Palabra inaugurales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en la conferencia de prensa que ofreció durante su misión a la República Democrática del Congo

KINSHASA (21 de julio de 2016) – Agradezco al gobierno de la República Democrática del Congo la invitación que me formuló para que visitara este país en un momento tan crucial.

En los últimos días, he escuchado atentamente diversas opiniones. Lamento no haber podido reunirme con el Presidente Joseph Kabila. Pero me entrevisté con el Primer Ministro, Augustin Matata Ponyo, con el Presidente de la Asamblea Nacional, los Ministros de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos, el Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (ANR), el Comisionado de la Policía y el Representante Personal del Presidente en asuntos relativos a la violencia sexual y el reclutamiento de niños soldados, así como con miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En Goma y Bukavu, fui recibido por el Vicegobernador de Kivu Septentrional y el Gobernador de Kivu Meridional, respectivamente. En el hospital de Panzi, escuché los relatos de mujeres que habían sobrevivido a agresiones sexuales; allí renové el diálogo con el Dr. Denis Mukwege. Por último, un dato muy importante: en cada lugar que visité me reuní con defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, así como con miembros del personal de las Naciones Unidas.

Mi visita coincide con el vigésimo aniversario de la presencia del ACNUDH en la RDC, una relación que se ha caracterizado por su carácter diáfano y sincero, como deben serlo las alianzas auténticas, incluso en momentos en que los desacuerdos puedan ser considerables. Aquí tiene el ACNUDH su representación más nutrida, fuera de la Sede. Creemos que ha sido un privilegio la oportunidad de servir al pueblo y el gobierno de la RDC y mantenemos el compromiso de seguir haciéndolo.

Mi visita comenzó por las provincias orientales, que tradicionalmente han experimentado tanta destrucción y donde mucha sangre se ha vertido. Aunque algunos grupos armados nacionales y extranjeros todavía cometen allí agresiones sexuales contra las mujeres y las niñas –e incluso contra niños muy pequeños- parece que la incidencia general de estos delitos va disminuyendo. Encomio al Presidente Kabila por su compromiso personal de velar por que se haga justicia en los casos de violencia sexual perpetrada por miembros de las fuerzas de seguridad. Desde el inicio de este año, 35 miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos han sido juzgados y condenados. En Kavumu y Kalehe, las autoridades reaccionaron rápidamente a la información que les transmitimos y han iniciado investigaciones y encausamientos, incluso de altos oficiales. Si estos procesos se llevan a cabo de manera exhaustiva, la voluntad de investigar y castigar a los agresores sexuales, por alto que sea el cargo que desempeñen, puede tener una repercusión decisiva en la prevención de esos delitos.

También insto a las autoridades a que tomen medidas para garantizar que las víctimas reciben la prolongada atención médica que necesitan, protección ante las represalias y reparación a cargo de un fondo nacional, así como el reconocimiento oficial de su condición de víctimas de los delitos que han padecido y de las deficiencias de las autoridades que tenían la obligación de protegerlas. Cuando visité a varias mujeres en el hospital de Panzi el martes pasado, me conmovió profundamente la dignidad con la que pidieron que se levante un monumento en memoria de las muertes y el sufrimiento que se han infligido a sus comunidades.    

Estas mujeres, que hablaban en nombre de tantas otras víctimas, deben saber que la sociedad las estima y que se hará todo lo posible para garantizar que estas despreciables violaciones no vuelvan a ocurrir. En los viajes que he realizado por el mundo entero, he visto con frecuencia que sólo cuando las víctimas de violaciones de derechos humanos reciben un trato digno por parte del Estado, puede existir una paz duradera. Es preciso que sus voces se escuchen. A fin de cuentas, lo que yo diga o lo que las autoridades puedan decir tiene escaso valor en cuanto a saber si el Estado ha hecho lo suficiente: sólo las víctimas pueden formular ese juicio y decidir si la reconciliación es real o si apenas se trata de una fachada.

