eviten aumentar la polarización y la división étnica. Las instituciones financieras internacionales deben reconocer que Zambia —al igual que otros países— necesita urgentemente un alivio de la deuda para consolidar su progreso.

En Kenia se han hecho algunos avances en la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos. Animo a que se realicen más avances concretos para impartir justicia en consonancia con los compromisos del gobierno.

Sin embargo, en la Federación de Rusia, me preocupan sumamente varias tendencias. El cierre del periódico Novaya Gazeta y del Grupo Helsinki de Moscú son otra muestra inequívoca de la desaparición del espacio cívico ruso. Los mensajes constantes a favor de la guerra en los medios de comunicación estatales alimentan los estereotipos e incitan al odio y la violencia. Se han abierto más de 180 causas penales por presunta difamación de las Fuerzas Armadas; entre los condenados hasta ahora figuran un periodista y un concejal municipal. Desde diciembre, cualquier persona o entidad considerada "bajo influencia extranjera" —calificación demasiado amplia e imprecisa— puede ser designada "agente extranjero" y sometida a numerosas restricciones. En diciembre, en un hecho preocupante, se amplió la legislación que prohíbe la "propaganda de relaciones no tradicionales" para incluir la información, a cualquier persona, sobre relaciones y sexualidad LGBTIQ+, así como la transición de género.

También me intranquiliza la creciente instigación contra los derechos de las personas LGBTIQ+ en muchos países, más recientemente en África Oriental, incluyendo la retórica de políticos y políticas que incita al odio y la represión contra las organizaciones LGBTIQ+. La semana pasada se presentó un proyecto de ley muy inquietante contra la homosexualidad en el Parlamento de Uganda, mientras que en Burundi se detuvo a 24 personas, muchas de las cuales se dedican a la educación sobre el sida. Es inconcebible que en pleno siglo XXI nos enfrentemos a tanta intolerancia, prejuicios y discriminación, que frenan el desarrollo de todos los miembros de la sociedad.

En Tayikistán, periodistas y blogueros y blogueras independientes han sido condenados a penas de entre 7 y 21 años de prisión por cargos relacionados con el terrorismo y el extremismo ante una creciente represión de la libertad de expresión. Los juicios se celebraron a puerta cerrada, pero no parece que se presentaran pruebas concluyentes de ningún delito. 

En Bangladesh, lamento el aumento de la violencia política, junto con las detenciones arbitrarias de activistas políticos, y el continuo acoso a defensores y defensoras de los derechos humanos y personal de los medios de comunicación en la etapa previa de las elecciones de este año. Tras celebrar largas consultas con mi Oficina sobre la Ley de seguridad digital, insto a que se modifique, puesto que se siguen dictando sentencias penales contra personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de creencias.

En Camboya, el gobierno sigue reprimiendo a la oposición política, a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación independientes. Ejemplo de ello ha sido el cierre del medio de comunicación Voice of Democracy y la condena extraordinariamente dura impuesta la semana pasada al líder de la oposición, Kem Sokha, por cargos cuestionables. Estas acciones perjudican seriamente el espacio cívico y político, incluido el entorno para la celebración de elecciones libres y justas en julio.

En Túnez, me preocupan las recientes y duras medidas represivas en las que jueces y juezas, medios de comunicación, agentes de la sociedad civil, miembros de la oposición y líderes sindicales han sido procesados —incluso ante tribunales militares— por acusaciones que incluyen delitos contra la seguridad nacional y terrorismo. Esta trayectoria de reducción del espacio cívico, y del espacio de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, debe revertirse. Más recientemente, se ha producido una oleada de detenciones y agresiones en todo el país, acompañada con una retórica deshumanizadora y racista, con los migrantes en el punto de mira, en su mayoría procedentes del sur del Sáhara. Reconozco que las autoridades han anunciado algunas medidas de apoyo a los migrantes hace dos días. Además, solicito la realización de una investigación minuciosa de todos los ataques, así como poner fin al discurso de odio xenófobo.

En Egipto, las continuas restricciones al espacio cívico incluyen medidas enérgicas contra la disidencia, detenciones arbitrarias y acciones para censurar y bloquear páginas web. Hace dos días se dictaron condenas largas contra varios activistas de derechos humanos por cargos cuestionables relacionados con el terrorismo, hecho que también suscitó preocupación sobre la imparcialidad del juicio. Con base en la Estrategia Nacional de Derechos Humanos de Egipto, insto a las autoridades a que pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente y a que retiren las restricciones impuestas al espacio cívico.

En Perú, al menos 60 personas han muerto y más de mil han resultado heridas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en bloqueos de carreteras durante las recientes protestas. Los agravios subyacentes, como la discriminación y la exclusión, afectan especialmente a los pueblos indígenas, los campesinos y campesinas rurales y las personas pobres de las zonas urbanas. Las recientes iniciativas del gobierno, como la creación de una comisión para proporcionar ayuda económica a las familias de las personas muertas y heridas, deben ampliarse para garantizar la rendición de cuentas, la búsqueda de la verdad y la plena reparación de todas las víctimas. Mi Oficina está dispuesta a apoyar un diálogo significativo sobre las cuestiones subyacentes.

