Serie de Debates sobre Liderazgo del Centro Brookings para la Educación Universal y el Banco MundialLa educación durante la pandemia de la COVID-19

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Declaración de Michelle Bachelet,
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

21 de septiembre de 2020

Saludos. Es un placer reunirme con ustedes en este debate tan oportuno y crucial. Una educación de calidad, con una financiación adecuada y accesible para todos, es clave para el desarrollo sostenible y la realización de todos los derechos humanos.  

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, suele hablar sobre sus experiencias como profesor en los barrios más pobres de Lisboa, en Portugal.  Él personalmente fue testigo de la fuerza transformadora que tiene la educación para impulsar la erradicación de la pobreza, y para la transmisión de conocimientos que han demostrado ser vitales para las personas, sus familias, las comunidades y para toda la sociedad. 

Como el Sr. Guterres destacó, "invertir en educación es la manera más rentable para impulsar el desarrollo económico, mejorar la formación y las oportunidades para mujeres y hombres jóvenes, para introducir avances en todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y para impedir los conflictos y mantener la paz".  

Durante la pasada década, se han realizado grandes avances hacia una realización universal del derecho a la educación, con un aumento de los índices de escolarización a todos los niveles, en especial de las niñas.  En 2019, UNICEF informó que más del 90 por ciento de los niños en edad de asistir a educación primaria se habían escolarizado.   

Desafortunadamente, estos avances son imperfectos. La escolarización varió notablemente por regiones; el aumento de la escolarización sufrió una ralentización; y no todas las escuelas ofrecieron una educación de calidad - en 2019, 617 millones de jóvenes de todo el mundo carecían de conocimientos matemáticos y alfabetización básicos.  Aun así, hubo muchos logros que costaron mucho esfuerzo obtener. 

Y entonces llegó la COVID-19, la peor interrupción para los sistemas educativos de la historia moderna. La pandemia ha afectado a casi 1,6 mil millones de alumnos de todo el mundo. Se cerraron los colegios en 160 países, lo que afectó al  94% de la población estudiantil de todo el mundo. Cientos de millones de alumnos fueron enviados a sus hogares, para intentar seguir sistemas improvisados de aprendizaje en remoto, los cuales carecían a menudo de un acceso adecuado a herramientas digitales.  

Esto podría resultar en una catástrofe educativa, económica y social.  UNICEF informó el mes pasado que al menos 463 millones – más del 30 por ciento – de los escolares de todo el mundo no pueden acceder a educación digital y retransmitida.     

Por poner un ejemplo, en el África subsahariana, solamente el 64 por ciento de los profesores de primaria, y el 50 por ciento de los profesores de secundaria, han recibido una formación mínima docente, y en la mayor parte de los casos, esta no incluye competencias digitales básicas.  Incluso en economías desarrolladas, donde existe una infrastructura y conectividad de nivel muy alto, muchos educadores carecen de las competencias digitales básicas, lo que supone una base insuficiente para proporcionar un aprendizaje a distancia de calidad. 

Será fundamental abordar las brechas digitales y problemas de conectividad que la crisis ha puesto en la palestra. Además, la urgencia para resolver estas y otras cuestiones supone un argumento clave para aumentar, o al menos blindar, los presupuestos destinados a la educación.  

¿Porque, qué le ocurre a un niño que deja de asistir al colegio? En las Naciones Unidas recibimos informes diarios sobre el incremento del riesgo de violaciones de los derechos del niño debido a la pandemia. Éstas incluyen trabajos forzosos, matrimonios de niños y trata de niños, incluso para su explotación sexual.  También incluyen informes cada vez más habituales de violencia doméstica contra niños, un impacto continuado en la nutrición infantil, así como algunos informes sobre un aumento del reclutamiento en grupos armados.  

A través de publicaciones en Lancet, UNICEF, FAO, PMA y OMS han subrayado las consecuencias desastrosas de la pandemia para la nutrición, en particular para países de ingresos bajos y medianos.   Un estudio reciente sugería que, si no se toman medidas tempranas, la prevalencia global de la emaciación podría aumentar en casi un 15 por ciento.  Esto se traduciría en 6,7 millones adicionales de niños menores de cinco años sufriendo de emaciación. 

Desde Afganistán hasta Alaska, los niños se enfrentan no sólo a pasar menos horas en las escuelas, sino también a la probabilidad de una educación menos atenta e individualizada, a un mayor riesgo de violaciones graves de derechos de los niños, y al impacto a largo plazo en su futuro de todas estas tendencias.  

