Resumen

Por invitación del Gobierno del Uruguay, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó el país del 7 al 14 de julio de 2022. El objetivo de la visita fue obtener información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos en el país en relación con las desapariciones forzadas, con vistas a identificar el progreso alcanzado en la aplicación de los estándares internacionales en la materia, y el goce de los derechos a la verdad, justicia, reparación y memoria, así como los principales retos y desafíos que enfrenta el país en la actualidad, inclusive en lo que concierne a la prevención. El Grupo de Trabajo se ha centrado principalmente en las desapariciones forzadas que comenzaron a ejecutarse durante el período comprendido entre 1968 y 1985 y las obligaciones estatales correspondientes. Asimismo, ha recibido información relacionada con desapariciones que se están produciendo en la actualidad, en particular entre personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables (niños, niñas, adolescentes y mujeres).

En general, tras la recuperación del sistema democrático en 1985, el Uruguay logró avanzar significativamente en la protección de los derechos humanos, habiendo ratificado, a día de hoy, todos los tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, adaptando progresivamente su legislación nacional de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y convirtiéndose así en un referente importante a nivel internacional. Asimismo, se reconocen algunos avances logrados en materia de justicia y lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos durante el período de actuación ilegítima del Estado y la dictadura, entre 1968 y 1985, al derogar, por ejemplo, la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al crear una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, al tipificar el delito de desaparición forzada en 2006, y al reconocer oficialmente la responsabilidad del Estado por su acción criminal e ilegítima durante este período.

El Grupo de Trabajo señala que los avances logrados se deben, indudablemente, al esfuerzo tenaz volcado durante cinco décadas por las víctimas y los familiares de personas desaparecidas, junto a su compromiso y valentía por buscar a sus seres queridos, identificar y enjuiciar a los responsables, preservar la memoria y asegurar garantías de no repetición.

Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha observado que los procesos de búsqueda y de justicia por las desapariciones forzadas se han enfrentado con serios obstáculos institucionales que han derivado en grandes demoras. En este sentido, los familiares con los que se ha reunido el Grupo de Trabajo han expresado su angustia frente al paso del tiempo sin que se produzcan resultados apreciables. El Grupo de Trabajo observa con honda preocupación que en estos años han fallecido muchas personas sin haber logrado conocer la verdad sobre lo acontecido a sus seres queridos ni haber obtenido justicia.

El Grupo de Trabajo considera que el Estado debe asumir como suyo el apremio vivido a cada instante de los últimos 50 años por parte de los familiares, y que desde las más altas instancias del Estado llegue a todas las autoridades y a toda la sociedad uruguaya un mensaje claro e inequívoco de que esta tarea debe asumirse colectivamente con seriedad, proactividad y urgencia.

Finalmente, el Grupo de Trabajo formula una serie de recomendaciones que abarcan desde la prevención, investigación, sanción y reparación del daño sufrido por las víctimas de desapariciones forzadas, hasta la protección de grupos en situación de especial vulnerabilidad.