En cuanto a China, hemos abierto canales de comunicación con diversos actores para hacer un seguimiento de varias cuestiones de derechos humanos, incluida la protección de las minorías, como los grupos tibetanos, uigures y otros. En la región de Xinjiang, mi Oficina ha documentado asuntos graves —especialmente detenciones arbitrarias a gran escala y separaciones familiares continuadas— y ha formulado recomendaciones importantes que requieren de un seguimiento en concreto. También nos preocupan las graves restricciones del espacio cívico en general, incluida la detención arbitraria de defensores y defensoras de los derechos humanos y abogados y abogadas, y las repercusiones de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong.

Sr. Presidente, 

La lucha contra el cambio climático y la defensa del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible son las batallas que definen a nuestra generación. De nuevo, me gustaría exponer algunos ejemplos.

Somalia sufre en la actualidad una sequía histórica, con un impacto agonizante en la vida y los derechos de millones de personas. El año pasado, casi 1,2 millones de somalíes abandonaron sus hogares por falta de lluvia. La competencia entre pastores por los escasos recursos naturales es una fuente de conflicto: desde 2020, al menos 237 personas han muerto en actos de violencia entre clanes relacionados con la tierra, los pastos o el agua. La situación se ve agravada por el grupo armado Al-Shabaab, que ataca las fuentes de agua y las infraestructuras para castigar a las comunidades supuestamente próximas al gobierno. En total, se estima que 8,3 millones de personas en toda Somalia necesitarán urgentemente asistencia alimentaria u otro tipo de ayuda entre abril y junio de este año.

En la región del Sahel, un informe reciente de mi Oficina analiza las grandes repercusiones que tienen la degradación del suelo relacionada con el cambio climático y la disminución de la producción de alimentos en los ingresos, la salud, la competencia por los recursos, los conflictos y los desplazamientos, un círculo vicioso que se agrava con cada temporada de siembra. La temperatura en el Sahel está aumentando mucho más rápido que la media mundial; incluso si el incremento de la temperatura terrestre se mantiene en unos poco probables 1,5 grados, el impacto sobre la población del Sahel será permanente y devastador.

Iraq también está sufriendo daños profundos por el cambio climático, con un aumento brusco de las temperaturas, menos precipitaciones y más tormentas de polvo. El caudal de los ríos Tigris y Éufrates ha disminuido un 29 y un 73 % respectivamente, y los proyectos de presas en la región son un factor adicional. Según expertos y expertas técnicos que se reunieron en la Segunda Conferencia sobre el Agua celebrada en Bagdad el año pasado, 7 millones de iraquíes corren el riesgo de no poder cubrir sus necesidades de agua en un futuro próximo. También me preocupa la reducción del espacio para la libertad de expresión en el país.

Los Estados insulares del Pacífico y otros pequeños países insulares en desarrollo han encabezado la defensa de la acción climática en el mundo, en la que se incluye un marco regional para prevenir y responder a los desplazamientos, y que cuenta con el apoyo de mi Oficina. Señalo en particular la iniciativa de Vanuatu de solicitar una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados de proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras frente a los efectos adversos del cambio climático.

La gobernanza transparente resulta fundamental para reparar los daños y aumentar la resiliencia. Los fondos para la financiación climática deben llegar a las personas más afectadas y vulnerables, y deben incorporar salvaguardas firmes de derechos humanos.

Y debemos denunciar las soluciones climáticas falsas. Lamento los intentos por parte de la industria de combustibles fósiles de teñir de verde su reputación y entorpecer nuestro objetivo de descarbonización en las negociaciones climáticas mundiales y en otros espacios de diálogo. Esto debe evitarse en la próxima COP28 de Dubái, por lo que necesitamos una participación inclusiva, segura y significativa de la sociedad civil.

Recomiendo encarecidamente los siguientes puntos en todos los países. Acceso público a la información sobre riesgos medioambientales y políticas gubernamentales. Plena participación y consulta sobre leyes y medidas medioambientales, especialmente para los pueblos indígenas y otros grupos que sean los primeros en sufrir los daños del cambio climático. Y la protección de aquellas personas que expresan su preocupación por los delitos medioambientales o las políticas que provocan daños.

El ataque a las manifestaciones por el clima, el diseño de leyes que restringen injustamente las actividades que señalan los daños climáticos a la atención del público y permitir la impunidad de los ataques a activistas son tácticas que perjudican a todos los Estados y a todos los seres humanos. Y deben abordarse con urgencia.

Sr. Presidente, 

Conflictos, discriminación, pobreza, restricciones al espacio cívico y la triple crisis planetaria.

Nos enfrentamos a los efectos combinados de todas estas crisis, al mismo tiempo que afrontamos una oleada de nuevos retos en materia de derechos humanos, especialmente en el ámbito digital y en relación con la inteligencia artificial y la vigilancia. Se necesitan urgentemente ideas nuevas, liderazgo político, compromisos renovados y un aumento drástico de la financiación para responder a estos desafíos, con los derechos humanos en un lugar central.

Aprovechemos este año de aniversarios de los derechos humanos para hacer un esfuerzo adicional.

Gracias. 

Parte de este discurso se pronunció en francés

 

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