El COVID-19 plantea un “reto colosal para el liderazgo” que exige una actuación coordinada, declara la Alta Comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos

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La pandemia del COVID-19 – Informe oficioso al Consejo de Derechos Humanos
Discurso de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

9 de abril de 2020

Señora Presidenta,
Excelencias,
Colegas y amigos:

Esta es sin duda una reunión importante, en un momento que ninguno de nosotros jamás olvidará. La pandemia del COVID-19 está causando daño y sufrimiento en todas las regiones del mundo y plantea una amenaza considerable a los derechos humanos. Como advirtió el Secretario General Guterres, la pandemia no solo pone en peligro nuestro desarrollo, sino que además “fomenta la inestabilidad, fomenta los disturbios y fomenta los conflictos”. 

No sabemos cómo podría evolucionar el virus o si las personas que lo contrajeron han adquirido inmunidad permanente. Carecemos de datos completos sobre quiénes han sido infectados y han desarrollado los síntomas más agudos o si existen nexos entre la infección y otros factores agravantes, tales como la contaminación. Lo que sí sabemos es que tenemos que tomar medidas esenciales para mejorar los sistemas de salud y los servicios sociales, a fin de garantizar el máximo apoyo posible a quienes sufren las peores consecuencias de la epidemia. Sabemos que no podemos dejar a nadie rezagado en este empeño.

Y sabemos también que el confinamiento no puede continuar indefinidamente. Debemos elaborar con cautela estrategias de salida de la crisis que faciliten la recuperación de nuestras sociedades y nuestros pueblos.

Hoy, aunque estemos físicamente distantes, nos hemos congregado de manera virtual para celebrar esta reunión oficiosa del Consejo.

Espero que esta sesión contribuya a crear una estrategia mundial de mayor colaboración, basada en los derechos humanos, para hacer frente a la crisis.  

Todos los Estados se enfrentan hoy a retos tremendos. Muchos de ellos han demostrado su compromiso con la protección de los derechos humanos en medio de la pandemia. A otros debemos alentarlos a que hagan lo mismo, con el fin de aumentar la eficacia de los esfuerzos que realizan para frenar la propagación del COVID, por el bien de todos, tanto de sus naciones como del resto del mundo.

Es natural y necesario que en cualquier situación de crisis los esfuerzos de ámbito nacional adquieran mayor prioridad. Pero ahora nos enfrentamos a una pandemia de escala mundial y solo la solidaridad internacional puede garantizar que podamos combatirla con eficacia.

Esta crisis pone de manifiesto en qué medida necesitamos de la acción conjunta internacional y demuestra el valor de nuestras organizaciones multilaterales. Las Naciones Unidas se crearon para prevenir, atenuar y abordar de manera más eficaz las crisis internacionales. Insto a todos a que aunemos esfuerzos con el fin de promover una estrategia de cooperación mundial sólida y multilateral.

En primer lugar, quisiera abordar algunos asuntos urgentes relativos a los derechos económicos y sociales.

La pandemia actual pone de relieve la nociva repercusión de la desigualdad en nuestras sociedades.      

En los países desarrollados, las deficiencias en el acceso a los cuidados sanitarios, en los derechos laborales y la protección social, en la vivienda, y en materia de dignidad se revelan de pronto con la máxima nitidez.

En los países en desarrollo, donde amplios sectores de la población dependen del ingreso del día para sobrevivir, las consecuencias pueden ser aún peores. Quienes más sufrirán serán los millones de personas que disponen de escaso acceso a la atención médica y que, por pura necesidad, viven hacinados con pocos saneamientos, sin agua potable y sin red de seguridad social. Esas personas tienen menos capacidad para protegerse por sí mismos del virus y menos probabilidades de resistir a una súbita contracción de sus ingresos. 

Si no se toman medidas para frenar la pandemia, su propagación podría generar desigualdades aún mayores, en medio de un sufrimiento generalizado.

El carácter universal de la amenaza del virus constituye el argumento más convincente que jamás haya existido en pro del acceso universal y barato a la atención sanitaria. Lasmedidas encaminadas a mejorar la sanidad pública en todos los países resultan ahora de especial urgencia. La OMS coordina los esfuerzos orientados garantizar que todos los países disponen de equipos para trazar, aislar y tratar a las personas infectadas con el COVID-19. A este empeño deberían aportarse todos los recursos posibles. Será necesario realizar un esfuerzo de índole regional y mundial para evitar que ningún sistema de atención médica colapse en ninguna parte, porque es una medida urgente que nos interesa a todos.  