Pese a la gravedad de las acusaciones de violencia sexual formuladas contra miembros de las fuerzas de pacificación de la RDC en la República Centroafricana, este gobierno realizó un esfuerzo digno de elogio en la investigación y el procesamiento de varios de esos acusados, una vez que las tropas regresaron al país. Esta actitud es encomiable, habida cuenta de la renuencia de muchos otros países a proceder así con respecto a sus propias fuerzas de pacificación. El ACNUDH está dispuesto a seguir apoyando los esfuerzos que el gobierno lleva a cabo en este ámbito.

Los avances considerables realizados en la lucha contra la impunidad de los agresores sexuales son coherentes con el progreso general logrado por la RDC desde la primera vez que vine aquí en 2004, en el desempeño de otras funciones. Por imperfecto que sea, el camino de la paz y la democracia ya se ha emprendido. Por primera vez en la historia, ha habido dos elecciones presidenciales en las que ha participado todo el país y se han mejorado los derechos económicos y sociales. Asimismo, reconocemos que se han adoptado medidas positivas con miras a la reforma del sector judicial. Todo lo anterior son logros que benefician al pueblo de la RDC, tras muchos años de caos y destrucción, y les doy mi más cordial enhorabuena a los congoleños por estos éxitos.

Pero hoy parece que esos avances corren peligro. A medida que se aproximan las elecciones, aumenta la tensión. He recibido informes sobre violaciones cada vez más numerosas de derechos civiles y políticos, cometidas por agentes estatales. Entre ellas figuran violaciones de la libertad de expresión y del derecho a la reunión pacífica –derechos establecidos en tratados internacionales vinculantes en los que la RDC es Estado parte y consagrados en la Constitución congoleña. Es evidente que la esfera pública en la que se puede expresar la disidencia está sometida a presiones.

Creo que el momento actual es decisivo. Este país tiene atributos muy valiosos, entre otros, y no es el menor de ellos, el ímpetu y la creatividad de su población. Si logra aprovechar la ocasión e impulsar la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho para todos, la RDC cuenta con el potencial necesario para consolidar una sociedad fuerte y coherente, capaz de beneficiar a todo el pueblo. Pero si cae en la represión, la desconfianza y las querellas, existe también la posibilidad de que la incertidumbre política de hoy se transforme mañana en una grave crisis, que podría dar al traste con muchos de los avances logrados por el pueblo congoleño.
Me preocupan sobremanera los informes sobre el creciente acoso que padecen los periodistas y los representantes de la sociedad civil, así como la represión de las opiniones contrarias al gobierno y el uso excesivo de la fuerza, a veces mortal, para dispersar las manifestaciones. De junio de 2015 a mayo de 2016 hemos documentado más de 800 víctimas de esas violaciones, lo que indica que la tendencia se acelera. Condeno la pérdida de vidas causada durante las manifestaciones de Butembo, Goma, Kinshasa y otros lugares, y tomo nota con preocupación de los arrestos arbitrarios y actos de intimidación y represión que han ocurrido en las principales ciudades del país.

He escuchado con gran atención los comentarios formulados por altos funcionarios de la seguridad y he recibido con beneplácito sus garantías, en el sentido de que predomina el respeto pleno de las normas de derechos humanos. Pero ese respeto ha de hallar su expresión en las calles, los mercados y los lugares de reunión en los que se desarrolla la vida cotidiana del país, y les aseguro que daré estrecho seguimiento a este aspecto de la realidad.

Me inquietan los numerosos informes relativos a la aplicación de un doble rasero en materia de reuniones públicas. Con frecuencia se prohíben y reprimen los mítines y las manifestaciones de la oposición y la sociedad civil, mientras que los actos que auspicia la mayoría presidencial suelen desarrollarse sin ningún impedimento. También tengo una preocupación constante y de larga data sobre la aparente injerencia política en el sistema judicial, que comprende la vulneración de las debidas garantías procesales y la penalización injustificada de las opiniones disidentes. Además, me inquieta la desproporcionada severidad de las penas impuestas en muchos de estos casos.  

Quiero insistir, como lo hago a lo largo y ancho del mundo, en que la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y las instituciones nacionales de derechos humanos constituyen la piedra angular sobre la cual pueden medrar sociedades sólidas y seguras. El pueblo debe sentir que participa en las instituciones donde se toman las decisiones y que sus opiniones se respetan.