Además, sus familias, sobre todo sus madres y hermanas mayores, están teniendo que asumir la responsabilidad de mantener a estos niños seguros y ocupados, lo que afecta a su propia capacidad para conseguir empleos dignos.  La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que la COVID-19 podría anular los "modestos avances" conseguidos en las últimas décadas en igualdad de género en el lugar de trabajo.    

La importancia de proteger el derecho a la educación no podría ser más evidente. Existen numerosas razones de índole económico y estratégico para que los países inviertan en educación de calidad, para que de ese modo los niños y los jóvenes puedan realizar su potencial de desarrollo, alzar su voz para participar en decisiones, y contribuir a la economía y la sociedad.  El acceso universal a educación de calidad es la mejor inversión que podemos realizar para conseguir un mundo mejor y un futuro mejor para la humanidad.  Es vital para que las comunidades y personas puedan salir de la pobreza y puedan participar en un desarrollo sostenible y pacífico.  

No podemos permitir que la COVID-19 se convierta en el punto de inflexión a partir del cual nuestros avances imperfectos pero muy valiosos empiezan a difuminarse. 

Sí, incluso antes de la pandemia, el reto de cómo financiar la educación era ya descomunal. A principios de 2020, se calculaba que el déficit de financiación para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, sobre educación de calidad, en países de ingresos bajos y medio-bajos era de 148 mil millones de dólares americanos por año.La recesión por culpa de la COVID podría crear un problema aún mayor. 

Para salvaguardar la educación, y el futuro de nuestros hijos y de las sociedades, los gobiernos habrán de tomar decisiones presupuestarias difíciles.  No puedo afirmar que esto vaya a ser fácil.  Pero nosotros debemos abogar porque este sea el paso que deben dar, y debemos ayudar a la sociedad civil a que den visibilidad a esas decisiones de los gobiernos, y que sean políticamente importantes. Las medidas para garantizar la continuidad del aprendizaje, y la educación para todos, como son las modalidades de enseñanza flexible; el aprendizaje a distancia usando medios de baja o ninguna teconolgía; y los cupones de alimentos; deben contemplarse como parte fundamental de los paquetes nacionales de estímulo por la COVID-19, junto con iniciativas para promover la sanidad, las protecciones sociales, las empresas y los empleos. 

Me gustaría hacer una última observación.  Los Estados han de asumir responsabilidad en la defensa del derecho a la educación. Pero también necesitan que se les ayude. 

No podemos aceptar que la era post-COVID se caracterice por un nacionalismo exarcebado.  Cuando los países deciden ir por su cuenta, ya sea en cuestión de vacunas o de desarrollo humano, no están ayudando a acabar con ninguna crisis. 

Están perpetuando las crisis. 

Si hay una lección que nos ha enseñado la COVID-19, es el enorme valor que tienen las medidas que ayudan a defender los derechos humanos universalmente. 

Hemos sido testigos de cómo este virus alimenta las desigualdades profundamente arraigadas y las deficiencias en materia de derechos humanos, aumentando el contagio y acelerando considerablemente su amenaza.  Lo que necesitamos ver ahora es medidas para remediar estas deficiencias y curar esas profundas heridas, tanto dentro de nuestras sociedades como entre ellas. 

La pobreza perjudica a los pobres, pero también afecta a los ricos.  La miseria e injusticia de una educación deficiente no solamente perjudica a los niños que se sientan en bancos desvencijados. Nos afecta a todos nosotros. 

Por tanto, las autoridades nacionales deben sin duda proteger la financiación de la educación, mediante el refuerzo de la movilización de recursos, solventando las deficiencias y, en los casos donde sea posible, aumentando el gasto. 

Pero la comunidad internacional ha de actuar también para proteger la financiación de la educación en todo el mundo, reforzando la coordinación internacional para hacer frente a crisis de deuda, y protegiendo la ayuda oficial al desarrollo destinada a la educación. 

Reforzar la resiliencia de nuestros sistemas educativos supondrá la clave para nuestra recuperación, y para nuestra capacidad para aprender de esta pandemia y así construir economías más ecológicas, más inteligentes, más resistentes e inclusivas, en un mundo que sea más seguro, y más justo, para todos nosotros.  

Gracias por defender el derecho humano a la educación.