Además, será preciso tomar medidas económicas y sociales de vasto alcance en todos los países, a fin de atenuar la repercusión de la epidemia y reducir al mínimo el crecimientodeladesigualdad. Todavía no hemos experimentado el efecto pleno de la pandemia sobre las economías nacionales y sobre el conjunto de la economía mundial. Muchos Estados en diferentes regiones -sobre todo en Europa- han adoptado medidas sin precedentes para proteger los derechos de los trabajadores y reducir al mínimo el número de desempleados. Todas las naciones que dispongan de recursos suficientes deberían hacer otro tanto.

Numerosos países en desarrollo disponen de menos capacidad para absorber y atenuar las repercusiones económicas y sociales de la epidemia. Esos países tal vez sean los más vulnerables a cualquier recesión mundial, entre otros factores debido a la fluctuación de los precios de las materias primas, el declive de la inversión extranjera y la disminución de las remesas. Al respecto, el Secretario General ha propuesto soluciones como la reducción de la deuda, la ampliación a la financiación por conducto del FMI y el aumento de las contribuciones al Fondo Humanitario Mundial, aunque estas medidas no excluyen otras que también podrían adoptarse.

Además, tendremos que examinar nuevos mecanismos financieros para sufragar la solidaridad mundial. La semana pasada, el Banco Africano de Desarrollo creó el mayor bono social del mundo: un fondo de 3.000 millones de dólares estadounidenses para asistir a los gobiernos africanos en la ampliación del acceso a la salud y a otros servicios y bienes esenciales. Este es el tipo de pensamiento innovador que necesitamos.

También quiero hacer hincapié en la imperiosa necesidad de respetar los derechos civiles y políticos durante la crisis.

Muchos gobiernos del mundo afrontan ahora decisiones difíciles. Las medidas de urgencia pueden ser necesarias para responder a esta emergencia de salud pública. Pero una situación de emergencia no es un cheque en blanco para hacer caso omiso de las obligaciones en materia de derechos humanos.

Las medidas de emergencia que se apliquen deben ser las indispensables y proporcionales para satisfacer esa necesidad. La población ha de recibir toda la información posible acerca de esas medidas y debe saber por cuánto tiempo estarán vigentes. La imposición de esas medidas de emergencia se debe realizar de manera justa y compasiva. Cualquier castigo debería guardar proporción con el delito cometido y tendría ajustarse a lo estipulado en los códigos jurídicos.  

Me preocupa en grado sumo que determinados gobiernos nacionales asuman poderes de emergencia ilimitados y que no estén sujetos a ninguna supervisión. En algunos casos, la epidemia se usa para justificar cambios represivos en la legislación ordinaria, modificaciones que seguirán vigentes por mucho tiempo, una vez que la situación de emergencia haya terminado.

También me inquietan las medidas adoptadas con el fin de limitar la libertad de prensa y de expresión. Las disposiciones formuladas con vaguedad para combatir una supuesta “desinformación” podrían aplicarse a cualquier tipo de crítica y sabemos ya que en algunos países hay periodistas que han sido castigados por informar acerca de la carencia de mascarillas, trabajadores sanitarios amonestados por decir que no disponen de suficiente protección y ciudadanos ordinarios arrestados por publicar en las redes sociales comentarios relativos a la pandemia. La crítica no es delito.  

Insto a los gobiernos a que aumenten considerablemente el acceso a la información y la estadística precisas. La transparencia es de suma importancia y, en una crisis de salud pública, es capaz de salvar vidas. Asimismo, los exhorto a que se abstengan de imponer restricciones o cortes generalizados de servicios de Internet y telecomunicaciones.

Cuando los miembros de las fuerzas armadas realizan funciones relativas al cumplimiento de la ley, deben hacerlo bajo la supervisión de las autoridades civiles y deben atenerse al derecho internacional de los derechos humanos.

La OMS ha emitido enérgicas advertencias sobre la necesidad de que toda medida sanitaria o social orientada a combatir al COVID-19 debe aplicarse con la plena participación de la ciudadanía, porque el respeto de los derechos humanos -comprendidos los derechos a la libre expresión y a la participación significativa en las decisiones gubernamentales- es una palanca esencial para el éxito de las políticas de salud pública. Solamente se puede luchar de manera eficaz contra una epidemia si se cuenta con la confianza de la población.

¿Qué podemos hacer?

Creo que hay dos ámbitos de acción: la respuesta inmediata a la epidemia y los preparativos con miras a la recuperación.

En lo tocante a la respuesta, quisiera compartir con ustedes algunas líneas de acción que son de importancia inmediata y que pueden ayudar a elaborar políticas eficaces y compasivas.