Para superar los múltiples problemas que afronta la RDC, es preciso entablar un diálogo franco y honrado. El Presidente ha pedido un diálogo nacional sobre las próximas elecciones. Apoyo este llamamiento. Pero este diálogo no puede efectuarse en un contexto que sofoca el debate y la expresión de quejas y opiniones, y en el que se amenaza a la prensa independiente y peligran las libertades fundamentales. El respeto de los derechos humanos de todos es la piedra angular de cualquier diálogo integrador y creíble, y por ende ese respeto deberá ser el eje del proceso previsto. Deben existir las garantías propias de un Estado de Derecho que permitan a la gente expresar sus opiniones y colaborar sin miedo a represalias por parte de las fuerzas de seguridad o de las autoridades judiciales. Los jóvenes de la RDC son el mayor activo del país, que cuenta en abundancia con este recurso. Debe alentarse la contribución de estos jóvenes y a los que expresen su opinión no debería callárseles ni oprimírseles por discrepar.

Durante la semana pasada he repetido en varias ocasiones que los opositores también tienen derechos y esta frase se aplica a todos los países, no solo en África sino en el mundo entero. La crítica o la disidencia no son actos subversivos. Los Estados no han de sentirse amenazados, sólo porque algunas personas expresen sus opiniones.

En los casos en que se incurra en actividades delictivas, entre ellas la incitación abierta a la violencia, deberá procederse a la investigación y la formulación de cargos, pero cuando sólo se manifiesten opiniones discrepantes sobre esas acusaciones, únicamente la adhesión a las normas transparentes, eficaces e imparciales del Estado de Derecho pueden arrojar la claridad necesaria. Nadie debería estar por encima de la ley. También los partidos políticos deben cumplir con su deber; no deben fomentar un contexto de temor y deberían asegurarse de que sus militantes se abstienen de provocar actividades violentas o de participar en ellas.

Asimismo, insto a los cuerpos de policía a que eviten el uso de fuerza letal durante las manifestaciones pacíficas. En el control de multitudes se deben aplicar los principios de necesidad y proporcionalidad. La fuerza letal sólo puede usarse cuando las vidas humanas corren peligro inminente y si la acción policial es causa de muertes o heridas graves, deberá realizarse una investigación exhaustiva y transparente, y las medidas ulteriores tendrán que aplicarse sin demora. Me complace particularmente comprobar los esfuerzos de la MONUSCO, que ayuda a capacitar a las unidades de policía en lo tocante al control de multitudes por medios no letales, en cumplimiento de las normas de debida diligencia en materia de derechos humanos vigentes en el sistema de las Naciones Unidas.

Durante las conversaciones que sostuve esta semana tomé nota de diversos compromisos que me comunicaron las autoridades. Únicamente podré sentirme satisfecho al respecto cuando esas promesas se concreten. En primer lugar, tomé nota del compromiso de redoblar nuestros esfuerzos conjuntos en materia de derechos humanos. En este sentido, presentaré una lista de personas detenidas que en nuestra opinión deberían ser puestas en libertad de inmediato. Según me informaron, desde ahora se trasladará rápidamente a los detenidos que se encuentran en los calabozos del servicio de inteligencia (ANR) a centros de detención ordinarios, donde los magistrados civiles decidirán acerca de sus casos. Seguiré con atención el desarrollo de este procedimiento. Asimismo, tengo la esperanza de que se nos autorice el acceso pleno e irrestricto a los calabozos del ANR.

Además, esta semana me informaron de que se habían formulado nuevas normas obligatorias de ámbito nacional en lo tocante al uso de técnicas no letales para el control de multitudes por parte de las fuerzas de policía. Aplaudo estas medidas y vigilaré atentamente su aplicación.

El Ministro de Justicia me informó además de que se estudia la posibilidad de dictar una moratoria legal sobre la pena capital y que hace algunas semanas el Viceministro de Justicia y Derechos Humanos declaró públicamente que el gobierno se ha comprometido a establecer una política que permita conmutar todas las sentencias de muerte en penas de cadena perpetua, 20 años de prisión o trabajos forzados. Estas medidas constituyen pasos de avance de suma importancia.

