Comunicado de prensa sobre Bahrein e Iraq

Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos : Ravina Shamdasani sobre Bahrein y Cécile Pouilly en Iraq
Lugar: Ginebra
Fecha: 21 de junio de 2016
Tema: (1) Bahrein y (2) Iraq

(1) Bahrein

En un nuevo recrudecimiento de la represión contra la disidencia, las autoridades de Bahrein han detenido en las últimas semanas a un prominente defensor de derechos humanos y han impuesto a otros la prohibición de viajar; han privado a varias personas de su nacionalidad y han disuelto tres organizaciones, entre las que figura el mayor grupo opositor del país.

Ayer, la máxima autoridad shií de Bahrein, el jeque Issa Qassem, fue despojado de su nacionalidad. El jeque ha sido el último de al menos 250 ciudadanos que han visto su nacionalidad revocada desde julio de 2014, cuando una enmienda añadida a la ley de ciudadanía otorgó al Ministerio del Interior la autoridad de revocar la ciudadanía de cualquier persona que “ayude o participe en servicios hostiles al Estado” o que “lesione los intereses del Reino o actúe de manera que contravenga su deber de lealtad hacia el Reino”. Desde la noche de ayer, se lleva a cabo una protesta masiva ante el hogar del jeque Issa Qassem, en la ciudad portuaria septentrional de Diraz. Instamos al gobierno a que garantice el pleno respeto a la libertad de reunión pacífica y se asegure de que las protestas se manejan de conformidad con las obligaciones de Bahrein en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Exhortamos también a los manifestantes a que ejerzan sus derechos de manera pacífica y eviten todo acto de violencia.

La semana pasada, cinco clérigos shiíes fueron interrogados y la oración del viernes en las mezquitas shiíes fue suspendida hasta nuevo aviso, porque los dirigentes de las mezquitas afirmaron que se sentían “inseguros”. Este hecho se produjo después de que el jeque Ali Salman, líder de al-Wefaq, fuera sentenciado a nueve años de reclusión el 30 de mayo y de la suspensión el pasado martes de al-Wefaq por “menosprecio crónico de la Constitución del reino e impugnación de su legitimidad” y por emitir “llamamientos a la injerencia extranjera”, así como por “promover la violencia y apoyar a organizaciones terroristas”, entre otros cargos. Otras dos organizaciones sin fines lucrativos también fueron suspendidas, acusadas de recabar fondos de manera ilícita y de lavar dinero.

Asimismo, el defensor de derechos humanos Nabeel Rajab fue arrestado el 13 de junio por “difundir noticias falsas y rumores acerca de la situación interna, con el fin de desacreditar a Bahrein”, y al parecer existe en el país una campaña de prensa contra los defensores de derechos humanos. Antes de este último arresto, Rajab se encontraba sujeto a una prohibición de viajar que se remontaba al menos hasta enero de 2015. Ese tipo de prohibiciones se han impuesto también a otros defensores de derechos humanos, entre ellos a cinco que tenían previsto asistir al actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Otros activistas de la sociedad civil han expresado temores de que podrían ser los siguientes en la lista de las represalias, por su labor en defensa de los derechos humanos.

Estamos muy preocupados por este recrudecimiento de la represión contra las libertades de expresión y asociación, y contra el derecho a la nacionalidad. Instamos a las autoridades de Bahrein a que traten de aliviar la tensión, en vez de adoptar continuamente medidas nocivas que implican un grave riesgo de agravarla.  

Es lamentable que, en vez de avanzar en el sentido indicado por las recomendaciones que formuló la Comisión Independiente de Investigación sobre Bahrein, designada por el Rey en 2011, el gobierno trate de socavar el ejercicio de los derechos civiles y políticos en el país. Instamos al gobierno de Bahrein a que garantice que los activistas de la sociedad civil no tendrán que enfrentarse a presiones indebidas, actos de intimidación ni represalias durante su labor o por su cooperación con los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Pedimos al gobierno que adopte de inmediato medidas orientadas a fomentar la confianza, entre otras, la excarcelación de todas las personas que han sido detenidas por haber ejercido sus derechos humanos.

(2)  Iraq

Estamos sumamente preocupados por las continuas denuncias de graves abusos y violaciones de derechos humanos contra civiles que huyen de Faluya, perpetradas por milicias armadas que apoyan a las fuerzas de seguridad iraquíes. Hemos recibido vídeos impresionantes que muestran a un hombre que es arrastrado a toda velocidad por un camión militar, mientras otro hombre vestido de uniforme golpea la cabeza desfigurada y ensangrentada de la víctima. En otro vídeo puede verse a un grupo de personas a las que unos hombres uniformados golpean con los rifles y les patean en la cabeza a medida que van saliendo de un camión. Aunque no estamos en condiciones de verificar la autenticidad de esos vídeos, sus imágenes muestran violaciones que ya habían sido denunciadas ante nosotros por diversas fuentes y que antes habíamos condenado.  

El 12 de junio, un comité creado por el gobernador de Anbar para investigar las violaciones perpetradas contra la población civil durante las operaciones militares en esa región, declaró que 49 personas habían muerto y al menos 600 hombres habían desaparecido, tras ser arrestados por grupos armados que operaban en apoyo de las fuerzas de seguridad iraquíes. El comité llegó además a la conclusión de que las personas detenidas por esos grupos habían recibido malos tratos y/o torturas. Estas violaciones ocurrieron presuntamente del 2 al 4 de junio en los alrededores de un cementerio, en la zona de Saqlawiya, al noroeste de Faluya, y en la zona de al-Mazra’ah, al este de Faluya.   

Recibimos con beneplácito estas conclusiones iniciales y esperamos que las investigaciones del comité continúen con rigor y se amplíen para abarcar a todas las violaciones denunciadas. Tras el anuncio del Ministro de Defensa iraquí de que cuatro miembros de las fuerzas armadas habían sido arrestados, pedimos a las autoridades iraquíes que garanticen que no habrá impunidad para las graves violaciones y abusos que han sido denunciados.

Al tiempo que reconocemos el valor de las medidas que ha adoptado el gobierno de Iraq, entre otras la creación de un nuevo comité ordenada por el Primer Ministro iraquí el pasado 6 de junio, deseamos hacer hincapié en la urgente necesidad de que todos los dirigentes iraquíes, por encima de sus discrepancias políticas o de grupo, acuerden una hoja de ruta específica y viable, que conduzca la consolidación de una sociedad realmente integradora, próspera y pacífica, y se comprometan públicamente a cumplirla. 

Para recibir información adicional o solicitar material de prensa, puede ponerse en contacto con Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org) ó Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org)

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