1. Todos los esfuerzos nacionales deberían tratar de atenuar la repercusión de la epidemia sobre las mujeres y los grupos más vulnerables.

Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de percibir bajos salarios o de trabajar en el sector informal, sin bajas por enfermedad remuneradas, seguro de salud ni protección social. Las mujeres de mayor edad también tienen más probabilidades que los hombres de verse obligadas a subsistir sin recibir ningún tipo de pensión. Las medidas de confinamiento plantean cargas suplementarias a las mujeres, entre otras la de cuidar a los enfermos, los ancianos y los niños que ahora no asisten a la escuela. Las niñas y las mujeres también corren mayores riesgos de padecer violencia doméstica, tal como demuestran las estadísticas compiladas recientemente en Francia y España. En cuanto a la educación a distancia, en el mundo entero las niñas disponen de menos acceso que los niños a la Internet y a los teléfonos móviles. Los efectos de esta situación quizá no se perciban de inmediato, pero podrían perjudicar posteriormente la causa de la igualdad de la mujer.  

En estos momentos, algunos grupos vulnerables y de alto riesgo necesitan más atención y medidas de atenuación. Entre esos colectivos figuran las personasrecluidasencentrosde detención y otras instituciones, como hospitales psiquiátricos y orfanatos; personas con discapacidad; pueblos indígenas y minorías; migrantes, refugiados y desplazados internos; personas que están en zonas de conflicto, y, en particular, los ancianos, sobre todo los que viven solos o en instituciones.

Muchas orientaciones específicas sobre estos asuntos existen ya y otras están en preparación.

En particular, les insto a que consulten las directrices relativas a las personas internadas en centros de detención, cuyo número debe reducirse cuidadosamente a fin de evitar brotes explosivos del virus en lugares cerrados y superpoblados. En fechas recientes, Irán decretó la puesta en libertad temporal del 40 por ciento de su población penal. Indonesia también va a excarcelar a presos imputados por delitos de menor cuantía. Y otro tanto ocurre en diversos países. Insto a todos los Estados a que pongan en libertad a todas las personas recluidas ilícitamente, entre ellas los que están retenidas en violación de las normas internacionales de derechos humanos. También me preocupa el hecho de que algunos países hayan previsto dictar penas de cárcel contra quienes violen las órdenes de distanciamiento físico: es probable que esas medidas contribuyan a agravar la epidemia.  

A menudo las personas con discapacidad dependen de otras que las ayudan en las tareas cotidianas y las normas de confinamiento deben garantizar que ese apoyo siga disponible.

Numerosos migrantes corren un alto riesgo de contagio, debido a las condiciones en que viven y a su limitado acceso a la atención sanitaria. Encomio al gobierno de Portugal por las medidas que adoptó la semana pasada, a fin de garantizar temporalmente a todos los migrantes del país el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía, para facilitarles el acceso a todos los sistemas sanitarios.

2. Todos los países deben adoptar medidas de amplio espectro para absorber la repercusión económica y social de esta epidemia y para reducir al mínimo el crecimiento de la desigualdad.

En todas partes, es probable que la pandemia cause dañosmás que proporcionales entrelos pobres. Por ejemplo, las informaciones transmitidas por las autoridades regionales de Cataluña (España) indican que los vecinos de los barrios más pobres podrían ser seis o siete veces más vulnerables a la infección por coronavirus que quienes viven en las zonas más acaudaladas.

Se necesita una enérgica acción gubernamental para garantizar a los miembros más pobres de la sociedad la seguridad de los ingresos, la protección de los medios de subsistencia y el acceso a bienes y servicios esenciales. Es fundamental evitar que las personas pierdan sus hogares a consecuencia de la pérdida de empleo. Con el fin garantizar que las familias puedan aplazar los pagos del alquiler o la hipoteca para evitar los desahucios, debería examinarse la posibilidad de proporcionarles subsidios en efectivo. En cuanto a los indigentes y otras personas que carecen de viviendas adecuadas, las medidas podrían abarcar el uso de casas y apartamentos alquilados a corto plazo, así como de alojamientos de emergencia.  

Mi Oficina compila actualmente un listado de medidas sociales y económicas idóneas puestas en práctica por países de todas las regiones -muchos de ellos, países en desarrollo- que les transmitiremos en breve. También vamos a trabajar con miras a integrar los derechos humanos en la ejecución de todos los programas económicos y sociales de las Naciones Unidas.

3. La protección de los trabajadores sanitarios y su remuneración adecuada deberían ser cometidos de la máxima prioridad. Cabe señalar que el 70 por ciento de los trabajadores sanitarios son mujeres y muchas de ellas podrían enfrentarse a las obligaciones adicionales que señalé anteriormente.

