Los ataques contra los civiles sirios y los trabajadores humanitarios en Alepo son crímenes de guerra

El niño Orman Daqneesh, de cinco años de edad, está sentado en una ambulancia tras haber sido rescatado entre los escombros de su casa en Alepo, con la cara cubierta de polvo y sangre, y una expresión de aturdimiento e incomprensión mientras mira a la cámara y luego a su mano ensangrentada. Su imagen es un testimonio mudo de la sangría que ha sufrido la población de Alepo y de otras zonas de Siria desgarradas por los combates, en medio de un conflicto brutal que ha entrado ya en su sexto año.

“La situación es indescriptible”, dijo un médico en el este de Alepo, en referencia a los centenares de heridos que necesitan tratamiento tras el bombardeo indiscriminado de hospitales, escuelas y mercados, a medida que las fuerzas gubernamentales trataban de recuperar las zonas de la ciudad que todavía se hallaban en manos de los rebeldes. Cuando las tropas del gobierno recuperaron la ciudad de Alepo en diciembre de 2016, todos los hospitales estaban inutilizados debido a los bombardeos de la aviación siria o rusa.

En un nuevo informe, la Comisión internacional independiente de investigación sobre la República Árabe Siria examina los sucesos ocurridos en Alepo entre julio y diciembre de 2016 y reúne testimonios de víctimas y testigos obtenidos mediante 291 entrevistas, junto con imágenes de satélites, fotos, vídeos y expedientes médicos.

“La batalla por el control de Alepo fue un drama de violencia incesante, y civiles de ambos bandos fueron víctimas de crímenes de guerra cometidos por todas las partes en conflicto”, concluyeron los investigadores.

El informe documenta la difícil situación de la población civil atrapada en la ciudad asediada, sin alimentos ni suministros médicos adecuados, mientras las fuerzas pro gubernamentales rodeaban la zona oriental de Alepo.    

“Los reiterados bombardeos de hospitales, escuelas y mercados, efectuados sin aviso previo, denotan claramente que el asedio de la ciudad y los ataques contra la infraestructura civil eran parte de una estrategia meticulosa encaminada a obtener la rendición de la plaza”, afirmó el presidente de la comisión, Paulo Sérgio Pinheiro.

Cuando finalmente las fuerzas gubernamentales tomaron el control de los distritos de la zona norte, a finales de noviembre, un civil describió el caos en estos términos: “Es un escenario apocalíptico. La situación humanitaria es atroz. Los bombardeos son incesantes, las 24 horas del día”.

En el informe se relata también cómo algunos grupos armados impidieron la distribución de ayuda humanitaria en las zonas que dominaban. A medida que la situación empeoraba en el sector oriental de Alepo y la gente, desesperada, trataba de huir, algunos civiles fueron violentamente retenidos por los grupos armados, que los utilizaron como escudos humanos, particularmente en el distrito de al-Firdous.

En su lucha contra el asedio, los grupos armados bombardearon despiadadamente a la población civil del oeste de Alepo con armas improvisadas, entre otras las bombonas de gas propano, disparadas mediante artefactos conocidos como “cañones del infierno”. Decenas de personas, entre ellas mujeres y niños, murieron o resultaron heridas en estos ataques.

Grupos armados que operaban en las zonas rurales del oeste y el este de Alepo bombardearon también el enclave de Sheikh Maqsoud, situado al norte de la ciudad, que estaba en manos de los kurdos. Según el informe, estos ataques deliberados, que mataron e hirieron a docenas de civiles kurdos en Sheikh Maqsoud, constituyen crímenes de guerra por tratarse de una agresión deliberada contra la población civil.

En uno de los ataques más atroces examinados por la comisión, los investigadores constataron que la Fuerza Aérea Siria bombardeó deliberadamente un convoy humanitario de las Naciones Unidas y la Media Luna Roja Árabe Siria en septiembre de 2016, en la localidad de Orum al-Kubra, al oeste de Alepo. El ataque mató a más de una docena de trabajadores humanitarios, destruyó 17 camiones que transportaban provisiones esenciales y provocó la suspensión temporal de la ayuda humanitaria en todo el país.   

“El convoy había recibido autorización del gobierno de Siria, que estaba informado de su ubicación en ese momento”, declaró la Comisionada Carla Del Ponte. “Es evidente que el ataque fue planeado y realizado por la Fuerza Aérea Siria con la intención de obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y estuvo dirigido contra los trabajadores humanitarios. Se trata de crímenes de guerra por los que debe exigirse responsabilidad penal”.

Cuando los grupos armados accedieron a evacuar la ciudad, a finales de diciembre de 2016, miles de civiles fueron enviados a la provincia de Idlib, en el marco del acuerdo suscrito por las partes en conflicto. Esta evacuación equivale a un crimen de guerra de desplazamiento forzoso, según se explica en el informe de la comisión.

“El asedio del sector oriental de la ciudad se caracterizó porque se cometieron algunas de las más graves violaciones de derecho internacional que la comisión haya documentado, delitos que fueron perpetrados por todas las partes en conflicto”, afirmó el presidente de la comisión, Paulo Sérgio Pinheiro. “La escala de lo sucedido en Alepo no tiene precedentes. Ahora las víctimas exigen una rendición de cuentas y la comunidad internacional debe prestar atención a esa petición”.

3 de marzo de 2017