Audiencia en la Comisión Extraordinaria de la Senadora italiana contra la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y la incitación al odio o a la violencia

20 de enero de 2022

Distinguida Presidenta de la Comisión,
Senadora Lilian Segre,
Miembros del Parlamento,

Es para mí un honor que se me haya invitado a intervenir ante esta Comisión. Su experiencia, Senadora Segre, con los peligros extremos de la retórica del odio y la intolerancia, junto con el entendimiento de esta Comisión sobre la importancia y los problemas de combatir dichos fenómenos en la actualidad, hacen de esta reunión un encuentro valioso para mí, y para la Oficina.

Acogemos con agrado el establecimiento de esta Comisión Extraordinaria, y dados los problemas y los retrocesos que ha tenido que afrontar, quiero expresarle claramente mi pleno apoyo a su labor.

En 2019, mi Oficina realizó una visita a Italia para supervisar la discriminación racial, con un enfoque en la incitación al odio y a la discriminación raciales. Nuestro análisis confirmó que esta tendencia está muy presente en Italia, al igual que en toda Europa y en muchas otras regiones. 

Aunque nuestro informe reconocía la adopción de numerosas medidas legislativas, judiciales e institucionales, resaltó varias deficiencias esenciales y recomendó la adopción de acciones específicas. 

Todas esas recomendaciones siguen siendo relevantes, y resaltaré algunas de ellas en mis observaciones.

Se han producido múltiples incidentes de incitación al odio y delitos graves motivados por el odio contra italianos y no nacionales de diversos orígenes en los últimos años. El estudio “Mapa de la intolerancia”, que analizó unos 800.000 tuits en Italia el año pasado, reveló ataques en línea dirigidos a mujeres, musulmanes, personas con discapacidad, judíos, personas LGBTI y migrantes.

Los afrodescendientes se han enfrentado a muchos casos de abuso, comportamiento discriminatorio e incluso ataques físicos.

Los migrantes —personas en búsqueda de seguridad y oportunidad que aportan habilidades y esperanza— suelen encontrarse con un discurso de odio, exclusión y criminalización que tiene un impacto aplastante sobre sus derechos humanos, incluso en la relativo a la educación, a la vivienda, al trabajo decente y a los servicios sociales. El tratamiento discriminatorio de los migrantes en algunos sectores de la economía — sobre lo que el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos informó el pasado octubre— empaña la reputación internacional de Italia y dista mucho de cumplir las normas internacionales.

Pueden adoptarse muchas medidas concretas. Por ejemplo, hemos formulado orientaciones sobre el replanteamiento de las narrativas sobre la migración que hemos empleado con los parlamentarios, los defensores de derechos de los migrantes y la sociedad civil en varios países, para crear narrativas de esperanza e inclusión. La Agenda para un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales que publicamos el pasado junio también incluye una descripción muy detallada de medidas prácticas, y urgentes, en pro de la justicia racial que podrían tener gran relevancia para Italia.

Internet —y en especial, las redes sociales— intensifican en gran medida el volumen del odio dirigido contra las mujeres, las niñas y las personas de género diverso, en particular contra aquellos que alzan sus voces para investigar o defender el cambio en las cuestiones económicas, sociales, culturales y políticas. Incluso en Italia, las defensoras de los derechos humanos, las periodistas y las mujeres que participan en actividades políticas suelen ser objeto de amenazas extremadamente ofensivas y aterradoras, que a menudo conllevan agresiones sexuales. La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias ha publicado un informe con recomendaciones detalladas para la prevención, la protección, el enjuiciamiento y el recurso de las amenazas en línea contra mujeres y niñas.

En 2019, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea constató que el 32% de las personas LGBTI italianas habían sufrido al menos un episodio de acoso el año pasado y el 8 % un episodio de agresión física en los últimos cinco años a causa de su identidad de género. Solo 1 de cada 6 víctimas pusieron una denuncia, la mayoría porque temían reacciones negativas de la policía o de los funcionarios judiciales.  Tan solo el 8 % de las personas LGBTI italianas que respondieron a la encuesta consideraba que el gobierno italiano estaba luchando con eficacia contra el prejuicio y la intolerancia contra este grupo.

Lamento que este país haya perdido recientemente una gran oportunidad de combatir el discurso de odio y delitos motivados por el odio contra mujeres, niñas, personas con discapacidad y personas LGBTI, cuando el Senado rechazó la conocida "Ley Zan" que pretendía ampliar la protección de las víctimas de violencia y discriminación por motivos de sexo, género, identidad de género, orientación sexual y discapacidad. Espero que las nuevas iniciativas tengan lugar con prontitud para garantizar que todas las personas en Italia reciban protección efectiva ante estas violaciones de derechos humanos, sin más demora.

