Ucrania: Aún no se ha hecho justicia por los asesinatos de periodistas y activistas

Versión ucraniana

En medio de la inseguridad que experimentan los periodistas y activistas de derechos humanos en el mundo entero, --y contra el telón de fondo de más de cinco años de conflicto en el este del país, la ocupación de Crimea y la omnipresente corrupción-- Ucrania viene padeciendo una serie de ataques y asesinatos. En la mayoría de los casos, los crímenes quedan impunes. La Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania pide que todos los casos sean objeto de una investigación eficaz. La Misión apoya también las reformas judiciales y legales en el país y asesora al Gobierno en la tarea de velar por la rendición de cuentas.

“Vadym era incansable y tenaz”

“Investigaba asuntos que los demás se abstenían de cubrir, sobre todo en materia de apaños de corrupción local. Su tenacidad ya se echa en falta en el panorama periodístico de la región”, declaró Valeri Makeev, abogado de la ciudad de Cherkasy (Ucrania), en referencia a su difunto amigo, el periodista Vadym Komarov. 

En junio de 2019, Komarov, que entonces tenía 55 años, falleció tras una brutal agresión. “No me cabe duda de que lo mataron por su labor periodística. Es muy descorazonador que la investigación de este crimen no haya arrojado resultado alguno”.

El abogado contó que, en los primeros días posteriores a la agresión, la policía no recopiló pruebas. El periodista nunca recuperó la conciencia tras el ataque y murió tras pasar 45 días en coma. “Agradezco a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que hayan llamado la atención hacia este caso, que hayan protestado. Una vez que se pidió una investigación eficaz al respecto, la policía reclasificó el caso a la categoría de asesinato, cuando al principio solo lo había considerado un caso de abuso físico con resultado de muerte”.

Disparos, ataques con ácido y coches bomba: agresiones de suma gravedad contra la prensa y la sociedad civil en Ucrania

El caso de Vadym Komarov es, como poco, el cuarto asesinato de un periodista o activista ocurrido en Ucrania en menos de cinco años.

En 2015, dos hombres enmascarados mataron a tiros al escritor y periodista Oles Buzyna, de 45 años, no lejos de su casa en Kiev. Buzyna era un crítico notorio del gobierno, particularmente en lo tocante a los sucesos de la plaza de Maidan, las manifestaciones masivas ocurridas en 2013 y 2014.   

El destacado periodista de investigación Pavlo Sheremet, de 44 años, fue asesinado por la explosión de un coche bomba en el centro de Kiev, en 2016.

En 2018, en la ciudad de Jerson, un grupo de hombres atacó con ácido a Kateryna Handziuk, una abogada de 33 años que luchaba contra la corrupción. Tras múltiples operaciones quirúrgicas y tres meses de dolores insoportables causados por las quemaduras, la joven falleció en el hospital.

La activista del medio ambiente Mykola Bychko, de 23 años de edad, apareció ahorcada en un bosque de la región de Jarkiv. Bychko combatía la contaminación hídrica, presuntamente causada por las empresas locales. La policía decidió que había sido un suicidio y dio el caso por cerrado. Los defensores de derechos humanos denunciaron que no se habían tenido en cuenta todas las pruebas y actualmente exigen una nueva investigación.

Aunque los procesos judiciales correspondientes a estos casos aún están curso, su índole plantea diversas preocupaciones.

Casos sujetos a investigación

Tres años después de los hechos, el asesinato de Pavlo Sheremet todavía se está investigando y no se ha identificado a ningún sospechoso. En octubre de este año, el nuevo presidente de Ucrania declaró que este caso tiene que solucionarse; su predecesor en el cargo había hecho una declaración idéntica en el momento del crimen.

Un año después del ataque mortal con ácido contra Kateryna Handziuk, un tribunal condenó a los culpables a penas de tres a seis años de prisión, pero todavía no se han exigido responsabilidades penales a los promotores del atentado. Las investigaciones y los juicios contra altos oficiales de la región, a los que se acusa de haber instigado la agresión, avanzan con lentitud y no arrojan resultados concretos.

Juicios que demoran años

En el caso del asesinato de Oles Buzyna, la investigación demoró casi tres años. Las autoridades identificaron a dos sospechosos y remitieron la imputación al tribunal. Los dos hombres acusados del crimen estaban estrechamente vinculados a un grupo de extrema derecha cuyos miembros asistieron a las vistas judiciales celebras en Kiev y en algunos momentos presionaron al juez y al jurado. El juicio duraba ya un año y medio cuando en mayo de 2019 el presidente de la sala dimitió, con el argumento que estaba sometido a presiones. A partir de ahí el juicio tuvo que comenzar de nuevo desde el principio, lo que ha retrasado aún más la tarea de impartir justicia.

Los oficiales de derechos humanos dan seguimiento a los juicios en todo el país, a un promedio de diez vistas por semana. “Aunque hemos podido ver que en Ucrania se han realizado diversas reformas del sistema judicial, no creemos que dichas reformas hayan solucionado los problemas fundamentales relativos a investigaciones eficaces y juicios justos. Por desgracia, estas carencias dejan un enorme laguna en materia de rendición de cuentas”, afirmó Matilda Bogner, Jefa de la Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania.

Aportar cambios

La Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas apoya la labor de las autoridades encaminada a propiciar la rendición de cuentas y garantizar la seguridad e independencia del sistema judicial.

“Sabemos que no estamos solos en la lucha contra la impunidad. Las declaraciones públicas, los informes y la labor de promoción que realiza la Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos alientan a mantenernos activos, a apoyarnos en la normativa internacional y a confiar en que se hará justicia”, dijo Sergiy Tomilenko, presidente de la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania.

Los socios internacionales imparten cursos de capacitación para el personal judicial de Ucrania, basados en el análisis y las recomendaciones de la Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Sus informes nos aportan información detallada sobre los sucesos nacionales de actualidad que resultan más pertinentes para nuestra labor en el ámbito de la reforma del sector encargado de la seguridad de la población civil”, señaló la subdirectora de operaciones de la Misión Asesora de la Unión Europea en Ucrania, Rosalyn Sheehan.

En 2019, tras las elecciones parlamentarias y presidenciales, tomó posesión un nuevo gobierno. “Es preciso que veamos nuevos progresos en las investigaciones relativas a los asesinatos y ataques violentos contra periodistas y activistas de la sociedad civil. Al presentar a los responsables de estos actos ante los tribunales, el gobierno contribuirá a prevenir futuras agresiones. En un país que se encuentra en medio de un conflicto armado y de denuncias de corrupción endémica, es esencial proteger a periodistas y activistas que se atreven a expresarse e informar al público en general”, afirmó Bogner.

Exención de responsabilidad

Desde 2014, el Gobierno ucraniano no controla determinadas partes de su territorio oriental y la Federación de Rusia ha ocupado la península de Crimea, en el sur del país. Aunque no constituye el eje de este artículo, la situación de la libertad de expresión y de prensa en las autoproclamadas “República Popular de Donetsk”y “República Popular de Luhansk”, así como en la Crimea ocupada, plantea graves problemas de derechos humanos. Si desea información adicional sobre el tema, puede consultar los Informes del ACNUDH sobre la situación de derechos humanos en Ucrania y los informes temáticos sobre la situación de derechos humanos en Crimea.

1 de noviembre de 2019