Los jóvenes necesitan su salud y sus derechos sexuales y reproductivos

«El acceso a la salud y derechos sexuales y reproductivos es una cuestión crucial para los jóvenes.  Este proporciona atención médica y educación sexual integral, lo que supone información vital sobre su sexualidad, sensualidad e identidad y expresión de género.  También les proporciona autonomía corporal y poder sobre sus vidas,» asegura Poppy Stanbury. 

Stanbury es una activista feminista de coordinación que trabaja como Coordinadora de Promoción en CHOICE for Youth and Sexuality, una ONG con sede en Holanda la cual defiende la salud y derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes además de su participación significativa en las decisiones que se toman sobre sus vidas.

«Tener acceso a salud y derechos sexuales y reproductivos puede reducir los matrimonios de niños, los embarazos en la adolescencia y prevenir la transmisión de infecciones por transmisión sexual.  Es una cuestión que afecta a muchos y diferentes aspectos de las vidas de las personas, no obstante, se tiene la percepción de que no es muy importante ya que se da por sentado que no afecta necesariamente a la alimentación, la vivienda o la salud, pero en realidad sí lo hace.»   

Normas sociales que dificultan potencialmente los derechos de los jóvenes 

De acuerdo con cifras recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 1,8 mil millones de adolescentes, personas con edades entre los 10 y 19 años de edad, forman más del 16 por ciento de la población mundial.  Muchos jóvenes ven como su potencial es obstaculizado por normas sociales, actitudes culturales, barreras institucionales y estructurales además de violaciones de sus derechos fundamentales por razón de su edad, tal como destaca un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre juventud y derechos humanos.   

Stanbury destacó que, incluso cuando demandan servicios de salud sexual y reproductiva, los jóvenes suelen enfrentarse a discriminación y estigma debido a las normas sociales en países de todo el mundo. 

«Como resultado, estos factores influyen en los servicios de salud donde los jóvenes temen que su confidencialidad no es segura o que se les vaya a discriminar.  Esto es especialmente cierto con jóvenes LGBTI, en especial en países donde las relaciones entre personas de un mismo sexo o las personas trans están criminalizadas, donde el acceso al reconocimiento de la identidad de género no está disponible, o donde se violan los derechos a la integridad corporal y mental de los jóvenes LGBTI,» añadió. 

A nivel nacional, Stanbury afirmó, las leyes o políticas discriminatorias impiden que los jóvenes accedan a servicios de salud sexual o reproductiva sin el consentimiento parental, o incluso permiten a trabajadores de la atención sanitaria negarse a prestar servicios basándose en sus propias creencias religiosas. 

En abril de 2021, Stanbury participó en un seminario organizado por el Alto Comisionado a petición del Consejo de Derechos Humanos, con el fin de debatir los desafíos y oportunidades para los jóvenes en el campo de los derechos humanos.  Para Stanbury, las barreras para que los jóvenes disfruten de su salud y derechos sexuales y reproductivos continúan existiendo incluso a nivel gubernamental debido a que muchos Estados miembro del Consejo no han reconocido aun la salud sexual y reproductiva como una cuestión de derechos humanos. 

La necesidad de un cambio social 

Aun así, según las estimaciones de UNFPA y la Organización Mundial de la Salud desde 2016 a 2018, existe la necesidad urgente de una transformación colectiva.  Las niñas con edades entre los 15 y 19 años representan el 11 por ciento de todos los nacimientos y cerca del 14 por ciento de toda la mortalidad materna, con aproximadamente 50.000 niñas que mueren anualmente por causas derivadas de la maternidad; 1 de cada 4 niñas adolescentes en esa misma franja de edad tienen una necesidad no satisfecha de métodos anticonceptivos; y, todos los años, cerca de 3,9 millones de niñas con edades entre 15 y 19 años se someten a abortos no seguros, lo que contribuye en gran parte a un aumento de las muertes maternales y a problemas de salud duraderos. 

«Cuanto más aprenden los jóvenes de estas cuestiones, más se dan cuenta que están relacionadas con los derechos humanos.  Es muy importante que organismos como el Consejo de Derechos Humanos  incluyan y animen de forma considerable la participación de los jóvenes, ya que casi todas las cuestiones sobre derechos humanos afectan a los jóvenes,» Stanbury afirmó. 

Una encuesta global sobre juventud y COVID-19 reveló que las repercusiones de la pandemia sobre los jóvenes, en especial entre las mujeres, los más jóvenes y los jóvenes procedentes de países de ingresos más bajos son sistemáticas, profundas y desproporcionadas.   Lo que es más, la crisis ha venido a empeorar estas desigualdades existentes. 

«Los servicios de aborto han resultado muy afectados por la pandemia de la COVID-19, lo que se ha multiplicado por diez en países donde el aborto es ilegal.

 Pero incluso en los países donde el aborto es legal, se han reducido los fondos o se han cerrado servicios ya que se consideran como no esenciales,» explicó Stanbury.   «No obstante, algunos países están haciendo uso de la telemedicina, lo que significa que las personas puedan tener abortos con medicamentos en sus casas.»

Ella también destacó que la pandemia ha dejado a muchos jóvenes sin los recursos económicos para costearse productos y servicios como las toallas higiénicas, anticonceptivos, pruebas de salud sexual y terapia de reemplazo hormonal en aquellos países donde estos no son gratuitos. 

«La educación sexual integral no suele contemplarse como una necesidad, y muchas escuelas que han pasado a funcionar en línea y sí lo consideran como una necesidad no siempre han encontrado una vía para proporcionar esa educación en un espacio seguro,» declaró Stanbury.  «Como resultado, una generación entera no está recibiendo información vital la cual necesitan para desarrollar relaciones saludables.» 

A finales de 2020, el Senado de Argentina votó por legalizar el aborto, convirtiendo a Argentina en solo el tercer país de América del Sur en legalizar el aborto, tras décadas de campañas a su favor por activistas y legisladores a favor del derecho a decidir.  Dos años antes, el referéndum clave celebrado en Irlanda que condujo a la derogación de su octava enmienda la cual penalizaba los abortos a menos que el embarazo amenazara la vida de la madre, mostró un cambio de la sociedad en pro de un aborto seguro y legal. 

«Cuanto más se empodera a y se atreven los jóvenes a hablar sobre estas cuestiones, en especial las mujeres jóvenes, más se normalizan estas cuestiones en los debates de la sociedad y es cuando los Gobiernos empiezan a escuchar,» señaló Stanbury. 

6 de mayo de 2021