Resumen

Por invitación del Gobierno de Honduras, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó el país del 20 al 29 de marzo de 2023. De conformidad con su mandato, el objetivo de la visita fue obtener información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos en el país en relación con las desapariciones forzadas, con vistas a identificar el progreso alcanzado en la protección de los derechos a la verdad, justicia, reparación y memoria, así como los principales retos y desafíos que enfrenta el país en la actualidad, inclusive en lo que concierne a la prevención de las desapariciones forzadas.

El Grupo de Trabajo reconoce el compromiso y las declaraciones de las autoridades admitiendo las carencias y los retos existentes en materia de derechos humanos, y sobre las medidas necesarias para abordarlos. Sin embargo, se señala la desconfianza de las víctimas en un contexto de sistémica y prolongada impunidad por las violaciones de los derechos humanos. Esta impunidad es casi total en los casos de desapariciones forzadas, tanto por hechos que tuvieron lugar en el pasado —en particular las desapariciones forzadas cometidas durante las décadas de 1980 y 1990, en el contexto de la “doctrina de seguridad nacional”— como por casos actuales. El Grupo de Trabajo observó que la falta de avances se debe a una combinación de un marco legislativo inadecuado, debilidad institucional y falta de coordinación, capacidades y recursos, en conjunto con inseguridad, colusión y corrupción.

Si bien reconoce los pasos que se están dando con el objetivo de superar los retos observados, el Grupo de Trabajo espera que se transformen en cambios concretos y efectivos para las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos y para toda la sociedad en Honduras.

El Grupo de Trabajo considera que Honduras debe asumir su responsabilidad y liderazgo y redoblar sus esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria, y formula una serie de recomendaciones que abarcan desde la prevención, investigación, sanción y reparación del daño sufrido por las víctimas de desapariciones forzadas hasta la protección de grupos en situación de especial vulnerabilidad, tales como los Pueblos Indígenas y las personas migrantes y en situación de pobreza.