La Alta Comisionada Adjunta Brands Kehris informa al Consejo de Seguridad sobre la situación en Ucrania / ACNUDH

Señor Presidente,

Distinguidos miembros del Consejo:

Hace exactamente diez meses, el 17 de enero, informé a este Consejo, en calidad de representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre asuntos relativos a la libertad de culto y religión, y sobre otros aspectos generales de derechos humanos en el marco de la guerra de Ucrania.

Desde mi último informe, el número de víctimas civiles resultantes del ataque armado en gran escala de la Federación de Rusia contra Ucrania ha aumentado considerablemente. Al día de hoy, el ACNUDH ha registrado un total de 10.000 civiles muertos y más de 18.000 heridos (en comparación con los 7.000 y 11.000 respectivamente, notificados al Consejo el 17 de enero).

El conflicto también ha infligido extensos daños a la infraestructura civil de Ucrania, en hogares, escuelas e instalaciones sanitarias, así como, en los últimos meses, en instalaciones portuarias y silos de cereales indispensables para sostener las exportaciones de alimentos del país. A medida que llega el invierno y las temperaturas empiezan a bajar de cero grados, las necesidades humanitarias se multiplicarán. Los más vulnerables -los ancianos, las personas que viven con discapacidades y las que se encuentran en campamentos de desplazados- estarán más expuestos al riesgo.

Las repercusiones de la guerra se extienden más allá del elevado número de bajas y la extensa destrucción física, y alcanzan a los estratos más profundos de la sociedad ucraniana. En este contexto estamos monitoreando la situación de la libertad de culto en Ucrania, tanto en el territorio controlado por el gobierno de Kiev como en las zonas ocupadas por tropas de la Federación de Rusia.

Las tensiones entre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que mantiene vínculos históricos con el Patriarcado de Moscú de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que obtuvo su autonomía al amparo del Patriarcado de Constantinopla en 2019, incluida la propiedad de terrenos y edificios, aumentó tras el ataque armado de Rusia en febrero de 2022 y en algunos casos se manifestó en forma de incidentes violentos.

Señor Presidente:

Estas tensiones han afectado la libertad de culto en el territorio controlado por el gobierno de Ucrania, como se ha documentado en informes consecutivos recientes de la Misión de Observación de Derechos Humanos.

En primer lugar, desde febrero de 2022, el ACNUDH ha documentado diez casos de violencia física y seis de amenazas violentas resultantes de disputas entre fieles de diferentes comunidades ortodoxas. Por desgracia, la respuesta de la policía en estos casos ha sido inadecuada, ya que no se han investigado lo suficiente estos incidentes ni se han tomado medidas para proteger a los fieles de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. La mitad de estos incidentes ocurrió en marzo y abril de este año, y el número de incidentes se redujo posteriormente. En este sentido, las recomendaciones que figuran en las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos sobre Ucrania de febrero de 2022 aún mantienen su vigencia, incluso las relativas a la protección de los lugares de culto contra los actos de violencia, intimidación y vandalismo, y la de velar por que todos los casos de violencia sean objeto de una investigación rápida y exhaustiva, y que los responsables reciban la debida sanción.

En segundo lugar, desde febrero de 2022, de las más de 6.600 causas penales incoadas contra acusados de colaboración con el enemigo y otros delitos relacionados con el conflicto de Ucrania, 68 de ellas han involucrado a clérigos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, según informan las autoridades del país. El ACNUDH está monitoreando 44 de estos casos. Es de especial importancia que se respeten las reglas del debido proceso y del juicio justo en estos casos tan delicados. En al menos 26 causas en las que están imputados miembros del clero de la IOU, hemos identificado motivos de preocupación relativos a la equidad de los procedimientos penales, tales como que el acusado no ha tenido acceso a la asistencia letrada durante una requisa en su hogar o que los fiscales han presionado al reo para que confiese, a cambio de rebajarle los cargos o de que sea incluido en un canje de prisioneros. Nuestras conclusiones se produjeron en el contexto de una investigación de más amplio espectro sobre aspectos del debido proceso y el juicio justo que se han planteado en procesos incoados a detenidos por causas relativas al conflicto.

En tercer lugar, el ACNUDH está vigilando de qué manera los cambios legislativos aplicados en Ucrania pueden repercutir sobre el ejercicio de la libertad de cultos y en un informe previo de la Misión de Observación expresó su preocupación sobre el efecto cumulativo de las medidas adoptadas por el gobierno contra la IOU, que podrían tener carácter discriminatorio.

