Discriminación en las Américas - Desafíos y buenas prácticas Latin American Centre, School of Global and Area Studies, Universidad de Oxford Seminario Principal Inaugural, Trimestre Trinity 2021

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Declaración por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet 
27 de abril de 2021

La vicepresidenta Louise Richardson, que ha sido precursora de las mujeres en la academia, ayudando a combatir la extendida discriminación de género estructural que vamos a debatir hoy, 

Profesor Timothy Power,
Profesor Eduardo Posada-Carbo,
Estimados estudiantes, 
Colegas, Amigos,

Me complace poder dirigirme a vosotros hoy.  

El año pasado ha cambiado nuestras vidas en un modo que aun estamos esforzándonos por comprender.

Pero en medio de tanta incertidumbre, una cosa queda clara: en pocas ocasiones hemos podido observar la enorme demostración del valor que tienen los derechos humanos. 

La COVID-19 y sus repercusiones se han estado alimentando de y agravando las deficiencias en la protección de los derechos humanos; aprovechando la profunda e interrelacionada discriminación y desigualdades estructurales. 

La pandemia arrasó el mundo entero, pero la tormenta golpeó con mayor dureza en las Américas. 

Las Américas están cerca de alcanzar la tremendamente triste marca de 1,5 millones de vidas perdidas por la COVID-19, y tres países de la región, los Estados Unidos, Brasil y Méjico, tienen la cifra de fallecidos más alta del mundo en términos absolutos. 

El impacto socioeconómico no es menos desolador. 

Un informe reciente publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, muestra que a finales de 2020, el 33,7% de las personas de la región vivían en la pobreza.  Esto supone 209 millones de personas, 22 millones más que el año anterior.  La extrema pobreza alcanzó niveles no vistos en los últimos 20 años, llegando al 12,5% de la población. 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,con una recesión del 7% en 2020, la región sufrió la contracción económica más pronunciada del planeta, superando con mucho la ralentización económica global del 3,3 por ciento.   

Las cifras son abrumadoras. 

Y detrás de ellas se esconden alarmantes tragedias humanas. 

Al igual que en el resto del mundo, mientras que el virus no hace discriminaciones, sus repercusiones sí las hacen. 

Aquellas personas cuyas voces han sido histórica y tradicionalmente silenciadas son las que más sufren las repercusiones sanitarias y socioeconómicas de la COVID-19. 

De hecho, los peores efectos de las crisis sanitaria y socioeconómica están siendo soportados por aquellos que no se han visto favorecidos por los beneficios del desarrollo vivido en muchos países de la región. 

Aquellos que se han quedado atrás, y que son cada vez más relegados. 

Los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas LGBTI, los migrantes, las personas con discapacidades, y aquellos privados de su libertad, se encuentran entre los más afectados. 

En conjunto, la COVID-19 ha perjudicado a la mayoría de mujeres y niñas en toda su diversidad.  Ha reducido aun más su liderazgo, sus voces y su espacio, ademas de poner en riesgo el terreno tan arduamente conquistado en igualdad de género. 

Esto no se debe a ninguna vulnerabilidad inherente, sino a siglos de discriminación y desigualdad preexistentes. 

Al igual que en otras crisis sanitarias anteriores, la pandemia ha venido acompañada de un incremento de la violencia de género, con medidas de confinamiento que han conllevado un aumento marcado de la violencia doméstica, violaciones y femicidio.  Al mismo tiempo, las víctimas han tenido más dificultades para conseguir los servicios que necesitaban, incluida la justicia. 

Los Estados de la región han respondido con diversas iniciativas, como las campañas nacionales para crear sensibilización, para facilitar la presentación de denuncias y para dar apoyo a las víctimas; han reforzado el acceso a servicios psicosociales y legales para mujeres y personas LGBTI; además de aumentar las viviendas de protección.  Algunas de estas medidas han recibido el apoyo de mi Oficina. 

A la vez que felicito las políticas regionales conducentes a combatir la violencia de género, estas siguen siendo notoriamente insuficientes para romper las barreras y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para hacer efectivos sus derechos en todos los aspectos de la vida. 

Todavía teniendo que acatar normas sociales patriarcales, las mujeres y las niñas de la región continúan soportando la desproporcionalidad en las responsabilidades del cuidado. 