El antisemitismo y los prejuicios antimusulmanes también parecen estar aumentando en toda Europa. La encuesta de los países de la Unión Europea de 2018 de la Agencia de los Derechos Fundamentales registró que el 89 % de los encuestados sentía que el antisemitismo había aumentado en su país, y estudios recientes sugieren que se ha vuelto más virulento durante la pandemia, a medida que vuelven a surgir antiguas teorías conspiratorias. El Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias informó de que el año pasado los musulmanes sufrieron discriminación en muchos países, entre ellos, Italia, a la hora de acceder a los bienes y servicios, incluso en el transporte público, aeropuertos, oficinas administrativas, establecimientos y restaurantes.

Los movimientos políticos que sacan provecho del odio han ido cobrando fuerza en muchos países. Al fomentar las emociones de sus seguidores por medio de campañas de desinformación e información errónea, consiguen la atención de los medios de comunicación, así como votos, pero al mismo tiempo abren brechas profundas, violentas y profundamente dañinas en las sociedades.

La repercusión que tiene el discurso de odio en las comunidades y en las personas es devastadora. Les expone a la humillación, la violencia, la discriminación y la exclusión, lo cual agudiza las desigualdades sociales y económicas subyacentes, y alimenta resentimientos profundos. Nuestra historia compartida es una advertencia de lo peligrosas que pueden llegar a ser estas tendencias. Tal y como Primo Levi escribió en el contexto del Holocausto —y cuyas víctimas recordamos y homenajeamos el 27 de enero de cada año— "Ocurrió. Y puede volver a ocurrir".

Distinguidos Senadores,

Debemos combatir dichos fenómenos con sólidos marcos jurídicos, institucionales y políticos. En 2020, la Unión Europea ha avanzado significativamente a este respecto mediante la adopción del Plan de acción de la UE contra el racismo 2020-2025 para mejorar la protección ante la discriminación; fortalecer la función y la independencia de los organismos de igualdad; y reforzar la acción nacional contra el racismo. El Plan de acción incluye un énfasis particular en revelar el racismo estructural subyacente por medio de una mejor recopilación de datos y concienciación. Asimismo, se adoptó una Estrategia de la UE de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía .

Resulta fundamental para crear nuevas políticas y narrativas que den prioridad a nuestra humanidad común y derechos universales.  Pido a los gobiernos que respondan de forma congruente con todo el peso de la ley ante todas las formas de conducta y violencia racistas. Las personalidades políticas tienen una responsabilidad especial de velar por que sus palabras no inciten a la violencia, a la hostilidad, ni a la discriminación. 

Se espera que cada Estado Miembro de la UE adopte estrategias nacionales concretas para finales de 2022 con respecto al Plan de acción contra el racismo. Esta Comisión es plenamente consciente de la importancia que reviste establecer una estrategia de este tipo en Italia, con vistas a garantizar reformas integrales que impliquen “al conjunto del Gobierno y de la sociedad” con los recursos adecuados. Animo a Italia a cooperar con otros Estados de la UE en esta aplicación. Por ejemplo, la vecina Austria ya ha establecido su estrategia nacional relativa al antisemitismo, y podría servir de aliada a la hora de determinar la combinación de políticas adecuada.

Entre otras iniciativas de la UE destinadas a fomentar la igualdad y el respeto de la diversidad se encuentran la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025, la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025, la Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030, la Estrategia sobre los derechos de las víctimas 2020-2025 y la Directiva sobre los derechos de las víctimas. Estos planes importantes también necesitan grandes esfuerzos nacionales de aplicación.

En este contexto, abrigo la esperanza de que el Parlamento italiano pueda garantizar con prontitud el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos en Italia. Las víctimas, con independencia de su situación, tienen derecho a denunciar de forma segura cualquier acto de discriminación y de incitación a la violencia o al odio —sin temor a recibir un mayor trato discriminatorio—, así como a encontrar un apoyo y recurso efectivos. Los responsables deben ser conscientes de que van a rendir cuentas.

Este país también se beneficiaría de unos sistemas más sólidos para registrar estadísticamente los incidentes de discriminación y discurso de odio, desglosados por edad, género, etnia, situación migratoria o cualquier otro motivo de discriminación prohibido. Aunque reconozco la resistencia a identificar a las víctimas en función de su raza, es la única forma de luchar contra los actos de racismo cuando se sacan a la luz —por medio de estadísticas desglosadas que respetan principios fundamentales de los derechos humanos, entre ellos, la autoidentificación, la transparencia y la privacidad—.

También recomiendo encarecidamente realizar campañas nacionales de defensa pública para luchar contra los estereotipos y fomentar el respeto de la diversidad de las personas, así como para estimular el apoyo del público a los defensores de derechos humanos que combaten todas las formas de discriminación. La educación en derechos humanos también puede desempeñar un papel clave.  Con demasiada frecuencia, los programas escolares se centran en los detalles de una nación —a menudo específicamente definidos según la etnia o la religión de la mayoría, frente a la exclusión de las minorías— en vez de fomentar la comprensión de nuestra humanidad diversa y los derechos humanos universales.  La educación en derechos humanos ayuda a los estudiantes a percatarse de sus propios prejuicios y de los de otras personas, mediante el desarrollo del conocimiento y destrezas que sirven para identificar y reivindicar los derechos humanos.  