En octubre de 2023, el Parlamento ucraniano aprobó en primera lectura un conjunto de enmiendas a la ley de organizaciones religiosas. Esta medida establecería un procedimiento para “la disolución de organizaciones religiosas afiliadas a centros de influencia, cuya gestión esté ubicada en un país que lleve a cabo una agresión armada contra Ucrania”. Este anteproyecto de ley está sujeto a examen actualmente por un comité, en preparación de una segunda lectura. Instamos a los legisladores a que tengan en cuenta el Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la jurisprudencia pertinente del Comité de Derechos Humanos. El derecho internacional permite aplicar restricciones a la libertad de expresión religiosa únicamente cuando dichas restricciones están autorizadas por ley y son necesarias para proteger la seguridad pública, el orden, la salud o las buenas costumbres, o las libertades y los derechos fundamentales de los demás. Este criterio debe interpretarse en sentido estricto y las limitaciones han de estar directamente relacionadas y ser proporcionales al propósito específico que se procura.

Como medida siguiente, instaríamos a los legisladores a definir con claridad el objetivo específico y legítimo de las restricciones propuestas y a velar por su necesidad y proporcionalidad, y luego a revisar el texto en función de esos criterios. Exhorto a los diputados ucranianos a que hagan uso de las competencias de las Naciones Unidas en materia de análisis, así como de la experiencia de otros organismos internacionales, tal como han hecho en otros casos, para evaluar hasta qué punto las medidas propuestas están claramente definidas y si las menos intervencionistas serían capaces de alcanzar el objetivo específico, y también si las enmiendas propuestas cumplen con los criterios jurídicos internacionales. 

Señor Presidente:

El ACNUDH también tiene graves inquietudes acerca de la libertad de culto en los territorios ucranianos ocupados por fuerzas de la Federación de Rusia. El derecho internacional humanitario obliga a la potencia ocupante a respetar las leyes vigentes en el país. Sin embargo, la Federación de Rusia aplica sus propias leyes en el territorio ocupado, lo que ha restringido los derechos de las minorías religiosas. En informes anteriores de la Misión de Observación hemos documentado casos de desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y otros tratos degradantes, así como de deportaciones ilícitas perpetradas por las fuerzas armadas rusas contra clérigos y fieles de la Iglesia Católica Griega de Ucrania y las comunidades evangélicas cristianas en Zaporiyia, Jersón, Járkiv y otras zonas.

En Crimea, las autoridades rusas han perseguido a miembros de los Testigos de Jehová y de Hizb-ut-Tahir, dos organizaciones prohibidas en la Federación de Rusia, pero no en Ucrania, y a menudo les han impuestos largas condenas de prisión. Desde febrero de 2022, hemos documentado la persecución de nueve miembros de los Testigos de Jehová. Tras el 24 de febrero de 2022, las autoridades rusas arrestaron a 18 tártaros de Crimea, sospechosos de militar en Hizb ut-Tahrir. Estos reos se enfrentan a la posibilidad de recibir largas penas de cárcel. En fecha más reciente, el 24 de agosto de 2023, tras realizar requisas domiciliarias, el FSB arrestó a seis tártaros de Crimea que viven en Bakhchisarai, por presunta vinculación a Hizb ut-Tahrir.

También hemos visto que las autoridades de ocupación han tomado medidas contra la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. En Simferopol, las autoridades rusas expulsaron a la IOU de la catedral, privando a sus files del último lugar de culto que tenían en la ciudad.

Nuestra Misión de Observación en Ucrania ha informado de casos individuales de detención arbitraria y tortura de clérigos en el territorio ocupado. El mes pasado, se documentó la detención arbitraria de dos sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania en la zona ocupada del distrito de Donetsk; los reos fueron acusados de conducta anti rusa y manifestaciones extremistas por haber expresado públicamente su apoyo a las autoridades ucranianas. En el último informe periódico publicado por la Misión de Observación se relata la detención arbitraria de dos clérigos ortodoxos en territorio ocupado, uno de los cuales fue torturado. En mayo de este año, un sacerdote pro ucraniano del distrito de Jersón fue excarcelado, tras pasar 262 días detenido y, según se informa, haber sido torturado; en ningún momento se presentaron cargos formales en su contra, pero él afirma que fue interrogado en repetidas ocasiones sobre sus motivos para celebrar el servicio religioso en lengua ucraniana y orar por las fuerzas de Ucrania. Estos casos de presunta tortura de clérigos se ajustan a un esquema general de tortura de detenidos civiles, según ha informado la Misión de Observación.

Las inquietudes relativas al ejercicio de la libertad de cultos en Ucrania, comprendidos los territorios ocupados, han aumentado desde febrero de 2022. Es urgente que en ese país se restablezca el respeto hacia la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Aunque la guerra y la ocupación continúan, exhortamos a las partes a que garanticen que toda la población de Ucrania tiene total libertad para expresar y practicar su religión o creencia, según lo dispuesto en el derecho internacional de los derechos humanos.