Las políticas públicas relacionadas con su seguridad económica en el contexto de la pandemia se han visto mucho más limitadas, incluyendo las relacionadas con el cuidado y trabajo doméstico no remunerado de los cuales ellas se encargan de manera abrumadora.  Esto viene a subrayar la falta de reconocimiento por el Estado de las desigualdades estructurales pre-existentes, las cuales sitúan a las mujeres en condiciones de una mayor vulnerabilidad social y económica. 

Las mujeres se ven más afectadas en su conjunto por la pobreza, se sitúan en el extremo negativo de la brecha digital entre los géneros, reciben salarios más bajos y suelen ocupar empleos en la economía informal, lo que resulta en menores protecciones sociales. 
De acuerdo con el Banco Mundial, las trabajadoras en América Latina y el Caribe tenían un 44 por ciento más de posibilidades que los trabajadores masculinos de perder sus empleos al inicio de la crisis de la COVID-19.   Según fue extendiéndose la pandemia, los sectores con mucha mano de obra femenina, como el comercio, los servicios personales, la educación, y la hostelería, sufrieron el 56 por ciento de las pérdidas de empleos. 

Este impacto desproporcionado también se aplica a países de ingresos elevados.  En EEUU, aproximadamente 2,5 millones de mujeres han perdido su empleo o han desaparecido del mercado laboral durante la pandemia, en lo que la Vicepresidenta Harris ha denominado un «éxodo masivo de mujeres del mercado laboral».

Lo que es más, de acuerdo con ONU-Mujeres, cerca de 18 millones de mujeres en América Latina y el Caribe perdieron acceso a métodos anticonceptivos modernos debido a las restricciones por la COVID-19 y se enfrentaron a obstáculos adicionales para sus derechos y salud sexual y reproductiva.  Derechos que ya estaban restringidos en toda la región, en especial para mujeres y niñas marginadas. 

Y en todos los ámbitos, no podemos perder de vista la perspectiva intersectorial. 

No hace falta profundizar mucho para darnos cuenta de que los más afectados son mujeres y niñas quienes sufren factores dobles, triples o múltiples de discriminación, incluida la debida a su condición de indígenas o a su raza, edad, discapacidad, migración y condición socioeconómica, orientación sexual o identidad de género, nacionalidad y religión. 

Colegas, 

2020 también nos ha mostrado cómo el racismo sistémico se encuentra detrás del impacto desproporcionado de la pandemia para grupos que se enfrentan a discriminación racial, incluyendo los afrodescendientes. 

Similar al carácter estructural de la discriminación contra las mujeres, el racismo sistémico se basa en formas muy arraigadas de discriminación racial cimentada en estereotipos dañinos y raciales, prejuicios, jerarquías sociales y explotación económica. 

Muchos de estos problemas suelen tener sus raíces en los crímenes del pasado: esclavitud, la trata transatlántica de esclavos y el colonialismo. 

Reconocer y abordar de forma efectiva su legado es fundamental. 

La educación desempeña un papel crucial. 

Animo a las escuelas a debatir el legado de estos crímenes del pasado, incluyendo sus vínculos con manifestaciones actuales de racismo, así como la historia de África anterior al colonialismo además de las contribuciones de afrodescendientes a las sociedades modernas. 

La pandemia ha tenido también consecuencias graves para los derechos de los migrantes, quienes son especialmente vulnerables al estigma y la discriminación, y quienes en numerosas ocasiones se han quedado fuera de las ayudas. 
Asimismo, la crisis socio-económica ha empeorado las causas que empujan a las personas a abandonar sus países de origen. 

Estamos observando un aumento de migrantes en movimientos en toda la región, en especial de menores no acompañados y de aquellos que huyen de la pobreza o violencia en países de América Central y en Cuba, Haití, México y Venezuela. 

Con el argumento de prevenir y contener la pandemia, varios Estados han decidido cerrar sus fronteras y reforzar las operaciones de control de la migración. 

Esta situación ha incrementado la migración irregular, obligando a las personas a buscar rutas más peligrosas y aumentando sus riesgos de convertirse en víctimas de redes de tráfico ilícito de migrantes. 

La implementación de medidas fronterizas más estrictas deben llevarse a cabo de manera tal que garanticen los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su condición. 

Asimismo, además del alto precio que han pagado las personas mayores, la COVID-19 ha aumentado las desigualdades existentes que repercuten sobre los más jóvenes. 