En relación con la justicia militar, formulé algunas recomendaciones. He instado a que se adopten medidas que permitan la instrucción de cargos en virtud del principio de responsabilidad de los estamentos de mando en materia de violaciones de derechos humanos, incluidos los casos de agresión sexual. Además he exhortado a que se adopten medidas encaminadas a asegurar que los tribunales militares funcionan sin la interferencia de los estamentos de mando.

El Presidente de la Asamblea Nacional me dijo que la ley que protegerá a los defensores de derechos humanos en la RDC se aprobará tan pronto como sea posible durante el próximo periodo de sesiones. También espero que se logren nuevos avances en la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos dinámica e independiente.

La RDC ha ratificado siete de los nueve instrumentos principales de derechos humanos. Exhorto a las autoridades a que coordinen plenamente la legislación nacional a fin de que refleje esos compromisos y a que apliquen dicha legislación en todos los ámbitos. Pido también a las autoridades que ratifiquen los principales tratados y protocolos de derechos humanos, entre otros la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, y que presenten los informes preceptivos.

En cuanto a la situación de las provincias orientales, es fundamental que se ponga fin a la violencia despiadada y las actividades ilícitas de los grupos armados. Este esfuerzo debería recibir mucho más respaldo, al igual que deberían recibirlo el desarme, la desmovilización y la reintegración social de los ex combatientes. Además, insto a que se investiguen de manera más sistemática las denuncias de connivencia entre estos grupos y determinados agentes estatales. En esos casos, al igual que en muchas otras situaciones, debo hacer hincapié en que a las personas que han estado involucradas en violaciones de derechos humanos deberá exigírseles responsabilidades y han de rendir cuentas de sus actos. 

Asimismo albergo la esperanza de que en el futuro puedan llevarse a cabo investigaciones más profundas en relación con los nexos entre las empresas y los grupos armados que perpetran violaciones de derechos humanos, tales como actos de violencia sexual, intimidación de comunidades o expulsión de la población de sus tierras. Debe quedar claro que las personas y las corporaciones, tales como las empresas transnacionales que se beneficien de estos abusos perpetrados por grupos armados o que sean cómplices de ellos, podrían incurrir en responsabilidades penales.

Encomio la promulgación de un edicto provincial en Kivu meridional, por el cual se protege a los periodistas y los defensores de derechos humanos y, mientras no se haya aprobado una ley de ámbito nacional al respecto, insto a otras provincias a que pongan en vigor decretos como ése.

He pedido además a las autoridades de Kivu septentrional que coordinen sus actividades con los agentes humanitarios, en lo tocante al cierre de los campos de desplazados internos, de modo que no se agraven las vulnerabilidades existentes ni se creen otras nuevas.

En relación con otro tema, debo encomiar la recepción en meses recientes de más de 25.000 refugiados procedentes de Burundi. En momentos de crisis migratoria, esta es una lección para países mucho más ricos que demuestran menos compasión.

A fin de cuentas, solo el gobierno de la RDC puede tomar las medidas necesarias que determinarán el futuro de este país. En las Naciones Unidas, mis colegas y yo estamos dispuestos a colaborar con las iniciativas que puedan situar a la RDC en la senda que conduce a mayores cuotas de libertad y a la consolidación de una sociedad más respetuosa de la igualdad y el Estado de Derecho. Es importante que no olvidemos a las mujeres, que constituyen la mitad de la sociedad y padecen una discriminación generalizada. Tampoco debemos olvidar los derechos de los grupos particularmente vulnerables: los discapacitados, los ancianos, los niños y las personas con albinismo, entre otros.

Este es un país que dispone de una abundancia impresionante y que padece enormes dificultades. Es una gran nación. Su pueblo es titular de los mismos derechos que cualquier otro pueblo del mundo, y entre esas prerrogativas figura el derecho a opinar y participar en la adopción de decisiones.

Les agradezco a todos la bienvenida que me han dispensado y rindo un especial tributo de gratitud al personal de mi Organización, un grupo excepcional de profesionales consagrados a su cometido.  

FIN