La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visita Kabul, Afganistán

Ayer tuve la oportunidad de realizar una breve visita a Kabul, en un momento cuando los afganos están haciendo un gran esfuerzo en mitad de varias crisis apremiantes y que se cruzan unas con otras a la vez que lidian con una gran incertidumbre.  Incertidumbre sobre el futuro de su país pero también sobre dónde conseguir su próximo plato de comida.  Necesidades humanas básicas como los alimentos y la salud están gravemente desatendidas, y derechos humanos básicos como la educación, el derecho al trabajo y el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones no se cumplen en su mayor parte. 

Durante mi corta visita, me reuní con representantes de las autoridades de facto además de con representantes de la sociedad civil, incluyendo algunas destacadas profesoras, doctoras, periodistas, funcionarias y trabajadoras de ONGs.  Las  mujeres transmitieron de forma firme la urgencia de la situación que se vive en el terreno. Ellas suplicaron por ocupar un sitio en la mesa junto a las autoridades de facto , como socios para trazar una ruta para poder salir de esta crisis económica, humanitaria y de derechos humanos que se vive en Afganistán. Cuando les pregunté qué mensajes deseaban que les transmitiera a las autoridades de facto, me pidieron ser ellas mismas las que pudieran transmitir el mensaje en lugar de a través mía:  «Queremos hablar nosotras mismas con los Talibanes.  Nosotras sabemos lo que necesita nuestra gente, no solamente en la ciudad sino también en el campo, y contamos con información fidedigna y soluciones para discutir con los propios Talibanes.» 

Las mujeres expresaron su deseo de que «conforme resurgimos de las cenizas de la guerra, un día, conseguiremos alcanzar la justicia social en Afganistán.»  Se comprometieron a continuar luchando contra las injusticias aunque recalcaron que necesitan recuperar sus derechos, sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, a la libertad sin miedo a represalias para ellas mismas o sus familias, el derecho al trabajo y a la participación.  Ellas pidieron «separar la política de la salud», que se formara y usaran trabajadoras sanitarias y que se invirtiera en infraestructura sanitaria.  Pidieron a las autoridades de facto que garantizaran la protección de mujeres activistas y periodistas de la violencia y las represalias, así como el restablecimiento de mecanismos para prevenir y atajar la violencia doméstica.  Y pidieron también el apoyo y defensa constantes por parte de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) y de forma específica de su Servicio de Derechos Humanos. 

Yo apoyo rotundamente sus peticiones. 

Aunque yo solo tuve tiempo de pasar un día en Kabul, nuestro Servicio de Derechos Humanos de UNAMA lleva ya en el país 20 años realizando una labor esencial de derechos humanos y acompañando al pueblo de Afganistán en su travesía por numerosas crisis y conmociones.

A lo largo de los años, llevamos realizando la triste tarea de contar el número de víctimas civiles del conflicto armado, supervisando e informando sobre sus consecuencias para las mujeres, hombres, niñas y niños. Hemos entablado diálogos con diferentes partes, incluyendo a los Talibanes, sobre la protección de los civiles, sobre el derecho humanitario internacional y sobre las normas internacionales de derechos humanos. 

Hemos trabajado con autoridades relevantes del Estado, con la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán y con la sociedad civil para luchar contra la violencia contra las mujeres, hemos hecho recomendaciones sobre legislación, visitado centros de detención y hablado con los detenidos.  Hemos documentado, elaborado informes y abogado en contra de las violaciones y abusos de derechos humanos por parte del Estado y de grupos armados no estatales.  Hemos defendido los derechos de todos los afganos, sin importar su procedencia o convicciones. 

Hemos denunciado con firmeza casos de tortura y malos tratos, incluso los cometidos contra Talibanes y otros detenidos anti-gubernamentales a quienes entrevistamos en centros de detención durante estos años, por todo el país, insistiendo siempre en que el uso de la tortura contra cualquier persona, en cualquier circunstancia, está absolutamente prohibido por el derecho humanitario internacional, es un error y es contraproducente. 

Y hemos estado escuchando y trabajando con actores de la sociedad civil y con defensores de derechos humanos, hombres y mujeres, abogando por la defensa de distintos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, incluyendo a través de la reforma política, la creación de instituciones y la formación en derechos humanos. 

Desde el 15 de agosto de 2021, tras la toma del poder por los Talibanes, se han producido algunos cambios drásticos evidentes en el país.  Con el descenso en las hostilidades desde esa fecha, las víctimas relacionadas con el conflicto se han reducido sustancialmente.  Pero nosotras tememos que la crisis humanitaria y económica se cobre muchas más vidas.  En la actualidad, una de cada tres personas en Afganistán se enfrenta a una situación de emergencia o crisis de seguridad alimentaria y además hay un acceso limitado a dinero en efectivo, elevados niveles de desempleo y desplazamiento de personas.  Asimismo, sigue habiendo un riesgo desgraciadamente elevado de ataques por parte del ISKP y otros grupos. 

Estoy segura que somos todos de la misma opinión: es un hecho inaceptable e inadmisible que el pueblo de Afganistán haya tenido que vivir con la posiblidad de ser bombardeado o de morir de hambre, o de ambas cosas. 

Los relatos de madres que tienen que vender a un hijo para poder alimentar al resto de la familia son desgarradores.  Es especialmente desolador porque incluso en mis breves interacciones con la sociedad civil, pude contemplar la capacidad, experiencia e iniciativa que exhiben y que está siendo desaprovechada a la vez que el país se hunde en niveles de desesperación cada vez mayores. Es necesario que se produzcan avances más rápidos en una serie de frentes clave. 