La encuesta Los Jóvenes y la COVID-19 realizada por la Organización Internacional del Trabajo, en asociación con mi Oficina, organizaciones de la sociedad civil y otros socios, destacó el profundo y desproporcionado impacto de la pandemia sobre los jóvenes, en especial las mujeres jóvenes y las niñas, los más jóvenes y los residentes en países de menores ingresos. 

Queridos amigos, 

El panorama es de verdad desconsolador.

Aunque veo algo esperanzador.

Estas fracturas y reivindaciones históricas se han convertido en poderosos vehículos para el cambio social. 

En los años pasados, las protestas en la región han denunciado la violencia de género, y una falta de servicios de salud reproductiva, racismo institucional así como la discriminación en el acceso a derechos sociales y económicos. 

Estas han contribuido, por ejemplo, a cambios legislativos relativos al acceso a abortos seguros y legales en Argentina, a un referéndum como vía hacia una Constitución en mi propio país, Chile, y a un nuevo impulso, desde EEUU hacia todo el mundo, a combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial. 

El asesinato de George Floyd se ha convertido en símbolo del modelo de injusticia racial al que se enfrentan los afrodescendientes en muchos países de la región, y en todo el planeta. 

Acojo con satisfacción el reciente veredicto en este caso tan evidente.  Cualquier otro resultado habría significado una burla de la justicia.

Habiendo dicho esto, para que este caso se convierta en un verdadero punto de inflexión, para que podamos alcanzar de verdad la justicia e igualdad racial, debemos erradicar de forma enérgica el legado arraigado de las políticas y sistemas discriminatorios. 

Este próximo junio, a petición del Consejo de Derechos Humanos, presentaré un informe sobre racismo sistémico y las violaciones del uso de la fuerza por las fuerzas del orden. 

El informe introducirá un programa de transformaciones en pro de la justicia racial, el cual, yo espero que contribuya a ayudar a los Estados a desmantelar el racismo sistémico.  También confío en que contribuya a acabar con la impunidad por la violencia policial; a volver a inventar políticas y reformar el sistema de justicia penal; además de confrontar el legado del pasado mediante la aprobación de medidas destinadas a conseguir la justicia mediante reparaciones. 

El vínculo entre formas y manifestaciones pasadas y actuales de racismo y discriminación racial fue detallado de forma explícita en la Declaración y Programa de Acción de Durban, aprobado por consenso hace veinte años. 

Este aniversario, al igual que el examen de mitad de período de este año del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, ofrece importantes oportunidades para lograr una valoración sincera de lo que se ha conseguido hasta la fecha y para renovar nuestro compromiso con nuestras acciones comunes contra el racismo. 

Colegas, 

Los próximos años supondrán un verdadero reto. 

No obstante, la pandemia ha facilitado posibilidades para un cambio transformador. 

Para ello, debemos asegurarnos de que existen válvulas sociales de escape que den voz a la oposición y a las demandas sociales de una manera pacífica. 

Desgraciadamente, hemos visto cómo gobiernos en la región han hecho uso de las medidas sanitarias para ahogar las manifestaciones y debilitar los movimientos sociales. 

Desde mi propia experiencia y a partir de las lecciones que nos enseña la historia, estoy convencida de que la participación no es solamente un derecho.  Es la vía para salir de esta crisis. 

Las mujeres, por ejemplo, están en su mayoría ausentes de las esferas de tomas de decisiones, incluyendo las que afectan a la respuesta a la pandemia.  En las Américas, ellas solamente forman el 29 por ciento de los miembros de los grupos de trabajo sobre la COVID-19. 

Y no puedo dejar de resaltar la importancia que tienen los defensores de derechos humanos en toda su diversidad.  Aquellos que alzan su voz o trabajan para promover los derechos humanos, y quienes siguen tristemente enfrentándose a graves amenazas en América Latina y en el Caribe. 

Con 264 asesinatos el año pasado, la región es la zona más letal y peligrosa para los defensores de los derechos humanos, en especial para aquellos que trabajan para defender su tierra, territorio y medio ambiente. 

Este hecho se relaciona con la discriminación que las poblaciones indígenas han sufrido durante generaciones, que ha puesto en riesgo sus vidas y medios de vida.  Una discriminación que ha empeorado con proyectos relacionados con la extracción de recursos naturales, sin un consentimiento libre, previo e informado. 

