Un nuevo tratado codificaría el derecho al desarrollo

"A menos que haya un desarrollo equitativo en la sociedad, los miembros de esa misma sociedad no pueden gozar plenamente de los beneficios de todos los demás derechos humanos", señaló Zamir Akram, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Derecho al Desarrollo.

Según Akram, antiguo Embajador y Representante Permanente de Pakistán ante Naciones Unidas en Ginebra, este "desarrollo equitativo" se enmarca en el derecho al desarrollo. El concepto, que surgió de la descolonización y la lucha por la justicia mundial, está consagrado en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986.

La Declaración estableció el derecho al desarrollo como "un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él".

"Sin embargo, una vez adoptada, la Declaración languideció y apareció una polémica política desafortunada", afirmó Ayuush Bat-Erdene, Jefe de la Sección del Derecho al Desarrollo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. "Los debates entre los Estados Miembros fueron complicados e incluso se llegó a un estancamiento en un momento dado. El derecho al desarrollo no ha alcanzado ni de lejos su pleno potencial transformador, con lo cual numerosos Estados Miembros del Sur Global y organizaciones de la sociedad civil apoyan la necesidad de disponer de un instrumento jurídicamente vinculante".

Se necesitaron más de 30 años de disputas para lograr finalmente un avance decisivo. Este avance tuvo lugar en septiembre de 2018, cuando el Consejo de Derechos Humanos aprobó la Resolución 39/9, en la que se pedía la redacción de un tratado jurídicamente vinculante sobre el derecho al desarrollo. Los debates están casi concluidos, con un texto final del proyecto al alcance de la mano.

El camino hacia un tratado

La idea de establecer un tratado jurídicamente vinculante relativo al derecho al desarrollo surgió durante una cumbre del Movimiento de Países No Alineados celebrada en 1998 en Durban (Sudáfrica) bajo la dirección del entonces Presidente Nelson Mandela. El documento final de la cumbre consideró esta convención eventual como "un paso importante hacia la aplicación del derecho al desarrollo".

Pasarían veinte años entre ese documento inicial y la petición del Consejo de Derechos Humanos de 2018 para redactar la convención, pero desde entonces la situación avanzó con rapidez. En enero de 2020 ya estaba listo el primer borrador de la Convención sobre el Derecho al Desarrollo, y el periodo de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Derecho al Desarrollo en mayo de 2023 está previsto que sirva para finalizar los debates. De este modo, el Presidente-Relator entregaría un texto final para presentarlo en el 54º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en septiembre. El Consejo de Derechos Humanos tendrá entonces que decidir si lo remite a la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG) en Nueva York para su debate, lo cual dotará al documento de una plataforma multilateral más amplia e impulso político. En caso de aprobarlo la AG, 20 países tendrían que ratificar la convención para su entrada en vigor.

El traslado de las negociaciones de Ginebra a Nueva York tiene precedentes: los debates sobre la Declaración de 1986 también se trasladaron desde la Comisión de Derechos Humanos a la AG cuando un grupo de trabajo de 15 expertos gubernamentales no consiguió acordar un texto en nueve reuniones celebradas en cuatro años.

Aunque la redacción de la Convención encaró numerosos obstáculos, estos se abordaron en un "proceso plenamente consultivo, transparente y participativo", aseguró Mihir Kanade, Presidente del Grupo de Redacción de Expertos para el Instrumento Jurídicamente Vinculante sobre el Derecho al Desarrollo. Entre los obstáculos descritos se encuentran las divergencias políticas entre Estados divididos al norte y sur, que giran en torno a si el derecho al desarrollo debería ejercerse mediante instrumentos de derecho no vinculante o mediante un tratado internacional, y desacuerdos sobre el contenido exacto del tratado.

También fue motivo de preocupación la armonización del lenguaje del tratado con el texto ya acordado, aunque el embajador Akram comentó que esta cuestión se estaba abordando.

"Mi esfuerzo se ha centrado en trabajar con los expertos jurídicos para garantizar que la convención se base en el lenguaje internacional consensuado actual", indicó. "No habrá contradicción entre los derechos y obligaciones en virtud de esta convención y otros derechos y obligaciones que ya hayan sido aceptados por la comunidad internacional".

Una convención revolucionaria

El tratado propuesto aborda cuestiones como la soberanía sobre los recursos naturales, la autodeterminación y la igualdad de oportunidades.

"Lo más importante son los principios de participación para fomentar el espacio cívico y el reparto equitativo de los beneficios del desarrollo para hacer frente a la desigualdad", afirmó Bat-Erdene, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. "La Declaración de 1986 es el único documento en materia de derechos humanos que aúna paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos, y el proyecto de convención está basado en la declaración. La convención determinaría las responsabilidades de los Estados Miembros y permitiría a la ciudadanía de a pie reivindicar sus derechos".

"Ahora asistimos a un reconocimiento más generalizado de las profundas desigualdades y desequilibrios sistémicos, sobre todo con respecto al orden económico internacional", afirmó Chee Yoke Ling, Directora Ejecutiva del grupo de defensa e investigación Red del Tercer Mundo, con sede en Malasia. "El derecho al desarrollo nos lleva directamente al núcleo de estos problemas sistémicos. Como mínimo, exigiría responsabilidades a los diversos actores.  Y arrojaría luz sobre las desigualdades".