Türk lanza su ‘plan de acción’ sobre derechos económicos, sociales y culturales

Señora Vicepresidenta,

Excelencias,

Distinguidos delegados y delegadas,

Los derechos humanos son un bien público global. Estos no son, y no lo han sido nunca, «elementos a mano» para escoger utilizar cuando mejor convenga.

Hace cincuenta y siete años, cuando se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales este principio quedó consolidado. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Los Estados Miembros expresaron su firme convicción de que las necesidades básicas vitales (la educación, la salud, un empleo digno, seguridad social, un nivel adecuado de vida, no padecer hambre, además del disfrute de la ciencia y la cultura) no son servicios ni mercancías, sino derechos humanos que todo el mundo debe poder disfrutar.

Y el año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció finalmente un medioambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano, una resolución pionera que vino a resaltar que un planeta que desee prosperar no puede separarse del bienestar y la dignidad humana.

Los países han acordado, al igual que lo hicieron cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sin derechos económicos, sociales y culturales, las personas no pueden participar de forma plena en la vida civil y política.

Que todos los derechos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, son obligaciones con el mismo rango y que además son universales, indivisibles e interdependientes.

Y que contar con uno de estos derechos sin tener en cuenta los demás, solo sirve para fracturar y dividir.

Señora Vicepresidenta,

La pandemia de COVID-19, así como las crisis mundiales de salud y económica que esta desencadenó, puso de relevancia las profundas desigualdades que existen dentro y entre países, así como décadas de inversión insuficiente en sistemas y servicios que son esenciales para poder promocionar los derechos económicos, sociales y culturales.

Pero la COVID-19 también nos mostró lo que se puede conseguir cuando los Estados deciden invertir en estos sistemas, y demostró de forma rotunda lo vitales que resultan.

Los gobiernos de todo el mundo invirtieron miles de millones en planes de seguridad social, que incluían una renta básica universal y en asegurar una tabla de salvación para las personas que pierdan sus empleos o no tengan posibilidad de trabajar.

Prohibieron la interrupción de los servicios públicos.

Evitaron los desahucios para aquellas personas que no pudieran pagar sus facturas.

El funcionamiento de los sistemas de atención sanitaria y educativos pasaron a ser prioridades a nivel nacional y global.

Señora Vicepresidenta,

No debería ser necesario el tener que padecer una emergencia mundial de salud pública para que nos tengamos que dar cuenta de la importancia que revisten los derechos económicos, sociales y culturales.

Y a pesar de esto, en lugar de aprender de la pandemia, en muchos contextos, estos derechos son considerados todavía como accesorios opcionales o como aspiraciones, no como obligaciones vinculantes, ni tampoco como elementos de una hoja de ruta hacia un futuro mejor.

La promesa del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sigue siendo solo algo ilusorio para miles de millones de personas.

En todo el planeta, el gasto público en derechos económicos, sociales y culturales es lamentablemente insuficiente.

Solo tenemos que echar un vistazo a las cifras.

Para 2030, 84 millones de niños y niñas no irán a la escuela y 300 millones no completarán la educación primaria o lograrán unas competencias de aprendizaje mínimas.

El año pasado, cerca de dos mil millones de trabajadores ocupaban empleos informales precarios, sin cobertura de seguridad social alguna.

Otros dos mil millones se enfrentan a un gasto en salud catastrófico o que les arrastra al empobrecimiento.

Se prevé que casi 600 millones de personas pasen hambre antes de 2030..

Dos mil millones viven sin acceso a agua potable limpia y segura.

Asimismo, el nivel de pobreza global se ha incrementado por primera vez en 20 años. Si continúan las tendencias actuales, – para 2030, aproximadamente 574 millones de personas, casi el 7 por ciento de la población mundial, estarán atrapadas en la extrema pobreza.

La crudeza que muestran estas estadísticas adopta un rostro humano, de manera especial cuando tenemos en cuenta los efectos dramáticos y desproporcionados que tienen para las vidas de las mujeres y las niñas.

Todas estas dificultades no entienden de fronteras ni de otras divisiones.

Señora Vicepresidenta,

El informe presentado ante el Consejo hoy resume las prioridades de mi Oficina para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, además de destacar la necesidad urgente de tomar medidas.

A/HRC/54/35: Visión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para reforzar su labor en la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la lucha contra las desigualdades en la recuperación de la pandemia de COVID-19 - Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Si no se intensifican los esfuerzos para hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales, por parte de Estados individuales y a través de la cooperación internacional, tenemos muy pocas posibilidades de lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030.

La Agenda de Desarrollo Sostenible es una agenda con base en los derechos humanos.

Este año he usado el concepto de una economía con base en los derechos humanos con el fin de ayudar a asegurar que las tomas de decisiones y las políticas económicas y sociales se guían por e invierten en los derechos humanos.

Las economías con base en los derechos humanos miden su éxito no por el tamaño de sus PIB, sino por el bienestar de sus pueblos.