Senadores,

El problema de la incitación a la violencia y al odio en la red también exige medidas reglamentarias decisivas y fundamentadas.

No cabe duda de que las narrativas de odio en las redes sociales, tales como Facebook, TikTok y Snapchat, han contribuido a la violencia extrema contra los grupos minoritarios en muchos países —incluida la masacre de los rohinyás en Myanmar en 2017, y numerosos incidentes de asesinatos en masa, como los de Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos—. Las redes sociales constituyen un nexo para el abuso de mujeres y niñas, y para las personas de género diverso. Señora Segre, usted misma ha sido objeto de amenazas en línea y del discurso de odio. Comparto el horror y la indignación de los italianos ante estas manifestaciones lamentables de antisemitismo y misoginia.

Podemos, y debemos, desintoxicar Internet, y hacer de él un lugar más seguro para todos.

Tan solo en los últimos 12 meses, Facebook ha denunciado la eliminación de más de 100 millones de elementos tipificados como "discurso de odio". Mi Oficina viene colaborando con Facebook, Google/YouTube y Twitter con vistas a proteger mejor a los defensores de derechos humanos y a responder con más eficacia ante el contenido que incita a la hostilidad, la discriminación o la violencia.

Pero todavía queda mucho por hacer. Todas las redes sociales deberían regirse por las normas internacionales de derechos humanos en la moderación de su contenido, y en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, deben realizar evaluaciones regulares del impacto para los derechos humanos y de las consecuencias en función del género, junto con otras formas de debida diligencia en materia de derechos humanos, para abordar el abuso y la incitación al odio que aparecen en sus contenidos.

Aunque las empresas de redes sociales tienen responsabilidades claras y fundamentales para moderar el contenido en línea, son los Estados quienes asumen la obligación fundamental de adoptar políticas y legislación que garanticen la protección de los derechos humanos en la red.

No obstante, la lucha contra el discurso de odio no siempre se realiza de buena fe, ni respeta los derechos humanos. Es muy lamentable observar que las leyes de varios países que reivindican luchar contra el discurso de odio en realidad se utilizan para reprimir la disidencia legítima y restringir el espacio democrático y cívico. Esas iniciativas exigen una reforma urgente para asegurar que las leyes y los reglamentos se establecen con pleno respeto de las libertades fundamentales. 

Mi Oficina ha definido cinco acciones que podrían marcar una gran diferencia a la hora de regular el contenido en el espacio virtual:

1. Centrarse en el proceso, no en el contenido. Examinar de qué forma el contenido se está intensificando o restringiendo. Garantizar que personas reales, y no algoritmos, examinan las decisiones complejas.
2. Garantizar que las restricciones de contenido se basen en la legislación, sean claras y diseñadas específicamente, así como necesarias, proporcionadas y no discriminatorias.
3. Ser transparentes. Las empresas deberían ser transparentes sobre el modo de tratar y moderar el contenido y de compartir información con terceros. Los Estados deberían ser transparentes en cuanto a sus peticiones de restringir el contenido o de acceder a los datos de los usuarios.
4. Asegurar que los usuarios tienen oportunidades efectivas para recurrir resoluciones que consideren injustas, y poner a disposición recursos efectivos para los casos en que las medidas de las empresas o de los Estados socaven sus derechos. Los juzgados independientes deberían tener la última palabra sobre la legalidad del contenido.
5. Asegurarse de que la sociedad civil y los expertos se involucran en el diseño y la evaluación de las regulaciones.

Abordar el discurso de odio no significa limitar o prohibir los derechos a participar, de acceso a la información, a expresarse o a movilizarse. Supone detener el discurso de odio que degenere en incitación a la discriminación y a la violencia, lo cual está prohibido de conformidad con el derecho internacional.

Hay disponibles directrices detalladas y prácticas sobre esta cuestión. Recomiendo firmemente que tengan en cuenta el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia  que hemos elaborado para delinear con cuidado las formas exactas de discurso de odio que necesitan restricciones. Su prueba de umbral concreta se encuentra disponible en nuestra página web en 32 idiomas, incluido el italiano, y ya ha sido utilizada por tribunales, otras autoridades nacionales y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.

Senadores,

El discurso de odio está en aumento en todo el mundo y esta tendencia parece agravarse por los efectos económicos y sociales que acarrea la COVID-19. Esta situación amenaza profundamente los valores que compartimos: los valores de justicia, dignidad humana, igualdad y derechos humanos. Incrementa las injusticias y suscita la violencia y el conflicto. Con la intensificación de la discriminación y disuadiendo la participación, también se consigue impedir que las personas contribuyan plenamente a las sociedades en las que viven.

Esta distinguida Comisión tiene la responsabilidad y la capacidad de movilizar fuerzas en todo el país —congregando al gobierno, al sector privado, a los líderes religiosos y a la sociedad civil, incluidas las minorías estigmatizadas— para contrarrestar el discurso de odio desde el pleno respeto de los principios de derechos humanos.

Hace falta mucho valor para acometer esta tarea. Confío en que ustedes, Senadores, tengan el valor moral de alzarse en pro de los derechos humanos.

Gracias