GINEBRA (27 de octubre de 2023) - El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk instó hoy a las instituciones de la Unión Europea, las cuales se encuentran actualmente dando los últimos retoques a una nueva legislación de gran relevancia sobre debida diligencia por parte de las empresas en lo que respecta a los derechos humanos, a asegurarse que esta se ajusta a las normas de las Naciones Unidas aceptadas internacionalmente sobre empresas y derechos humanos.

La Directiva sobre Diligencia Debida y Sostenibilidad Corporativa, la cual se encuentra en proceso de negociación en la Unión Europea, va a exigir a determinadas empresas de la UE y otras ajenas a la UE que identifiquen y atiendan riesgos adversos para los derechos humanos y el medioambiente.

«Celebro el hecho de que la UE esté trabajando para consolidar legalmente la debida diligencia en materia de derechos humanos para las empresas de sus 27 miembros. Las empresas europeas tienen un papel muy relevante que desempeñar a la hora de respetar los derechos humanos, por lo que la directiva proporcionará un instrumento significativo encomendándolas de forma legal a llevarlo a cabo.

«No obstante, para que esta directiva sea eficaz a la hora de hacer frente a los riesgos en materia de derechos humanos, esta deberá ajustarse al consenso mundial sobre debida diligencia en materia de derechos humanos para las empresas que quedó establecido en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.»

Un documento de posición de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas detallas las áreas fundamentales donde la coherencia entre los dos instrumentos es clave para asegurar que se mitigan los riesgos de efectos negativos para los derechos humanos, a la vez que se identifican y abordan sus causas originarias.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos suponen las normas globales para prevenir y abordar el riesgo de consecuencias adversas para los derechos humanos en relación con las actividades empresariales. Aprobados en 2011, estos Principios proporcionan el marco aceptado internacionalmente para mejorar las normas y prácticas relativas a las empresas y los derechos humanos.