4. Cuando todos nos enfrentamos a una amenaza existencial, no ha lugar elnacionalismo o la búsqueda de chivos expiatorios -fenómenos que afectan a los migrantes y los colectivos minoritarios-. Se ha producido un número creciente e inaceptable de agresiones verbales y físicas contra personas de origen asiático y miembros de otras minorías, y es preciso que se tomen medidas para combatir esta tendencia. De hecho, a veces también han ocurrido agresiones contra occidentales, incluso contra miembros de nuestras misiones.

5. En todas las etapas de esta epidemia -incluso en la de recuperación- deben realizarse esfuerzos para lograr la participación de las instituciones nacionales de derechoshumanos, los activistas de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Los grupos que desde hace tiempo participan en asuntos relativos a los derechos económicos y sociales, las comunidades urbanas y los colectivos específicamente vulnerables, tales como los pueblos indígenas, han adquirido muchas experiencias valiosas que ahora pueden ser útiles para los responsables de la formulación de políticas.

6. Cualquier obstáculo que estorbe los esfuerzos médicos en un país incrementa el riesgo que todos corremos. Las sanciones sectoriales que repercuten negativamente sobre los cuidados sanitarios y los derechos humanos de las personas más vulnerables deben suspenderse de inmediato o modificarse mediante excepciones humanitarias, a fin de garantizar el acceso a suministros esenciales.

7. Encomio los esfuerzos que se realizan actualmente para garantizar que el Consejo de Derechos Humanos pueda asistir de manera oportuna en los asuntos de derechos humanos vinculados con el COVID-19. Bajo su liderazgo, señora Presidenta, el Consejo ha reanudado sus tareas. Además de este informe oficioso, se formulan planes para celebrar una serie de reuniones por conducto de Internet con diversos interesados y, hasta donde he sabido, se debate acerca de una sesión especial consagrada al COVID-19. He agradecido los rápidos y pertinentes análisis realizados por numerosos titulares de mandatos de Procedimientos Especiales y presidentes de Órganos de Tratados.

Durante las etapas de respuesta y recuperación de la epidemia, todos debemos aunar esfuerzos y demostrar solidaridadcon el mundo entero. En este contexto, quiero recordar a todos los Estados el deber de asistencia y cooperación internacionales, estipulado en el Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Antes de concluir mi intervención, quisiera formular algunas observaciones sobre la recuperación de esta crisis.

Tal como ha señalado el Secretario General, debemos reconstruir y llegar a ser mejores. Ningún país estaba preparado para esta calamidad, que en cada nación se ha agravado por las desigualdades, particularmente en materia de acceso a la atención sanitaria, la protección social y los servicios públicos.

La epidemia ha aclarado la necesidad de que aumentemos nuestros esfuerzos para asegurarnos de quetoda la población, incluso los más vulnerables, disfruta de las ventajas del desarrollo. Debemos redoblar los esfuerzos para forjar sistemas económicos más integradores y sostenibles, y para crear sociedades más resilientes a las catástrofes. La Agenda 2030 ya está completa y ha recibido la aprobación de toda la comunidad internacional: ese documento sigue siendo nuestra mejor herramienta.

También debe quedar claro que la protección del medio ambiente y la preservación de la diversidad biológica son los instrumentos más eficaces para proteger de cualquier pandemia la salud y el bienestar de las personas. El deterioro medioambiental y la pérdida de biodiversidad crean las condiciones para la zoonosis de los animales a los seres humanos, que en repetidas ocasiones ha degenerado en epidemias de gran entidad. No se trata solo del COVID-19: ustedes recordarán el SARS, el MERS y el Ébola, que también tuvieron sus orígenes en este tipo de zoonosis, de modo que debemos garantizar el respeto del medio ambiente.

No podemos limitarnos a tratar de volver al punto en el que estábamos hace algunos meses, antes de la pandemia del COVID-19.

Nos encontramos ante un reto colosal para el liderazgo. Este órdago exige la acción decidida, coordinada y creadora de todos, para beneficio de todos. Hoy estamos físicamente separados, pero debemos resistir juntos. 

Todos ustedes han recibido una carta circular en la que se les informa de la labor realizada por mi Oficina en el contexto del COVID-19 y en los días venideros les actualizaré esa información a medida que la situación vaya evolucionando. Aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente a todos los miembros de mi personal su permanente dedicación y el trabajo que realizan en esta difícil etapa.  

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Sra Bachelet, Alta Comisionada sobre los Derechos Humanos en la Reunión informativa del Consejo de Derechos Humanos
sobre COVID-19
en la Oficina de las Naciones Unidas disponible en Vimeo.