En mis reuniones con las autoridades de facto, incluyendo con el viceprimer ministro y con el ministro de interior de facto, les subrayé la importancia de la inclusividad para poder salir de esta crisis. 

Reconozco la importancia de la amnistía general concedida a funcionarios del gobierno anterior así como a miembros de las fuerzas de seguridad que han participado en el conflicto.  Este fue un paso importante hacia la reconociliación tras tantos años de guerra.  No obstante, varios informes indican que se siguen produciendo registros puerta a puerta y también hemos documentado públicamente asesinatos extrajudiciales de antiguos funcionarios. 

Los ataques contra estos antiguos funcionarios, que incluyen a jueces, así como defensores de derechos humanos y periodistas, continúan sucediéndose.  A la vez que las mujeres que se manifestaron y los miembros de sus familias que fueron arrestados y detenidos de forma arbitraria en enero ya han sido puestos en libertad, el trato que han sufrido ha supuesto que ya no se organicen protestas públicas en defensa de los derechos de las mujeres en Afganistán.  En las últimas semanas hemos conseguido denunciar casos de violaciones individuales de derechos humanos ante las autoridades de facto y les he instado a garantizar que quede claro que estas no van a ser toleradas, que serán investigadas de forma inmediata y que se exigirán responsabilidades a sus autores de forma adecuada. Todos los detenidos por ejercer sus derechos humanos han de ser puestos en libertad de forma inmediata. 

Los activistas y líderes de la sociedad civil, los anteriores empleados del gobierno incluyendo a jueces y fiscales, además de los periodistas, pueden desempeñar un papel clave a la hora de construir un nuevo Afganistán, así como para garantizar justicia por violaciones y abusos de derechos humanos, pero solamente en el caso de que puedan continuar con su labor sin miedo a ser detenidos, a ser acosados, a amenazas o a violencia. 

Toda sociedad es más sostenible y pacífica si se respetan los derechos humanos y si todas las personas que conforman esa nación cuentan con representación, incluyendo a minorías religiosas y étnicas y en especial aquellos que han sufrido históricamente discriminación, marginalización y violencia. Es fundamental para ellos formar parte de la solución en lugar de ser señalados como parte del problema. 
En este período de relativa paz en el país, es vital establecer alianzas inclusivas.  La inclusividad es una condición previa para la reconciliación y la prevención de futuros conflictos.  Esto no es solamente el paso correcto a dar, sino también el paso más inteligente.  El no hacerlo puede conducir a inestabilidad en Afganistán y también más allá de sus fronteras.  Aquellos que son más vulnerables han de poder participar en los debates y conversaciones para afrontar y mitigar estos riesgos. 

Apelo a las autoridades de facto a dar cabida al máximo espacio posible para la libertad de expresión y de reunión pacífica, a respetar el papel de los medios independientes, y a abstenerse de usar cualquier violencia o de imponer sanciones a aquellas personas que pueden tener voces críticas. Las personas necesitan de canales para expresar sus frustraciones pero también para poder diseñar soluciones. 
Yo apelé al restablecimiento de un mecanismo independiente de derechos humanos, tal como existía anteriormente con la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán, que pueda recibir denuncias de la población y presentar sus quejas a la atención de las autoridades de facto.

A la vez que está previsto que las escuelas reabran el 22 de marzo, deseo poder ver que los compromisos adquiridos para que todos los niños y niñas puedan acceder a educación se hagan realidad.  Las niñas y mujeres necesitan tener acceso a educación primaria, secundaria y superior.  Estos pasos tan significativos contribuirán considerablemente a asegurar el futuro del país. 

Es también fundamental abordar de forma urgente lo que se ha denominado acertadamente como los efectos catastróficos de las sanciones económicas y las congelaciones de activos.  Insto a la comunidad internacional a ir más allá de estas medidas ya adoptadas y a aliviar las sanciones y descongelar los activos para impulsar la economía, respaldar el desarrollo y aliviar el sufrimiento humano innecesario.  A menos que no se asignen fondos adicionales de forma inmediata, millones de afganos seguirán sufriendo de forma innecesaria.  Los responsables políticos a escala nacional e internacional han de apoyar la creación de servicios sociales básicos a nivel comunitario para garantizar que se respetan de forma sostenible necesidades humanas básicas así como los derechos económicos y sociales de las personas. 

La próxima semana, cuando llegue el momento de la renovación del mandato de la UNAMA en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, será fundamental asegurar que se mantiene una presencia firme de derechos humanos para que podamos continuar acompañando al pueblo de Afganistán, para ofrecer asesoramiento sobre cómo aplicar normas internacionales de derechos humanos en numerosas áreas, incluyendo en el desarrollo económico y social, los derechos de las mujeres y el sistema judicial, con el fin de promover modelos efectivos de recuperación y para reconstruir las instituciones.  Es vital que nosotros continuemos, con total objetividad, llamando la atención de las autoridades de facto acerca de cuestiones graves de derechos humanos, y que sigamos supervisando e informando sobre derechos humanos sobre el terreno.  Hago un llamamiento a los Estados a apoyar la continuación de la labor de la UNAMA en Afganistán mediante un mandato firme de derechos humanos. 

El valor, tenacidad y deseo inquebrantable de los afganos porque se protejan sus derechos humanos, y porque sus hijos hereden un país pacífico y respetuoso con la ley, es palpable.  Los afganos decidirán su futuro y nos toca a nosotros en las Naciones Unidas y la comunidad internacional apoyar todos sus esfuerzos para defender todos los derechos humanos para todo el pueblo de afganistán. 

FIN

Le rogamos consulte también el informe reciente sobre Afganistán elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el Consejo de Derechos Humanos. 

Lea el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, aquí