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Derechos económicos, sociales y culturales

Apoyando una economía de derechos humanos en Kenya

26 abril 2023

Un joven perteneciente al grupo étnico Rendille camina entre un rebaño de cabras y ovejas en un abrevadero cerca de la ciudad de Kargi, condado de Marsabit, Kenya. © REUTERS/Baz Ratner

Cuando se trata de mejorar las vidas de sus ciudadanos y ciudadanas, el asignar presupuestos a programas que atiendan a sus prioridades y el otorgar a las personas responsabilidad en cómo sus gobiernos locales gastan los recursos públicos es uno de los elementos clave para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs).

«Si las comunidades saben cómo se asignan sus presupuestos, estas podrán exigir responsabilidades a sus gobiernos,» afirmó Vincent Omunyin, un Oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Kenya.

Una nueva iniciativa que Derechos Humanos de las Naciones Unidas está ensayando en Kenya hace justo eso, formando a las comunidades en presupuestación basada en derechos humanos y proporcionándoles las herramientas necesarias para poder participar en procesos de presupuestación a nivel de condado que determinen las dotaciones destinadas a servicios sociales básicos.

«Ciudadanos y ciudadanas, especialmente los más vulnerables y marginados, han de conocer el proceso de presupuestación con el fin de exigir responsabilidades a los gobiernos a la hora de hacer realidad sus derechos a través de la asignación de recursos,» declaró Li Fung, Asesora Superior de Derechos Humanos para el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Kenya. «Se trata también de afianzar la participación de la sociedad civil a la hora de exigir sus derechos y de apoyar a los gobiernos para que estos puedan hacer realidad estos derechos.»

La participación pública es uno de los valores y principios nacionales de gobernanza que se defienden en la constitución de Kenya. Fung y su equipo, en colaboración con la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas y con el apoyo de la Iniciativa Surge (en su división macroeconómica) de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, están creando vías para reforzar la participación pública en los procesos de gobernanza, incluyendo el ciclo presupuestario, con el objeto de asegurar que los grupos marginados son vistos y escuchados en el proceso de elaboración de presupuestos a nivel de condado.

«Al dar el poder a las personas para conocer cuáles son sus derechos económicos, sociales y culturales, además de animar su participación en el proceso de presupuestación, es posible propiciar el cambio en la provisión de servicios ofrecidos por el gobierno y, por lo tanto, en sus propias vidas,» aseguró Todd Howland, Director de la División de Desarrollo y Derechos Económicos y Sociales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. «Este hecho demuestra cómo el ejercicio y realización de los derechos son verdaderamente interdependientes.»

Los condados de Marsabit y Makueni fueron seleccionados como zonas para ensayar el programa, debido a los altos niveles de marginación que existen en Marbasit, asolado por la sequía, y el condado de Makueni por su estructura de participación pública convenientemente desarrollada. Una participación inclusiva en los procesos de gobernanza impulsará la justicia social, la igualdad, así como la dignidad humana para todos los ciudadanos y ciudadanas, lo que es vital para conseguir hacer realidad los ODSs, según afirma Fung.

Estos ideales de derechos humanos están garantizados en la Constitución de 2010 de Kenya, que supuso un contrato social histórico donde se establecía un plan para la gobernanza participativa, el desarrollo inclusivo y para crear una sociedad anclada en los derechos humanos y en el estado de derecho. La Constitución también creó un sistema descentralizado de gobierno compuesto por 47 gobiernos de condado encargados de la provisión de servicios públicos esenciales, que incluyen la financiación de la asistencia sanitaria, la educación preescolar y el mantenimiento de las carreteras locales. Una asignación eficiente de estos recursos para que atiendan a las prioridades a nivel local requiere que los funcionarios del gobierno mantengan consultas con sus ciudadanos y ciudadanas, según Fung.

Si los gobiernos de condado tienen intención de usar sus presupuestos para hacer realidad de forma efectiva los derechos de las personas, ellos han de entender la relación existente entre el presupuesto y las garantías de derechos humanos que establece la Constitución de Kenya.

Li Fung, Asesora Superior de Derechos Humanos para el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Kenya.

Eunice Lepariyo, una Becaria Indígena de Alto Nivel de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Kenya, visitó los condados de Baringo y Nakuru para conversar con organizaciones y representantes indígenas sobre las prioridades que es necesario atender dentro de la planificación de desarrollo y los procesos de presupuestación de los condados, además de facilitar el diálogo con parlamentarios de cada condado.

La iniciativa significó una oportunidad importante para que representantes indígenas analizaran de forma conjunta y participaran en procesos de gobernanza así como para interactuar con parlamentarios y funcionarios de cada condado con el fin de tratar el plan de desarrollo integrado y la estrategia presupuestaria de su condado en cuestión.