Estas se aseguran de que todos los niños, niñas y jóvenes aprenden en el colegio, que toda persona tiene acceso a atención sanitaria siempre que la necesite, que cuentan con suficientes alimentos, y que todas las personas tienen acceso a seguridad social.

Estas economías establecen protecciones de derechos humanos en las políticas fiscales, los presupuestos, las políticas de apoyo y atención, entre otros, además de garantizar que las medidas diseñadas para hacer realidad derechos fundamentales, como son el derecho a una vivienda adecuada, a educación de calidad, a alimentos, así como a un medioambiente limpio, sano y sostenible, quedan a salvo de las medidas de austeridad.

Estas economías trabajan para reducir las desigualdades, en especial aplicando una perspectiva de género, y para eliminar la discriminación y corrupción sistémicas.

Se basan en empleos y condiciones laborales dignos y justos – para todas las personas.

Dan prioridad a actuaciones resueltas para aliviar la triple crisis planetaria, defendiendo nuestro derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible.

Y permiten una participación activa y significativa además de un proceso transparente en la toma de decisiones, en especial de grupos y personas que han sido históricamente marginados, entre los que se cuentan las mujeres y las niñas.

Estas economías pueden resistir las conmociones más profundas y de mayor calado.

Ya que situar en primer lugar a las personas y al planeta en la escala de prioridades es fundamental para nuestro bienestar social y económico, así como para el progreso humano.

La aspiración de mi Oficina es la misma que la de mi mandato: contribuir a hacer de los derechos humanos una realidad para todas las personas, en todos los lugares.

La visión que se formula en este informe aspira a contribuir a que todos los países hagan realidad este objetivo.

Nuestro enfoque se verá impulsado por la participación en cinco áreas clave.

En primer lugar, apoyaremos a los Estados a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo a través de políticas macroeconómicas y fiscales que sean coherentes con la obligación de hacer uso del máximo número de recursos disponibles.

En segundo lugar, en respuesta a la demanda creciente de países para poner en marcha el principio de no dejar a nadie atrás, afianzaremos las iniciativas de los Estados para hacer frente a las causas originarias de las desigualdades, además de para dar prioridad a las personas y comunidades que han resultado más afectadas por la discriminación arraigada. Para esto se necesita de un enfoque específico partiendo de una perspectiva de edad, género y no discriminación más amplia.

En tercer lugar, conseguir avances reales en derechos económicos, sociales y culturales depende de los esfuerzos que emprenda toda la sociedad, desde las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil hasta las empresas y los parlamentos. Al afianzar una participación activa y significativa de parte de todos en las políticas y en los procesos de toma de decisiones, los países podrán conseguir avances en desarrollo, paz y seguridad, y podrán además consolidar la cohesión social y la confianza.

En cuarto lugar, en apoyo al llamamiento del Secretario General para un nuevo diseño urgente de la arquitectura financiera internacional, que incluya abordar la deuda y las condiciones que imperan en los acuerdos de inversión y préstamo, trabajaremos mano a mano con instituciones internacionales financieras y de financiación del desarrollo con el objeto de integrar los derechos económicos, sociales y culturales en sus políticas y operaciones y para promover la cooperación internacional y la movilización de recursos destinados a hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales.

Y finalmente, ayudaremos a los Estados a aprovechar el potencial que tienen los datos para aumentar nuestro conocimiento, solventar las deficiencias y desarrollar políticas socioeconómicas bien orientadas, inclusivas y efectivas, basadas en pruebas.

Señora Vicepresidenta,

Con el fin de abordar las desigualdades y hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales, mi Oficina puede y debe hacer mucho más. Y al tiempo que los desafíos van aumentando en todo el mundo, también lo hacen las peticiones de apoyo que recibimos de los distintos países.

No obstante, para poner en práctica esta visión y ampliar nuestra labor, necesitamos de recursos adicionales.

El informe destaca la ayuda técnica, la mejora de capacidades, y el proveer apoyo legislativo para ampliar el espacio fiscal, la lucha contra las desigualdades, y el alivio de la pobreza como algunos ejemplos concretos de las herramientas con que contamos para ayudar a los Estados Miembros a cumplir con sus compromisos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Con un equipo potente repartido por todo el planeta, podríamos ofrecer apoyo personalizado y específico a cada contexto a los Estados Miembros para obtener un máximo rendimiento de la inversión en estos derechos fundamentales, y diseñar sistemas socioeconómicos eficaces que estén basados en los derechos, que sean inclusivos, justos y transparentes, además de integrados al marco más amplio de los derechos humanos, el cual es indivisible.

La visión que aporta este informe es un plan de acción en el contexto de la recuperación post pandemia, el clima económico actual y nuestro futuro.

Nosotros mantenemos firme nuestro compromiso de desempeñar nuestro papel y contamos con el apoyo, las medidas prácticas y la cooperación de parte de ustedes para mejorar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas, en todos los lugares del mundo.

Gracias.