Comunicados de prensa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Corea del Norte: Verdad, justicia y reparación es lo que necesitan las víctimas de secuestros y desapariciones forzadas, señala informe de las Naciones Unidas
28 marzo 2023
GINEBRA / SEÚL (28 de marzo de 2023) – Un informe publicado hoy por la Oficina del ACNUDH describe con vívidos detalles el sufrimiento que padecen las víctimas de secuestros y desapariciones forzadas en la República Popular Democrática de Corea. En el informe se piden renovados esfuerzos para garantizar la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición.
“La angustia, el sufrimiento y las represalias que las familias -a lo largo de varias generaciones- han tenido que padecer componen una historia desgarradora”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “Los testimonios contenidos en este informe demuestran que generaciones enteras han vivido con la pena de no saber qué les sucedió a sus cónyuges, padres, hijos y parientes”.
El informe se basa en entrevistas realizadas a 80 víctimas -38 hombres y 42 mujeres- que sufrieron secuestros y desapariciones forzadas, así como a familiares de otras personas desaparecidas. Los testimonios ponen de relieve los graves y duraderos daños psicológicos y emocionales, así como las repercusiones económicas que esas violaciones han tenido sobre las vidas de las personas. Las consecuencias fueron especialmente severas cuando las víctimas fueron los cabezas de familia, cuya desaparición dejó al resto de los miembros en situación de pobreza aguda y discriminación.
Una mujer cuyo esposo fue secuestrado en junio de 1972 mientras estaba pescando, declaró: “Tras el secuestro de mi marido, no teníamos dinero suficiente para comer”.
El informe, titulado ‘These wounds do not heal’, [Estas heridas nunca se curan] relata detalladamente los secuestros y las desapariciones forzadas ocurridas en la RPDC desde 1950, incluidas las detenciones arbitrarias, ocurridas en algunos casos tras repatriaciones forzadas desde países vecinos; los secuestros de ciudadanos de la República de Corea durante y después de la Guerra de Corea; la no repatriación de prisioneros de guerra tras el conflicto del decenio de 1950, y los secuestros o desapariciones forzadas de ciudadanos de Japón y otros Estados.
El hermano de una mujer que fue secuestrada en Japón en 1978 declaró: “Quisiera saber dónde está y si goza de buena salud o está enferma. Quisiera ver alguas fotos suyas. Quisiera tener una fotografía suya”.
Numerosas víctimas de desapariciones forzadas en la RPDC fueron enviadas, a veces a perpetuidad, a campos de prisioneros conocidos como kwanliso, y a otros centros de reclusión, donde fueron sometidas a periodos de incomunicación y tortura. Según el informe, algunas de ellas fueron ejecutadas de manera sumarísima, sin informar a sus familiares.
“Supe que [mi mujer y mi hijo] fueron enviados por separado a distintos presidios políticos. Mi hijo, que entonces era menor de edad, ya debería haber cumplido su condena de cuatro años, pero todavía sigo sin saber nada de él. Eso indica que todavía está en prisión o que ha muerto mientras estaba detenido”, dijo una de las víctimas entrevistadas para el informe.
“Estos relatos desgarradores de vidas truncadas por secuestros autorizados por el Estado y estas desapariciones forzadas exigen que se adopten medidas al respecto”, declaró el Alto Comisionado del ACNUDH.
“La desaparición forzada constituye una vulneración profunda y simultánea de varios derechos y la responsabilidad de esos actos recae en el Estado. Insto a las autoridades de la RPDC a que adopte medidas para dar solución a estos casos y pido a todos los Estados que apoyen a las víctimas de desapariciones forzadas en su búsqueda de justicia”.
El Alto Comisionado manifestó su voluntad de tratar con el gobierno de la RPDC a fin de solucionar numerosos problemas de derechos humanos que han sido bien documentados.
“Ahora le corresponde a la RPDC salir de su aislamiento y colaborar con las Naciones Unidas para hallar soluciones a estos problemas de derechos humanos -comprendida la antigua y no resuelta cuestión de los secuestros y las desapariciones forzadas- y para cumplir con sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos”, declaró Türk.
La Oficina del ACNUDH consultó a las víctimas para conocer su opinión sobre qué significaría para ellas la justicia y la rendición de cuentas. Entre las exigencias principales de los entrevistados figuró el deseo de conocer toda la verdad sobre el destino de sus seres queridos.
“La parte más difícil del asunto es que nunca he recibido noticias sobre mi esposo. Quisiera saber algo de él. Hubiera sido muy grato tener noticias suyas, saber al menos si está alimentado, si recibe comidas adecuadas, cualquier pequeña información. Hubiera sido un gran consuelo recibir alguna noticia suya, pero no he sabido nada”, declaró una de las víctimas.
En 2014, la Comisión de las Naciones Unidas que investigó la situación de los derechos humanos en la RPDC llegó a la conclusión de que la índole sistemática y generalizada de los secuestros y las desapariciones forzadas en ese país constituye un delito de lesa humanidad.
En el informe se exhorta a la comunidad internacional a proseguir los esfuerzos encaminados a investigar los delitos internacionales perpetrados en la RPDC. Según lo expuesto en el documento, los reponsables de esos actos deben ser juzgados en tribunales nacionales o internacionales que cumplan los requisitos necesarios para un juicio justo, entre otros los principios de jurisdicción universal o extraterritorial. En el informe se insta también a los Estados pertinentes a que apoyen los esfuerzos orientados a velar por el acceso de las víctimas a la justicia y a crear programas exhaustivos de reparación, elaborados en consulta con las víctimas, para satisfacer sus necesidades, comprendidas la compensación, la preservación de la memoria histórica, la restauración de la dignidad y la prestación del apoyo médico y psicosocial necesario.
“Las víctimas tienen derecho a la verdad y la justicia, a las reparaciones y a la garantía de no repetición. Incluso en casos ocurridos hace ya décadas, es preciso hacer todo lo posible para lograr la rendición de cuentas, la transparencia y la reparación”, añadió Türk.
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