Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, en la fase de alto nivel de la Asamblea General

Conmemoración del 30º aniversario de la  
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo

22 de septiembre de 2016

Distinguido Secretario General,
Distinguido Presidente de la Asamblea General,
Excelencias,
Colegas y amigos:

Hace 30 años, la comunidad internacional contrajo un conjunto de poderosos compromisos para cambiar el mundo. Hubo consenso en torno a la idea de que el desarrollo es una cuestión de derechos, que es, en sí mismo, un derecho humano y que debe basarse en el aumento de la autonomía y la libertad de cada persona, así como en más rendición de cuentas de los Estados. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo propugna claramente el justo reparto de los beneficios del desarrollo, sin discriminación alguna, y el derecho de todas las personas y todos los pueblos a participar libre y plenamente en el proceso de toma de decisiones. Asimismo, el documento pide un nuevo orden mundial, en el que puedan hacerse realidad todos los derechos y todas las libertades, con mucha más igualdad de oportunidades, tanto para las personas como para las naciones. 

La Declaración deja muy claro que las naciones y las economías prosperan cuando promueven plenamente el potencial de cada persona.

Por el contrario, la desigualdad masiva, la exclusión y la opresión de grupos marginados sofocan el desarrollo e impulsan gran parte de la agitación y los disturbios que han asolado a numerosas regiones estos últimos años. Por eso insto a todos los interesados a que celebren el 30º aniversario de la declaración con un sentimiento de auténtica urgencia. Y por eso mi Oficina ha promovido tan enérgicamente las estrategias de derechos humanos en toda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, velando por que esté firmemente asentada en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y su promesa de cooperación internacional para suprimir los obstáculos al desarrollo.

El derecho al desarrollo es sin duda el eje normativo de toda la Agenda 2030. Su tema central, -“que nadie quede rezagado”- es una afirmación de igualdad y universalidad. En ella se reconoce la responsabilidad del Estado, pero también del sector privado y la comunidad internacional. Sobre todo, la Agenda reconoce que el desarrollo solamente puede ser real y sostenible si se basa en la buena gobernanza, tanto en el plano nacional como internacional; en la igualdad,  tanto entre los Estados como en el interior de estos; y en las libertades públicas, que propician la contribución y la prosperidad de la sociedad civil.

Para proteger a los pueblos del mundo e invertir la tendencia actual a la proliferación de conflictos, será esencial aplicar esta visión con celeridad y determinación. Tal como se expresa claramente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, debemos revitalizar las alianzas mundiales. Necesitamos cambios reales en materia de comercio internacional e instituciones financieras, con salvaguardas de derechos humanos más enérgicas integradas en todos los aspectos de su actividad y financiación. Todos los demás elementos de la mundialización –comercio, inversión, propiedad intelectual y movimientos de población- también deberán hacerse compatibles con las normas de derechos humanos.

Hace tan solo unos días, la Cumbre sobre Refugiados y Migrantes puso de relieve el peligro agudo y creciente de que se denieguen los derechos de las personas que emigran. Este 30º aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo debería recordarnos que los grupos humanos vulnerables y marginados –entre ellos los migrantes, los pueblos indígenas y otras minorías, así como las personas con discapacidad- tienen derecho al desarrollo y que el verdadero propósito de cualquier empeño económico  es mejorar el bienestar del pueblo, no edificar torres de riqueza individual levantadas sobre su trabajo.  

La riqueza existente en el mundo es más que suficiente para erradicar la pobreza. A escala mundial, son la discriminación persistente, la incapacidad de integrar, la corrupción y otros vectores de desigualdad los que privan a millones de personas de sus derechos a una fracción más justa de los recursos y a la igualdad de oportunidades. Esos vectores conforman un núcleo de violaciones que afectan a la paz y la estabilidad del mundo.

Quiero insistir en la importancia que la ayuda de los agentes de la sociedad civil puede revestir para este proceso. Las organizaciones de la sociedad civil pueden sensibilizar, tanto entre los interesados nacionales como entre el público en general, acerca de los contenidos del derecho al desarrollo y las oportunidades que ofrecen. Pueden desempeñar una función en identificar y ayudar a las víctimas de violaciones de derechos y en alertar al mundo acerca de su sufrimiento. Pero, en muchos países, los agentes de la sociedad civil trabajan bajo una presión y unas limitaciones cada vez mayores. Debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para aliviar esas restricciones. y ampliar el ámbito que ocupan las organizaciones de la sociedad civil para que prosigan con su valiosa actividad de impulsar el derecho al desarrollo y los derechos humanos de todos.