«Fue muy positivo el conectar a parlamentarios y parlamentarias de condados con representantes indígenas ya que estos conocen los problemas de primera mano que suponen prioridades importantes que han de ser atendidas a nivel de condado,» afirmó ella.

Intensificando la participación

Para garantizar que los derechos humanos son la base del desarrollo sostenible, Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó en 2019 la Iniciativa Surge como respuesta al aumento de las desigualdades, el ritmo demasiado lento de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el incremento del malestar social. El objetivo de esta iniciativa es intensificar el compromiso a nivel de país y a nivel regional con los derechos económicos, sociales y culturales, además de afianzar la vinculación entre los derechos humanos y las políticas económicas.

La Iniciativa Surge colabora con las 90 presencias sobre el terreno que tiene la Oficina, los Equipos de las Naciones Unidas en el País, los Estados, la sociedad civil, las instituciones financieras internacionales, y otros interesados clave. A través de su equipo multidisciplinar, la Iniciativa Surge opera en una variedad de niveles y utilizando diferentes vías. Una de las áreas clave de colaboración de la Iniciativa a nivel de país son los proyectos de país para sembrar las semillas del cambio de la Iniciativa Surge, los cuales son organizados por las presencias en los países y regionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el apoyo técnico y económico de la Iniciativa Surge.

«Durante demasiado tiempo los y las activistas que abogan por los derechos humanos no se han dado cuenta de la importancia que tienen los presupuestos para la realización de los derechos humanos,» señaló Howland. «Gracias al apoyo de la Iniciativa Surge, esta situación está cambiando dentro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la labor que se lleva a cabo en Kenya supone un buen ejemplo de ello.»

UN Human Rights held a forum with officers from the county government of Makueni who are responsible for organizing public participation at the community level. © OHCHR

Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebró un foro con funcionarios pertenecientes al gobierno del condado de Makueni, quienes son responsables de organizar la participación pública a nivel comunitario. © ACNUDH

El equipo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Kenya recibió apoyo técnico de la división macroeconómica regional de la Iniciativa Surge para poner en marcha esta iniciativa piloto en Marsabit y Makueni, con el fin de colaborar para intensificar la participación pública en los procesos de elaboración de presupuestos a nivel de condado.

El equipo mantuvo consultas con altos funcionarios del gobierno de cada condado, con miembros de equipos de parlamentarios de condados, con comunidades, así como con organizaciones de la sociedad civil quienes ya participan en cuestiones sobre derechos humanos y gobernanza en estos condados. Se facilitó a los y las participantes una visión general de la relación entre los derechos humanos y los procesos de presupuestación además de sobre pasos específicos en el proceso de elaboración de presupuestos, para que de ese modo pudieran entender la función que ellos desempeñan y las posibles vías de acceso.

Las visitas a los condados y la colaboración con ellos ofreció también a Derechos Humanos de las Naciones Unidas una mayor comprensión del interés y oportunidades que residen en desarrollar la capacidad de funcionarios del gobierno del condado para elaborar presupuestos con una perspectiva de derechos humanos.

El equipo está también identificando especialistas de la sociedad civil en presupuestación basada en derechos humanos que puedan ser formados y provistos de herramientas para liderar una colaboración participativa y llevar a cabo una presupuestación basada en los derechos humanos y un seguimiento del gasto a nivel comunitario. Fung considera esta opción como un instrumento de control de responsabilidades, que preste su apoyo a la participación pública y la gobernanza inclusiva.

«Creo que será una gran idea analizar los presupuestos que provengan de estos condados y que cuenten con asignaciones que reflejen mejor las prioridades de la sociedad civil y las comunidades,» declaró. «Pero yo lo veo como parte de un aumento a más largo plazo de la participación cívica a la hora de prestar apoyo y de que haya una implicación pública en los procesos de gobernanza para que se refuercen realmente las capacidades de comunidades para colaborar con los gobiernos y exigirles responsabilidades.»

Ella expresó su confianza en que desarrollar capacidades para la participación cívica animará a los gobiernos a analizar cómo pueden involucrarse las comunidades a la hora de definir su propio desarrollo, a ser mucho más conscientes de sus necesidades, y a informar sobre cómo el gobierno responde a las prioridades de los grupos marginados, mujeres y jóvenes, cuyas opiniones no son siempre tenidas en cuenta.

«Situar en primer plano las opiniones de la sociedad civil y de las comunidades, quienes suelen ser dejadas atrás, supone un motor potente de cambio, de gobernanza inclusiva y de desarrollo sostenible,» añadió ella.

«Esta economía de los derechos humanos propiciará una mayor armonía social,» aseguró el Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Volker Türk subrayando la importancia de construir economías con base en los derechos humanos. «A modo de ejemplo, cuando las personas pueden seguir la pista del dinero a través de una toma de decisiones presupuestarias transparente y responsable, su escrutinio —y el diálogo resultante— generan políticas más eficaces y una mayor confianza en el gobierno.