Justo la semana pasada, y debido en gran parte al papel desempeñado por los movimientos sociales de la región, ha empezado a aplicarse un nuevo tratado trascendental para proteger a los defensores medioambientales en América Latina y en el Caribe. 

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional sin precedentes sobre el acceso a información, la participación pública y la justicia en asuntos medioambientales.  Este establece obligaciones para los 11 Estados que lo ratifican destinadas a garantizar la protección del medioambiente y sus defensores. 

Alabo a los Estados que han ratificado el acuerdo y animo a todos los demás países de la región a unirse de manera inmediata. 

Estimados estudiantes, 

Tal como observamos, la desigualdad y la discriminación suponen dos de los mayores desafíos de nuestra era, los cuales afectan a todos los ámbitos de la vida. 

La pandemia no los creó. 

Las políticas de exclusión, en lugar de las de inclusión, han sido toleradas en la región durante generaciones. 

El patriarcado, la misoginia, el racismo y la discriminación han estado interrelacionados en el marco institucional. 

Esta es la razón por la que no podemos aspirar a volver a la denominada normalidad que fue la que nos condujo a esta situación en primer lugar. 

Debemos recuperarnos mejor. 

¿Pero cómo podemos conseguirlo?

Nos recuperamos mejor cuando creamos sistemas más inclusivos que abordan las causas fundamentales de los desafíos que hemos explicado, y que nos hacen más resilientes ante otros desafíos que sin duda aun tenemos que afrontar, incluyendo la emergencia climática. 

Otorgando prioridad a sistemas que hacen realidad el derecho a protección social y a salud para todos, incluyendo la cobertura sanitaria universal.  Sistemas que en muchos países de la región han quedado mermados por las políticas de austeridad. 

Animando a una participación pública de gran alcance en el desarrollo de políticas que serán más efectivas ya que se basarán en las realidades y necesidades de la población. 

Y desde luego, recuperar mejor exige de la eliminación de todas las formas de discriminación. 

Esto exige una toma de conciencia. 

Debemos mirar más allá de la punta del iceberg. 

Debemos comprender las raíces de las desigualdades actuales y la discriminación sin reparación que producen. 

Recuperarse mejor significará recuperarse de forma diferente. 

De forma más inclusiva.  Más igualitaria.  Más justa. 

Y esto solamente se puede conseguir juntos y de forma unitaria. 

Un enfoque fragmentario a la hora de combatir la discriminación supone un obstáculo enorme para conseguir un progreso sostenible. 

No podemos ignorar la interdependencia de los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo. 

Sin eliminar los estereotipos culturales y las barreras para los derechos sexuales y reproductivos, no habrá un progreso duradero para conseguir una situación de igualdad para las mujeres en todos los aspectos de la vida, incluyendo los ámbitos económicos y políticos. 

Sin un enfoque holístico e inter-sectorial, estas medidas dejarán sin atender por ejemplo las necesidades de las mujeres de las zonas rurales, las mujeres LGBTI y las mujeres migrantes, entre otras.  

Del mismo modo, y en diferente medida dependiendo del país, la experiencia del racismo sistémico sufrido por personas afrodescendientes viene conformado intrínsicamente por sus otras identidades que incluyen el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad, la migración y la condición socioeconómica, discapacidad y religión. 

Para este fin, necesitamos de un enfoque de «todo el gobierno» que tenga en cuenta el impacto interrelacionado y acumulativo de la discriminación sistémica en todos los derechos humanos. 

Pero necesitamos aun más.  Necesitamos un enfoque de «toda la sociedad». 

Y en este punto, queridos estudiantes, vosotros tenéis mucho que aportar.

En línea y fuera de línea, los jóvenes están inspirando al mundo con su defensa de los derechos universales. 

El derecho a un planeta saludable y a un futuro inclusivo. 

El derecho a participar en las decisiones que afectan a vuestras vidas. 

El derecho a vivir sin discriminación ni privaciones. 

Vosotros me servís de inspiración y me dais ánimos. 

No os rindáis.

Todos hemos visto ya el precio que supone el no poder proteger los derechos humanos. 

Espero que durante nuestras vidas podamos todos ver la recompensa que supone protegerlos. 

Cuento con vosotros para impulsar este movimiento. 

Gracias.